Raúl Rivera Moreno
Expediente 232/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 23 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 232/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 08/12/2021
Partes del expediente
- Raúl Rivera Moreno
- Raúl Rivera Moreno y Otros.
- Segundo Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Ensenada, Baja California, ocho de diciembre de dos mil veintiuno. Cúmplase.
- Principal
Ensenada, Baja California, veinte de agosto de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, toda vez que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: Depurar el presente expediente, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido. El original del incidente de suspensión, al haberse concedido la medida cautelar, es susceptible de depuración, por encontrase en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General; hecho que sea lo anterior, solicítese la transferencia a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. El duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez que cumplan seis meses de archivo como asuntos concluidos, atendiendo a la existencia del cuaderno original del incidente de suspensión, en términos del artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, a la Dirección General de Archivo de Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone la fracción XXVIII, del artículo 3 del acuerdo normativo. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, los tres tomos de pruebas, formados con motivo de las copias certificadas que envió como anexo a su informe justificado. Notifíquese.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
A las nueve horas del veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, a la tercero interesada ********, el auto de veintitrés de julio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 232/2020-II-A. En cumplimiento al auto de siete de septiembre de dos mil veinte, dictados en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, que dice: Agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso ******** y la tercero interesada ************, mediante el cual señalan que el fallo protector no se encuentra cumplido por los motivos que exponen. Ahora, al ser el momento procesal oportuno, se procede a analizar si la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello, en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Entonces, de conformidad con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, los efectos de la concesión de amparo podrán ser de dos tipos, a saber: ? Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y ? Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el presente caso, se actualiza la primera de las hipótesis. Ahora, por sentencia dictada el veintisiete de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso************** por propio derecho y en representación de su menor hijo *****************, la cual el veinte de mayo del actual, causó ejecutoria, motivo por el cual en dicho proveído se requirió a la autoridad responsable para que diera cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en lo conducente fue concedido para los siguientes efectos: "[.] 1. Deje sin efecto la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el toca civil 1424/2015, de su índice. 2. Efectuado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emita nueva resolución en la que subsane las deficiencias destacadas en este fallo, esto es, en atención al derecho fundamental previsto en el artículo 16 constitucional, de manera fundada y motivada resuelva el medio de impugnación hecho valer. [.]" En atención al citado requerimiento, mediante proveído de nueve de junio del año en curso, se tuvo por recibido el oficio 02421, proveniente de la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, a través del cual, solicitó prorroga a efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, misma que le fue concedida por el plazo de diez días, autoridad que el veintitrés de junio del actual quedo debidamente notificada de dicha circunstancia. Posteriormente, mediante oficio 5615, recibido en este órgano de control constitucional el veintiocho de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, hizo del conocimiento que el aquí quejoso Raúl Riera Lara, realizó manifestaciones relativas a la resolución emitida por dicha sala, el veintiuno de febrero de dos mil veinte; así también, hizo referencia a un convenio celebrado entre ambas partes el cual no había sido ratificado. Asimismo, informó que Lucia Vanessa Moreno Ulloa, se desistió por así convenir a sus intereses, del recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva de nueve de febrero de dos mil quince, dictada por el Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial, con residencia en esta ciudad de Ensenada, Baja California, otorgándole el plazo de tres días, a efecto de que compareciera a ratificar el citado escrito. En atención a lo anterior, por auto de veintinueve de junio de dos mil veintiuno, se requirió a la autoridad oficiante a efecto de que una vez transcurrido el plazo concedido a *********** informara si la mencionada tercero interesada ratificó el escrito de desitimiento o en su defecto emitiera pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria relativa al presente juicio de amparo. Mediante oficio 3195, la multicitada autoridad responsable, remitió testimonio de la resolución de seis de julio del actual, de la que se advierte que en cumplimiento al fallo protector dejó insubsistente la sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca civil 1424/2015, y emitió otra en la que resolvió: "PRIMERO.- Se deja insubsistente, la SENTENCIA DEFINITIVA de fecha nueve de febrero de dos mil quince, dictada por la C. Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del expediente número 2170/2012, relativo al Juicio Controversias del Orden Familiar, promovido por **********, en contra de Raúl Rivera Lara. SEGUNDO.