Raúl Resendiz Galan

Expediente 1975/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1975/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
22/03/2018

Partes del expediente

  • Raúl Resendiz Galan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    v) Toluca, Estado de México; veintidós de marzo de dos mil dieciocho. La certificación precedente evidencia que dentro del plazo estipulado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, la parte quejosa no interpuso recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la ley mencionada, contra la sentencia de veintisiete de febrero del año en curso, en la que se negó el amparo en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, para todos los efectos procedentes se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que: 1.- El cuaderno principal es susceptible de depuración, (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009) 2.- Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el párrafo último del punto vigésimo primero del acuerdo general conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese.

  2. Principal

    V. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1975/2017-V; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario de guardia autorizado para recibir demandas urgentes, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, Raúl Reséndiz Galán, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y por el acto que se mencionan a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES: "A. Autoridad ordenadora; El Consejo Interno Interdisciplinario del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca. B). Autoridad Ejecutora: El Jefe de Turno en funciones el 20 de Diciembre de 2017; Rubén Salazar Velázquez. ACTO RECLAMADO. Cambio de dormitorio y su ejecución. SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los contenidos en los artículos 1º, 8º, 14, 16, 17, 18, 20, 21, y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión y trámite del juicio. Recibida la demanda de amparo en este Juzgado de Distrito, el día veintitrés de diciembre de dos mil diecisiete, se registró con el número 1975/2017-V, se decretó la suspensión de plano respecto del acto reclamado, admitió a trámite dicha solicitud de amparo, solicitó los informes justificados a las responsables, y fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional que después de diferirse en tres ocasiones por las razones que constan en autos, tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 1, fracción I, 33, fracción IV, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 51, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama un acto que indirectamente incide en la libertad personal de un quejoso interno en un Centro Preventivo y de Readaptación Social ubicado dentro de la circunscripción territorial en la que este juzgado de distrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, en concordancia con la información allegada al juicio, se concluye que el peticionario de amparo reclama el cambio de dormitorio y su ejecución. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Encargado de la Jefatura del Primer Turno del Centro Penitenciario, así como los integrantes del Consejo Interdisciplinario ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, Estado de México, a rendir su informe justificado manifestaron que es cierto el acto que se les reclama. CUARTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación deben analizarse las causas de improcedencia que surjan en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la ley de la materia, por ser una cuestión de orden público. Así, del análisis oficioso de las constancias que integran el presente asunto, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia del juico y tampoco que las partes lo hayan hecho valer; por tanto, resulta procedente continuar con el estudio de fondo atinente a la constitucionalidad de la resolución reclamada. QUINTO. Fijación de la litis. La litis del presente asunto se constriñe a determinar si el cambio de dormitorio y su ejecución es legal, y por ende constitucional; ello a luz de los argumentos que plasma en el contendido de su demanda de amparo. Tales conceptos de violación consisten sustancialmente en lo siguiente: a. El acto reclamado es inconstitucional, pues no está fundado y motivado. b. El mandamiento reclamado afecta directamente sus garantías constitucionales como lo son: la libertad a la familia, pro persona, exhaustividad y congruencia, de una justicia pronta, completa e imparcial, presunción de inocencia y del debido proceso. c. Con la emisión del acto reclamado lo exponen a sufrir actos de violencia con otros internos y no puede elaborar cinturones tejidos. En ese orden, contrario a lo que expone en su argumento precisado en el inciso a, deviene infundado. En efecto, el requisito formal de debida fundamentación y motivación implica que en todo acto de autoridad ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. En ese orden, el acto reclamado deriva del oficio CRIM 206/2017, mediante el cual se hace acta de reclasificación por cambio de situación jurídica de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por el Consejo responsable mediante el cual informa que valoró y aprobó la ubicación de diversas personas privadas de su libertad, entre ellas el quejoso, siendo de la siguiente manera: Reséndiz Galán Raúl se encontraba ubicado en D1 L8 C2 y se propuso D2 L10 C1, con la observación de que es sentenciado (foja 26); calidad de sentenciado que se encuentra corroborada con el oficio 1077 suscrito por el Juez de Control del Distrito Judicial de Ixtlahuaca, México, el veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, en el cual informa que el aquí quejoso, en tramitación especial de procedimiento abreviado se le emitió sentencia condenatoria, por su intervención en la comisión del hecho delictuoso de robo con modificativa (agravante de haberse cometido en medios de transporte público de pasajeros y se utilice en su ejecución violencia) (foja 27). Aunado a lo anterior, el fundamento para emitir el acto reclamado con motivo de la actual calidad de sentenciado, fue la siguiente: artículos 32 fracción VII y 39 fracción I del Reglamento de los Centros Preventivos y de Readaptación Social del Estado de México, 5 en sus fracciones I, II y IV, 9 fracción I, 18 fracción I, 37 fracción I de la Ley Nacional de Ejecución. De lo cual se advierten las atribuciones de las autoridades responsables, para determinar y verificar la correcta clasificación de los internos, como lo es el de sentenciados entre otros, asimismo se toma en consideración sus características