Raul Salazar Carrillo
Expediente 1007/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1007/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/10/2018
Partes del expediente
- Raul Salazar Carrillo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la determinación por la que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
- Principal
Se le notifica por medio de lista a la parte quejosa la resolución de veintiuno de septiembre de la presente anualidad, lo que a lal etra dice: Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable, Delegado Estatal en Querétaro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, se advierte la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente la omisión por parte de la autoridad responsable en darle respuesta al escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete en la oficialía de partes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual en términos del artículo 8, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, el hoy quejoso, solicitaba la devolución de la cantidad de once mil doscientos sesenta y siete pesos con sesenta centavos, por concepto de préstamo solicitado. La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Entonces, al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, pues es claro que las omisiones de las que se dolía el quejoso dejaron de existir, no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, de ahí que operó la cesación en los efectos de los actos reclamados, lo cual torna improcedente el juicio con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas con quince minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
Agréguese a sus autos el informe justificado que rinde la siguiente autoridad responsable, Delegado Estatal en Querétaro del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Ahora, se advierte la improcedencia del juicio de amparo en que se actúa, respecto al acto del que se duele el justiciable, consistente la omisión por parte de la autoridad responsable en darle respuesta al escrito presentado el seis de abril de dos mil diecisiete en la oficialía de partes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través del cual en términos del artículo 8, de la Constitución Policita de los Estados Unidos Mexicanos, el hoy quejoso, solicitaba la devolución de la cantidad de once mil doscientos sesenta y siete pesos con sesenta centavos, por concepto de préstamo solicitado. La cesación de efectos del acto reclamado se traduce en que lo que dictó, ejecutó o pretende ejecutar la autoridad responsable, deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa al cesar su actuación, es decir, ello implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causal de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Entonces, al haber desaparecido el motivo originador del juicio de amparo, pues es claro que las omisiones de las que se dolía el quejoso dejaron de existir, no es posible entrar al análisis del acto que ya no está surtiendo efectos, de ahí que operó la cesación en los efectos de los actos reclamados, lo cual torna improcedente el juicio con fundamento en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En las relatadas circunstancias, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia en el presente juicio, se impone necesario SOBRESEER el juicio de amparo con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63 fracción V de la Ley de Amparo. Consecuentemente, se dejan sin efecto las diez horas con quince minutos del veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo. Notifíquese; y personalmente a las partes.
- Principal
RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase a ****, por propio derecho promoviendo demanda de amparo contra actos del Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Querétaro. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1007/2018, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaria de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. ADMISIÓN. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1°, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; ADMÍTASE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que en el caso sea necesario formar incidente de suspensión, al no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídanse los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables mismas que deberán rendirlo dentro del plazo de quince días hábiles siguientes a aquél en que reciban el oficio por el que se les pide dicho informe, en el entendido que en el mismo deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar en su caso, copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, las cuales tendrán que ser completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, haciéndoles saber que de no rendir el informe en el tiempo y forma establecidos, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, de acuerdo a lo dispuesto por el ordinal 117 de la referida ley. APERCIBIMIENTO. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, y 238 de la actual Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil dieciocho. PUNTUALIZACIÓN RESPECTO A LA DENOMINACIÓN ERRÓNEA DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Nueva Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de los quejosos, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del numeral 79, del ordenamiento invocado), se apercibe a la parte quejosa respecto a que si la autoridad responsable no existen con la denominación que indica en su demanda, se le tendrá por inexistente, suspendiéndose toda comunicación con la misma y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en su denominación, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y al principio de celeridad procesal. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9º, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceras interesadas a través de oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa. Por tanto, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista; máxime que ésta se publica tanto en los estrados del juzgado, por disposición de la propia Ley de Amparo, como en la página de internet www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Lo anterior, con sustento en lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo número de registro es el 2002576, de rubro y texto siguientes: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." REQUIERE POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. En otra línea, con fundamento en el artículo 64, de la ley que rige el juicio constitucional, se requiere tanto a la autoridad señalada como responsable, como a la parte quejosa, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento y sobre todo, informen si es de su conocimiento que la parte agraviada ha promovido diverso juicio de amparo, y en su caso, informen el estado procesal del respectivo juicio de amparo. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con fundamento en el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Julio Cesar Rodríguez Leyva y Paloma Salazar Zamarroni, toda vez que al realizar una consulta al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales, se advierte que cuentan con su cédula profesional registrada que los acredita para ejercer la profesión de licenciados en derecho, mientras que por lo que hace a las personas restantes en términos del artículo 24 de la citada ley por no contar con dicho requisito. Se hace notar que en términos de la fracción III, del citado artículo 27, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado resulte inexacto, no se halle el buscado, o bien, del contenido del acta elaborada por alguno de ellos, se evidencie que la causa que impida realizar la notificación encomendada en el domicilio señalado para ese efecto por cualquiera de las partes, sea tal, que no sólo impida llevar a cabo esa notificación sino también las subsecuentes; sin previo acuerdo, se autoriza que se practiquen las notificaciones personales mediante lista a que alude el ordinal 29 de la Ley de amparo, y para el último supuesto, inclusive las subsecuentes que así deban serlo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la ley que rige el juicio constitucional, dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese...
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