Raúl Sánchez Hernández

Expediente 103/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
103/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
06/03/2023

Partes del expediente

  • Raúl Sánchez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a seis de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tuxpan, Veracruz; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes y téngasele informando que aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, para conocer de la demanda de amparo promovida por Raúl Sánchez Hernández, motivo del presente cuaderno de antecedentes. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno correspondiente y archívese este asunto como concluido. En términos de los artículos 6 y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación; se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso j), del citado Acuerdo General, al ser un juicio en el que se declaró carecer de competencia legal para resolver el asunto. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto del incidente de suspensión, toda vez que no se tramitó. Se precisa que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, habida cuenta que no versó respecto de algún supuesto de los previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el Diario Oficial de la Federación. En virtud de lo anterior, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha y dentro de los treinta días siguientes, deberá destruirse este expediente y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación; acorde a lo dispuesto en el citado artículo 21 del mismo ordenamiento legal.

  2. Principal

    Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por *************, por propio derecho, contra actos del Juez de Control de Tuxpan, Veracruz y otras, por violación a los artículos 14 y 16 Constitucionales. Fórmese expediente, anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 103/2023, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). INCOMPETENCIA Ahora de un análisis integral de la demanda de amparo, se estima que este Juzgado Federal carece de competencia legal para proceder en eso términos, por las consideraciones que a continuación se exponen. En primer término, es menester traer a contexto lo previsto en el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción del anterior artículo se desprenden tres hipótesis que determinan cuando es competente un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo promovida ante éste, las cuales son las siguientes: 1. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. 2. Es juez competente para conocer de un juicio de amparo indirecto, ante el que se presente la demanda cuando si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. 3. Es juez competente para conocer del juicio de amparo indirecto, en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Lo expuesto permite establecer que la competencia de los Jueces de Distrito, para conocer de un juicio de amparo, parte de la apreciación del acto reclamado a la luz de las hipótesis señaladas, por lo que, es importante distinguir la actualización de cada una de ellas, pues las dos primeras reglas de competencia aludidas exigen ejecución material y se diferencian con lo establecido en la tercera, porque esta última no la requiere; y lo que distingue a las reglas competenciales que demandan que el acto reclamado tenga ejecución material no es que ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse, sino el que éste ocurra en la jurisdicción de uno o varios jueces de Distrito. No obstante, debe puntualizarse que tratándose de actos reclamados que requieran de ejecución material, será necesaria la intervención de alguna autoridad, por lo que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción resida la autoridad responsable encargada de la ejecución del acto que se reclama. En el caso concreto, el peticionario de amparo señaló como acto reclamado el siguiente: "A). De la ordenadora. LA ORDEN DE APREHENSIÓN girada en contra del suscrito fuera de todo procedimiento. B). De las Ejecutoras. El cumplimiento que pretenden darle a dicha orden de aprehensión." Señalando como autoridades responsables las siguientes: 1. Juez de Control de Tuxpan, Veracruz. 2. Director General de la Policía Ministerial, con sede en Xalapa, Veracruz. 3. Delegado Regional de la Policía Ministerial Zona Norte, con sede en Tuxpan, Veracruz. 4. Primer Comandante Regional de la Policía Ministerial Zona Norte, con sede en Tuxpan, Veracruz. 5. Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, con sede en Álamo Temapache, Veracruz. 6. Unidad de Procuración de Justicia del VI Distrito Judicial, con sede en Tuxpan, Veracruz. Por otra parte, de la lectura de los hechos de su demanda, se advierte que el quejoso manifestó bajo protesta de decir verdad: "El suscrito tiene su domicilio conocido en la Colonia ******************. Durante la tarde y noche de ayer 20 de Febrero del 2023, personas desconocidas han estado rodeando mi domicilio en actitud sospechosa, preguntando a mis familiares por mí, sin identificarse, diciendo únicamente que necesitan hablar de asuntos personales. Pero mis familiares y vecinos se han dado cuenta que dichas personas cuando van a buscarme descienden de camionetas blancas las cueles presentan logos de la Procuraduría General de Justicia del Estado en color rojo, en específico de la Policía Ministerial. Tengo conocimiento que las personas que me andan buscando son elementos de la POLICÍA MINISTERIAL, y que traen una Orden de Aprehensión girada en mi contra por el Juez de Control de la Ciudad de Tuxpan, Veracruz, por un supuesto delito que cometí, lo cual es falso ya que nunca he cometido delito alguno, ni se me ha llamado a declarar nunca en ninguna investigación ministerial, por lo que causa extrañeza que exista una orden de aprehensión en mi contra y se pretenda privarme de mi libertad sin que previamente haya sido llamado a declarar ante una Fiscalía o sin que me haya oído y vencido en juicio alguno y nunca se me ha hecho del conocimiento que en mi contra exista delito alguno que perseguir." En ese sentido, si el promovente fue claro en señalar como autoridades ejecutoras a las que tienen jurisdicción en el lugar donde, bajo protesta de decir verdad señaló que trató de ejecutarse el acto reclamado, es inconcuso que no se surte la competencia a favor de este juzgado federal. Máxime que la demanda fue presentada en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de la ciudad de Tuxpan, siendo remitida a este juzgado derivado de que el escrito se encuentra dirigido al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, lo que desde luego no es suficiente para fincar competencia, atendiendo a las reglas previstas en la Ley de Amparo así como en los criterios jurisprudenciales, pudiendo incluso haber sido un error mecanográfico, ya que se insiste, el quejoso fue claro en señalar a las autoridades ejecutoras y el lugar donde se le pretende aprehender. Por su contenido, se invoca la jurisprudencia: "Registro digital: 2004166 Instancia: Primera Sala Décima Época Materia(s): Común, Penal Tesis: 1a./J. 52/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 383 Tipo: Jurisprudencia COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables". CUADERNO DE ANTECEDENTES Y REMISIÓN DE LOS AUTOS En mérito de lo expuesto, fórmese cuaderno de antecedentes y remítanse los autos originales del presente asunto al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE VERACRUZ, CON RESIDENCIA EN TUXPAN, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común adscrito a los Juzgados de Distrito de esa ciudad. DOMICILIO Y AUTORIZADOS En virtud de que el impetrante del amparo señala como domicilio los estrados, notifíquesele los autos que se dicten en el presente asunto, aún los de carácter personal, por lista de acuerdos, en términos de los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la ley de la materia, hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad. En lo conducente, cobra aplicación por su sentido y consideraciones, la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 195064 Instancia: Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Diciembre de 1998 Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.22 K Página: 1067 NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público. Ténganse por autorizados del quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a ************** toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, tal como se advierte de la certificación secretarial de cuenta; y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos del segundo párrafo del citado numeral a ***********, toda vez que no cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado de mérito. NOTIFICACIÓN Y HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con el propósito de evitar dilaciones en el presente asunto, se indica a los actuarios que conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Amparo, las resoluciones que se dicten deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera del procedimiento, en que se notificará inmediatamente en que sean pronunciadas. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en este, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias. DIGITALIZACIÓN Y EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y al artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico, asimismo, que todas las constancias y documentos del expediente físico deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico; en cambio, las constancias y documentos electrónicos no se incorporarán al expediente físico, por lo cual, éste únicamente contendrá las promociones físicamente recibidas y las constancias de notificación que se generen de la misma manera. RESERVA DE INFORMACIÓN Este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales y sensibles, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA DEL JUICIO EN LÍNEA De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese.

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