Raúl Serrano Juárez

Expediente 288/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2016.

Datos del expediente

Expediente
288/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
15/06/2016

Partes del expediente

  • Raúl Serrano Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, quince de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio del Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual, remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el nueve de junio del presente año, dentro del toca número Q-76/2016. Dése a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de queja, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO. Se confirma el auto recurrido. SEGUNDO. Se desecha la demanda promovida por Raúl Serrano Juárez, en contra de los actos reclamados al Juez y Diligenciario adscritos al Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Chignahuapan, Puebla." Realícense las anotaciones del caso en el libro de gobierno, acúsese el recibo correspondiente al Tribunal revisor, glósese el expedientillo formado con motivo del recurso de queja interpuesto y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dieciocho de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio 1911/2016 de la Actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa que con fecha dieciséis de marzo del presente año, dictado en el recurso de queja Q-76/2016, dicho órgano colegiado admitió a trámite el citado medio de impugnación, relativo al juicio de amparo en que se actúa. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, catorce de marzo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Raúl Serrano Juárez, por medio del cual interpone recurso de queja en contra del proveído de dos de marzo del año en curso. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en turno, y envíesele el cuaderno original del presente asunto. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, dos de marzo de dos mil dieciséis. 1 CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los autos el escrito de cuenta por el que Raúl Serrano Juárez, desahoga el requerimiento que se formuló en proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciséis; en consecuencia, se procede a acordar el escrito de demanda, así como el diverso aclaratorio en los siguientes términos: 2DESECHAMIENTO En primer término, cabe precisar que de la lectura integral al escrito de demanda, así como al diverso aclaratorio se advierte que Raúl Serrano Juárez, señala como acto reclamado en la presente instancia constitucional, lo siguiente: 1.- La resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262-2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara. 2.- La notificación realizada los aquí señalados como tercero interesados respecto de la interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262-2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;. Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto, excepcionalmente, procede en contra de actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, como ya se dijo, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que Raúl Serrano Juárez, reclama la interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262-2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara. La determinación referida no es un acto de imposible reparación, por lo que se hace evidente que no se surte la hipótesis de procedencia establecida en el ordinal 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ya que no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, sino que sólo genera la posibilidad de que ello ocurra, en la medida en que influya para el dictado de un fallo adverso a los intereses de la parte quejosa. En efecto, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud que, como se afirmó, no causa un agravio de imposible reparación, ni se afectan derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, pues existe la posibilidad de que la parte quejosa obtenga una resolución favorable a sus intereses dentro del juicio de origen; y en tal evento, ninguna huella quedaría en sus derechos de la posible violación procesal que ahora reclama. Por ello, aun cuando se estime inexacta dicha determinación, al no tener carácter irreparable, por no afectar de manera directa e inmediata garantía individual alguna, no es reclamable en amparo indirecto. En consecuencia, la resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262-2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara, sólo constituye una violación procesal reclamable a través del juicio de amparo directo en contra de la sentencia de fondo, si ésta fuere desfavorable para el quejoso, tal como lo establecen los artículos 170, fracción I, y 172, fracción III, ambos de la Ley de Amparo. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; A mayor abundamiento, debe mencionarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377-2013, sostuvo en lo que es materia de estudio, que el artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, ofrece mayor precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ...los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. lo que implica que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En ese orden de ideas, si en el caso concreto la parte inconforme reclama la resolución interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262/2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara, misma que no afecta de manera directa alguno de los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal o en los tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano, se concluye que la demanda de garantías es de manifiesta, notoria e indudable improcedencia, pues el acto reclamado sólo constituye, una infracción procesal que puede ser remediada en favor de la parte inconforme al momento de que se emita el fallo definitivo en el juicio de origen. Por otra parte, respecto al acto reclamado precisado en el punto número 2, se desecha la demanda de amparo, en razón a que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción I, todos del citado ordenamiento legal, que disponen: Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; Para el estudio de la causa de improcedencia invocada resulta importante destacar que la legitimación, en general, es la situación en que se encuentra una persona con respecto a determinado acto o situación jurídica para el efecto de poder ejecutar legalmente aquél o de intervenir en ésta. Luego, debe distinguirse la legitimación en el proceso de la legitimación en la causa. La primera es un presupuesto del procedimiento que se refiere a la capacidad para comparecer al juicio, para lo cual se requiere que el compareciente esté en pleno ejercicio de sus derechos civiles, o a la representación de quien comparece a nombre de otro; en cambio, la legitimación en la causa consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, en consecuencia, el actor estará legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde. Prosiguiendo con el estudio del motivo de improcedencia resulta importante mencionar que de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Amparo, el juicio de garantías es un medio de control de la Constitución que sirve para impugnar actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, al mismo tiempo, es protector del ámbito competencial entre las autoridades federales y locales, en la medida en que estos violen derechos humanos. De lo anterior se sigue que, la legitimación para acudir al juicio de amparo necesariamente debe estar vinculada con el objeto mismo, es decir, con la protección a las garantías individuales y su consiguiente restitución; sin embargo, tal aspecto también se rige por otras normas y principios íntimamente relacionados con el tema, como son el principio de instancia de parte y el diverso principio de agravio personal y directo. Por lo que hace al principio de instancia de parte, debe señalarse que de acuerdo con lo establecido en el artículo 107, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos implica que el juicio de amparo debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada, esto es, se promueve por vía de acción. Lo anterior significa que el juicio de amparo sólo puede iniciarse, tramitarse y resolverse, en virtud de que la parte que se dice agraviada por un acto de autoridad, su apoderado o represente legal, lo acciona ante los tribunales competentes. Por lo tanto, sólo los titulares de las garantías constitucionales y en su defecto su apoderado o representante legal, que consideran se ha violado en su perjuicio pueden hacer valer la acción de amparo. En cambio, de acuerdo con el principio de agravio personal y directo no sólo basta que el juicio de amparo se inicie a instancia de parte, sino que ésta tiene que haber resentido un agravio personal y directo; dicho principio se encuentra contenido en el artículo 6 de la Ley de Amparo, conforme al cual el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Por consiguiente, es dable sostener que de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 1 y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, la legitimación para acudir al juicio de amparo está reservada únicamente a quienes resientan un agravio, daño o perjuicio actual o inminente de forma directa e inmediata, con motivo de un acto de autoridad, en sus derechos legítimamente tutelados por la Ley Fundamental o en su caso a quienes los representen legalmente. Ahora, debe decirse que en el caso el aquí promovente Raúl Serrano Juárez, carece de legitimación para reclamar la notificación realizada los aquí señalados como tercero interesados respecto de la interlocutoria de veinte de enero de dos mil dieciséis, emitida en el recurso de reclamación interpuesto en el juicio reivindicatorio 262/2015 del Juzgado de lo Civil de Alatriste, con residencia en Chignahuapan, Puebla, en contra del auto de seis de noviembre de dos mil quince, en el que se admitió, entre otras, la prueba de reconocimiento de contenido y firma ofrecida por la parte demanda en el juicio de origen María Mirandelia Garrido Guevara. Lo anterior, en atención a que como se dijo para la procedencia de la demanda de amparo es necesario que la petición provenga de quien figura como quejoso, y en su caso, su representante o apoderado, pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué forma se lesionan sus garantías individuales o derechos humanos, conforme al principio de instancia de parte agraviada. En las relatadas condiciones al actualizarse las citadas causales de improcedencia, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías promovida por Raúl Serrano Juárez. NOTIFÍQUESE POR LISTA AL HABERSE SEÑALADO LOS ESTRADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES.

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