Raul Ramon Ortiz Diaz
Expediente 553/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 63 actuaciones registradas, la última del 27 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 63
- Última actuación
- 27/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Raul Ramon Ortiz Diaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 63.
- Principal
MESA II "... En la misma fecha, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los autos. Conste. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución en la que por una parte se NEGÓ a RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, quejoso en el juicio de amparo 553/2021 y en su acumulado 577/2021, promovido por EUCARIO FERIA OJEDA, se SOBRESEYÓ. Por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que causa ejecutoria dicha resolución. Hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia para todos los efectos legales consiguientes. Con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Ahora bien y dado que en el juicio de amparo 553/2021, se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal, en términos a lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General en cita; este expediente es DEPURABLE, después de tres años. Se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previsto por el artículo 15, del acuerdo citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que en el juicio de amparo del que deriva este incidente de suspensión, con esta fecha causó ejecutoria la resolución ahí dictada y se ordenó el archivo del expediente principal; con fundamento en el artículo 9 del Acuerdo General, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, atendiendo a que en los juicios de amparo 577/2021 y 579/2021, se tramitaron con incidentes de suspensión, en los que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión provisional y definitiva solicitada, el cuaderno incidental original es DEPURABLE dentro de tres años, en términos del capítulo 7 el Manual de Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, En cambio, con apoyo en el artículo 20, fracción II, inciso a) del invocado Acuerdo General, su duplicado es susceptible de DESTRUCCIÓN, dentro de los seis meses, como quedó precisado en el considerando último de la interlocutoria del presente cuaderno. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA II "... San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se interpusiera el recurso de revisión contra la resolución que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio (579/2021); por lo que con fundamento en los numerales 81, fracción I, inciso d) y 86, párrafo primero de la Ley de Amparo, se declara que causa estado dicha resolución; hágase tal circunstancia del conocimiento de las partes para todos los efectos legales consiguientes. En consecuencia otra parte, agréguese a los autos el oficio del Juez de Control del Circuito de Valles Centrales Sede Tanivet, Oaxaca, por el que solicita, se informe si ya se declaró firme la resolución dictada en el presente juicio de amparo el quince de junio de esta anualidad, respecto del quejoso Patricio García Peláez, e infórmesele lo acordado. Lo anterior en el entendido de que respecto a los diversos quejosos Raúl Ramón Ortiz Díaz y Eucario Feria Ojeda, en los juicios de amparo 553/2021 y 577/2022, con fecha siete de octubre pasado fueron resueltos y se encuentran pendiente de que causen ejecutoria, en cuanto esto acontezca se acordara lo conducente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MESA "... C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal es competente para conocer y resolver el presente asunto, ... SEGUNDO. Resolución de la OBJECIÓN DE FIRMA de las demandas de Amparo. Previo al análisis de fondo del juicio de amparo, debe resolverse la objeción que formularon los terceros interesados, respecto de la firma de las demandas de amparo, ya que de resultar fundada, haría improcedente la instancia constitucional ante la falta de voluntad de las personas legitimadas en la acción de amparo. No obstante, sólo serán objeto de tal incidencia, las firmas de las demandas de amparo promovidas a nombre de RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ (quejoso en el juicio de amparo 553/2021) y EUCARIO FERIA OJEDA, (quejoso en el juicio de amparo 577/2021), ya que respecto del diverso quejoso PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, (quejoso del amparo 579/2021), en determinación de quince de junio de dos mil veintidós, se SOBRESEYÓ en el juicio de amparo por el desistimiento de la acción constitucional. En consecuencia, no se hace legalmente necesario mayor pronunciamiento respecto del juicio de amparo promovido por PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, (amparo 579/2021). Acotado lo anterior, se tiene que los terceros interesados objetaron las firmas de las demandas de amparo, aduciendo sustancialmente, que las firmas son FALSAS por que no corresponden con la firma que los quejosos estamparon al momento de su detención en la constancia de lectura de derechos de diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, ni la que plasmaron en la copia de la orden de aprehensión que recibieron. Para tal efecto, los terceros interesados objetantes ofrecieron como pruebas y le fueron admitidas: a) la pericial en grafoscopía