RAÚL REYES ROSAS apoderado de la autoridad quejosa

Expediente 1151/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1151/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
21/06/2021

Partes del expediente

  • RAÚL REYES ROSAS apoderado de la autoridad quejosa
  • Ayuntamiento Constitucional de Tesoyuca, Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, por el que remite el juicio de amparo en que se actúa, dos tomos de pruebas del expediente 3130/2006, y copia certificada de la ejecutoria dictada en el Q.T.22/2021-II, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, donde resolvió: «ÚNICO. Es INFUNDADO el recurso de queja [.]». Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno; así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso interpuesto, únicamente con aquéllas constancias que obren en original, para un mejor manejo de este sumario, en su oportunidad archívese el asunto como totalmente concluido. Acúsese recibo. Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Debido a que en autos obran documentos exhibidos por las parte quejosa, con fundamento en el párrafo segundo del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se le apercibe para que dentro del plazo de noventa días, acuda a este órgano jurisdiccional a recoger los documentos originales en comento, ya que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el expediente principal

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta, signado por el actuario judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México, por el que acusa recibo del juicio de amparo 1151/2020-I, así como del original y copia del escrito de expresión de agravios e informa que admitió el recurso de queja hecho valer en este sumario, el cual quedó registrado con el número Q.T. 22/2021-II; por tanto, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda y en cuanto a su contenido, este juzgado queda enterado, para los efectos legales a que haya lugar.

