Raúl Rubio Bejarano
Expediente 624/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 624/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/05/2022
Partes del expediente
- Raúl Rubio Bejarano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. Del estado procesal que guardan los autos, así como de la certificación de cuenta, se advierte que ninguna de las partes recurrió el auto de sobreseimiento fuera de audiencia de cuatro de mayo de dos mil veintidós, dictado en este juicio; con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que el referido auto ha causado estado. En consecuencia, dense los avisos de rigor, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal en que se actúa es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de tres años, ya que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. De igual manera, como lo dispone el artículo 35 del Acuerdo General en comento, indíquese la leyenda de la valoración que corresponda en la carátula del expediente y verifíquese que el expediente electrónico generado con la FIREL como el impreso, sea incorporada cada promoción a fin de que coincida en su totalidad. Se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Instrumento de soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda". Se hace la precisión de que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese al Secretario encargado de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido Acuerdo General. Finalmente, con fundamento en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, el presente proveído se firmará de manera electrónica, debiendo agregarse a las constancias las evidencias criptográficas correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Pantoja Salazar, Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, encargado del Despacho de conformidad con el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de la licencia otorgada a la titular de este Juzgado en el punto cuarto del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecinueve de mayo del año en curso, ante Greta Santos Hernández, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, a través del cual rinde su informe justificado y designa delegada. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la constancia que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de amparo, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de dos de mayo de dos mil veintidós la Junta acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009 y, en atención a su contenido, indicó que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, por lo que, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; determinación que fue notificada a las partes por estrados en esa misma data. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar el escrito que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-3/619/2009, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que solicitó se le tuviera renunciando a su derecho de formular alegatos y se declarara cerrado el periodo de instrucción, turnándose los autos al auxiliar para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo. Consecuentemente, la Junta responsable por auto de dos de mayo de dos mil veintidós acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009 y, en atención a su contenido, indicó que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, por lo que, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; determinación que fue notificada a las partes por estrados en esa misma data; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintitrés de marzo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de acordar el escrito que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-3/619/2009, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que solicitó se le tuviera renunciando a su derecho de formular alegatos y se declarara cerrado el periodo de instrucción, turnándose los autos al auxiliar para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la Junta responsable, el dos de mayo de dos mil veintidós acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009, en los términos antes indicados. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -veintitrés de marzo de dos mil veintidós- existía la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009, lo cierto es que, con posterioridad - dos de mayo de dos mil veintidós - la Junta responsable acordó dicho escrito indicando que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, asimismo, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de marzo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y un minutos del diez de mayo de dos mil veintidós. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el oficio de la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por conducto de su Presidenta, a través del cual rinde su informe justificado y designa delegada. Atento a lo anterior, se tiene a la autoridad responsable, rindiendo su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la ley de la materia. Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene a la autoridad responsable ofreciendo la constancia que acompaña a su informe justificado. Asimismo, con fundamento en el artículo 9, de la Ley de amparo, se le tiene designando como delegada a la persona que menciona en el oficio de cuenta. Ahora, de las copias certificadas que remitió la autoridad responsable en cita -las que adquieren valor probatorio pleno, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2°-, se advierte que por auto de dos de mayo de dos mil veintidós la Junta acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009 y, en atención a su contenido, indicó que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, por lo que, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; determinación que fue notificada a las partes por estrados en esa misma data. De lo antes narrado, este órgano jurisdiccional advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, conforme a los razonamientos que a continuación se exponen: Primeramente, conviene destacar que el precepto legal invocado, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del citado ordenamiento se infiere que para efectos del juicio de amparo, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la parte quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que dio motivo a la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la parte quejosa en el goce del derecho violado. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de amparo se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular. Del análisis integral de la demanda se advierte que el quejoso reclama la omisión de acordar el escrito que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-3/619/2009, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que solicitó se le tuviera renunciando a su derecho de formular alegatos y se declarara cerrado el periodo de instrucción, turnándose los autos al auxiliar para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo. Consecuentemente, la Junta responsable por auto de dos de mayo de dos mil veintidós acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009 y, en atención a su contenido, indicó que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, por lo que, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; determinación que fue notificada a las partes por estrados en esa misma data; lo que se acredita con las constancias remitidas por la autoridad responsable. Como puede verse, a juicio de este órgano jurisdiccional, se estima que cesaron los efectos del acto reclamado. Esto es así, porque el veintitrés de marzo de dos mil veintidós el quejoso