a cargo del perito que designara este Juzgado; b) la documental, consistente en la constancia de lectura de derechos a los quejosos; c) la instrumental de actuaciones y, d) las presuncionales. Sin que los quejosos ofrecieran pruebas en dicha objeción. Ordenado el desahogo de la prueba pericial en materia de grafoscopía, el perito designado por este Juzgado, Martín Sánchez Pérez, proporcionado por la Coordinación Estatal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República, llevó a cabo la diligencia de "muestra de escritura y firmas" de los quejosos, el diecinueve de abril de dos mil veintidós y, el veintidós de junio de dos mil veintidós emitió dictamen, el cual ratificó ante este Juzgado. Del dictamen emitido por el perito, se aprecia que a partir del estudio mediante los métodos deductivo, inductivo, analítico, descriptivo y comparativo las "Firmas base de cotejo" con la "FIRMA CUESTIONADA" de los quejosos, en sus "características del orden general" (dirección; inclinación; velocidad escritural; presión; tensión de línea; habilidad escritural; y, espontaneidad) y "gestos gráficos" (Raúl Ramón Ortiz Díaz: 11 gestos gráficos; Eucario Feria Ojeda: 10 gestos gráficos), llegó a las conclusiones siguientes: "CONCLUSIONES. PRIMERA.- SI CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN A RAUL RAMON ORTIZ DIAZ las firmas que como de dicha persona obran suscritas en los documentos cuestionados, con relación a las firmas señaladas y proporcionadas como base de cotejo de RAUL RAMON ORTIZ DIAZ. SEGUNDA.- NO CORRESPONDEN POR SU EJECUCIÓN A EUCARIO FERIA OJEDA las firmas que como de dicha persona obran suscritas en los documentos cuestionados, con relación a las firmas señaladas y proporcionadas como base de cotejo de EUCARIO FERIA OJEDA. .". Dictamen pericial al cual se le concede valor probatorio pleno en términos del artículo 122 y 120, de la Ley de Amparo, pues el experto oficial, a partir de los elementos objetivos allegados al juicio de amparo, y conforme a las técnicas que expuso en su opinión experticia, describiendo la metodología y elementos de análisis que da a conocer, incluyendo el soporte gráfico que acompaña. Opinión técnica que además de tener pertinencia e idoneidad para el punto de controversia respecto de la firma de la demanda de amparo, no se ve controvertida ni desvirtuada por otra prueba o las actuaciones de este juicio o presunción legal o humana alguna; y en consecuencia, debe otorgársele pleno valor probatorio en el juicio de amparo. ... En ese contexto, con base en la prueba pericial de análisis que resulta idónea y acorde con las técnicas científicas para dilucidar el punto de objeción, es INFUNDADA la objeción de firma de la demanda de amparo de RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, quejoso en el juicio de amparo 553/2021, pues quedó demostrado que la firma que la calza, sí fue estampada por el quejoso. Respecto del quejoso EUCARIO FERIA OJEDA, quedó demostrado que la firma que calza la demanda de amparo, NO CORRESPONDE a la firma del quejoso, por consiguiente, se actualiza la improcedencia del amparo en términos del numeral 61, fracción XXIII en relación al 5º, fracción I y 6º, todos de la Ley de Amparo, por falta de voluntad jurídica del directo afectado; por consiguiente, acorde con el numeral 63, fracción V, de la misma legislación, se SOBRESEE en el juicio de amparo 577/2021. En tal situación, se continúa con el estudio del acto reclamado por cuanto al quejoso RAUL RAMÓN ORTIZ DIAZ. TERCERO. Precisión de acto reclamado. Resulta oportuno precisar en este apartado, los actos reclamados en el presente juicio de amparo, atento a lo que dispone el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece que las sentencias dictadas en los juicios de amparo, deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, para lo cual debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen de ese primer escrito, en un sentido tal que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañando lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente lo que en apariencia dijo. .... Ahora, de un estudio integral de la demanda se advierte que el acto reclamado es el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO del quejoso en la causa penal 424/2021, de cinco de mayo de dos mil veintiuno, como probable responsable de la comisión del delito de HOMICIDIO CALIFICADO cometido en agravio de LEONARDO DÍAZ CRUZ. Fijada la litis, lo procedente es analizar la existencia de los actos reclamados y la procedencia del juicio de amparo respecto de los mismos. CUARTO. Certeza del acto. ES CIERTO el acto reclamado al Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, ya que así lo manifestó en su informe justificado. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió en apoyo a su informe, relativos al audio y video de la causa penal 424/2021 de origen, a las que se concede pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º, y la jurisprudencia 1a/J. 43/2013 (10ª) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL". QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del sentido que regirá en el presente fallo, conviene destacar los antecedentes que se desprenden de las constancias que remitió la Sala responsable, las cuales previamente fueron valoradas. 