Raul Romero Palma

Expediente 381/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
381/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
05/07/2022

Partes del expediente

  • Raul Romero Palma

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos; cinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no recurrió la sentencia dictada por este juzgado en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos sus efectos legales. No se tramitó incidencia de suspensión. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia interpretado a contrario sensu, ARCHÍVENSE LOS AUTOS COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos; nueve de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, téngase por recibido y agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable Tesorero Municipal de Jiutepec, Morelos, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector, lo que se tiene por informado para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos; veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los autos el oficio y anexos de la autoridad responsable Ayuntamiento de Ayala, Morelos, por medio del cual informa que se encuentran a disposición de la moral quejosa, el cheque con terminación ***que anexa en copia certificada, y podrá acudir a gestionar su entrega de lunes a viernes, en un horario de nueve a quince horas, en la Tesorería de dicho ayuntamiento, lo que se tiene por informado en vías de cumplimiento del fallo protector. Requerimiento. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad oficiante para que dentro del plazo de ocho días, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, allegue copia certificada de las constancias con las que acredite que la parte quejosa recibió el título de crédito de referencia; con el apercibimiento de que ante el incumplimiento o no manifestar impedimento, se hará acreedor de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Se requiere a parte quejosa. No obstante lo anterior, infórmese a la parte quejosa, que deberá presentarse con una identificación oficial, en las oficinas que ocupa la Tesorería de dicho ayuntamiento, a fin de realizar los trámites correspondientes a efecto de recibir el cheque de referencia, en los días y horarios indicados, sin perjuicio de lo que resulte del requerimiento hecho a la responsable en párrafos precedentes; apercibida que de no hacerlo así, se le tendrá por desinteresada en el cumplimiento del fallo amparador, y este órgano jurisdiccional se pronunciará conforme a derecho corresponda, pues si bien el acatamiento de la sentencia protectora es de orden público y debe vigilarse por este Tribunal Federal, no implica que quede a expensas de la parte quejosa desplegar o no, las acciones suficientes para constatar que se satisfizo por parte de la responsable lo exigido en esa sentencia, pues de pensarse así, implicaría dejar a cargo del promovente la secuela procesal que, se insiste, es de orden público. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, y específicamente la certificación de cuenta, de la que se desprende que la parte quejosa desahogó la vista concedida en autos, en virtud de que realizó manifestaciones respecto al cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a cargo de las autoridades responsables; en tales condiciones, este órgano jurisdiccional procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos existentes en el expediente, a fin de establecer si efectivamente se dio cabal cumplimiento al fallo protector. En ese sentido, se tiene que el veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, se pronunció sentencia en el presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa (fojas 150 a 157), para el efecto de que: ".no se le aplique el precepto declarado inconstitucional y, por tanto, se deje sin efectos el acto de aplicación y todas sus consecuencias, consistentes en el oficio **************, de ocho de octubre de dos mil dieciocho, expedido por el subdelegado de prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, delegación Morelos, en el que determinó que la suma de las pensiones por jubilación y viudez que le fueron otorgadas, rebasaban el monto equivalente a diez salarios mínimos, para lo cual citó como fundamento toral, el referido artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quedando obligado el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos a devolver las cantidades que indebidamente haya dejado de pagar.". Determinación que causó ejecutoria el treinta de septiembre de dos mil diecinueve (foja 173) y se requirió a las autoridades responsables. Con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, el jefe de la unidad jurídica de la delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió el oficio *********** al cual adjuntó en copia certificada el diverso *************de ocho de octubre de dos mil diecinueve dirigido a la aquí quejosa (foja 179). De dicho comunicado se desprende: ".Primero.- En atención al Cuarto Considerando de la sentencia dictada en el expediente 1785/2018, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, razón por la que los descuentos que fueron aplicados desde el primero de octubre del dos mil dieciocho, hasta el treinta de septiembre del dos mil diecinueve, fecha que se dictó en la sentencia del expediente que nos ocupa, por lo que dichos descuentos quedan insubsistentes. Segundo.