Raul Salazar Martinez

Expediente 894/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
894/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
15/10/2021

Partes del expediente

  • Raul Salazar Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, quince de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II del numeral 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se tuvo por no presentada la demanda de amparo, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo, del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años, contado a partir del dictado del presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º, fracción II, del citado Acuerdo General. Notifíquese.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que este órgano constitucional ordenó prevenir a la parte quejosa para que aclarara la demanda de amparo dentro del término de cinco días, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se tendría por no presentada.Ahora bien, toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el mencionado término legal de cinco días concedido a la parte promovente, sin que realizara manifestación alguna, no obstante estar debidamente notificada; en tal virtud, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda promovida por Raúl Salazar Martínez y otros. Notifíquese; y hágase personalmente a la parte promovente vía electrónica.

  3. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Téngase recibida la demanda de amparo que promueven Raúl Salazar Martínez y otros, contra actos del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP), con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades; por tanto, fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 894/2021-III. Pues bien, a efecto de acordar lo que en derecho proceda respecto a la demanda de amparo en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108, 109, 110, 112 y 114 de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, por escrito y bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: PRIMERO. Acrediten la personería para representar a la diversa quejosa María Eloísa Arias Rojas, pues en el apartado inherente a las firmas de los promoventes, se aduce que la misma ha fallecido y, como consecuencia, no se encuentra externada la voluntad respetiva, empero no se acompañó ningún documento para demostrar la representación respecto de dicha agraviada. Además, y de ser el caso, deberá acompañar tantas copias del documento respectivo, como diversas partes procesales se señalen. SEGUNDO. Amplíe los antecedentes del acto reclamado. En ese sentido, los promoventes deberán puntualizar cuál es el origen de la obligación que refieren tienen las autoridades designadas como responsables, para brindarles la atención y servicios médicos hospitalarios a que aluden; es decir, deberán precisar si la misma surge de alguna relación de trabajo; si al caso, la misma fue pactada en algún contrato colectivo; o bien, si deviene de diversa fuente y cuál es la misma. Además, deberán precisar si los actos aquí reclamados han sido controvertidos en diversa instancia o procedimiento y, de ser el caso, el estado procesal que guarde el mismo. Lo anterior, en el entendido de que, de afirmar hechos falsos u omitir los que le consten en relación con los actos reclamados, podría actualizar la conducta delictiva especificada por el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Circunstancias las anteriores que motivan sendas imprecisiones que, a su vez, constituyen irregularidades que deben ser subsanadas en sus términos, a fin de establecer la litis constitucional y, en su caso, la procedencia de la acción de amparo o los términos en que habrá de decretarse la suspensión de plano solicitada. Apercibida la parte promovente que, de no dar cumplimiento a la presente prevención, se tendrá por no presentada su demanda de amparo; y sin que resulte posible el decretar la suspensión de plano solicitada, dado el desconocimiento del origen de la atención médica que señalan; máxime que las autoridades que designada como responsables, no tiene como finalidad u objetivo específico de creación, el otorgamiento o concesión de servicios de salud. Por otra parte, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte promovente el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes, para que continúen con la tramitación de este juicio en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Y, con la finalidad de establecer formas expeditas de contacto, requiérase a la parte quejosa para que proporcione un teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso de origen, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. De conformidad con el artículo 13 de la Ley de Amparo, como lo solicita la parte promovente, téngase como representante común de la parte quejosa, a Raúl Salazar Martínez. Con fundamento en el artículo 8° constitucional, así como en lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, en su artículo 12, inciso I), se autoriza la consulta electrónica de este asunto, a través del usuario que se proporciona; asimismo, como la práctica de las notificaciones dirigidas a la parte promovente, por dicho medio. Notifíquese personalmente este acuerdo a la parte promovente vía electrónica, teniendo como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Arias López, quien cuenta con su cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos del aludido numeral a Rogelio Paredes Pérez, por no contar con su cédula profesional registrada en el aludido sistema computarizado, así como a las diversas personas que refiere, por así solicitarlo.

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