1(...) La Juez de Control resolvió la situación jurídica de los imputados y decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, EUCARIO FERIA OJEDA y PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, por el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, cometidos en agravio de LEONARDO DÍAZ CRUZ, previsto en el artículo 285 en relación con lo que establece el diverso numeral 301 en su fracción IV y 302 del Código Sustantivo Penal. En cuanto a la probable punibilidad que corresponde al delito, es la prevista en el artículo 291, primer párrafo, del Código Penal Estatal, que va de una mínima de treinta a una máxima de cuarenta años de prisión. En cuanto a que sea probable que los imputados pudieron haber cometido o participado en la comisión de este hecho, de los datos de prueba que aportó el Ministerio Público si se puede desprender hasta este momento procesal la probabilidad de que los imputados pudieron haber participado en este hecho. Luego, al haber determinado la vinculación a proceso de los imputados, la Juez de Control decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Esta resolución es el acto reclamado en el amparo. SEXTO. Conceptos de violación. La parte quejosa expresó los conceptos de violación que se encuentran en la demanda de amparo, sin que sea necesario transcribirlos, pues los antecedentes del caso y los conceptos de violación que esgrime la impetrante se dan por reproducidos como si a la letra se insertaran en obvio de repeticiones innecesarias, tomando en consideración que el artículo 76 ni algún otro precepto de la Ley de Amparo, señalan que deban transcribirse, lo que también tiene sustento en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ... No obstante, en resumen, ha de señalarse que la parte quejosa, en su escrito de demanda, expone los conceptos de violación siguientes: En el primer concepto de violación, que la resolución de vinculación a proceso lo responsabiliza como COAUTOR del delito de homicidio, cuando no quedó demostrada su responsabilidad penal. Que los datos de prueba no fueron valorados conforme a la sana crítica racional, los conocimientos científicos, las máximas de la experiencia y las reglas de la lógica, al dictar el auto de vinculación a proceso respecto de un delito que no se encuentra jurídicamente acreditado y existe una cantidad de dudas sobre la participación del quejoso. En el segundo concepto de violación, aduce el peticionario que contrario a la presunción de inocencia, la Juez responsable hizo una valoración con parcialidad a las pruebas del Ministerio Público y traslada la carga de la prueba a la defensa, cuando existen dudas en cuanto a la mecánica de los hechos. Que los argumentos de la Juez de Control no se encuentran fundados y motivados, pues no se pudo determinar la causa de la muerte de la referida víctima, lugar, tiempo, modo y demás circunstancias relevantes del hecho, ni quién o quienes fueron las personas que privaron de la vida al cuerpo encontrado. Que tampoco se fundamentó la graduación de la culpabilidad y la reparación del daño. En el tercer concepto de violación, el quejoso argumenta que la Juez responsable basa la probable responsabilidad del quejoso, en el señalamiento de un supuesto testigo, el cual no cuenta con una posición de independencia y es un testigo singular que no debe ser tomado en cuenta. En el cuarto concepto de violación, el peticionario señala que la Juez de Control le dio valor a testigos de oídas, pues su dicho se limita únicamente a lo que escucharon por medio de otra persona que estaba hablando por teléfono y su declaración no narra momento a momento las actividades, nombres de las Román Fierros Zárate 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 10/05/24 14:35:51 personas, lugares, tiempo y circunstancias de los hechos. SÉPTIMO. Análisis de la constitucionalidad de la vinculación a proceso. Al respecto, conviene señalar que el contenido del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen respectivamente: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión.". "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. Román Fierros Zárate 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 10/05/24 14:35:51 23 El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." De los preceptos, se obtiene que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse los siguientes requisitos. I. Que se haya formulado la imputación. II. Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar. III. Que existan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, es oportuno puntualizar que el dictado del auto de vinculación a proceso no exige la acreditación del cuerpo del delito ni la probable responsabilidad del inculpado, sino el establecimiento con base en datos de prueba, que los hechos motivo de la imputación encuadran en un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de la participación del activo, lo cual significa que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, sin que se requieran "pruebas" ni se exija "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito o el denominado "cuerpo del delito" (entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito), dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia. ... Del disco en formato "DVD" que contiene el audio y video y constancias remitidas por la Juez