  3. Principal

    Aviso. Se notifica por medio de lista al quejoso el auto de veintidós de febrero del año en curso; ello en virtud de haber dejado aviso para que compareciera al local del juzgado a darse por notificado de tal acuerdo, sin que lo haya hecho, en términos de lo previsto por el la fracción I del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante Circulares CAP/2/2020 y CAP/3/2020, signadas por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021, SECNO/8/2021 y SECNO/9/2021, signadas por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se hizo de conocimiento que la Comisión Especial decretó la suspensión de plazos y términos procesales en este Circuito -con las salvedades ahí apuntadas-, durante el periodo comprendido del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al quince de febrero de dos mil veintiuno. Con base en lo expuesto, las medidas que debieron adoptarse en ese periodo, de manera destacada, son las siguientes: 1. Regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. Esto implicó dar trámite a los escritos iniciales que se calificaron como "urgentes", ya sea que se presentaran de manera física o electrónica, y dar seguimiento a los asuntos ya radicados que tuvieran esa misma calidad. Asimismo, recibir y tramitar los casos nuevos y los que pudieran tramitarse en su totalidad a través del juicio en línea, con excepción de aquellos en los cuales se requiriera la celebración de audiencias o el desahogo de diligencias judiciales en las que fuera necesaria la presencia física de las partes y que no pudieran desahogarse mediante videoconferencias, o cuando resultara necesaria la práctica de notificaciones. Para los casos restantes, se suspendieron los plazos y términos procesales, con la salvedad de que podrían resolverse aquellos expedientes que estuvieran listos para sentencia. Asimismo, cabe precisar que a través de la Circular SECNO/10/2021, de trece de febrero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, se establecieron las medidas especiales a adoptarse del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintiuno, entre las que destacan las marcadas con los números 16 y 17, que indican: 16. A partir del 18 de febrero de 2021 el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/20202 y 37/2020. 17. Se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, V, VI y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 15 de marzo de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Atento a lo anterior, se reanudan plazos y términos procesales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en los términos contemplados en el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia se amplió por los diversos 25/2020 y 37/2020. En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se recibe el oficio de cuenta y se resuelve lo conducente sobre la competencia planteada y la demanda de amparo que se hace valer. Oficio. Así, vistos, téngase por recibido el oficio 24021, signado por el Juez Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, al que acompaña el juicio de amparo indirecto 962/2020-IX, promovido por Raúl Reyes Rosas, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Tezoyuca, Estado de México y el expediente laboral 3130/2006, en dos tomos, en razón que por determinación de once de diciembre de dos mil veinte, determinó carecer de competencia legal para conocer del asunto, respecto del acto reclamado consistente en la determinación de trece de julio de dos mil veinte, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, que negó la petición de la aquí quejosa a tramitar el incidente innominado de suspensión de salarios caídos y su reducción y, ordenó el requerimiento de pago y embargo en su contra, hasta por la cantidad de $1´965,622.45 (un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos veintidós pesos 45/100 m.n.), con motivo de la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral 3130/2006, donde la parte quejosa, figura como parte demandada. Competencia. Con fundamento en el artículo 35 de la Ley de Amparo vigente, así como el Acuerdo General Número 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, se acepta la competencia, para conocer del juicio de amparo en cita. Acúsese recibo. En ese tenor, de conformidad con los artículos 112 y 115 de la ley en la materia, este juzgado asume el conocimiento del asunto. Radicación. Bajo ese contexto, V I S T A la demanda de amparo promovida por Raúl Reyes Rosas, en su carácter de apoderado legal del Ayuntamiento Constitucional de Tezoyuca, Estado de México, contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 14 y 16 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo bajo el número 1151/2020-I, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Desechamiento. Del estudio de la demanda, se obtiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. El artículo 61, fracción XXIII, en la parte relativa establece: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]". La fracción IV, del artículo 107 de la ley en la materia, en la parte conducente refiere: «[.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; [.]» Por última resolución debe entenderse, en forma genérica, como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución; en ese sentido, debe destacarse que conforme la naturaleza de las sentencias dictadas en los procedimientos de donde emanen, pueden distinguirse, las resoluciones o autos que sólo son consecuencia directa e inmediata de la condena realizada en la sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada o aquellas resoluciones interlocutorias que liquidan la sentencia y preparan su ejecución; interlocutorias que resuelven una nulidad de actuaciones o que resuelven una cuestión que guarda autonomía de la ejecución, y otros actos que se traducen en medidas de apremio, tendentes a lograr la ejecución de lo resuelto o una determinación, para lograr el cumplimiento de la sentencia que goza de la categoría de cosa juzgada. Hecha la precisión, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, la determinación de trece de julio de dos mil veinte, dictado por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, en el expediente 3130/2006, que negó la petición de la aquí quejosa a tramitar el incidente innominado de suspensión de salarios caídos y su reducción y, ordenó el requerimiento de pago y embargo en su contra, hasta por la cantidad de $1´965,622.45 (un millón novecientos sesenta y cinco mil seiscientos