Raul Rosales Rodríguez

Expediente 405/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
405/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
20/05/2021

Partes del expediente

  • Raul Rosales Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    En la Ciudad de México, veinte de mayo de dos mil veintiuno. isto el estado procesal del presente asunto, y la vista la certificación de cuenta y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el catorce de abril de dos mil veintiuno, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera de relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Ciudad de México, a las nueve horas con treinta minutos del catorce de abril de dos mil veintiuno, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de garantías número 405/2020-I, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas. Acto seguido, el Secretario hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de garantías que dio origen al presente asunto, proveído de diez de marzo de dos mil veinte, en el que se admitió la demanda, informe justificado rendido por la autoridad responsable, las pruebas, constancias de notificación a las partes, y proveídos que acordaron lo conducente. Asimismo, da cuenta con el estado procesal de autos y certifica que venció el plazo de tres días otorgado a la quejosa mediante acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, en razón de que el mencionado auto se le notificó por medio de lista el ocho de marzo de dos mil veintiuno, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 31 fracción II, de la Ley de Amparo, dicha notificación surtió efectos el nueve siguiente, por lo que el aludido plazo transcurrió del diez al doce del mismo mes y año, y que hecha una búsqueda en el libro de registro de correspondencia de este juzgado, así como en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa, no se encontró promoción alguna dirigida al expediente en el que se actúa durante el período señalado dirigida a desahogar el requerimiento ahí formulado. El Juez acuerda: Con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendido el informe justificado de la autoridad responsable. Por otro lado, vista la certificación de cuenta, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por lo que se entiende que el quejoso ya cobró el título de crédito expedido por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia de nulidad de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio contencioso administrativo TJ/IV-99012/2018, cuyo efecto se traduce en devolver al ahora solicitante del amparo, la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). En período probatorio: El Secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por las partes. El Juez acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio. En periodo de alegatos: abierto éste, el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso del derecho que les confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, así como tampoco el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito presentó el pedimento que a su representación social compete. El Juez acuerda: se declara desierto el periodo de alegatos. Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 405/2020-I, promovido por Raúl Rosales Rodríguez, por propio derecho, contra actos del Tesorero de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O . PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el veinticinco de febrero de dos mil veinte, remitido por razón de turno a este Juzgado Sexto de Distrito en la materia y jurisdicción citados, Raúl Rosales Rodríguez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad y por el acto que a continuación se indican: AUTORIDAD RESPONSABLE: TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO ACTO RECLAMADO Del Tesorero de la Ciudad de México se reclama la omisión de cumplir con la sentencia de fecha 23 de noviembre del 2018, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, y específicamente, para el TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, ME DEVUELVA LA CANTIDAD PAGADA INDEBIDAMENTE POR UN MONTO TOTAL DE $640.00 (SEISCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MN) SEGUNDO. Previo acuerdo aclaratorio, mediante proveído de diez de marzo de dos mil veinte, se admitió la demanda registrada con el número 405/2020-I, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que legalmente compete al Fiscal Ejecutivo Titular adscrito y se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O . PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones IV y VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II de la Ley de Amparo; 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General número 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, dado que se reclama un acto omisivo a una autoridad administrativa distinta de las judiciales, con residencia en la jurisdicción que corresponde a este juzgado. SEGUNDO. Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 40/2000, aplicada por analogía, estableció la obligación de que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. La citada jurisprudencia es del rubro siguiente: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD (Novena Época, Registro: 192097, Instancia: Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de dos mil (2000), Materia Común, Página: 32) Dicho criterio señala que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. También, debe destacarse que la precisión de los actos reclamados debe realizarse sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad. Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda, se colige que el acto reclamado por el quejoso al Tesorero de la Ciudad de México, es la omisión de cumplir con la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio contencioso administrativo TJ/IV-99012/2018, cuyo efecto se traduce en devolver al ahora solicitante del amparo, la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). TERCERO. Pese a la negativa del Tesorero de la Ciudad de México, en torno a la existencia del acto descrito en el considerando anterior, el mismo debe tenerse por cierto, no obstante argumente en su informe justificado que corresponde a diversa autoridad llevar a cabo el pago de lo indebido, además de que dicho extremo ha sido acreditado en el juicio de origen; ello en razón de que previo a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veinticinco de febrero de dos mil veinte), no se advierte del presente sumario, ni de las copias certificadas que integran el juicio de origen que obra en legajo por separado, que se haya efectuado pago alguno por el quejoso respecto del concepto aludido, lo cual pone de relieve la omisión reclamada. CUARTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que dice: Artículo 62. Las causes de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Precisado lo anterior, el suscrito advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que dice lo siguiente: ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Para que dicha causal de improcedencia se actualice, es necesario que todos los efectos del actos o actos reclamados, se hayan destruido en forma total o incondicional, por parte de las autoridades que participaron en su creación. Lo anterior lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. (Registro: 193,758; Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Jurisprudencia; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; Tomo IX, Junio de 1999; Tesis: 2a./J. 59/99; Página: 38) Ahora bien, de lo que hace valer el quejoso, se advierte que su reclamo radica en la omisión por parte del Tesorero de la Ciudad de México, de dar cumplimiento a la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio contencioso administrativo TJ/IV-99012/2018, cuyo efecto se traduce en devolverle la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional). Dicha sentencia, en la parte que interesa, es del tenor siguiente: En virtud de los anteriores razonamientos, y con fundamento en la fracción II del artículo 102 de la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, procede declarara la nulidad de la boleta de infracción 67239979, por lo que dicho acto queda sin efectos; en consecuencia, de conformidad con lo establecido en el numeral 102 de la Ley que rige a este Órgano Jurisdiccional, quedan obligadas las autoridades de la SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO, a realizar los trámites correspondientes para que se cancele el registro del Sistema de Infracciones de la Ciudad de México la boleta de infracción declarada nula; en cuanto al TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, deberá devolver a la parte actora, RAÚL ROSALES RODRÍGUEZ, la cantidad de $640.00 (Seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.), indebidamente pagada; para lo cual, de conformidad con lo previsto en el artículo 102, se les otorga un plazo improrrogable de QUINCE DÍAS hábiles, contados a partir del día siguiente al en que quede firme el presente fallo, para que lo cumplan en los términos en que se resolvió, [.] Por otro lado, de la resolución interlocutoria de cinco de julio de dos mil diecinueve, recaída al recurso de queja por incumplimiento al fallo anulatorio, se advierte lo siguiente: Del estudio realizado por esta Juzgadora a los autos que integran el expediente del juicio al rubro indicado no se advierte documental alguna con la cual se pueda presumir que el TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO haya dado cumplimiento a la sentencia de antecedentes, o bien, informe las gestiones llevadas a cabo con la finalidad de dar cumplimiento dado que no demuestra haber realizado acto que conlleve a dicho fin; por lo tanto se le amonesta por el incumplimiento a la misma, y requiriendo al TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO dé cumplimiento al fallo dictado en el presente asunto, esto es '. en cuanto al TESORERO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, deberá devolver a la parte actora, RAÚL ROSALES RODRÍGUEZ, la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) INDEBIDAMENTE PAGADA.' En ese tenor, al rendir su informe justificado, la autoridad responsable manifestó que mediante oficio SAF/TCDMX/SAT/AT/SBO/01043/2020, de tres de junio de dos mil veinte, el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en "San Borja", informó a la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, que en cumplimiento al juicio de nulidad TJ/IV-99012/2018 de su índice, se generó la referencia bancaria a favor del hoy quejoso, y le solicitó requiriera al actor para el efecto de que se presentara ante dicha Administración a recibirla y con ella proceder a su cobro. Derivado de lo anterior, por auto de treinta y uno de agosto de dos mil veinte, este juzgado requirió al solicitante del amparo para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir de que surtiera a efectos la notificación de dicho proveído, informara si se había presentado a la Administración Tributaria en 'San Borja' a recoger la referencia bancaria aludida, y en su caso, si efectuó el cobro respectivo, y de ser así, remitiera el documento original o copia certificada