Raúl Sosa Cruz

Expediente 1103/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1103/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Sosa Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. ... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    (SE NOTIFICO POR LISTA AL PROMOVENTE) San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Ténganse por recibidos los instrumentos señalados en la nota de cuenta para los efectos legales correspondientes. Expediente impreso y electrónico. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo y regístrese con el progresivo 1103/2023. Prevención. Por otro lado, en cuanto a la admisibilidad de la demanda esa circunstancia tendrá que ser postergada, porque existen diversas irregularidades en ese escrito que necesitan enmendarse. El artículo 114, fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda en los supuestos siguientes: a) cuando haya alguna irregularidad en ese ocurso; b) en el caso de que se hubiera omitido alguno de los requisitos que el arábigo 108 de la propia legislación establece; y, c) en el supuesto que no se haya expresado con precisión el acto reclamado. Por otra parte, el ordinal 108, fracciones III y V de la ley de la materia estatuye que en el libelo inicial deberá señalarse la norma general, el acto u omisión que de cada autoridad se reclame y manifestarse bajo protesta de decir verdad los hechos o la abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación. En el caso, el quejoso no colma íntegramente los requerimientos señalados en el último de los preceptos citados, por las razones siguientes: De la lectura integral de la demanda de amparo se advierte que el inconforme señala como actos reclamados de manera destacada que atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, al Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, al Director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, al Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la referida Secretaría, al Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y al Procurador Agrario, todas esas autoridades con sede en la Ciudad de México, el Decreto de uno de febrero de dos mil veintitrés, por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 412-54-45 hectáreas (cuatrocientas doce hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de terrenos de temporal de uso común de la comunidad ********************, ********************, Oaxaca, promovida por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero posterior y la privación de la posesión de un terreno comunal ubicado en el paraje conocido como ********************, dentro de la zona parcelada en el núcleo agrario ********************, ********************, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como posesionario. Ahora, de la impresión del Decreto de uno de febrero de dos mil veintitrés, por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 412-54-45 hectáreas (cuatrocientas doce hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de terrenos de temporal de uso común de la comunidad ********************, ********************, Oaxaca, promovida por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero siguiente, que anexa al escrito inicial en copia fotostática simple se desprende que dicho Decreto fue expedido por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y fue refrendado por el Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, sin que se advierta la intervención del resto de los entes que el justiciable señala como responsables en la expedición de ese Decreto expropiatorio en términos de lo dispuesto por el normativo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, a saber, del Director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, del Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, del Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y del Procurador Agrario, las últimas cuatro entidades públicas con residencia en la Ciudad de México. En diverso aspecto, el disidente omitió manifestar como antecedentes de los actos reclamados la manera en la que todas las autoridades que señala como responsables tienen intervención en la diversa actuación combatida consistente en la privación de la posesión de un terreno comunal ubicado en el paraje conocido como ********************, dentro de la zona parcelada en el núcleo agrario ********************, ********************, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como posesionario, porque de las circunstancias fácticas que relata no se detecta que esas entidades públicas tengan participación en dicho acto conforme a lo establecido por el normativo 5, fracción II, de la ley de amparo. Lo anterior impide saber con exactitud cuál es la materia de la litis constitucional, sin que este Juzgado Federal pueda sustituir en ese aspecto la voluntad del titular de la acción constitucional, ya que de acuerdo con el principio de instancia de parte agraviada rector en el juicio de amparo a la parte quejosa corresponde señalar qué acto o actos son los que estima vulneran su esfera jurídica y la manera en la que cada ente que señala como responsable tuvo intervención en esas actuaciones. En esos términos, se previene a la parte quejosa para que por escrito con las copias de traslado necesarias dentro del plazo de cinco días cumpla íntegramente el requisito legal señalado, por lo que tendrá que realizar lo siguiente: 1. Deberá señalar con precisión el acto o los actos que reclama a cada uno de los entes que designa como responsables. 