- De igual forma en atención al Tercer Considerando, se desprende que la protección y amparo de la justicia federal es contra el artículo 51, párrafo segundo, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, vigente hasta el treinta y uno de marzo del dos mil siete, ya que el dispositivo antes invocado, fue aplicado en perjuicio de la C. Sánchez Quintanilla Martha Elena, a través de los descuentos que fueron aplicados desde el primero de octubre de dos mil dieciocho, hasta el treinta de noviembre del dos mil diecinueve, razón por la que resulta procedente la cancelación de los descuentos efectuados a la **************, hasta el treinta de septiembre del dos mil diecinueve, fecha en que se dictó sentencia del expediente 1785/2018, por los conceptos "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIONES" Y "54 COBROS INDEBIDOS", en las pensiones identificadas con los número ********* y *********** de las que es beneficiaria la ************". Ahora bien, de dicho oficio se advierten las cantidades correspondientes a los descuentos a los que fue sujeta la parte quejosa por concepto de cobros indebidos de pensión relativos a los años 2018 y 2019, los que en suma, ascienden a la cantidad ************. Posteriormente, por oficio **********el jefe de la unidad jurídica de la delegación Estatal Morelos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, remitió el acta de finiquito de catorce de noviembre de dos mil diecinueve, en la que se hizo constar que la quejosa recibió los cheques ********* por las sumas de *************** por concepto de pago de los descuentos realizados por la aplicación del artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, en los meses de octubre de dos mil dieciocho a noviembre de dos mil diecinueve (foja 203). Es así que, por auto de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, se dio vista en una primera ocasión a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al precitado oficio y anexos que remitió la responsable (foja 204). En cuatro de marzo de dos mil veinte, se determinó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo en virtud de que las constancias que remitió la autoridad responsable resultaron insuficientes para determinar si el fallo protector se encontraba cumplido en sus términos (foja 217 a 218). En ocho de junio de dos mil veintiuno, nuevamente se determinó declarar no cumplida la ejecutoria de amparo toda vez que la autoridad precisó que los descuentos indebidos le fueron realizados a partir del primero de octubre de dos mil dieciocho, sin embargo resultó inconcuso que en lo referente al año dos mil dieciocho se debería especificar alguna cantidad correspondiente a ese descuento y no como lo asentó la responsable al especificar en la cantidad total: cero pesos, lo que en todo caso debía aclarar, es decir, exponer el motivo por el cual, lo correspondiente al año dos mil dieciocho, arrojó en total de descuento la cantidad de cero pesos; razón por la cual, se le requirió el cabal cumplimiento al fallo protector y para que ello ocurriera, debía atender los siguientes lineamientos: Exponer el motivo por el cual, lo correspondiente al año dos mil dieciocho, arrojó en total de descuento la cantidad de cero pesos, o en su caso, devolver la cantidad correspondiente a dicha anualidad. Remitir las constancias con las cuales acredite que dejó de aplicar el artículo 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y para que ello acontezca deberá remitir las constancias de las que se advierta se encuentra realizando el pago de las dos pensiones sin tomar en cuenta el tope de diez salarios mínimos materia de esta instancia constitucional. En cumplimiento a lo anterior, la autoridad responsable informó que en el año dos mil dieciocho no se le realizó ningún descuento por el concepto 51 de la Ley del ISSSTE, motivo por el cual, aduce no existe cantidad alguna por devolver, para acreditar su dicho, remitió copia certificada únicamente de las constancias de percepciones y deducciones relativos a la pensión por jubilación (foja 278). Así las cosas, posterior a diversos requerimientos, la autoridad responsable remitió copia certificada de la impresión de nómina histórica y reporte de pagos a la pensionada, a fin de acreditar con dichas constancias las percepciones y deducciones, de las que se desprende corresponden a los números de pensión 1494226 y 1245961 relativos a las pensiones por viudez y jubilación de la aquí quejosa (fojas 310 a 320). A las anteriores documentales se otorga valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los preceptos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis realizado a las documentales en cita, este órgano de control constitucional llega a la conclusión de que la autoridad señalada como responsable, cumple con los lineamientos que fueron expuestos en la ejecutoria de amparo, toda vez que a la fecha en que se emite la presente determinación, informó que los descuentos que fueron aplicados desde el primero de octubre del dos mil dieciocho, hasta el treinta de septiembre del dos mil diecinueve, fecha en que se dictó en la sentencia del expediente que nos ocupa, quedaron insubsistentes; asimismo, determinó procedente la cancelación de los descuentos efectuados a Martha Elena Sánchez Quintanilla, hasta el treinta de septiembre del dos mil diecinueve, por los conceptos "48 COMPATIBILIDAD DE PENSIONES" y "54 COBROS INDEBIDOS", en las pensiones identificadas con los número ************* de las que es beneficiaria la aquí quejosa. En mérito de lo anterior, se estima que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO, restituyéndose a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo. Sin que sea óbice a la anterior determinación, las manifestaciones de la parte quejosa en las que medularmente sostiene