Raúl Sánchez Reyes
Expediente 99/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 15 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 19/06/2018
Partes del expediente
- Raúl Sánchez Reyes
- Wendy Berenice López Ruvalcaba
- RAÚL SÁNCHEZ REYES y Otros.
- WENDY BERENICE LÓPEZ RUVALCABA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este Juzgado Federal (fojas 160 a 162), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicha secretaría, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de ocho de junio de la presente anualidad (foja 163), se dio vista a la parte quejosa para que indicara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "..." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho (fojas 99 a 114), se determinó conceder a **********, el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para tal efecto de que: "(.)1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, en relación con los diversos 11, 12 y 13 de la citada ley; esto es, para que las autoridades responsables no les apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, devuelva a los quejosos el remanente de la cantidad de $21,049.97 (veintiún mil cuarenta y nueve pesos 97/100 moneda nacional), por la inscripción registral del instrumento público y por inscripción de préstamo hipotecario, en relación con los diversos conceptos "FOM. EDUCACIÓN", "ASIST. SOCIAL" y "U.A.N.", al ser contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por los razonamientos y motivos aducidos en el cuerpo de esta sentencia, la cantidad pagada por la justiciable, con apoyo en la Ley de Ingresos del Estado, dada la naturaleza del mecanismo de tributación que se aplicó; a lo que deberá descontar la suma que ampara el concepto de registro de poderes de cualquier clase, correspondiente a $545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) por no haber sido objeto de impugnación ni consecuente pronunciamiento en la presente determinación. Por tanto, al incidir la inconstitucionalidad aducida en un elemento esencial de la contribución analizada, la restitución correspondiente sólo implica que los quejosos dejen de pagar la tarifa que les fue aplicada, sin relevarlos de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $280.00 (Doscientos ochenta pesos 00/100 moneda nacional), sin las contribuciones adicionales, que al efecto establece el último párrafo de las fracción I, del artículo 21 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, dado que el efecto del amparo no puede traducirse en liberar a los contribuyentes de la totalidad del pago del derecho por el servicio proporcionado por el Estado, en virtud de que para respetar los principios tributarios de proporcionalidad y equidad contenidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es necesario que todos los individuos contribuyan al gasto público en la medida de su capacidad contributiva, que en el caso que nos ocupa, tal circunstancia se cumple al enterar la cantidad mínima que exige la contribución declarada inconstitucional. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". Resolución que causó ejecutoria el veinticinco de abril de dos mil dieciocho (foja 133). Es decir, los actos que debía realizar la responsable para acatar el fallo protector consisten en desincorporar en la esfera jurídica del quejoso los preceptos legales declarados inconstitucionales y devolver al peticionario de amparo la cantidad precisada en la sentencia de mérito, la cual debería estar debidamente actualizada. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el siete de junio de dos mil dieciocho (fojas 160 a 162), el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del estado de Nayarit, en representación del Recaudador de Rentas de dicho organismo, con el fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa mediante la transferencia bancaria SPEI, el cinco de junio del año en que se actúa, por la cantidad de $20,406.48 (veinte mil cuatrocientos seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), de lo cual se advierte su devolución. Lo anterior es así, ya que la autoridad devolvió a la quejosa la cantidad total de $20,406.48 (veinte mil cuatrocientos seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional), de conformidad al artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, el cual establece que tratándose de actualización debe atenderse el mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, es oportuno destacar que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el cinco de enero de dos mil dieciocho (fojas 51 y 87), y que se efectúo la devolución mediante la transferencia bancaria SPEI el cinco de junio de la presente anualidad, por lo que el periodo de actualización comprende del mes de enero al mes de junio de dos mil dieciocho. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes abril de dos mil dieciocho entre el índice para el mes de diciembre de dos mil diecisiete (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes abril de dos mil dieciocho fue de 131.987 y para el mes de diciembre de dos mil diecisiete fue de 130.813, de la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.008974643. Al respecto, es oportuno mencionar que el excedente de la aplicación que excede de $545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos moneda nacional) por concepto de registro de poderes de cualquier clase y la diversa cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional) por concepto de cuota mínima fija de inscripción, sobre la cantidad de $21,049.97 (veintiún mil cuarenta y nueve pesos con noventa y siete centavos moneda nacional), se obtiene la cantidad de $20,224.97 (veinte mil doscientos veinticuatro pesos con noventa y siete centavos moneda nacional). En consecuencia, al multiplicar el factor de actualización por la cantidad que debía ser reintegrada por concepto del derecho en comento, a saber: $20,224.97 (veinte mil doscientos veinticuatro pesos con noventa y siete centavos moneda nacional) se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, esto es, la cantidad de $20,406.48 (veinte mil cuatrocientos seis pesos con cuarenta y ocho centavos moneda nacional); por tanto, se desprende que la cantidad que corresponde al concepto de actualización es de $181.51 (ciento ochenta y un pesos con cincuenta y un centavos moneda nacional). No pasa inadvertido que la parte quejosa realizó manifestaciones de conformidad con la manera que la responsable dio cumplimiento al fallo protector (foja 167). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y por otra parte se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; además, que no se tramitó incidente de suspensión; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta, presentado por el quejoso *************, del cual se observa que el promovente realiza diversas manifestaciones respecto al acatamiento dado al fallo protector; por lo tanto, se tienen por hechas las mismas, en el entendido que se acordará lo conducente, en el proveído que habrá de pronunciarse respecto al cumplimiento a la ejecutoria de mérito, esto es, una vez que transcurra el plazo concedido para tal fin a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, OCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta presentado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado al fallo protector; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en vigor, dese vista al solicitante del amparo, con el oficio de cuenta y anexos que adjuntó, para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento al fallo protector, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, A TREINTA DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Director General Jurídico de la Secretaría de Administración y Finanzas en representación del Recaudador de Rentas de dicho órgano, con sede en esta ciudad y anexo que acompaña, a través del cual manifiesta, que en cumplimiento a la resolución emitida en el presente juicio de garantías, se turnaron los datos del quejoso, al Director General de Tesorería, para que lleve a cabo la transferencia bancaria a favor del promovente; por ende, agréguese el ocurso de que se trata, así como de la documental que adjuntó, en el entendido de que con lo manifestado, únicamente se considera en vías de cumplimiento; lo expuesto, hágase del conocimiento de la responsable oficiante, para que una vez que se dé cabal acatamiento al fallo protector, lo informe inmediatamente a este Juzgado a fin de determinar si se está cumpliendo o no en sus términos con la sentencia de amparo.
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