promovió el presente juicio de amparo para reclamar a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, la omisión de acordar el escrito que presentó el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, en el juicio laboral D-3/619/2009, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, por el que solicitó se le tuviera renunciando a su derecho de formular alegatos y se declarara cerrado el periodo de instrucción, turnándose los autos al auxiliar para la formulación del proyecto de resolución en forma de laudo. Sin embargo, como se precisó en párrafos precedentes la Junta responsable, el dos de mayo de dos mil veintidós acordó el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009, en los términos antes indicados. Sobre esa base, aun cuando al promoverse la demanda de amparo -veintitrés de marzo de dos mil veintidós- existía la omisión de acordar el escrito presentado el veintiséis de mayo de dos mil veintiuno, por José Felipe Aguilar Velázquez, apoderado de la parte actora Raúl Rubio Bejarano -aquí quejoso- en el juicio laboral D-3/619/2009, lo cierto es que, con posterioridad - dos de mayo de dos mil veintidós - la Junta responsable acordó dicho escrito indicando que el siete de octubre de dos mil diecinueve, se certificó que no quedaba prueba pendiente por desahogar, que se concedió a las partes el término para que formularan alegatos y como lo solicitó la parte actora la tuvo renunciando a su derecho de formular alegatos, asimismo, estando presente el Auxiliar adscrito declaró cerrado el periodo de instrucción y solicitó le sean turnados los autos para que formule el proyecto de resolución en forma de laudo; es claro que la presente acción constitucional se torna improcedente, ya que con la actuación destacada se produjo una situación idéntica a la que obtendría el quejoso con una eventual sentencia concesoria de amparo. Por tanto, si la circunstancia aquí apuntada sobrevino después de la presentación de la demanda de amparo (veintitrés de marzo de dos mil veintidós), es inconcuso que en el presente caso han cesado los efectos del acto reclamado pues las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional; es decir, como si la omisión no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Norma el criterio, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, de rubro siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia 2a/J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Semanario judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, marzo de 2003, del rubro siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE." En tales condiciones, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 del citado ordenamiento legal. Lo anterior a efecto de no retrasar la impartición de la justicia pronta y expedita, en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios, pues de continuar con el juicio de amparo en que se actúa, celebrar la audiencia constitucional y dictar el sobreseimiento relativo en ella, resultaría ocioso y atentatorio de dichos principios que prevé esa norma fundamental contrariándose con ello el espíritu del artículo 93, fracción IV, de la ley de la materia, cuando en tal caso se deben de evidenciar supuestos de mayor entidad como serían que no se surta la causa de improcedencia invocada, lo cual en la especie sí acontece; o que existan datos que hagan desaparecer la referida causal, lo cual no se demuestra; entre tanto, el sobreseimiento decretado más bien, como se señaló, es acorde a los principios fundamentales establecidos en el citado artículo 17 constitucional. Ahora, la causa por la que se sobresee en el presente juicio, de ningún modo transgrede los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ni pugnan el principio pro homine, previsto en el reformado artículo 1° de la misma, ni con lo establecido en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que esencialmente protege el derecho al acceso efectivo a la justicia; lo anterior, toda vez que dicho principio, consiste en aplicar la institución jurídica más benéfica para la persona, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 56/2014, emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal, de veintitrés de mayo de dos mil catorce, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo II, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL." Por lo tanto, se deja sin efecto la fecha de la audiencia constitucional que se encontraba señalada a las nueve horas con cuarenta y un minutos del diez de mayo de dos mil veintidós. ...
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, seis de abril de dos mil veintidós. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, se tiene por recibido el escrito electrónico de cuenta de Luis Ángel Sánchez Cruz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, por medio del cual interpone recurso de queja y formula agravios en contra de la resolución interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso g; 98, párrafo primero, 99 y 101, de la Ley de Amparo, distribúyanse las copias del escrito electrónico de expresión de agravios entre las partes (en el entendido que las copias de traslado serán impresas por este juzgado de Distrito, al haberse presentado el medio de impugnación de mérito en forma electrónica, de conformidad con el artículo 100, segundo párrafo, de la Ley de Amparo), y una vez notificadas, con apoyo en el artículo 39 del Acuerdo General 21/2020, en relación con el diverso 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, remítase electrónicamente el escrito de referencia al correo electrónico correspondiente al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Sexto Circuito, a fin de que lo turne al Tribunal Colegiado que deba substanciar el recurso de queja interpuesto en contra de la citada resolución interlocutoria de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Solicitándose que remita por la misma vía la boleta de turno correspondiente, a fin de que este juzgado Federal esté en aptitud de remitir vía interconexión el informe respectivo. Todo lo anterior, en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 39 del acuerdo en cita, que dispone: "Todos los envíos de expedientes de un órgano jurisdiccional a otro se harán de forma electrónica, salvo que el remitente estime necesario que el órgano destinatario cuenta con las constancias físicas. En caso de que no se hayan enviado, si el que vaya a resolver requiere constancias físicas, las pedirá". De igual forma, se tiene al autorizado de la parte quejosa señalando las constancias que deberán remitirse al tribunal colegiado que corresponda para la substanciación de la queja interpuesta. Asimismo, por cuanto hace a la manifestación del promovente en el sentido de que no autoriza la publicación de los datos personales de ninguno de los apoderados legales y quejosos; no ha lugar a hacer mayor pronunciamiento, en virtud de que en auto de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se proveyó lo conducente. Ahora bien, es facultad de este juzgado de Distrito ordenar la suspensión del procedimiento en caso de que las resoluciones dictadas durante la tramitación del presente juicio de amparo indirecto que por su naturaleza trascendental y grave causen un perjuicio no reparable a alguna de las partes con relación a la interposición de la queja y de conformidad con lo establecido en el artículo 102 de la Ley de Amparo; por tanto, una vez que este juzgado considere que se actualizan dichos supuestos, ordenará la suspensión del procedimiento y en acatamiento al numeral en cita a efecto de no causar daños irreparables a las partes. ...
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