Raúl Sánchez Matus

Expediente 760/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
760/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
16/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Sánchez Matus

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo por este Juzgado Federal, no fue recurrida dentro del término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada el diez de octubre de dos mil veintitrés, en la que se resolvió conceder el amparo y protección de la Justicia Federal en este juicio de amparo, al quejoso ********************, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Requerimiento de cumplimiento. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la recepción de este oficio, cumplan con la sentencia de mérito. Con el apercibimiento a las autoridades responsables, que de no cumplir con lo anterior sin causa justificada, se le impondrá, una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero y 258 de la Ley de Amparo, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Turno de este Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Apoya lo anterior, la tesis de rubro: "APERCIBIMIENTO DE MULTA CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO. EL DECRETADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR EL JUEZ DE DISTRITO PARA QUE CUMPLA LA SENTENCIA DE AMPARO, DEBE PRECISARSE DESDE ESE MOMENTO Y NO SER GENERAL, VAGO O IMPRECISO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).". Se vincula al cumplimiento a autoridad. Por otra parte, como está ordenado en la certificación de cuenta, de la copia del oficio signado por la Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Oaxaca, mediante el cual, se advierte que en el juicio de amparo ********************, del índice de este mismo juzgado, hizo del conocimiento que entre sus facultades no está la de dar cumplimiento a una sentencia de amparo, como lo establece el artículo 26 del Reglamento Orgánico de las Delegaciones Estatales y Regionales de ese instituto; de ahí que tal atribución de cumplir con las sentencias, recaiga en la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; igualmente, informa el nombre de la superior jerárquica de éste. Lo cual, esta autoridad toma conocimiento; por ello, desde este momento, a efecto de evitar mayores dilaciones procesales, se provee: Con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, al Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y con copia de la sentencia, se le requiere para que en el término de tres días hábiles cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibido que, de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, fenecido el plazo concedido, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, párrafo segundo, 193, párrafo primero y 258 de la Ley de Amparo; además, se requerirá el cumplimiento por conducto de su superior jerárquico. Por otra parte, no es obstáculo de que dicha autoridad no haya sido señalada como responsable; sin embargo, tiene injerencia en el cumplimiento de la ejecutoria pronunciada en este juicio. Sirve de apoyo, la jurisprudencia cuyos datos de localización, y rubros son los siguientes: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." Se instruye al Oficial Judicial "A" de la adscripción, para que capture a la autoridad vinculada al cumplimiento, en el expediente electrónico de este juicio de amparo. Publicación de datos personales. Como las partes en este juicio de amparo, no se opusieron a la publicación de sus datos personales; no obstante, dése cumplimiento a lo establecido por los numerales 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que entró en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, el siete de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese por lista electrónica.

