Raúl Rodríguez Berumen

Expediente 1098/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1098/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
06/10/2021

Partes del expediente

  • Raúl Rodríguez Berumen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    I. Causa estado. Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que prevé el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos de la ley de la materia, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiuno de septiembre del presente año, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. De conformidad con lo dispuesto en los numerales 6, fracción I y 12 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, será susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del mencionado Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.2 del referido manual, en razón de que se desechó la demanda. Notifíquese.

  2. Principal

    I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito del quejoso ***, mediante el cual en atención a la prevención realizada en proveído de ocho de septiembre del año en curso, desahoga en tiempo el punto que le fue solicitado de la siguiente manera: 1. Precisa los actos reclamados y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no reclama alguna orden de aprehensión, sino que ello se debió a un error al redactar la demanda de amparo. 2. Bajo protesta de decir verdad, completa los antecedentes del acto reclamado, en el sentido de que el juicio de origen se encuentra en la etapa de demanda y contestación, puesto que no se ha señalado fecha de audiencia para el desahogo de admisión de pruebas. También refiere, bajo protesta de decir verdad, que el juicio del que deriva el acto reclamado es un juicio oral mercantil. Menciona que el acto reclamado es la notificación y emplazamiento que se le practicó dentro del expediente 425/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Guadalupe Victoria, Durango, debido a que se realizó de forma irregular. Aduce, bajo protesta de decir verdad, que acudió al juicio de origen a dar contestación en tiempo y forma a la demanda que se me notificó por parte de la autoridad responsable. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, el cual consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo" Ahora, de lo manifestado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, se desprende que el ahora quejoso es parte demandada en el expediente de origen, puesto que en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, expresa que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se le emplazó al juicio oral mercantil de origen 425/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango y, que a la fecha, se encuentra en etapa de demanda y contestación; por ende, no se ha dictado sentencia definitiva, manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por lo que al tener conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de que se emita sentencia definitiva, adquiriere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. De ahí que no puede considerarse al peticionario de amparo como tercero extraño a juicio, dado que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, el criterio siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" Por su parte, los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano" "ARTÍCULO 1,350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal" "ARTÍCULO 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos" "ARTÍCULO 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional" "ARTÍCULO 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten" "ARTÍCULO 1,390 Bis 6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y la manera en que se deberá de combatir dichas actuaciones. Establecido lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el promovente del amparo, consistente en la notificación y emplazamiento que se le practicó el veintiséis de agosto del año en curso, por el actuario notificador adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Guadalupe Victoria, Durango, dentro del juicio oral mercantil 425/2021 del índice de dicho tribunal, resulta impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, habida cuenta que a través de este incidente puede hacer valer argumentos tendentes a dejar sin efectos dicho acto que por esta vía combate, por lo que resulta incuestionable que, previamente debió intentar el aludido incidente, respecto de tal acto, antes de instar el juicio constitucional. En este orden de ideas, si se constriñe a los gobernados la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar los actos reclamados y no agotó el promovente el incidente de nulidad de notificaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, por ser notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA" "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACIÓN SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES)" Cabe precisar que este juzgador no inobservó los criterios sostenidos en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, ya que para que proceda el amparo indirecto, las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    CITATORIO PARTE PROMOVENTE ACUERDO DE FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021 I. Cumple prevención. Téngase por recibido el escrito del quejoso ***, mediante el cual en atención a la prevención realizada en proveído de ocho de septiembre del año en curso, desahoga en tiempo el punto que le fue solicitado de la siguiente manera: 1. Precisa los actos reclamados y manifiesta, bajo protesta de decir verdad, que no reclama alguna orden de aprehensión, sino que ello se debió a un error al redactar la demanda de amparo. 