Raúl René Zapata López

Expediente 353/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 12 actuaciones registradas, la última del 4 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
353/2017
Año
2017
Actuaciones
12
Última actuación
04/09/2018

Partes del expediente

  • Raúl René Zapata López

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese el escrito de *******, autorizado del quejoso ********, mediante el cual en relación a la vista que se le dio en proveído de treinta de agosto del año en curso, solicita que el billete de depósito número *****, expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de esta ciudad, por la cantidad de $********(**********, moneda nacional), sea entregado al quejoso Raúl ******. En consecuencia, endósese a favor del citado quejoso, el billete de depósito de referencia y entréguese previa identificación y recibo que deje en los presentes autos. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguese a estos autos el escrito de cuenta signado por María Eugenia Torreblanca Ríos, en su carácter de defensora particular del quejoso Raúl René Zapata López, en el que solicita la devolución del billete de depósito número N-792846, expedido por la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, en esta ciudad, el veintisiete de abril de dos mil quince, y que ampara la cantidad de $20,000.00 (veinte mil pesos, moneda nacional), el cual fue otorgado como uno de los requisitos para que siguiera surtiendo efectos la suspensión definitiva concedida a la parte quejosa. Ahora bien, toda vez que el referido billete se encuentra a nombre de Isaías Espadas López, autorizado del quejoso Raúl René Zapata López, quien realizó el depósito a su favor; dese conocimiento al nombrado autorizado de la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación que se le haga de este acuerdo, bajo protesta de decir verdad, manifieste lo que a su interés convenga; apercibido que de no hacerlo, se dejará dicho billete a disposición del quejoso Raúl René Zapata López. En la inteligencia que de probarse posteriormente que el billete de depósito de que se trata no es de la propiedad del aquí quejoso, si no del referido autorizado, se dará vista de ello al Ministerio Público de la Federación, para que proceda como corresponda. Asimismo, para efectos de la devolución de certificados de depósito, el interesado deberá presentarse ante este órgano jurisdiccional, presentando para fines de identificación, documento oficial con fotografía actualizado. Hágase lo anterior del conocimiento del quejoso Raúl René Zapata López, y de su autorizado Raúl René Zapata López, por conducto de uno de los actuarios adscritos a este Juzgado, en el predio número quinientos doce, de la calle cincuenta y dos, por sesenta y tres y sesenta y cinco, de la colonia Centro de esta ciudad. Notifíquese personalmente al quejoso Raúl René Zapata López y al autorizado Isaías Espadas López, y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de febrero de dos mil dieciocho. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia de treinta de enero de dos mil dieciocho, dictada en este juicio, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia autorizada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es susceptible de depuración, pues se concedió la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Por otra parte, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Luego, toda vez que no existe razón alguna para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, los cuatro tomos, consistentes en copias fotostáticas derivadas de la causa penal 77/2016, que el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, remitió como anexos de su informe justificado y así como informes complementarios; por lo tanto, mediante oficio que al efecto se dirija devuélvasele dichos anexos, sin necesidad de solicitar el acuse de recibo por los documentos devueltos. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, toda vez que obra en la caja de seguridad de este Juzgado el billete de depósito N 792846, expedido por la sucursal en esta ciudad de Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, por la cantidad de $20,000.00, (veinte mil pesos, moneda nacional), que exhibió la parte quejosa para que continuara surtiendo sus efectos la suspensión definitiva que se le concedió en autos del incidente de suspensión por resolución interlocutoria dictada el veintiuno de abril de dos mil diecisiete. En consecuencia, hágase del conocimiento de la parte quejosa que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el artículo 156 de la Ley de Amparo, mismo que comenzará a correr y a contarse a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente auto, se encontrará a su disposición el billete de depósito de mérito, apercibida que una vez fenecido dicho plazo, y de no solicitar su devolución, se estará a lo dispuesto por el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 353/2017-III-A, promovido por + + + +, en contra de los actos que reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad; y, RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado al día siguiente a este Juzgado Federal, compareció el quejoso + + + ++ por conducto de + + + ++, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto atribuido al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; mismo que hizo consistir en: "ACTO RECLAMADO. El acuerdo de fecha 8 ocho de marzo del año 2017 dos mil diecisiete, y del cual tuve conocimiento el día de hoy, y que fuere dictado por la autoridad responsable dentro de la causa penal 77/2016, en la parte conducente, en la que no admite el recurso de revocación interpuesto por la suscrita (sic) en contra el auto del 22 veintidós de febrero del año en curso, notificado el 7 siete de marzo del año en curso, y en el cual se le concediera el término de diez días hábiles a mi defendido + + ++ +, para que manifieste si era su deseo solicitar el beneficio de su libertad provisional bajo caución." SEGUNDO. Por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil diecisiete, se mandó aclarar la demanda, la cual quedó registrada bajo el número 353/2017-III-A; y una vez cumplida la prevención, por auto de diecisiete de abril siguiente, se admitió la demanda; se solicitó a la autoridad responsable que rindiera su informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde; se ordenó emplazar a los terceros interesados; y finalmente, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. TERCERO. Mediante resolución de cinco de julio de dos mil diecisiete, dictada por el suscrito Juzgador, al estimar que se actualizaba una causal de improcedencia, se decretó el sobreseimiento del presente asunto. CUARTO. Por proveído de veinticuatro de julio de dos mil diecisiete, se tuvo al quejoso + + + + interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia antes indicada, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, el cual en sesión de fecha diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió revocar el fallo recurrido y ordenó reponer el procedimiento en los presentes autos. QUINTO. Por proveído de cinco de diciembre de dos mil diecisiete, se tuvo por recibida la ejecutoria de mérito, y en cumplimiento de la misma, se previno al quejoso + + + +, para que manifestara si deseaba ampliar su demanda de amparo en cuanto al acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, emitido por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en la causa penal 77/2016, en la parte en la que acordó lo relativo a su solicitud relativa al beneficio de la libertad provisional bajo