que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida dado que la autoridad responsable no ha pagado la pensión por viudez, la que debe de hacer a partir de que surge el derecho para percibirla, que no acredita que efectivamente se hayan realizado y recibido los referidos pagos de esa pensión (recibo pago o transferencia bancaria u orden de pago), y que para acreditar la falta de pago de la pensión por viudez adjunta estados de cuenta, por lo que solicita se requiera el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo (fojas 324 a 416). Ahora bien, atendiendo a los argumentos de la parte quejosa, este juzgado estima que no asiste razón a su planteamiento, toda vez que como se puede apreciar, la responsable determinó que debía ser devuelta al quejoso la cantidad que le fue descontada de tal pensión con motivo de la porción normativa reclamada, a saber, por la cantidad total de **************, por concepto de descuentos que se le hicieron por compatibilidad de pensión artículo 51 de año dos mil diecinueve; cantidades que, como se resaltó en párrafos que anteceden, le fueron entregadas a través de los cheques números 5733 y 5734, el catorce de noviembre de dos mil diecinueve (foja 203). Ahora bien, no obstante lo anterior la quejosa adujo que la responsable no acreditó que, desde que le otorgó la pensión por viudez, la misma le fue cubierta de manera íntegra, por lo que el monto debió cuantificarse desde el día siguiente del fallecimiento de su extinto cónyuge y no así desde el uno de octubre de dos mil dieciocho. Sin embargo, como se advirtió del oficio ***********, de ocho de octubre de dos mil diecinueve, los descuentos le fueron aplicados por el periodo de uno de octubre de dos mil dieciocho hasta el treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Por tanto, si el amparo se concedió para que la autoridad responsable, esencialmente devolviera a la accionante las cantidades que, con base en la porción normativa reclamada, le hubieran sido descontadas de su pensión de viudez y/o jubilación, acorde con el contenido de las documentales previamente aludidas, el monto a devolver debe ser, en efecto, a partir del primero de octubre de dos mil dieciocho, precisamente, porque fueron las percepciones de esa fecha las que tomó en consideración la responsable para iniciar tales descuentos con apoyo en dicho precepto jurídico combatido. Lo cual, debe hacerse patente, es acorde con los efectos del amparo concedido, cuyo contenido, para pronta referencia, se vuelve a transcribir: "quedando obligado el Subdelegado de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos a devolver las cantidades que indebidamente haya dejado de pagar.". Así las cosas, si el quejoso considera que el pago debió ser de fecha distinta, debió inconformarse con la sentencia protectora, por ende, no se considera incorrecto el actuar de la responsable al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, pues los efectos se concedieron con motivo del acto concreto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, el cual, se insiste, acaeció a partir del ocho de octubre de dos mil dieciocho. Sí se tramitó incidencia de suspensión. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. Destino del cuaderno principal. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el capítulo segundo, punto cuarto, capítulo tercero, punto decimocuarto y capítulo quinto, puntos vigésimo al vigesimotercero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, y en concordancia con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se instruye lo siguiente: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del capítulo quinto, punto vigesimoprimero, fracción IV, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo donde se concedió la protección constitucional y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente susceptible de depuración, tal como lo dispone el punto vigesimocuarto de dicho capítulo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo tercero, puntos decimotercero, decimocuarto y capítulo quinto, punto vigesimoquinto del acuerdo normativo, en concordancia con el artículo 8 párrafo I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expediente judiciales generados por los órganos jurisdiccionales Destino de cuaderno incidental. Respecto al original del incidente de suspensión, conforme lo establece el artículo 21, inciso c), del referido Acuerdo General, procédase a la correspondiente destrucción, una vez transcurridos los TRES AÑOS posteriores a este acuerdo, dado el sentido de la suspensión definitiva. En la inteligencia que el duplicado del incidente de suspensión, según lo establece la fracción II, inciso a) del artículo 20 de tal Acuerdo, será destruido una vez transcurridos seis meses posteriores a la emisión del presente proveído que ordena el archivo del expediente. Procédase a la digitalización de la demanda y la sentencia, si ello no ha acontecido, así como las constancias que se estimen necesarias. Resolución a disposición para consulta. Asimismo, en virtud de que la parte quejosa no realizó manifestación respecto si se oponía a la publicación de su nombre y datos personales en la sentencia que llegara a dictarse en el presente asunto; hágase de su conocimiento que la resolución dictada en este juicio de amparo, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo solicite, conforme al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince, en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que señalan los artículos 117 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

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