Raul Rodriguez Lopez
Expediente 1955/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1955/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raul Rodriguez Lopez
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, cinco de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la autoridad responsable, ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos. En ese sentido; con fundamento en los artículos 192, párrafo cuarto, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Dirección General Jurídico Consultiva y de Implementación del Sistema de Justicia Penal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de seis días, contado a partir de la notificación del presente proveído, acredite con copia certificada el oficio por el que informa que se han agotado los medios de defensa, para hacer frente a la obligación de derivó de la sentencia de amparo. Se apercibe a la autoridad que en caso de no cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 258 en relación con el diverso 192, ambos de la ley de la materia; además de que se continuará con el procedimiento que al efecto establece el segundo de los numerales indicados, y con apoyo en el Acuerdo General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, modificado mediante instrumento normativo de nueve de septiembre de dos mil trece, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; se remitirán los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para que determine la procedencia de la aplicación de la fracción XVI, del artículo 107 de la Constitución Federal y se enviarán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para tal efecto. Ahora, en caso de que la autoridad a la que se le deba notificar la presente determinación por medio de oficio se encuentre en su correspondiente periodo vacacional, se comisiona a la sección de actuaría para que lo resguarde y entregue dicho oficio una vez que reanude sus labores. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo presentada por Raúl Rodríguez López, por su propio derecho, contra actos del Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la República, fórmese el expediente electrónico respectivo con el número 1955/2022; háganse en la misma forma las anotaciones respectivas en los Libros Electrónicos de Gobierno del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en términos del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO; y hágase del conocimiento de las partes que dicho instrumento dispone que, a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente y que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Con motivo de lo anterior, se exhorta a las partes a que inicien, migren o continúen la tramitación del juicio, según sea el caso, mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal, a través del cual podrán consultar el expediente electrónico y recibir notificaciones electrónicas, mediante la utilización de una firma electrónica vigente; y se les invita a proporcionar medios digitales de contacto, como número de teléfono o correo electrónico, a fin de agilizar la comunicación con este órgano jurisdiccional. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que este Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México carece de competencia legal por razón de materia para conocer de esta demanda de amparo. Lo anterior es así, pues de la demanda se advierte que la parte quejosa, en esencia, reclama el oficio FGR/UTAG/DG/007465/2022 de seis de diciembre de dos mil veintidós, mediante el cual, el Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Fiscalía General de la Republica, le niega el acceso a la parte quejosa a una averiguación previa y carpeta de investigación en la que aparece como probable responsable de la comisión de un delito, lo cual este órgano jurisdiccional considera que se surte la competencia en favor de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia de Penal en la Ciudad de México. Una vez establecido lo anterior, este Juzgado de Distrito especializado en materia administrativa concluye que carece de competencia por materia para conocer de la demanda de amparo a que se refiere este expediente. Es importante destacar que las reglas para la distribución de las competencias, tratándose de juzgados de distrito especializados por materia, toman como elemento para determinar la competencia material tanto el carácter de la autoridad emisora del acto reclamado, cuanto la naturaleza del acto que emiten; como se advierte de la siguiente jurisprudencia: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado". Cabe destacar el contenido del artículo 56, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual establece que: "56. Las y los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo que se evidencia, que los actos reclamados son de naturaleza penal, ya que derivan, justamente, de actos emanados de la presunción de la comisión de un delito, la cual dio origen a una carpeta de investigación, y si bien las autoridades responsables ejecutoras son órganos formalmente administrativos, los actos que se puedan ejecutar con base en esa presunción se deben materializar conforme a leyes penales. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 1a. XVI/96 (9a.), que lleva por título: "AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO. NATURALEZA DE LOS ACTOS QUE REALIZA. EL HECHO DE QUE LA LEY IMPUGNADA COMO INCONSTITUCIONAL TENGA CARÁCTER FORMALMENTE ADMINISTRATIVO NO EXCLUYE QUE LOS ACTOS DE AQUEL GENERALMENTE SEAN MATERIALMENTE PENALES." En este contexto, es dable sostener que el acto que reclama, es puramente de materia penal, en virtud de que la parte quejosa se encuentra bajo investigación, la cual, se encuentra dirigida a dilucidar aspectos ligados a éste; por tanto, se destaca que éste Juzgado de Distrito carece de competencia para resolver la presente demanda de amparo, pues estima que es un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, quien debe conocer del presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículo 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo en cita y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en Turno, quien se estima es competente para conocerla, por los motivos antes expuestos; fórmese cuaderno de antecedentes. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en la demanda de amparo; asimismo, se le solicita que de ser posible señale un correo electrónico y un número telefónico, para que de conformidad con el acuerdo antes señalado, se le puedan realizar las notificaciones personales por esos medios; por autorizados en términos amplios a ********************; de conformidad con el artículo 12, segundo párrafo, primera parte, de la Ley de Amparo; por autorizados en términos de la última parte del precepto citado, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, al resto de las personas que menciona en su demanda, por así solicitarlo expresamente. Al respecto, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto; y, con apoyo en el acuerdo general inicialmente mencionado, se habilita también a dichos funcionarios para emplear medios tecnológicos como opción para la práctica de comunicaciones procesales, debiendo en esos casos certificarse la confirmación de la identidad de la persona involucrada, así como la recepción de la comunicación respectiva. Por otro lado, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de las copias simples o certificadas de las constancias físicas que obren en autos y sus anexos (para lo cual bastará que las soliciten a la Secretaría responsable del expediente; que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado; y que se deje en el expediente constancia legal de su recepción); el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales] para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello; y se recuerda a las partes que conforme a la normatividad antes referida, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyen la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, por lo que las personas autorizadas para consultar un expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél con el carácter de copias certificadas electrónicamente. Finalmente, en atención a lo establecido en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en las leyes Federal y General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en tales ordenamientos; que las resoluciones que se emitan en el este asunto estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten; y que cuentan con el derecho para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Notifíquese.
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