  2. Principal

    VISTOS los autos, para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto ********************, promovido por ********************; y, R E S U L T A N D O Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta localidad, el uno de agosto de dos mil veintitrés y remitido al día siguiente, por razón de turno, a este órgano jurisdiccional, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Delegado Estatal de Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores en el Estado en Oaxaca y de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Narró los antecedentes de los actos reclamados, invocó como derechos fundamentales vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. Segundo. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de tres de agosto de dos mil veintitrés, se registró la demanda de amparo en el libro de gobierno con el número ********************, se ordenó admitir a trámite, se dio la intervención que le asiste al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se solicitó de las autoridades señaladas como responsables sus informes justificados, y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. En acuerdo de siete de septiembre de dos mil veintitrés se tuvo como autoridad inexistente a la autoridad señalada por la parte quejosa como Delegado Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del ISSSTE y, en su lugar, se solicitó informe justificado al Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca. Seguido los trámites de ley, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional, la que se verificó en los términos que anteceden; y CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal; 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General 59/2018 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el similar 3/2013, por tratarse de un asunto de naturaleza administrativa, de los que conoce este juzgado. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y apoyo en la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Se fijan de forma clara y precisa los actos reclamados, por lo que de la lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1.- De la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, la omisión de vigilar y obligar a la autoridad demandada en el juicio contencioso administrativo ********************, al cumplimiento de la sentencia definitiva y resolución de queja ahí dictadas. 2.- Del Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la Ciudad de Oaxaca, la omisión de cumplir la sentencia definitiva de trece de marzo de dos mil veinte, así como la resolución interlocutoria cinco de julio de dos mil veintitrés, ambas dictadas en el expediente ********************, del índice de la Sala responsable. Tercero. Existencia del acto reclamado. El Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto reclamado que se le atribuye. No obstante, debe tenerse por cierto, pues por lo que hace al acto omisivo imputado a la Sala responsable éste se acredita, ya que de la lectura a las copias certificadas del juicio de nulidad, se advierte que no ha culminado el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso. Por otra parte, el Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca, fue omiso en rendir informe justificado pese a haber sido notificado con la debida oportunidad; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama. Cuarto. Procedencia. Sea que las partes lo aleguen o no, en el caso, se examinará si, en la especie, opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, al haberse analizado y valorado previamente todas las constancias que conforman este juicio, se concluye que no se actualiza alguna causa de improcedencia obvia y objetiva que deba estudiarse de oficio, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio de fondo. La parte quejosa en sus conceptos de violación plantea esencialmente que las autoridades responsables violan en su perjuicio lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no dar cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de nulidad, ya que vulneran el derecho de tutela jurisdiccional efectiva, en su vertiente de justicia pronta y expedita: Tales planteamientos son fundados. El artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 17. (.) Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. (.)" El párrafo transcrito protege el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, la cual consiste en el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Es posible distinguir tres etapas dentro del mencionado derecho fundamental, las cuales corresponden al desarrollo del proceso o procedimiento correspondientes: a) Una previa al juicio, que está vinculada con el derecho de accionar ante los tribunales. b) Una judicial, que comprende desde el inicio del procedimiento hasta el dictado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio. c) Una posterior al juicio, que corresponde a la etapa de ejecución de la sentencia, la cual tiene que ver con la eficacia de la resolución emitida. En apoyo a lo anterior, se invocan la jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a) y 1a./J. 42/2007, sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES. La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." En congruencia con el postulado constitucional que se analiza, el legislador estableció en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, las normas aplicables para lograr el cumplimiento de las sentencia emitidas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, cuyo normativo establece: "ARTÍCULO 58.- A fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del Tribunal a que este precepto se refiere, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de esta Ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte, conforme a lo siguiente: I. La Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su Presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Se exceptúan de lo dispuesto en este párrafo las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Concluido el término anterior con informe o sin él, la Sala Regional, la Sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue: a) Impondrá a la autoridad demandada responsable una multa de apremio que se fijará entre trescientas y mil veces el salario mínimo general diario que estuviere vigente en el Distrito Federal, tomando en cuenta la gravedad del incumplimiento y las consecuencias que ello hubiere ocasionado, requiriéndola a cumplir con la sentencia en el término de tres días y previniéndole, además, de que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas de apremio en los términos de este inciso, lo que se informará al superior jerárquico de la autoridad demandada. b) Si al concluir el plazo mencionado en el inciso anterior, persistiere la renuencia de la autoridad demandada a cumplir con lo sentenciado, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá al superior jerárquico una multa de apremio de conformidad con lo establecido por el inciso a). c) Cuando la naturaleza del acto lo permita, la Sala Regional, la Sección o el Pleno podrá comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Lo dispuesto en esta fracción también será aplicable cuando no se cumplimente en los términos ordenados la suspensión que se decrete, respecto del acto impugnado en el juicio o en relación con la garantía que deba ser admitida. d) Transcurridos los plazos señalados en los incisos anteriores, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere emitido el fallo, pondrá en conocimiento de la Contraloría Interna correspondiente los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. (.)" El precepto transcrito establece las normas que regulan el procedimiento y prevé los plazos relativos, conforme a los cuales, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa debe tramitar la etapa de ejecución de las sentencias de nulidad. Así, se tiene que el legislador estableció los siguientes pasos o