caución, proveyendo de conformidad a la petición y fijar las garantías correspondientes. Asimismo, se ordenó emplazar debidamente al agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con entrega de una copia de la demanda, en términos del artículo 116 de la Ley de Amparo. SEXTO. Por auto de veintinueve de diciembre de dos mil diecisiete, se agregó un escrito del aquí quejoso en el que amplió su demanda de amparo, señalando como nuevo acto reclamado el acuerdo de veintitrés de marzo del mismo año, emitido por el Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, en autos de la causa penal 77/2016; asimismo se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo y 48, en relación con el 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado: 1. El acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en autos de la causa penal 77/2016, en el que se concedió al directo quejoso el término de diez días para que manifestara si era su deseo solicitar el beneficio de su libertad provisional bajo caución o recluirse en el Centro de Reinserción Social del Estado; y, 2. El auto de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal de origen, en el que se acordó lo relativo a la manifestación que formuló respecto del beneficio de la libertad provisional bajo caución. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados al Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir sus informes justificados; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado, derivadas de la causa penal 77/2016. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, se procede a estudiar el presente juicio de amparo a fin de determinar si en la especie se surte alguna causa de improcedencia, ya sea que la aleguen las partes, o bien de oficio se analice, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,770, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." A criterio de quien esto resuelve, debe decirse que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; [.]". La norma transcrita revela que se actualiza la referida causa de improcedencia cuando ha desaparecido el objeto del juicio de amparo y por consiguiente, éste carece de finalidad; es decir, cuando el acto impugnado subsiste, pero ya no puede surtir efecto legal o material alguno, porque el objeto o materia del mismo ha dejado de existir. En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: CIV, Página: 858, Registro 343,911) "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VII, Abril de 1998, Tesis: 2a. XLVIII/98, Página: 241, Registro 196,442) Así, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del más Alto Tribunal de la Nación ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan éste a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario. Sentado lo anterior, conviene precisar que el aquí quejoso reclama del Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, por una parte, el acuerdo dictado el ocho de marzo de dos mil diecisiete, en el que no admitió el recurso de revocación interpuesto en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el que a su vez se le concedió el término de diez días para que manifestara si era su deseo solicitar el beneficio de su libertad provisional bajo caución o recluirse en el Centro de Reinserción Social del Estado, y por otro lado, el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, en el que se acordó lo relativo a la manifestación que formuló de solicitar el beneficio de la libertad provisional bajo caución. Actos que el Juez responsable admitió haber emitido en la causa penal de origen. Sin embargo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en los términos del artículo 2° de la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio para el suscrito juzgador la existencia del diverso juicio constitucional 485/2017-II-A, del índice de este Juzgado Federal promovido por el aquí quejoso + + + +, en contra de la resolución dictada por la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, que confirmó el auto de formal prisión decretado en contra del aquí quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de fraude, querellado por + + + + +. Juicio de amparo del que se desprende que por resolución de seis de julio de dos mil diecisiete, dictada en el toca 412/2016, la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en cumplimiento a la sentencia constitucional de treinta de junio de dos mil diecisiete dictada en dicho juicio de amparo, revocó el auto de formal prisión decretado en contra del aquí quejoso, en autos de la causa penal 77/2016, y en su lugar, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso, como probable responsable de la comisión del delito de fraude, querellado por + + + + +. Posteriormente, con motivo del recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia de mérito, en sesión de fecha trece de noviembre de dos mil diecisiete, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con sede en San Andrés Cholula, Puebla, en auxilio del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, revocó el fallo recurrido y ordenó reponer el procedimiento. Mediante resolución dictada en el referido juicio de amparo, el veinte de diciembre último, se concedió al aquí quejoso en forma lisa y llana el amparo y protección de la Justicia Federal, misma que causó ejecutoria el diecinueve de enero último. En cumplimiento a lo anterior, por oficio 32, de fecha nueve de enero del presente año, la Secretaria Auxiliar en funciones de Secretario de Acuerdos de la Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, por vacaciones del Titular, informó y acreditó que en resolución de ocho de enero de dos mil dieciocho, dejó insubsistente la resolución recurrida de nueve de marzo de dos mil diecisiete, y en su lugar, decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso + + + +, como probable responsable de la comisión del delito de fraude, querellado por + + + +. De lo anteriormente expuesto, se pone de relieve que aun y cuando subsiste el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió (autos de ocho y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete), porque no existe actuación posterior que los hubiera dejado sin efectos, los mismos no pueden tener efecto legal ni material alguno, toda vez que ha dejado de existir el objeto o materia de los mismos. Se afirma lo anterior, en virtud de que siendo el objeto o materia del acto reclamado la inconstitucionalidad de los acuerdos de ocho y veintitrés de marzo de dos mil diecisiete, dictados por el Juez aquí responsable, en autos de la causa penal 77/2016 de su índice, resulta que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, pues aun cuando subsistan dichas determinaciones, no tendría efecto jurídico alguno la respectiva sentencia concesoria, si se tiene presente que por resolución de ocho de enero del presente año dicada en la aludida causa penal, se decretó auto de libertad por falta de elementos para procesar a favor del aquí quejoso + + + + +. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En tales circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, lo que legalmente procede es decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 384465, que señala: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por + + + +, en contra de los actos que reclama de la Juez Segundo Penal del Primer Departamento Judicial del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando quinto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando sexto de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

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