legible y completa de las constancias que lo acreditaran; y en caso de no haberlo hecho, se presentara en el mismo término en las oficinas de dicha autoridad a recoger el documento citado e hiciera efectivo su cobro, y lo hiciera del conocimiento a este Juzgado, apercibido que de no cumplir con dicho requerimiento, se entendería que ya había cobrado el título de crédito citado, y en base a eso se acordaría lo conducente. En desahogo a tal requerimiento, por escrito recibido en este juzgado el tres de diciembre de dos mil veinte, el quejoso manifestó que al presentarse en las Oficinas de la Administración Tributaria referida, durante diversos días de agosto y octubre, estaban cerradas, informándole personal que ahí se encontraba, que regresarían a laborar hasta enero de dos mil veintiuno; de lo cual tomó conocimiento este juzgado por auto de cuatro de diciembre de ese mismo año. Seguido el procedimiento en el presente juicio, por auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, se reanudaron los plazos y términos procesales, los cuales fueron suspendidos del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, y considerando el tiempo transcurrido entre el auto por el que se requirió al quejoso para que se presentara ante la Administración Tributaria San Borja a recoger la referencia bancaria expedida a su favor (treinta y uno de agosto de dos mil veinte), así como lo manifestado por el solicitante del amparo, en torno a la fecha en que dicha autoridad regresaría a laborar (enero de dos mil veintiuno), se requirió de nueva cuenta a este último para que informara si había acudido ante dicha autoridad a recoger el documento aludido e informara si realizó su cobro, o en su caso, de no haberlo hecho, se presentara ante ella a recibirlo y cobrarlo, debiendo informar dicha situación a este juzgado; apercibido que de no hacerlo, se entendería que ya había cobrado dicho título de crédito. Tal determinación fue notificada al quejoso por medio de lista el ocho de marzo del año en curso, sin que haya realizado manifestación alguna al respecto, razón por la que en acuerdo dictado en la audiencia que antecede, se hizo efectivo el apercibimiento decretado, en el sentido de tener por cobrado el aludido título de crédito a su favor; por lo que se concluye que el Tesorero de la Ciudad de México, a través del Administrador Tributario en 'San Borja', devolvió al quejoso la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), en cumplimiento a la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio contencioso administrativo TJ/IV- 99012/2018, Esto es, la omisión alegada desapareció, por tanto, se concluye que han cesado los efectos de la omisión reclamada, pues como se advierte de lo narrado, el quejoso aceptó tácitamente que le fue devuelta la cantidad de $640.00 (seiscientos cuarenta pesos 00/100 moneda nacional), en cumplimiento a la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por la Cuarta Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, en los autos del juicio contencioso administrativo TJ/IV- 99012/2018; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, procede sobreseer por lo que a la omisión reclamada se refiere. Sobre el particular, cobra aplicación, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que a la letra establece: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezca, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. (Número de Registro: 196,820, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VII, Febrero de 1998, Página: 210) Asimismo la tesis número P.CL/97, que a la letra dispone: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. (Número de Registro: 197,367, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, Noviembre de 1997, Página: 71) Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 61, fracción XXI, 63, fracción V, 73, 74, 75, 76 y 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio 405/2020-I. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 22/02/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en "San Borja" se la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual por medio del cual en cumplimiento al requerimiento decretado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, informa que al trece de enero del año en curso, no se ha presentado el quejoso a las oficinas que ocupa dicha administración tributaria a recoger el título de crédito expedido a su favor; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. En mérito de lo anterior, fundamento en el artículo 297, fracción II, del código citado, con copia del informe justificado y su anexo, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, informe si ya se presentó a la Administración Tributaria en San Borja a recoger la referencia bancaria aludida, y en su caso si efectuó el cobro respectivo, y de ser así, remita el documento original o copia certificada legible y completa de las constancias que así lo acrediten; y en caso de no haberlo hecho, se le requiere para que en el mismo término de TRES DÍAS HÁBILES, se presente en las oficinas que ocupa la Administración Tributaria en San Borja a recoger el documento citado y haga efectivo su cobro, y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento a este Juzgado, apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se entenderá que ya cobró el título de crédito citado, y en base a eso este Juzgador acordará lo conducente. Por otro lado, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, es decir a la parte quejosa, a las autoridades responsable y tercero interesada, así como Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que estas, quedaran sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Raúl Rosales Rodríguez, en el domicilio ubicado en calle Montecito, numero treinta y ocho (38), piso veintiocho (28), oficina doce (12), colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe, SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA EL PROVEIDO DE REFERENCIA.- NOTIFIQUESE