etapas a seguir, a saber: Una vez transcurrido el plazo de cuatro meses previsto en el numeral 52 del citado ordenamiento legal, de oficio o a petición de parte, la Sala Regional, la Sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia (en adelante el tribunal), debe requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia. Transcurrido dicho término (tres días), con informe o sin él, el tribunal debe decidir si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso procederá como sigue. Imponer multa de apremio a la autoridad demandada responsable y requerirla para cumplir con la sentencia en el término de tres días; previniéndole, además, que en caso de renuencia, se le impondrán nuevas multas; cuya circunstancia debe ser informada al superior jerárquico de la autoridad demandada. Transcurrido dicho plazo, si persiste la renuencia de la autoridad demandada, el tribunal puede requerir al superior jerárquico de aquélla para que en el plazo de tres días la obligue a cumplir sin demora. De persistir el incumplimiento, se impondrá multa de apremio al superior jerárquico. Si lo permite la naturaleza del acto impugnado, el tribunal está facultado para comisionar al funcionario jurisdiccional que, por la índole de sus funciones estime más adecuado, para que dé cumplimiento a la sentencia. Transcurridos los referidos plazos, el tribunal cuenta con facultades para poner en conocimiento de la Contraloría Interna (órgano de control interno) los hechos, a fin de ésta determine la responsabilidad del funcionario responsable del incumplimiento. Ahora bien, en el presente caso, de las constancias que la Sala responsable remitió en apoyo de su informe justificado, se colige que en el Juicio Contencioso Administrativo ********************, se emitió sentencia definitiva desde el trece de marzo de dos mil veinte, en la que se declaró la nulidad de la resolución impugnada (fojas 1 a 17 del tomo de pruebas). Posteriormente, ante la Sala responsable la parte quejosa interpuso queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia de trece de marzo de dos mil veinte (fojas 123 a 126), el cual seguido en sus trámites, en resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil veintitrés declaró procedente y fundada la queja interpuesta y ordenó a la autoridad demandada procediera a dar cabal cumplimiento a la sentencia de mérito, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de dicho fallo (fojas 137 a 140). Sin que hasta la fecha de presentación de la demanda de amparo se haya logrado el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio contencioso administrativo. Por tanto, de acuerdo con los antecedentes narrados, se advierte que en el juicio de nulidad de donde emanan los actos reclamados, no se ha agotado en su totalidad el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, en la medida que el tribunal responsable no ha hecho uso de todas las facultades con las que cuenta para exigir el cumplimiento de sus determinaciones (realizar los requerimientos que sean necesarios a la demandada y a sus superiores jerárquicos -los cuales incluso pueden derivar en la imposición de multas y hacer del conocimiento de su desacato a la contraloría correspondiente- para que informen respecto del cumplimiento de la sentencia). Por su parte, la autoridad demandada no ha cumplido con la sentencia dictada en el juicio de nulidad de origen, como se advierte de las constancias de autos. Por tanto, se concluye que los actos reclamados vulneran en agravio de la parte quejosa, el derecho fundamental a una tutela jurisdiccional efectiva, pues no se ha logrado el total cumplimiento del fallo definitivo aun cuando posee la fuerza de cosa juzgada y han transcurrido más de tres meses, desde que se inició a petición de parte el procedimiento relativo; lo que resulta violatorio del artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes: 1. La Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México, dicte los acuerdos necesarios mediante los cuales continúe con el procedimiento establecido en el artículo 58, fracción I, de la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo; para lo cual deberá hacer uso de las facultades ahí previstas, con el objeto de obligar a las autoridades demandadas a cumplir con la sentencia dictada en el juicio de nulidad ********************. Lo que deberá demostrar con las constancias relativas, donde conste el cobro de las multas y/o el inicio del procedimiento administrativo que corresponda. 2.- El Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca, cumpla de forma inmediata con la referida sentencia de nulidad dictada en el juicio ********************. Sexto. Publicación de datos personales Infórmese a las partes que en el presente asunto, se suprimirá la Información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E: Primero. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos de la Sala Regional Sur del Estado de México y Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Toluca, Estado de México y otra autoridad, en términos del considerando quinto de esta sentencia. Segundo. En su oportunidad, dese cumplimiento al considerando último de este fallo, en los términos ahí precisados. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente, se advierte que para hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo, se advierte que el once de septiembre de este año, se notificó al Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el oficio 13878/2023, por el cual, se le solicitó el informe justificado; de lo que se advierte, que se encuentra transcurriendo el plazo previsto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que rinda el referido informe. En consecuencia, la audiencia constitucional señalada para hoy, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON SEIS MINUTOS DEL DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese por lista electrónica.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal del expediente, del que se advierte que la audiencia constitucional se encuentra señalada para hoy; sin embargo, el veinticinco de agosto de este año, se dio vista a las partes con el informe justificado que rindió el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sur del Estado de México y Auxiliar, con sede en la ciudad de Toluca, Estado de México; lo que se notificó a las partes el veintiocho de agosto de este año; por ello, a fin de respetar el término de ocho días, tal como lo dispone el artículo 117 de la ley de la materia, la audiencia constitucional que estaba señalada para hoy, se difiere y se fijan las NUEVE HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL VEINTE DE SEPTIEMBRE EN CURSO, para su celebración vía remota. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.504/2000, con el rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO". Por otra parte, agréguense los oficios signados por el Representante Legal del ISSSTE en Oaxaca, mediante los cuales, informa que no existe la autoridad designada como Delegado Estatal en Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Titular de la Unidad Jurídica en Oaxaca del ISSSTE; en tales condiciones, se provee: En primer lugar, téngase por inexistente al Delegado citado; por tanto, se suspende toda comunicación con el mismo. En segundo término, al haberse señalado a dicha autoridad a través del Titular de la Unidad Jurídica de ese instituto; en obvio de mayores dilaciones, con copia de la demanda de amparo, reexpídase el oficio número 13878/2023 de fecha tres de agosto pasado, al Titular de la Unidad Jurídica y Representante Legal del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en Oaxaca, con residencia en la ciudad de Oaxaca, a fin de que esté en aptitud de rendir su informe justificado. Se instruye al Oficial Judicial A, para que elimine e incluya a esas autoridades en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase la instrucción dada al SISE.

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