Raúl Ricardo García Gutiérrez

Expediente 1238/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1238/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
09/12/2022

Partes del expediente

  • Raúl Ricardo García Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ la demanda de amparo; en consecuencia, con apoyo en el ordinal 2°, 97 y 98 de la Ley de Amparo, 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en la materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; este expediente es destruible una vez que cumpla tres años de haberse archivado como asunto concluido, por haberse dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido.

  2. Principal

    Notificación por medio de lista al quejoso. Vista la demanda de cuenta promovida por Raúl Ricardo García Gutiérrez, se acuerda: REGISTRO DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número de orden 1238/2022-V y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. DESECHAMIENTO. Del dispositivo legal 113 de la Ley de Amparo, se desprende que el juez de distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, respecto a los actos reclamados a los Agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales y a los Agentes del Ministerio Público Investigadores número 1 al 6 de la Unidad de Tramitación Común, al Jefe de Célula del Grupo de Mandamientos Judiciales de la Región "A" de la Policía Ministerial de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Guanajuato y al Jefe del Grupo de la Agencia de Investigación Criminal de la Región "A" de la Fiscalía General de Justicia, todos con sede en esta ciudad, se actualiza la causa de improcedencia prevista para en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de ese mismo ordenamiento, y con los preceptos 21 y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De dichos numerales, se desprende el principio de instancia de parte agraviada, que rige al juicio de amparo, mismo que postula que el quejoso será quien aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo, individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y con ello se afecta su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De lo anterior deriva que el juicio de amparo, es improcedente en aquellos casos en los que no exista un derecho fundamental que pueda ser violado con la emisión del acto reclamado. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución, al Ministerio Público le corresponde investigar los delitos y ejercer la acción penal ante los tribunales correspondientes. Ante ello, el representante social está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos y, en su caso, integrar la correspondiente carpeta de investigación; de ahí que el desahogo de diligencias tendientes a su integración, al ser de orden público, no causan daño o perjuicio a persona alguna, por lo que no procede el amparo en su contra, puesto que, de lo contrario, sería tanto como entorpecer esas facultades de investigación; ello siempre que dichas actuaciones no trasgredan derechos fundamentales del gobernado. Además, los actos que tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su integración, cuyos efectos son susceptibles de contrarrestarse o anularse posteriormente, no trascienden irreparablemente a la esfera jurídica del imputado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial, a quien corresponda conocer de la causa penal, determine si procede o no librar la correspondiente orden de aprehensión. Dentro de los actos que la autoridad ministerial puede dictar en la integración de la carpeta de investigación, se encuentra la citación para que la imputada acuda a rendir entrevista. Conforme con los criterios tradicionales, si dicha citación [denominada orden de localización, búsqueda y presentación -diferente a la orden de detención-, no contenía apercibimiento para la parte imputada, entonces no transgredía su derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo constituía un mandato emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos. Así, sobre los efectos de la citación a audiencia inicial, la Suprema Corte determinó que, en sí misma, no afecta la libertad personal del citado, pues es una mera comunicación que dirige la autoridad al imputado, mediante la cual se le informa que debe comparecer para llevar a cabo un acto jurídico. De tal modo, aunque ese acto lleve implícito un apercibimiento, lo cierto es que tal posibilidad está sujeta a una condición futura de realización incierta, y mientras no se actualice, no irroga perjuicio al imputado. En ese contexto, si en términos del artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal inicia con la audiencia inicial, donde el Ministerio Público formula la imputación y el juez de control resuelve sobre la solicitud de vinculación a proceso y la imposición de medidas cautelares; entonces, los actos de autoridad realizados antes de dicha audiencia, deben considerarse como actos fuera de juicio. Por ende, al igual que la citación a la audiencia inicial, la emitida para comparecer a la indagatoria a rendir declaración en calidad de testigo o, incluso, de imputado, también debe considerarse como un acto de autoridad emitido fuera del proceso penal, pues el mismo se emite en la etapa de investigación del procedimiento, específicamente en la de investigación inicial. En esa medida, si la Primera Sala estableció que la cita a la audiencia inicial no afecta la libertad ambulatoria del individuo, a pesar de que ese acto invariablemente implicará una restricción física temporal en el espacio al que debe asistir obligadamente, entonces, por la misma razón, debe considerarse que el citatorio que emite el Ministerio Público para que el imputado rinda su entrevista en la carpeta de investigación tampoco conlleva una afectación a su libertad personal, porque consiste en una diligencia más que podrá o no considerar el fiscal al momento en que determine si ejerce o no la acción penal respectiva y, por tanto, no irroga perjuicio al quejoso. Lo que puede sostenerse, incluso, en el caso de que el citatorio se hubiera recibido por escrito y que este contuviera algún apercibimiento, la determinación que podría adoptar el Ministerio Público ante la incomparecencia de la imputada, sería futura e incierta, en virtud de que su entrevista no es indispensable para integrar la carpeta de investigación. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda se desprende que el quejoso reclama la ilegal privación de la libertad, captura, citación o comparecencia. De ahí que ese acto, no transgrede su derecho sustantivo a la libertad, pues en sí mismo solo es un aviso emitido por la autoridad que constitucionalmente tiene la obligación de investigar los delitos; por tanto, no le irroga perjuicio al quejoso, pues se traduce en una mera comunicación que las autoridades ministeriales realizan en cumplimiento con las obligaciones y facultades tienen encomendadas, esto es, como parte de las diligencias llevadas a cabo en la investigación del hecho que la ley señala como delito. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración de las carpetas de investigación, como en el caso sucede con la citación del quejoso, toda vez que si bien es cierto, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de una carpeta de investigación por ser disposiciones de orden público e interés social; aunado a que el acto que por esta vía reclama la parte quejosa, no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación. Por tanto, los actos reclamados que se analizan, no pueden trascender a la esfera jurídica del quejoso, ya que existe la posibilidad de que pueda obtener resolución favorable, quedando entonces sin afectación alguna su esfera jurídica. En consecuencia, se impone desechar de plano la demanda. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. No ha lugar a tener a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Tribunal, toda vez que éste no se constituye como tal, por lo que las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, deberán hacerse en los términos del artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. Se tiene como autorizado en los términos amplios a los que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a ********************, pues demuestra estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado, ya que tiene registrada la cédula profesional número ********************, la cual se encuentra visible en la página web de la Secretaría de Educación Pública: Registro Nacional de Profesionistas (sep.gob.mx). SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones ordenadas en este juicio. COPIAS. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Con fundamento en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano