Raúl Rivera Olvera
Expediente 1312/2014 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 7 actuaciones registradas, la última del 7 de mayo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1312/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 07/05/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Raúl Rivera Olvera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y toda vez que de los mismos se advierte que ha transcurrido el término que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa se hubiese inconformado con el contenido del proveído de treinta y uno de marzo de dos mil quince, en el cual se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada por este Juzgado; en consecuencia, con fundamento en el aludido numeral que se alude, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. En razón de que se concedió el amparo, se establece que este expediente es susceptible de depuración, dado que carece de valor jurídico, histórico o relevancia documental que amerite su conservación y no existen documentos originales, de conformidad con los puntos cuarto, décimo primero y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En consecuencia, anótese en la carátula de la circunstancia de que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, que no existen documentos originales y la fecha de archivo. Una vez transcurrido el plazo de tres años establecido en el punto Décimo Primero del Acuerdo en comento, remítase este expediente al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte.
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa por auto de once de marzo de dos mil quince, sin que al efecto haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Raúl Rivera Olvera y José de Jesús Bocanegra Abundis demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí, con motivo del recurso de revocación interpuesto respecto de la determinación de nueve de julio de dos mil trece, pronunciada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 44/2006. Al respecto, mediante sentencia de diez de febrero del dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, y en su lugar, dictara otra con plenitud de jurisdicción con la que resolviera el recurso de revocación de la que emanó, en la que atendiera la petición de los quejosos y analizara lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, vigente al momento que se llevó a cabo la revisión del ejercicio fiscal de dos mil seis. Fallo protector que quedó firme por acuerdo de dos de marzo de dos mil quince. En cumplimiento, mediante oficio agregado por acuerdo de cuatro de marzo de la anualidad, el Auditor Superior del Estado remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince, y constancias de notificación a los quejosos, mediante los cuales dejó sin efecto la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento administrativo de origen. En complemento, por auto de once del mes y año en curso, se tuvo al referido Auditor comunicando la resolución de cuatro de marzo de dos mil quince, en virtud de la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por los quejosos en contra de la determinación de nueve de julio de dos mil trece, y conforme su plenitud de jurisdicción, abordó el estudio de los motivos de agravio expresados por los aquí quejosos a la luz del artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado vigente en dos mil seis, a partir de lo cual concluyó que entre las datas de citación para resolver el procedimiento administrativo 44/2006, y la de emisión de la resolución respectiva, es decir, del nueve de mayo de dos mil ocho, al nueve de julio de dos mil trece, habían transcurrido cinco años, siete meses y veintinueve días, lo que le condujo a determinar la revocación de las sanciones impuestas a los quejosos como servidores públicos. Conforme con lo relatado, es posible establecer que las documentales aportadas por la autoridad responsable ponen de relieve que, primero, dejó insubsistente el acto reclamado (resolución de once de septiembre de dos mil catorce), y en su lugar, el cuatro de marzo de dos mil quince, resolvió el recurso de revocación con base en los agravios expuestos por los quejosos en términos del artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado vigente para dos mil seis, mismos que estimó fundados. De ese modo, lo realizado por la autoridad responsable permite colegir que la parte quejosa fue restituida en el goce de su derecho vulnerado tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Con fundamento en los artículos 27 fracción I, incisos a) y b) de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, se notifica por medio de lista, el acuerdo dictado el treinta y uno de marzo de dos mil quince, a la parte quejosa Raúl Rivera Olvera y José de Jesús Bocanegra Abundis, que dice: Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede de la que se advierte que transcurrió el término de tres días concedido a la quejosa por auto de once de marzo de dos mil quince, sin que al efecto haya hecho manifestación alguna sobre el cumplimiento dado por la autoridad responsable, a la ejecutoria dictada en el presente asunto; en tal virtud, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el referido proveído y este Juzgado procede a pronunciarse al respecto. Raúl Rivera Olvera y José de Jesús Bocanegra Abundis demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, dictada por el Auditor Superior del Estado de San Luis Potosí, con motivo del recurso de revocación interpuesto respecto de la determinación de nueve de julio de dos mil trece, pronunciada en el procedimiento administrativo de responsabilidad 44/2006. Al respecto, mediante sentencia de diez de febrero del dos mil quince, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, y en su lugar, dictara otra con plenitud de jurisdicción con la que resolviera el recurso de revocación de la que emanó, en la que atendiera la petición de los quejosos y analizara lo establecido en el artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado, vigente al momento que se llevó a cabo la revisión del ejercicio fiscal de dos mil seis. Fallo protector que quedó firme por acuerdo de dos de marzo de dos mil quince. En cumplimiento, mediante oficio agregado por acuerdo de cuatro de marzo de la anualidad, el Auditor Superior del Estado remitió copia certificada del acuerdo de veinticuatro de febrero de dos mil quince, y constancias de notificación a los quejosos, mediante los cuales dejó sin efecto la resolución de once de septiembre de dos mil catorce, dictada en el procedimiento administrativo de origen. En complemento, por auto de once del mes y año en curso, se tuvo al referido Auditor comunicando la resolución de cuatro de marzo de dos mil quince, en virtud de la cual resolvió el recurso de revocación interpuesto por los quejosos en contra de la determinación de nueve de julio de dos mil trece, y conforme su plenitud de jurisdicción, abordó el estudio de los motivos de agravio expresados por los aquí quejosos a la luz del artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado vigente en dos mil seis, a partir de lo cual concluyó que entre las datas de citación para resolver el procedimiento administrativo 44/2006, y la de emisión de la resolución respectiva, es decir, del nueve de mayo de dos mil ocho, al nueve de julio de dos mil trece, habían transcurrido cinco años, siete meses y veintinueve días, lo que le condujo a determinar la revocación de las sanciones impuestas a los quejosos como servidores públicos. Conforme con lo relatado, es posible establecer que las documentales aportadas por la autoridad responsable ponen de relieve que, primero, dejó insubsistente el acto reclamado (resolución de once de septiembre de dos mil catorce), y en su lugar, el cuatro de marzo de dos mil quince, resolvió el recurso de revocación con base en los agravios expuestos por los quejosos en términos del artículo 89 de la Ley de Auditoría Superior del Estado vigente para dos mil seis, mismos que estimó fundados. De ese modo, lo realizado por la autoridad responsable permite colegir que la parte quejosa fue restituida en el goce de su derecho vulnerado tal como lo exige el artículo 77, fracción I, en relación con el 196, párrafo tercero y cuarto, de la Ley de Amparo. Por tanto, se considera que la sentencia de amparo está cumplida en su totalidad y que no existe defecto o exceso en el cumplimiento. En tales condiciones, háganse las anotaciones en el libro de gobierno de este Juzgado y del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Se recibe oficio del Auditor Superior del Estado... con su contenido dese vista a la parte quejosa por el término de tres días... con apercibimiento de no realizar manifestación alguna... se resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente... Notifíquese; personalmente a la parte quejosa...
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