2. Tendrá que señalar la forma en la que el Director del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, el Director General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, el Director en Jefe del Registro Agrario Nacional y el Procurador Agrario, todas esas autoridades localizadas en la Ciudad de México, tienen intervención en el Decreto de uno de febrero de dos mil veintitrés, por el que se expropia por causa de utilidad pública una superficie de 412-54-45 hectáreas (cuatrocientas doce hectáreas, cincuenta y cuatro áreas, cuarenta y cinco centiáreas) de terrenos de temporal de uso común de la comunidad ********************, ********************, Oaxaca, promovida por el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de febrero siguiente. 3. Deberá manifestar bajo protesta de decir verdad como antecedentes de los actos reclamados la manera en la que todas las autoridades que señala como responsables tienen intervención en el acto reclamado consistente en la privación de la posesión de un terreno comunal ubicado en el paraje conocido como ********************, dentro de la zona parcelada en el núcleo agrario ********************, ********************, Oaxaca, respecto del cual se ostenta como posesionario. Infórmese a la parte quejosa que el requerimiento formulado en este auto deberá ser atendido por sí, por su apoderado o por su representante legal en términos de lo indicado por el numeral 6 de la Ley de Amparo, sin que ese aspecto pueda atenderse por la persona designada como su autorizado en términos amplios del precepto 12 de la Ley de Amparo, porque las facultades de las que goza ésta última no son equiparables a las de un mandato; en ese sentido, se le apercibe que de hacerlo la persona que señaló como autorizada no se tendrá por cumplida la prevención y se hará efectivo el apercibimiento que se indicará con posterioridad. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que expone: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." En ese contexto, se apercibe a la parte quejosa que en el caso de que no atienda la prevención realizada, la demanda de amparo se tendrá por no presentada en términos de lo dispuesto por el dispositivo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento al promovente que el ordinal 261, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente al momento de la conducta sancionada, a la parte quejosa si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos reclamados; en este punto, debe tenerse en cuenta que los escritos inicial y aclaratorio integran la demanda y deben considerarse indefectiblemente como un solo documento. Lo expuesto se sustenta la jurisprudencia P./J. 35/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL ESCRITO INICIAL Y SU ACLARACIÓN NO PUEDEN DESVINCULARSE NI ANALIZARSE POR SEPARADO, YA QUE AMBOS INTEGRAN AQUÉLLA. Al tener el escrito aclaratorio de una demanda de amparo indirecto su origen en una irregularidad del escrito inicial, ya sea porque éste no cumplió con todos los requisitos previstos en el artículo 116 de la Ley de Amparo, o bien, porque con él no se exhibió el número de copias a que se refiere el artículo 120 de tal ordenamiento legal, y que su propósito es el de subsanar tales vicios, puede concluirse que no pueden desvincularse, analizarse o considerarse por separado, pues ambos escritos integran la demanda de amparo y, consecuentemente, deben ser considerados indefectiblemente como un solo documento." Domicilio, autorizado y acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo. Se tiene como domicilio procesal del quejoso el que señala en su escrito inicial y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la Ley de Amparo a ********************con cédula profesional ********************registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Por otro lado, con fundamento en lo dispuesto por el normativo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo se autoriza al disidente el acceso y la consulta del expediente electrónico relativo al presente asunto, vía Internet, por medio del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, a través del usuario "********************" que proporcionó para tal efecto. En razón de lo anterior, se instruye a la Oficial Judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes adscrita a este órgano jurisdiccional que realice las acciones necesarias para activar los permisos necesarios al usuario "********************" a fin de que la parte quejosa pueda realizar la consulta del expediente electrónico indicado. Medios electrónicos para comunicaciones no procesales. En otro punto, con apoyo en lo previsto por lo dispuesto por el ordinal 257, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales téngase a la quejosa por señalados la cuenta de correo electrónico y el número telefónico que proporciona, únicamente como medios de contacto entre el justiciable y este órgano jurisdiccional en el caso de las comunicaciones no procesales. Habilitación de días y horas inhábiles. Al tener en cuenta la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el arábigo 17 constitucional, con fundamento en el ordinal 22 de la Ley de Amparo, así como el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta al actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que las partes por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoricen puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este juzgado se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo, consultar por vía electrónica las promociones, acuerdos, resoluciones y demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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