2. Bajo protesta de decir verdad, completa los antecedentes del acto reclamado, en el sentido de que el juicio de origen se encuentra en la etapa de demanda y contestación, puesto que no se ha señalado fecha de audiencia para el desahogo de admisión de pruebas. También refiere, bajo protesta de decir verdad, que el juicio del que deriva el acto reclamado es un juicio oral mercantil. Menciona que el acto reclamado es la notificación y emplazamiento que se le practicó dentro del expediente 425/2021 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia de la Ciudad de Guadalupe Victoria, Durango, debido a que se realizó de forma irregular. Aduce, bajo protesta de decir verdad, que acudió al juicio de origen a dar contestación en tiempo y forma a la demanda que se me notificó por parte de la autoridad responsable. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento. Del análisis de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la ley de la materia disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Carta Magna, dispone, entre otras cosas, que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, una vez agotados los recursos o medios de defensa que con arreglo a la ley aplicable al caso en concreto procedan. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando no se hayan agotado los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra el acto reclamado, dado que a través de éstos puede ser revocado, modificado o nulificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que dice: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES. Si el Juez de Distrito al momento de dictar su fallo, se encuentra ante la ausencia de norma específica que regule el caso sometido a su consideración, válidamente puede acudir al denominado "argumento a contrario" para resolver la cuestión litigiosa, en acatamiento al principio de la plenitud hermenéutica del orden jurídico, consagrado en el artículo 18 del Código Civil Federal; pues el argumento a contrario, es una de las diversas técnicas de integración de las normas jurídicas, mediante la cual, se pueden colmar las lagunas existentes en la legislación; el que, por cierto, precisa que si una norma establece una solución restrictiva en relación con el caso a que se refiere, válidamente puede inferirse que los no comprendidos en ella deben ser objeto de una solución contraria; y de ahí, que tal proceder resulte legal" A fin de dar cumplimiento a la voluntad del constituyente, el legislador ordinario estableció dicho motivo de improcedencia en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley en cita. Así, el principio de definitividad rector del juicio de amparo y a que se alude en líneas anteriores, debe cumplirse al promoverse el juicio de amparo, el cual consiste en que se agoten todos los recursos ordinarios o medios de defensa que señala la ley que rija el acto que se reclama, salvo las excepciones que ella establezca. Así se desprende de la tesis siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, LA CERTEZA DE PROCEDENCIA DE UN RECURSO CONDUCE AL DESECHAMIENTO DE LA. La Suprema Corte de Justicia en la jurisprudencia 603 visible a fojas 1040 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, ha sostenido que la posibilidad de un recurso no es obstáculo para admitir la demanda de amparo; sin embargo, la jurisprudencia de que se trata no tiene aplicación, si la existencia del recurso se advierte en forma patente en el material de que dispone el juzgador, y éste tiene además la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia, sustentada en la inobservancia del principio de definitividad que rige al juicio de amparo, es operante; de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes; de ahí, que deba concluirse que, el juez federal al admitir la demanda de que se trata, viola el principio de economía procesal, ya que de darse curso a dicha demanda, se tramitaría un juicio a todas luces improcedente, distrayendo a los órganos jurisdiccionales del conocimiento, con mengua de la atención que debe otorgarse a los demás juicios cuya improcedencia no está controvertida desde su inicio; razones por las que en ese supuesto la demanda de amparo debe desecharse al surtirse la hipótesis que contempla el artículo 145 de la Ley de Amparo" Ahora, de lo manifestado en la demanda de amparo y en el escrito aclaratorio, se desprende que el ahora quejoso es parte demandada en el expediente de origen, puesto que en los antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, expresa que el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, se le emplazó al juicio oral mercantil de origen 425/2021 del índice del Juzgado de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Guadalupe Victoria, Durango y, que a la fecha, se encuentra en etapa de demanda y contestación; por ende, no se ha dictado sentencia definitiva, manifestaciones que tienen valor en su contra en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por