Raúl Roberto Sosa Montesano
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Roberto Sosa Montesano
Actuaciones
- Principal
"...Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 2, 97, fracción I, inciso a) y 98, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por lo anterior, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d), Capítulo Octavo relativo a los "Expedientes Destruibles", del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; este asunto se clasifica como destruible, por haber operado el desechamiento..."
- Principal
"... Visto el escrito de demanda de amparo presentado por R*****, contra actos del Juez de Proceso y Procedimientos Oral Penal de Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ****. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior así se afirma, al advertir del contenido íntegro de la demanda de amparo que el promovente ****, es parte imputada en el proceso penal ****, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral Penal de Papantla, Veracruz y, conforme a esa calidad y a la naturaleza de los actos que reclama, se llega a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación. Además, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. De manera que, contrario a lo que sostiene el promovente, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el gobernado deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. En el caso, de la narrativa que realiza el promovente **** en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el Fiscal Sexto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la ciudad de Xalapa, Veracruz, ejercitó acción penal en su contra en calidad de libre, en la carpeta de investigación ****, por su probable participación del hecho que la ley señala como delito de falsificación de documento previsto y sancionado por el artículo 279 fracción VIII del Código Penal vigente en el Estado y, como consecuencia, solicitara que fijara fecha para la audiencia inicial para formular imputación. Luego, a virtud de esa solicitud del Fiscal, el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Oral Penal del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz: Radicó la averiguación previa de referencia bajo el proceso penal ****, y En auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, fijó las once horas del primero de marzo de dos mil veintidós para la audiencia inicial de formulación de la imputación en libertad del imputado. Los actos que se describen con los incisos a) y b), constituyen los reclamados en esta instancia constitucional. Sin embargo, ni la radicación de la causa penal ni la fijación de hora y fecha para la audiencia inicial, constituyen actos emitidos dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de similar contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como actos emitidos dentro del proceso o juicio penal. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese contexto, los actos que la parte inconforme reclama -radicación de la causa penal **** y fijación de hora y fecha para la audiencia inicial-, por sí mismos no ocasionan afectación alguna en los intereses jurídicos del promovente. Incluso, del estudio integral del ocurso constitucional no se aprecia que reclame su citación a dicha audiencia; acto que en sí constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, y aunque así fuera, lo cierto ni los actos que reclama ni la citación a la audiencia inicial le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, pues no inciden en su libertad ni en alguno otro derecho tutelado en su favor por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control, al emitir los actos que se le reclaman, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que la Fiscalía solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, la autoridad responsable únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que a la radicación del proceso penal y la fijación para la celebración de la audiencia inicial no son susceptibles de ocasionar algún perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se irroga perjuicio alguno al presunto imputado, pues, en todo caso ese perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso de que así lo solicitare la Fiscalía. Considerar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así no puede considerarse que los actos reclamados ocasionen un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, pues éste sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine procedente librar orden de aprehensión en contra del imputado; supuesto que incluso constituye un acto futuro de realización incierta ya que el juez del conocimiento podría considerar improcedente ordenar el libramiento de dicho acto de captura, caso en el cual ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Y, si bien el hoy quejoso, a virtud de la citación a que hace mención debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privarlo de su libertad deambulatoria; en otras palabras, el auto que ordena la comparecencia a la audiencia inicial no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión, lo cual es futuro e incierto. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia de este juicio, en términos del artículo 61, fracción XII, y en el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ****, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita..."
