Raúl Reyes Guerrero
Expediente 380/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 24 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 380/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 21/02/2022
Partes del expediente
- Secretario de Transporte del Estado de Jalisco
- Raúl Reyes Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 380/2020, promovido por Raúl Reyes Guerrero, por derecho propio, contra actos del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de febrero de dos mil veinte y turnado a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en la misma data Raúl Reyes Guerrero, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 22 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veintiocho de febrero de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de protección de derechos fundamentales, registrada con el número 380/2020; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que en derecho correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Vista para ampliación. Mediante acuerdo de dieciocho de junio de dos mil veintiuno, se previno a la quejosa a fin de que manifestara si era su voluntad señalar como autoridad responsable a la Secretaria de Seguridad del Estado de Jalisco, respecto de la emisión de las cédulas de infracción reclamadas. Bajo apercibimiento que, de no manifestarse al respecto, se le tendría por desinteresado en ampliar su demanda, y el presente juicio se seguiría respecto de las autoridades señaladas en la demanda inicial. Sin embargo, el quejoso no desahogó la vista otorgada, por lo que, en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado y, se determinó que el presente juicio de amparo se resolverá únicamente respecto de las autoridades por las que se admitió la demanda. Finalmente, a las catorce horas con catorce minutos del diez de noviembre de dos mil veintiuno, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Del Secretario y Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco: TERCERO. Inexistencia de la materia de reclamo. El Director General Jurídico, por sí y en representación del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco, al rendir su informe justificado, negó la existencia de las cédulas de infracción identificadas de la siguiente manera: 1.1 A113/195887233 1.2 113/245852185 1.3 113/246332045 1.4 113/246716846 1.5 113/246716846 (repetida) 1.6 113/251870420 1.7 113/284576950 1.8 113/284576950 (repetida) 1.11 087/0027311 (Fojas 31 a 40 del cuaderno de amparo) Sin que la parte quejosa hubiere aportado prueba en contrario tendente a desvirtuar dichas negativas. Sustenta lo dicho el criterio con registro 210529, Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, septiembre de 1994. Materia(s): Común, tesis: XXI. 1o. 102 K, página: 34: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". En consecuencia, no le asiste obligación de exponer razonamientos al respecto, y tampoco es posible imponerles la carga procesal de remitir las constancias a las que hace alusión el artículo 117 de la Ley de Amparo, para justificar su negativa, ya que al no haber nacido a la vida jurídica la actividad autoritaria imputada no puede haber rastros de su existencia, ni documentos que la apoyen. Tiene aplicación al caso, la tesis Novena Época. Registro: 201964. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, junio de 1996. Materia(s): Común. Tesis: VI.2º.32 K. Página: 763, que al respecto establece: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa." Ahora bien, una interpretación correlacionada de los artículos 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo, indica que el contenido negativo de los informes con justificación no es de suyo determinante de la inexistencia de los actos reclamados, toda vez que las partes a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, pueden demostrar lo contrario, o incluso, su existencia puede ser advertida, directamente de las constancias de autos. En ese sentido, la carga de la prueba corresponde a la quejosa, a más de que, quien promueve una demanda de amparo está obligado a acreditar directamente o mediante el informe de la autoridad responsable, la existencia del acto que impugna y a justificar con pruebas que dicho acto es inconstitucional. Por tanto, dado que la negativa informada no fueron desvirtuada, se sobresee en el juicio, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, respecto de los actos precisados pues, como se dijo, la parte quejosa no aportó prueba en contrario tendente a desvirtuar dichas negativas. CUARTO. Existencia de la materia de reclamo. Son ciertos los actos reclamados al Secretario y Director General Jurídico de la Secretaria de Transporte del Estado de Jalisco, pues así lo manifestaron al rendir su informe justificado. De ese modo, las confesión de las autoridades responsables surten prueba plena, como lo indica el arábigo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo por remisión expresa de su numeral 2°, párrafo segundo, por tratarse de hechos propios de la parte que perjudica a quien la formula; por consiguiente, se tiene por acreditada su existencia. Es aplicable al caso, la jurisprudencia en materia común 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 206, registro digital 394261, de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las copias certificadas que remitió con apoyo a su informe las cuales tienen valor pleno de conformidad con el artículo 202 del aludido Código Civil. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. Cobra aplicación, la jurisprudencia en materia común II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, mayo de 1991, página 95, registro digital 222780, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Respecto de las cédulas de notificación de infracción con números de folios: 1.9 113/274380870; 1.10 113/274389370 1.12 113/295892471 1.13 113/275863343 1.14 113/276245090 1.15 113/229907310 1.16 113/202058787 1.17 113/227448512 1.18 113/229091190 1.19 113/272449279 1.20 113/236572439 1.21 113/201308313 1.22 113/202306497 1.23 113/263062981 1.24 113/263078446 1.25 113/203975244 Quien ahora resuelve considera que, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del numeral 61 de la Ley de Amparo, que refiere lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]" De la interpretación literal de la porción normativa transcrita, se observa que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, es oportuno mencionar que la cesación de efectos se ha interpretado como aquélla situación o circunstancia que acontece cuando del acto reclamado dentro del juicio constitucional, cesa la violación alegada, ya sea porque la propia autoridad la repara o acontece una causa accesoria que provoca que aquél deje de tener existencia, de tal manera que la esfera jurídica de la quejosa queda en la misma situación en la que se encontraba antes de la emisión del acto considerado violatorio de su derecho fundamental. Además, es importante recordar que el juicio de amparo tiene como objetivo, al ser una garantía jurisdiccional, la obtención de la reparación constitucional, es decir, la restitución del agraviado en el pleno goce de su derecho fundamental vulnerado, al restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. En el caso concreto que se estudia en este apartado, la parte quejosa reclama de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco y de su Director General Jurídico, la emisión de las cédulas de notificación: 1.9 113/274380870; 1.10 113/274389370; 1.12 113/295892471; 1.13 113/275863343; 1.14 113/276245090; 1.15 113/229907310; 1.16 113/202058787; 1.17 113/227448512; 1.18 113/229091190; 1.19 113/272449279; 1.20 113/236572439; 1.21 113/201308313; 1.22 113/202306497; 1.23 113/263062981; 1.24 113/263078446 y 1.25 113/203975244. Al respecto, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante oficio ST/DGC/DC/AMP/7861/2021, informó que las cédulas de notificación de infracción reclamadas se encuentran en status "no activo" en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), y para acreditarlo exhibió las copias certificadas siguientes: Documentales que merecen eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197, 202 y 207, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una actuación emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. En ese contexto, resulta evidente que los actos reprochados que se estudian en este apartado, han dejado de tener efectos, al desaparecer en forma total e incondicional los mismos, en la medida de que sus efectos desaparecieron, en forma total, con posterioridad a la presentación de la demanda, si se toma en cuenta que la certificación de ese documento data del veinte de octubre de dos mil veintiuno, en tanto que la demanda se presentó el veintiséis de febrero de dos mil veinte. En las relatadas condiciones, no existe motivo para resolver el fondo del asunto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en tanto que no se puede alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto reclamado. Tiene aplicación al efecto la jurisprudencia 2a./J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia, lo procedente será sobreseer en el juicio, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo, se: SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por********************, contra los actos reclamados de las autoridades responsables, por los motivos expuestos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Zulema Sánchez Ibarra, secretaria que autoriza y da fe, hoy veintiuno de febrero de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este juzgado lo permitieron. RAAG/ZSI
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara abierta la audiencia, sin la asistencia de las partes ni de su representante legítimo. Al no haber diligencia pendiente por desahogar, se cierra la presente audiencia, por lo que se reservan los autos para dictar la sentencia constitucional que en derecho corresponda.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veinticinco de octubre de dos mil veintiuno. I. Autoridad informa imposibilidad de cumplir requerimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por **, Delegado y Jefe del Área de Amparos de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, mediante el cual informa la imposibilidad con la que cuenta a efecto de remitir copias certificadas de las cédulas con número de folio ***. II. Vista a la parte quejosa. Con lo anterior dese vista a las partes, para que manifieste lo que a su interés convenga. III. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna, se resolverá el amparo con las constancias que obren en autos.
- Principal
Zapopan, Jalisco, a veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Autoridad informa imposibilidad de cumplir requerimiento. Téngase por recibido el oficio suscrito por Eduardo Alejandro Ruiz Hernández, Titular de la Jefatura Jurídica de la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara, mediante el cual informa la imposibilidad que de momento tiene para remitir las constancias requeridas en auto de once de octubre del año en curso. Con lo anterior dese vista a las partes y se está en espera de que el titular y al director general jurídico adscritos a la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco desahoguen el requerimiento relativo. Notifíquese.
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