responsable, las cuales ya fueron valorados con anterioridad, se advierte que en la audiencia de treinta de abril, continuada el uno y cinco de mayo de dos mil veintiuno consta que declarada abierta la audiencia e identificadas las partes, la Juez de Control constató que el imputado estuviere asistido de su defensor jurídico, el cual acreditó contar con cédula profesional para el ejercicio del derecho y, cumplida tal condición, concedió al Ministerio Público la voz quien FORMULÓ LA IMPUTACIÓN al ahora quejoso, exponiendo los datos y medios de prueba que estimó pertinentes. De la videograbación de la audiencia de comunicación de la imputación y resolución de plazo constitucional en la causa penal 424/2021 del índice del Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, sede San Francisco Tanivet, celebrada a las diecinueve horas con cincuenta y un minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, continuada el uno y cinco de mayo de dos mil veintiuno, se aprecia que declarada abierta la audiencia e individualizadas las partes asistentes (19:51 horas a 19:58:23 horas): Agentes del Ministerio Público, Eduardo César Sierra Rojas con cédula profesional 7860938, y Eleazar Hernández Gómez con cédula profesional 7467332, adscritos a la Fiscalía Especializada para la Atención a delitos de alto impacto, de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca; Los imputados PATRICIO GARCÍA PELÁEZ y EUCARIO FERIA OJEDA asistidos de los defensores particulares Heriberto Espiridión Ulloa, con cédula profesional 2390269, y Adrián Martínez Martínez, con cédula profesional 3217631; El imputado RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, asistido de la Defensora Pública Rosalina Ramírez Barranco con cédula profesional 1694717. Concedido un receso para que los defensores se impusieran de las constancias de la carpeta de investigación y reanudada la audiencia a las doce horas del uno de mayo de dos mil veintiuno, la Juez de Control preguntó a los imputados si fueron informados de los derechos que les asisten, quienes manifestaron que sí (12:07:09 a 12:07:35 horas). Interrogados los imputados y sus defensores sobre la existencia o no de controversia respecto de la ejecución de la orden de aprehensión, manifestaron que no existía alguna, por lo que la Juez de Control decretó legal la ejecución de la aprehensión de los imputados (12:20:38 a 12:22:45 horas). A continuación, la Juez concedió la intervención al Ministerio Público para que hiciera saber la IMPUTACIÓN A LOS DETENIDOS (12:23:53 a 12:34:46 horas), quien manifestó: Que hacía del conocimiento a RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, EUCARIO FERIA OJEDA y PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, que con motivo de los hechos ocurridos el trece de abril de dos mil veintiuno, se inició la carpeta de investigación 12088/FDAI/UEIH/2021 por el hecho que la ley califica como HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA en agravio de LEONARDO DÍAZ CRUZ, previsto en el artículo 285 en relación al 8º, fracción I, 9º, fracción I, 10, fracción I, 11, fracción III, 299, 301, fracción IV, 302, y sancionado 291, primer párrafo, del Código Penal Román Fierros Zárate 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 10/05/24 14:35:51 vigente en el Estado de Oaxaca, atribuibles a RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ a título coautor material. Que las personas que deponen contra los imputados son Claudia Aracely Larrañaga Núñez, Laura Leticia Méndez Reyes, Felipe Díaz Altamirano y Ricardo Ramírez Cortés. A continuación, la Juez de Control informó a los imputados (12:37:40 a 12:37:52 horas), el DERECHO QUE LES ASISTE A DECLARAR O GUARDAR SILENCIO y que lo consultaran con su defensor la decisión; manifestando el imputado RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ: que no quería declarar. Concedido un receso, reanudada la audiencia, la Fiscalía (13:34:53 a 17:10:24 horas), solicitó la VINCULACIÓN A PROCESO DE LOS IMPUTADOS por los hechos dados a conocer y con base en los DATOS DE PRUEBA aportados. Expuestos los datos y medios de prueba, la Juez preguntó a los imputados si era su deseo se resolviera su situación jurídica en la audiencia u optaban por la ampliación del plazo constitucional y, concedido un receso a la defensa, el imputado RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ manifestó que solicitaba la ampliación del plazo constitucional (17:17:53 horas). A solicitud del Ministerio Público (17:22:30 horas), la Juez de control decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (17:24:54 a 17:28:58 horas), y programó la continuación de la audiencia para el cinco de mayo de dos mil veintiuno. El cinco de mayo de dos mil veintiuno, se dio continuación a la audiencia y concedido un receso a petición de la defensa particular de los coimputados EUCARIO FERIA OJEDA y PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, la defensa de éstos, ofreció el desahogo de la DECLARACIÓN de los imputados EUCARIO FERIA OJEDA y PATRICIO GARCÍA PELÁEZ (10:26:30 a 12:23:43 horas); así como la declaración de Mari Kenia Valencia Hernández (12:23:53 a 12:40:38 horas). Concedida la palabra a la defensa, manifestaron, la defensora pública de RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, que no existen pruebas