lo que al tener conocimiento del juicio instaurado en su contra antes de que se emita sentencia definitiva, adquiriere con ello cargas, derechos y obligaciones, como son vigilar la secuela del procedimiento para estar en aptitud de hacer valer los recursos o medios de impugnación procedentes, contra las resoluciones o actuaciones judiciales que estimara violatorias de sus garantías. De ahí que no puede considerarse al peticionario de amparo como tercero extraño a juicio, dado que no se ubica en el supuesto de que tenga desconocimiento del juicio de origen. Es aplicable al caso, el criterio siguiente: "TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. CARECE DE ESE CARÁCTER QUIEN TUVO CONOCIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO NATURAL SEGUIDO EN SU CONTRA, ANTES DE LA EMISIÓN DE LA SENTENCIA. Si el quejoso en el juicio de amparo se ostenta como tercero extraño al juicio por equiparación, pero de autos se advierte que tuvo conocimiento del procedimiento de origen seguido en su contra cuando aún no se había dictado la sentencia respectiva, el amparo en vía indirecta es improcedente porque ya no puede considerarse que se ubique en el supuesto relativo a que la falta de emplazamiento o su ilegalidad le haya ocasionado un total desconocimiento que le impidió imponerse de los autos y defender sus intereses dentro del procedimiento, infringiendo en su perjuicio la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, si aquél tuvo conocimiento del juicio natural y estuvo en posibilidad de agotar los recursos o medios ordinarios de defensa, no se actualiza el supuesto de procedencia del juicio de garantías establecido en el artículo 114, fracción V, de la Ley de Amparo" Por su parte, los artículos 1349, 1350, 1351, 1353 y 1414 todos del Código de Comercio, disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 1,349. Son incidentes las cuestiones que se promueven en un juicio y tienen relación inmediata con el negocio principal, por lo que aquéllos que no guarden esa relación serán desechados de plano" "ARTÍCULO 1,350. Los incidentes se substanciarán por cuerda separada, sin que suspendan el trámite del juicio en lo principal" "ARTÍCULO 1,351. Los incidentes, cualquiera que sea su naturaleza, se tramitarán verbalmente en las audiencias o por escrito, según se dispone en los siguientes artículos" "ARTÍCULO 1,352. Cuando en el desarrollo de alguna audiencia se interponga en forma verbal, un incidente relacionado con los actos sucedidos en la misma, el tribunal dará vista a la contraria para que en el mismo acto, de modo verbal manifieste lo que a su derecho convenga. Acto seguido se resolverá por el juez, el fondo de lo planteado. Las partes no podrán hacer uso de la palabra por más de quince minutos, tanto al interponer como al contestar estos incidentes. En este tipo de incidentes no se admitirán más prueba que la documental que se exhiba en el acto mismo de la interposición y desahogo de la contraria, la instrumental de actuaciones y la presuncional" "ARTÍCULO 1,353. Cualquier otro tipo de incidentes diferentes a los señalados en el artículo anterior, se harán valer por escrito, y al promoverse el incidente o al darse contestación al mismo, deberán proponerse en tales escritos las pruebas, fijando los puntos sobre las que versen las mismas. De ser procedentes las pruebas que ofrezcan las partes, se admitirán por el tribunal, señalando fecha para su desahogo en audiencia indiferible que se celebrará dentro del término de ocho días, mandando preparar aquellas pruebas que así lo ameriten" "ARTÍCULO 1,390 Bis 6. La nulidad de una actuación deberá reclamarse en la audiencia subsecuente, bajo pena de quedar validada de pleno derecho. La producida en la audiencia de juicio deberá reclamarse durante ésta hasta antes de que el juez pronuncie la sentencia definitiva. La del emplazamiento, por su parte, podrá reclamarse en cualquier momento hasta antes de que se dicte sentencia definitiva. Si la nulidad del emplazamiento se promueve hasta antes de la audiencia preliminar, se hará de manera escrita, con vista a la contraria por el término de tres días y se citará para audiencia especial, en la que se desahogarán las pruebas que en su caso se hayan admitido, y se dictará la sentencia correspondiente. Si se promueven pruebas, deberán ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que versen. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. Igual regla se seguirá para la nulidad promovida en audiencia. La nulidad del emplazamiento que se promueva durante las audiencias preliminar o de juicio se realizará de manera oral y la parte contraria la contestará en igual forma y de no hacerlo se tendrá por precluído su derecho. Si se ofrecen pruebas y de ser procedente su admisión, el Juez ordenará su desahogo de ser posible en la misma audiencia o en su defecto, citará a las partes para audiencia especial. Desahogadas las pruebas admitidas o cuando las partes no ofrezcan pruebas, o las que propongan no se admitan, el juez escuchará los alegatos de las partes en el orden que determine y sin mayores trámites, dictará la resolución interlocutoria si fuera posible; en caso contrario, citará a las partes para dictarla también en audiencia, dentro del término de tres días" De la interpretación sistemática de