veintidós pesos 45/100 m.n.), con motivo de la condena impuesta en el laudo dictado en el juicio laboral 3130/2006, donde la parte quejosa, figura como parte demandada, pues así se advierte del contexto integral de su demanda. Es aplicable a lo anterior, en la parte conducente, la tesis III.1o.A.31 K, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, consultable a página 647, Tomo VI, Diciembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: «ACTO RECLAMADO. ESTUDIO INTEGRAL DE LA DEMANDA DE AMPARO». En esas condiciones, a consideración de este juzgador, los actos que reclama en esta instancia constitucional, no constituyen la última resolución dictada dentro de la etapa de ejecución de sentencia del juicio de origen, donde la quejosa, es parte demandada; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 107 de la ley en la materia, tratándose de actos de ejecución de sentencia, el juicio de amparo indirecto, sólo procede contra la última resolución dictada en el etapa respectiva. Por consiguiente, el acto reclamado por el impetrante, son emitidos en el período del procedimiento de ejecución, respecto del cual el juicio de amparo prospera sólo hasta la última resolución dictada en dicha etapa. Es aplicable a lo antepuesto, en la parte conducente, la jurisprudencia VI.2o. J/27, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable a página 435, Tomo II, Septiembre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «EJECUCIÓN DE SENTENCIAS. AMPARO IMPROCEDENTE». De igual forma, cobra vigencia en lo relativo, la jurisprudencia P./J. 32/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida a página 31, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: «AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA». Por tanto, si el acto combatido, en esta instancia, son considerados como aquéllas resoluciones emitidas dentro de la etapa de ejecución de sentencia, se actualiza la hipótesis del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, conforme al cual, sólo puede promoverse contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, donde puede reclamar las violaciones cometidas en el procedimiento de ejecución, como es el acto que reclama. Es aplicable a lo antepuesto, en lo concerniente, la jurisprudencia 1a./J. 29/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 11, Tomo XVII, Junio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto siguiente: «AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA». Lo anterior es así, pues atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, llegan al convencimiento que tratándose de dicho acto, éste no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de origen pues debe atenderse que conforme al 107, fracción IV, la procedencia de la acción constitucional se da, hasta el último acto de ejecución. De lo transcrito anteriormente, se advierte que el citado ordinal regula la procedencia de la acción constitucional contra los actos dictados fuera de juicio o después de concluido, para lo cual distingue los siguientes supuestos: 1. Un supuesto general, referido a los actos realizados fuera de juicio o después de concluido. 2. Actos específicos. a) Actos en ejecución de sentencia. En este caso, el juicio de amparo biinstancial procede contra la resolución que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente, a través del cual, en los conceptos de violación pueden reclamarse las violaciones cometidas durante esta fase. b) Actos de remate. La acción constitucional sólo podrá reclamarse contra la resolución que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, donde también podrán combatirse las violaciones que se hubieran cometido durante este procedimiento. Cabe destacar que el contenido del referido artículo es el mismo de la ley abrogada, lo único que realizó el legislador, fue precisar lo que debe entenderse por la última resolución en la etapa de ejecución, y en el caso de remate, ya no le dio esa calidad a la resolución que lo aprueba o desaprueba, pues ahora la confirió a la que ordena de manera definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con lo anterior, lo que se pretende es evitar el abuso del juicio de amparo en esta fase y el entorpecimiento del cumplimiento de las sentencias, trasladando el supuesto de procedencia hasta la resolución que el legislador consideró, constituye la última en la ejecución del fallo definitivo. Tiene aplicación por analogía la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 49, Diciembre de 2017 Tomo I, página 643, del título y texto: "EMBARGO DE NUMERARIO CONTENIDO EN UNA CUENTA BANCARIA DECRETADO EXCLUSIVAMENTE POR LA CANTIDAD LÍQUIDA IMPUESTA COMO CONDENA EN EL JUICIO LABORAL. EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SÓLO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA EN LA QUE SE REQUIERE A LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO LA ENTREGA A LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE LA CANTIDAD ASEGURADA Y ORDENA LA NOTIFICACIÓN PERSONAL AL PATRÓN. Conforme al artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, en los procedimientos de remate el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, sin contemplar los casos en los que el embargo recae sobre objetos que no requieren de remate, como lo es el numerario contenido en una cuenta bancaria. Así es, existen casos en los que, dada su naturaleza, es improcedente el remate de bienes, como sucede cuando se embargan, con fundamento en el artículo 956 de la Ley Federal del Trabajo, dinero o créditos realizables en el acto, pues dicha norma autoriza que en esos eventos el actuario trabe embargo y los ponga a disposición del presidente de la Junta, quien deberá resolver de inmediato sobre el pago al actor, sin que la Ley de Amparo establezca con claridad contra qué acto procede el juicio constitucional cuando resulta innecesario el remate. Ahora bien, este precepto, interpretado por analogía, permite considerar que tratándose del embargo de numerario contenido en una cuenta bancaria propiedad del patrón, cuando el actuario lo decreta por un monto determinado dentro del procedimiento de ejecución previsto en los artículos 950 a 966 de la Ley Federal del Trabajo, sobre la cantidad líquida que se pretende ejecutar el laudo, no es impugnable mediante el juicio de amparo indirecto, pues sólo procede contra la resolución que en definitiva requiere a la institución de crédito la entrega a la Junta de Conciliación y Arbitraje de la referida