personales, así como su ubicación, la cual será distintita la de sentenciados con los procesados. Aunado a lo anterior, el acto reclamado su sustenta en el acta de clasificación criminológica de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, en el que se toma en cuenta como criterios para la clasificación criminológica en cuanto a su distribución por dormitorios, como son: separación por sexo, riesgo institucional, conflictividad, calidad delincuencial, farmacodependencias, sentencia, edad y delito; asimismo dormitorios para procesados y sentenciados; así como la sección femenil; en consecuencia, la autoridad responsable fundó y motivó su actuar de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre el particular resulta ilustrativa la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 178, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, Tomo VI, en la parte correspondiente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394220, que a la letra dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca". Por lo que hace a su argumento identificado en el inciso b, resulta infundado, pues las garantías que se protegen constitucionalmente en su calidad de interno en un centro de reinserción y readaptación social, con motivo de un cambio de dormitorio, no son las que rigen dentro del proceso ante un Juez jurisdiccional, pues en el caso son diversas, los cuales se rigen por los principios que se tutelan a través del artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución, a saber: "Artículo 4. Principios rectores del Sistema Penitenciario El desarrollo de los procedimientos dentro del Sistema Penitenciario debe regirse por los siguientes principios: Dignidad. Toda persona es titular y sujeta de derechos y, por lo tanto, no debe ser objeto de violencia o arbitrariedades por parte del Estado o los particulares. Igualdad. Las personas sujetas a esta Ley deben recibir el mismo trato y oportunidades para acceder a los derechos reconocidos por la Constitución, Tratados Internacionales y la legislación aplicable, en los términos y bajo las condiciones que éstas señalan. No debe admitirse discriminación motivada por origen étnico o nacional, el color de piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, económica, de salud o jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y con el objeto de anular o menoscabar los derechos y las libertades de las personas. Las autoridades deben velar porque las personas sujetas a esta Ley, sean atendidas a fin de garantizar la igualdad sobre la base de la equidad en el ejercicio de sus derechos. En el caso de las personas con discapacidad o inimputabilidad deben preverse ajustes razonables al procedimiento cuando son requeridos, así como el diseño universal de las instalaciones para la adecuada accesibilidad. Legalidad. El Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución y la Autoridad Penitenciaria, en el ámbito de sus atribuciones, deben fundar y motivar sus resoluciones y determinaciones en la Constitución, en los Tratados, en el Código y en esta Ley. Debido Proceso. La ejecución de medidas penales y disciplinarias debe realizarse en virtud de resolución dictada por un Órgano Jurisdiccional, el Juez de Ejecución o la autoridad administrativa de conformidad con la legislación aplicable, mediante procedimientos que permitan a las personas sujetas a una medida penal ejercer debidamente sus derechos ante la instancia que corresponda, de conformidad con los principios internacionales en materia de derechos humanos. Transparencia. En la ejecución de las sanciones penales, exceptuando el expediente personal de la persona sentenciada, debe garantizarse el acceso a la información, así como a las instalaciones penitenciarias, en los términos que al efecto establezcan las leyes aplicables. Confidencialidad. El expediente personal de la persona privada de su libertad tendrá trato confidencial, de conformidad con la ley en la materia, y sólo podrán imponerse de su contenido las autoridades competentes, la persona privada de la libertad y su defensor o las personas directamente interesadas en la tramitación del caso salvo las excepciones establecidas en la Constitución y las leyes aplicables. Publicidad. Todas las cuestiones que impliquen una sustitución, modificación o extinción de las penas y que por su naturaleza e importancia requieran celebración de debate o producción de prueba, se ventilarán en audiencia pública ante el Juez de Ejecución. La publicidad sólo podrá restringirse en los casos de excepción que determinen las leyes aplicables. Proporcionalidad. Toda intervención que tenga como consecuencia una afectación o limitación de los derechos de las personas privadas de la libertad por parte de las autoridades competentes debe ser adecuada, estrictamente necesaria y proporcional al objeto que persigue la restricción. Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos." Y si bien hay coincidencia en el derecho al debido proceso, también lo es que ésta garantía, es en el supuesto de la ejecución de medidas penales y disciplinarias, situación que no acontece en un cambio de dormitorio. Finalmente por lo que hace al argumento precisado en el inciso c, resulta infundado, pues no está acreditado en autos que con el cambio de dormitorio en su calidad de sentenciado, lo hayan expuesto a sufrir actos de violencia con otros internos o que no pueda elaborar cinturones tejidos; pues dicho cambio obedece a las observaciones que se comentan en el acta de reclasificación por cambio de situación jurídica, pues ahora tiene la calidad de sentenciado. Máxime que no se advierte que la autoridad penitenciaria no haya respetado los derechos humanos del quejoso o que haya dejado de supervisar las instalaciones del Centro Penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad del quejoso, pues tiene la facultad de ejercer las medidas y acciones pertinentes para el buen funcionamiento de éstas, y por ende, la seguridad del quejoso es una obligación ineludible de la autoridad penitenciaria, quien debe velar en todo momento y que en autos no se advierte que se haya infringido. En esas condiciones, dado lo infundado del reclamo, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 73, 74, 75, 76, 123, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Raúl Reséndiz Galán, por propio derecho contra el acto precisado en el considerando segundo de esta resolución, por los motivos expuestos en el diverso último de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, asistido del Secretario que da fe, José Mauricio Neira Villarreal. Doy fe. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1975/2017-V; y,