- Principal
Con fundamento en los artículos 27, fracción I y 29 de la Ley de Amparo, y como esta ordenado en auto de 14 de febrero de 2022, se notifica a la PARTE QUEJOSA Raúl Roberto Sosa Montesano, el acuerdo de 14 de febrero de 2022 que dice:"Visto el escrito de demanda de amparo presentado por R*****, contra actos del Juez de Proceso y Procedimientos Oral Penal de Papantla, Veracruz, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número ****. El precepto transcrito autoriza al Juez Federal a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Lo anterior así se afirma, al advertir del contenido íntegro de la demanda de amparo que el promovente ****, es parte imputada en el proceso penal ****, del índice del Juzgado de Proceso y Procedimiento Oral Penal de Papantla, Veracruz y, conforme a esa calidad y a la naturaleza de los actos que reclama, se llega a la conclusión de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, por las consideraciones jurídicas que se expondrán a continuación. Además, el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 5° y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso. De manera que, contrario a lo que sostiene el promovente, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tienen interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle; habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia. Es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional. Esto es, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el gobernado deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo. En el caso, de la narrativa que realiza el promovente **** en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, se obtiene que el Fiscal Sexto adscrito a la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales de la ciudad de Xalapa, Veracruz, ejercitó acción penal en su contra en calidad de libre, en la carpeta de investigación ****, por su probable participación del hecho que la ley señala como delito de falsificación de documento previsto y sancionado por el artículo 279 fracción VIII del Código Penal vigente en el Estado y, como consecuencia, solicitara que fijara fecha para la audiencia inicial para formular imputación. Luego, a virtud de esa solicitud del Fiscal, el Juez de Control de Proceso y Procedimiento Oral Penal del Distrito Judicial de Papantla, Veracruz: Radicó la averiguación previa de referencia bajo el proceso penal ****, y En auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, fijó las once horas del primero de marzo de dos mil veintidós para la audiencia inicial de formulación de la imputación en libertad del imputado. Los actos que se describen con los incisos a) y b), constituyen los reclamados en esta instancia constitucional. Sin embargo, ni la radicación de la causa penal ni la fijación de hora y fecha para la audiencia inicial, constituyen actos emitidos dentro de juicio, pues en términos del párrafo final del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de similar contenido al numeral 170, fracción I, de la Ley de Amparo, el juicio o proceso inicia con la audiencia inicial ante el juez de Control; de ahí que no puede considerarse como actos emitidos dentro del proceso o juicio penal. Así, la formulación de imputación, que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito. En ese contexto, los actos que la parte inconforme reclama -radicación de la causa penal **** y fijación de hora y fecha para la audiencia inicial-, por sí mismos no ocasionan afectación alguna en los intereses jurídicos del promovente. Incluso, del estudio integral del ocurso constitucional no se aprecia que reclame su citación a dicha audiencia; acto que en sí constituye el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, y aunque así fuera, lo cierto ni los actos que reclama ni la citación a la audiencia inicial le ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, pues no inciden en su libertad ni en alguno otro derecho tutelado en su favor por el artículo 20, apartado B, de la Constitución Federal. Ello es así, pues la facultad que ejerce el juez de control, al emitir los actos que se le reclaman, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, pues simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que la Fiscalía solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial. En efecto, la autoridad responsable únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que a la radicación del proceso penal y la fijación para la celebración de la audiencia inicial no son susceptibles de ocasionar algún perjuicio de índole jurídico, ya que en dicha fase procedimental no se irroga perjuicio alguno al presunto imputado, pues, en todo caso ese perjuicio se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión, en caso de que así lo solicitare la Fiscalía. Considerar lo contrario sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Así no puede considerarse que los actos reclamados ocasionen un perjuicio a la esfera de derechos del promovente, pues éste sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine procedente librar orden de aprehensión en contra del imputado; supuesto que incluso constituye un acto futuro de realización incierta ya que el juez del conocimiento podría considerar improcedente ordenar el libramiento de dicho acto de captura, caso en el cual ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos. Y, si bien el hoy quejoso, a virtud de la citación a que hace mención debe comparecer transitoriamente ante el juez de control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privarlo de su libertad deambulatoria; en otras palabras, el auto que ordena la comparecencia a la audiencia inicial no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues ésta sería, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión, lo cual es futuro e incierto. En consecuencia, al ser manifiesta e indudable la improcedencia de este juicio, en términos del artículo 61, fracción XII, y en el diverso 113, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por ****, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia analizada. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita..."
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