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente asunto, se impone destacar que en términos del artículo 88, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, es un hecho notorio que, del cinco de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno, a través de las Circulares números SECNO/29/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, emitidas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se ordenó la suspensión de los plazos y términos procesales en todos los asuntos judiciales y como forma de trabajo el esquema de contingencia previsto por el "Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19", como medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales con sede en la Ciudad de México derivado del virus COVID-19. Ahora bien, de conformidad con la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo de la prolongación del periodo de contingencia sanitaria, el dieciséis y diecisiete de los presentes se continúa con el esquema de contingencia previsto en las Circulares anteriores, y a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, se reactiva en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales conforme a los lineamientos contenidos en el "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19", en consecuencia, se reanudan los plazos y términos procesales en el presente juicio. Cabe destacar que el presente asunto no se ubica en ninguno de los supuestos a que se refirió el citado Acuerdo General 13/2020 para que previamente se reanudara su trámite, por lo que hasta la fecha en que se actúa, se procede acordar lo conducente. En tales circunstancias, atendiendo a que no fue posible que tuviera verificativo la mencionada audiencia por las razones expuestas y derivado de las cargas de trabajo, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Al caso se cita, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AUDIENCIA EN EL AMPARO. QUEJA INFUNDADA CONTRA EL SEÑALAMIENTO DE ELLA FUERA DEL TÉRMINO LEGAL." Así como la diversa de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo LXVIII, página 519, de rubro: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, SEÑALAMIENTO DE." Asimismo, con fundamento en las fracciones I y II del artículo 2 del mencionado acuerdo 21/2020, se hace del conocimiento de las partes que los plazos, términos y vistas, ordenados en los acuerdos y requerimientos dictados en este juicio, se reanudaran a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación del presente proveído; por lo que se deberán de estar a lo ahí´ determinado y a los apercibimientos respectivos. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Subdirector Divisional de Administración Tributaria en "San Borja" se la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, por medio del cual por medio del cual en cumplimiento al requerimiento decretado el veintiséis de noviembre de dos mil veinte, informa que al trece de enero del año en curso, no se ha presentado el quejoso a las oficinas que ocupa dicha administración tributaria a recoger el título de crédito expedido a su favor; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda. En consecuencia, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. En mérito de lo anterior, fundamento en el artículo 297, fracción II, del código citado, con copia del informe justificado y su anexo, requiérase nuevamente a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contado a partir de que surta efectos la notificación de éste proveído, informe si ya se presentó a la Administración Tributaria en San Borja a recoger la referencia bancaria aludida, y en su caso si efectuó el cobro respectivo, y de ser así, remita el documento original o copia certificada legible y completa de las constancias que así lo acrediten; y en caso de no haberlo hecho, se le requiere para que en el mismo término de TRES DÍAS HÁBILES, se presente en las oficinas que ocupa la Administración Tributaria en San Borja a recoger el documento citado y haga efectivo su cobro, y una vez hecho lo anterior, lo haga del conocimiento a este Juzgado, apercibido que en caso de no cumplir con lo anterior, se entenderá que ya cobró el título de crédito citado, y en base a eso este Juzgador acordará lo conducente. Por otro lado, en atención a lo dispuesto por el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a todas las partes, es decir a la parte quejosa, a las autoridades responsable y tercero interesada, así como Fiscal Ejecutivo Titular adscrito; para que: 1) De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá´ registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberán proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se les practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indiquen. O bien, deberán especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que estas, quedaran sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa Raúl Rosales Rodríguez, en el domicilio ubicado en calle Montecito, numero treinta y ocho (38), piso veintiocho (28), oficina doce (12), colonia Nápoles, alcaldía Benito Juárez, en esta Ciudad. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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