  3. Principal

    V. Toluca, Estado de México; veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta, a través de los cuales los Integrantes del Consejo Interno Interdisciplinario y el Encargado de la Jefatura del Primer Turno ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ixtlahuaca, México, remiten copia certificada del acta de clasificación criminológica de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento formulado a dicha autoridad mediante proveído de siete de febrero pasado (f. 60) y sin efectos el apercibimiento de mérito. Ahora, acorde con lo previsto en el numeral 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, que reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, entre los cuales se encuentra el correo electrónico, como un medio de transmisión de datos empleados en la red electrónica, se envía un documento que se recibe por el destinatario se le otorga pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

  4. Principal

    V. Toluca, Estado de México; siete de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los autos, del que se advierte que las autoridades responsables ya rindieron su informe justificado y remitieron diversas constancias de las que emanan los actos por esta vía impugnados (fojas 22 a 34). Sin embargo, de la debida imposición de las documentales exhibidas, se advierte que obra el oficio número CRIM 206/20147, de veinte de diciembre de dos mil diecisiete, relativo al acta de reclasificación por cambio de situación jurídica -acto reclamado- (foja 26), en el cual se apoya en criterios establecidos en el acta de clasificación de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete, misma que no fue exhibida; por lo que a fin de integrar el presente expediente y estar en aptitud de emitir la sentencia que en derecho corresponda, es necesario que las responsables remitan copia certificada y legible de dicha acta. En tal virtud, con fundamento en lo previsto en el artículo 75 de la Ley de Amparo y en la fracción II del artículo 297, del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase a las responsables, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita copias certificadas legibles y completas de la totalidad de fojas que integran el acta de clasificación de veintitrés de agosto de dos mil diecisiete. Se apercibe a la autoridad requerida que en caso de ser omisa se le impondrá una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259 de la Ley de Amparo. En consecuencia, a fin de dar oportunidad a que se complemente lo anterior, y no trasgredir las reglas rectoras del juicio de amparo, acorde con lo previsto en el artículo117 de la ley de Amparo, la audiencia constitucional señalada para este día se difiere y para su celebración se fijan las once horas con cuarenta minutos del veintisiete de febrero de dos mil dieciocho. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario José Mauricio Neira Villarreal que autoriza, firma y da fe.

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