estos preceptos se obtiene que las actuaciones serán nulas cuando les falte alguna de las formalidades esenciales del procedimiento y la manera en que se deberá de combatir dichas actuaciones. Establecido lo anterior, se concluye que el acto reclamado por el promovente del amparo, consistente en la notificación y emplazamiento que se le practicó el veintiséis de agosto del año en curso, por el actuario notificador adscrito al Juzgado de Primera Instancia del Octavo Distrito Judicial, con residencia en Ciudad Guadalupe Victoria, Durango, dentro del juicio oral mercantil 425/2021 del índice de dicho tribunal, resulta impugnable mediante el incidente de nulidad de notificaciones, habida cuenta que a través de este incidente puede hacer valer argumentos tendentes a dejar sin efectos dicho acto que por esta vía combate, por lo que resulta incuestionable que, previamente debió intentar el aludido incidente, respecto de tal acto, antes de instar el juicio constitucional. En este orden de ideas, si se constriñe a los gobernados la obligación de agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que establezcan las leyes procesales, siempre y cuando éstos tengan el alcance de modificar, revocar o nulificar los actos reclamados y no agotó el promovente el incidente de nulidad de notificaciones, previo al ejercicio de la acción de amparo, es evidente que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, razón por la cual, en términos del artículo 113 del aludido ordenamiento legal, procede desechar la demanda de garantías de que se trata, por ser notoriamente improcedente al carecer de definitividad el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de rubro siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE AMPARO, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO, CUANDO LA LEY CONCEDA ALGUN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA" "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN MATERIA MERCANTIL. DEBE AGOTARSE EL INCIDENTE RELATIVO PREVIAMENTE AL AMPARO, A FIN DE CUMPLIR CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD" "NULIDAD DE ACTUACIONES EN PROCEDIMIENTOS MERCANTILES. DEBE INTERPONERSE EN LA ACTUACIÓN SUBSECUENTE EN QUE INTERVENGA EL INCONFORME (APLICACIÓN SUPLETORIA DE LA LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO Y CODIFICACIONES SIMILARES)" Cabe precisar que este juzgador no inobservó los criterios sostenidos en las jurisprudencias que al rubro dicen: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO" "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS" Ello es así, ya que en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, las jurisprudencias antes citadas resultan inaplicables, ya que para que proceda el amparo indirecto, las violaciones procesales deben producir una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado y no por el hecho de que se califiquen de grado predominante o superior, como lo establecían dichas jurisprudencias. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia, que sobreseyó, negó y concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto. Con fundamento en los artículos 2º y 192 de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables Coordinador de la Unidad de Investigación del Delito de Homicidio, así como el Agente del Ministerio Público adscrita a dicha unidad, ambos de la Vicefiscalía de Investigación y Litigación de la Fiscalía General del Estado de Durango, para que dentro del término de tres días, den cumplimiento a la sentencia protectora de garantías e informen a este Juzgado dicho cumplimiento, la cual se concedió para los efectos siguientes: "Efectos de la concesión de amparo En consecuencia, lo que procede es conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la quejosa ***, para los siguientes efectos: Que la autoridad responsable, realice las gestiones necesarias, conforme a sus facultades y se pronuncie respecto al carácter de víctimas del delito que le pueda o no corresponder a la quejosa y a su menor hija, para que, en su caso, estén en posibilidad de gozar de las prerrogativas establecidas en su favor. Asimismo, remitan copia certificada de los acuerdos o determinaciones que dicten al respecto. Se apercibe a las referidas autoridades responsables que de incumplir con su respectiva prevención, sin causa justificada, se le impondrá una multa que oscilará entre cien y mil días de salario mínimo general vigente en la Ciudad de México (Unidad de Medida de Actualización). Asimismo, se les apercibe, de que se remitirá el expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado en turno del Vigésimo Quinto Circuito, con sede en esta ciudad, para que continúe con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación a la autoridad competente. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192, 193, 238 y 258, de la Ley de Amparo. Además, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime la responsabilidad a la autoridad responsable, pero se tomará en consideración como atenuante en la sanción penal que en su caso se le imponga; aunado a ello, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las responsabilidades antes citadas. Lo anterior tiene sustento en los artículos 194, 195, 197 y 198, de la ley de la materia. Notifíquese.

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