- Se ordena a la Juez a quo se allegue de pruebas para determinar el monto de la pensión alimenticia que debe dar **************** a su menor hijo******, protegiendo siempre el interés superior del menor, y dicte la sentencia correspondiente. (.)" Lo anterior, al considerar la responsable, que adverso a lo manifestado por el a quo, las partes nunca estuvieron de acuerdo con el monto que por pensión alimenticia el padre tenía que proporcionar a su menor hijo, ya que el convenio ofrecido en el juicio de origen carece de firmas, además de que no fue ratificado. Asimismo, ponderó la circunstancia de que no fue valorada la capacidad económica del deudor para otorgar alimentos; de ahí que concluyó, que resultaba incorrecta la condena por pensión alimenticia efectuada por el a quo, ya que no se podía determinar el monto de la pensión alimenticia, al considerar que no existen pruebas que determinen el grado de necesidad del menor y la capacidad económica del deudor. Con lo anterior, se dio vista a las partes, la cual desahogaron mediante escrito recibido en este órgano de control constitucional en esta propia fecha. En consecuencia, si la protección de la Justicia Federal fue para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, dejara sin efecto la resolución de veintiuno de febrero de dos mil veinte, en el toca civil 1424/2015, de su índice; y una vez efectuado lo anterior, con plenitud de jurisdicción, emitiera nueva resolución en la que subsanara las deficiencias destacadas en el fallo protector, referentes a que: Estableciera las razones por las cuales eran necesarias el desahogo de las pruebas no relacionadas con la pensión y que pudieran afectar la estabilidad psicológica del menor, como la entrevista de este. En ese sentido, es evidente que el fallo protector se encuentra cumplido, pues quedó acreditado, que la responsable Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, emitió resolución el seis de julio del actual, en la que dejó insubsistente la sentencia de nueve de febrero de dos mil quince, dictada por la Juez Primero de lo Familiar del Partido Judicial de Ensenada, Baja California, dentro del expediente 2170/2012, relativo al juicio controversias del orden familiar, promovido por Lucia Vanessa Moren Ulloa en contra de Raúl Rivera Lara; y ordenó a la citada Juez se allegara de pruebas, para determinar el monto de la pensión alimenticia que debe dar Raúl Rivera Lara a su menor hijo Raúl Rivera Moreno, protegiendo el interés superior del menor, y dicte la sentencia correspondiente. Lo anterior, bajo el argumento toral de que las partes nunca estuvieron de acuerdo con el monto que por pensión alimenticia el padre tenía que proporcionar a su menor hijo, ya que el convenio ofrecido en el juicio de origen carece de firmas y no fue ratificado; además de que no se podía determinar el monto de la pensión alimenticia, al no existir pruebas que determinaran el grado de necesidad del menor y la capacidad económica del deudor. Sin ponderar cuestiones relativas que pudieran afectar la estabilidad psicológica del menor, como la entrevista de este, o el dictamen en materia de psicología. Por tanto, resulta claro que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto, de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. No es obstáculo a lo anterior, lo manifestado por los promoventes, en el sentido de que no se encuentra cumplido el fallo protector, ya que la nueva resolución contiene los mismos vicios que la reclamada. Lo anterior señalan, pues se vulneran derechos constituidos en favor de las partes, como le es el régimen de convivencias entre padres e hijos, e incluso la determinación de custodia definitiva. Precisan, que de nueva cuenta la autoridad responsable no justificó el motivo por el cual se deben recabar pruebas para fijar una pensión alimenticia. Aducen que la Sala del conocimiento fue omisa en mencionar hechos de la cual tuvo conocimiento antes del dictado de la nueva resolución, como son la circunstancia de que se exhibió un convenio que se ajusta a las necesidades actuales del menor y sus progenitores, petición que aducen les fue negada con motivo de la suspensión concedida en el presenta asunto. Que lo anterior, fue hecho del conocimiento de la autoridad responsable, pues su intención era dar por concluido el asunto. Refieren, que la tercero interesada se desistió del recurso de apelación; que sin embargo, no ratificó dicho desistimiento al encontrarse convaleciente de una cirugía. Arguyen, que la autoridad responsable no analizó la totalidad de las constancias de autos, ya que soslayó que en la materia familiar la litis es abierta y se debe privilegiar la conciliación entre las partes; que al ordenar reponer el procedimiento, los obliga a seguir en contienda, sin justificar el beneficio del menor. Precisan, que la Sala responsable no justificó como es que el desahogo de nuevas pruebas garantizaran una forma o monto más benéfico para el menor, que el pactado dentro del convenio. Señalan, que la nueva resolución es contradictoria, pues por una parte, refiere que se aplica la suplencia de la queja sobre la voluntad de las partes, mientras que por otra, se señala que le asiste la razón a la apelante. Se dice que no es obstáculo las anteriores manifestaciones para tener por cumplido el fallo protector, en virtud de que, como se anticipó, el amparo se concedió para que la autoridad responsable dejara insubsistente la resolución reclamada y con plenitud de jurisdicción emitiera una nueva en la que estableciera las razones por las cuales eran necesarias el desahogo de las pruebas no relacionadas con la pensión y que pudieran afectar la estabilidad psicológica del menor, como la entrevista de este. Aspecto que fue cumplido en la nueva resolución que se emitió en cumplimento a la sentencia de amparo, ya que la responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y en su lugar emitió una nueva en la que ordenó reponer el procedimiento, a fin de que la a quo se allegara de pruebas, para determinar el monto de la pensión alimenticia que debe dar Raúl Rivera Lara a su menor hijo Raúl Rivera Moreno. Resolución en la que la Sala del conocimiento, precisó los motivos por los cuales eran necesarias se recabaran pruebas, a fin de fijar una pensión alimenticia, al considerar que las partes nunca estuvieron de acuerdo con el monto que por pensión alimenticia el padre tenía que proporcionar a su menor hijo, ya que el convenio ofrecido en el juicio de origen carece de firmas y no fue ratificado; además de que no se podía determinar el monto de la pensión alimenticia, al no existir pruebas que determinaran el grado de necesidad del menor y la capacidad económica del deudor; excluyendo las cuestiones relativas que pudieran afectar la estabilidad psicológica del menor, como la entrevista de este, o el dictamen en materia de psicología. De ahí que adverso a lo manifestado por el quejoso Raúl Lara Rivera y la tercero interesada Lucia Vanessa Moreno Ulloa, que dicho sea de paso, son cuestiones ajenas a los efectos de la ejecutoria que nos ocupa, al referirse a cuestiones de fondo, el fallo protector dictado en el presente juicio se encuentra cumplido. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.
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