cantidad asegurada y ordena, con fundamento en el artículo 742, fracción XII, de la Ley Federal del Trabajo, la notificación personal al patrón a efecto de estar en aptitud de promover el juicio de garantías, momento en el que pueden hacerse valer todas las violaciones cometidas durante el procedimiento de ejecución. Considerar lo contrario, esto es, admitir la impugnación del embargo, permitiría interrumpir la secuela ejecutiva del laudo seguida por un tribunal del trabajo, lo que, precisamente, el legislador pretendió evitar en el artículo 107 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al vedar la impugnación de cualquier acto distinto a la orden de entrega de los bienes." Máxime que no se está en el caso de excepción, para la procedencia del juicio de amparo, verbigracia, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa, derechos sustantivos del promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Cobra vigencia a lo anterior, en la parte que interesa, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título: «EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE». Por tanto, si la determinación que se reclama en esta instancia, se itera fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, y al no estar en principio dentro de los casos de excepción descritos en líneas que anteceden, no afecta materialmente derechos sustantivos del inconforme, esto es, no se advierte que con el dictado de la determinación reclamada, exista una consecuencia inmediata a la afectación de alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Federal o algún tratado internacional del que el Estado Mexicano sea parte; de ahí que no se está en presencia de actos de ejecución irreparable dictados en etapa de ejecución de sentencia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la ley en la materia vigente, el juicio de amparo solo procede contra esa clase de actos, por lo que entendida esta disposición a contrario sensu, el amparo es improcedente, cuando no haya afectación material a derechos sustantivos, emitidos en dicta etapa (ejecución de sentencia). Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones, la jurisprudencia 244, visible en la página 164 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro siguiente: «EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS». Asimismo, cobra vigencia la tesis I.4o.C.18 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 1583, Tomo XXV, Marzo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: «ACTOS EJECUTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, POR TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. SÓLO EN PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN O REMATE DEBE ESPERARSE LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN PARA PROMOVER AMPARO». Por tanto, la demanda de amparo que se analiza, resulta improcedente, toda vez que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el ordinal 107, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 113, ambos de la ley en la materia, procede desechar la demanda de amparo. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Mayo de 1998, página 890, de título siguiente: «DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE». Designación de domicilio. En otra tesitura, tomando en cuenta que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, dentro de la residencia de este Juzgado, con fundamento en los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 27, fracción III, de la ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, hágansele por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto no se subsane dicha omisión. Autorizados. Se tiene como autorizados sólo para oír y recibir notificaciones, en términos de la última parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere la parte quejosa por así haberlo solicitado expresamente, además de no contar con registro de sus cédulas profesionales en el Módulo de Consulta Jurídica Federal. Autorización de medios electrónicos. En atención a la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, se autoriza a las partes así como a sus autorizados para que se impongan del contenido de los acuerdos, mediante el uso de aparatos electrónicos. En el entendido de que las partes y sus autorizados serán responsables del uso que le den a las copias obtenidas con cámaras, escáner, grabadoras o lectores ópticos; apoya a lo anterior por las razones que la informan, la tesis I.3o.C.725 C, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, cuyo rubro dice: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN, AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Notificación en días y horas inhábiles. En términos del artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial adscrito a fin de que notifique el presente proveído y los subsecuentes en días y horas inhábiles. Expediente electrónico. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de Expediente Electrónico y el uso de Videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración (tanto en el cuaderno principal y si se creara, en el incidente de suspensión respectivo); por tanto, se comisiona al secretario encargado de la mesa de trámite, a los oficiales judiciales correspondientes, demás encargados de la digitalización de constancias, y a los actuarios judiciales, a supervisar o realizar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en el mismo. Exhortación a tramitar el asunto "en línea". Por otra parte, con fundamento en el artículo 1, fracción I, último párrafo, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Número telefónico y correo electrónico. Finalmente, de conformidad con el artículo 2, fracción XIX, del citado Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca comunicación no procesal en los casos en que así se estime necesario. Notificación por única ocasión. Dada la trasferencia del presente acuerdo, en términos del artículo 26, fracción I, inciso j, de la Ley de Amparo, por única ocasión se comisiona al actuario de la adscripción para que lo notifique en el domicilio para oír y recibir notificaciones que señala la impetrante de amparo. Pruebas. Dada el volumen de las constancias remitidas, consistentes en el expediente laboral 3130/2006, en dos tomos, fórmese cuaderno de pruebas por separado, en la inteligencia que conservarán su folio, rúbrica y entresello originales, como parte integrante de este sumario constitucional.

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