directas contra su defendido, el supuesto testigo Ricardo Ramírez Cortés había sido detenido y por ende, se estima coaccionada su declaración, además de ser impreciso en cuanto a la sucesión de los hechos, pues de los videos presentados se aprecia que entraba y salía de dicho lugar, sin que permaneciera en él; por lo que era procede no vincular a proceso a su defendido (12:41:41 a 12:46:58 horas). A continuación, la Juez de Control resolvió la situación jurídica de los imputados (13:30:22 a 15:01:00 horas), y decretó AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO contra RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, EUCARIO FERIA OJEDA y PATRICIO GARCÍA PELÁEZ, por el hecho que la ley señala como delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, cometidos en agravio de LEONARDO DÍAZ CRUZ. Ello, al considerar acreditada previamente su competencia por materia, grado y territorio y que conforme a los numerales 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustancialmente porque: Con el acta policial de aviso de hechos probablemente constitutivos de delito, se tuvo conocimiento del hecho que desencadenó la investigación del Ministerio Público, pues al Agente Estatal de Investigaciones se le informó de la existencia de una persona lesionada, especificándole el lugar en donde estaba, se traslada hasta dicho lugar, y reportándole cuando ya iba en camino, que la persona ya había fallecido. Que la información que se establece en el acta policial corrobora lo que se desprende de otros datos en cuanto al lugar en el que sucedió este hecho, la localización del cadáver y la hora aproximada en que sucedió tal hecho, pues refiere que el aviso se dio aproximadamente a las catorce horas con treinta y tres minutos. Que de la diligencia de descripción, levantamiento y traslado de cadáver, se establece la existencia del lugar en donde se hizo el reporte de la persona que había sido lesionada y que posteriormente falleció; las características de ese lugar, lo que coincide con lo que manifiestan los testigos presenciales del hecho, que se trata del estacionamiento de la negociación denominada "La Ferre"; que llegando a ese lugar aprecian la unidad de motor en la víctima se trasladaba, encuentran ese cadáver del sexo masculino, lo que coincide con los testigos presenciales en cuanto a que se encontraban en ese estacionamiento, que la víctima quedó tirado a un costado de la camioneta, la forma en que se encontraba estacionada esa camioneta; y los elementos balísticos que se describen en el dictamen de criminalística. Que el acto de investigación, está corroborada con las fotografías proyectadas, donde se pudo observar con mayor claridad lo que se describe en esa acta; la existencia de la negociación "La Ferre", su estacionamiento, las características de la camioneta, que es de color gris y la existencia de ese cadáver. Que la identificación de cadáver que realiza Leonardo Díaz Jiménez resulta pertinente, porque a través de él se logra establecer la identidad de la persona que perdió la vida en ese lugar. Que el acta de nacimiento de Leonardo Díaz Cruz, que si bien no es un documento que nos lleve a establecer de manera directa el hecho en el cual perdió la vida la víctima, sí aporta un dato relativo a establecer que ésta persona en su momento nació y fue registrado ante las oficinas del Registro Civil. Que la necropsia de ley establece la causa de la muerte de la víctima y existe congruencia entre lo que se expresa en el dictamen de necropsia con lo que refieren los testigos presenciales, el Agente Estatal de Investigaciones y el perito en criminalística, en cuanto a que se le apreció una lesión en la cabeza de la víctima; que el perito médico también estableció un cronotanatodiagnostico de aproximadamente dos horas, advirtiéndose que al tener a la vista el cadáver, aproximadamente a las cuatro y media del día trece de abril, es evidente que ese es un dato más que permite darle mayor credibilidad a que el hecho sucedió aproximadamente a las dos y media de la tarde de la fecha indicada. Que el dictamen en criminalística de campo también resulta pertinente, porque determina que con base en los indicios que se localizaron en el lugar establece que se trata del lugar del hecho y corrobora lo que mencionan los testigos presenciales y la inspección que realiza el Agente Estatal de Investigaciones, pues se observa la existencia de ese estacionamiento, de la negociación, de los impactos que se localizaron en el interior de esa negociación, unos orificios al parecer producidos por los proyectiles disparados por arma de fuego; en qué otros lugares se encontraron, que fueron en la camioneta y, la forma en que se localizó dicho cadáver. Que el dictamen en documentación planimétrica, es pertinente porque el perito fija en un documento la forma en que fueron localizados los indicios, el lugar en el que sucedió este hecho. Que la entrevista a Claudia Araceli Larrañaga Núñez, es pertinente porque esta persona da la razón suficiente de por qué se encontraba en el momento y el lugar cuando sucedió el hecho; explica que en esa fecha por la mañana habían salido de la población de Ejutla de Crespo; la finalidad por la cual acudieron a la ciudad de Oaxaca; las actividades que realizaron después de que salen de esa actividad; que se pararon en la tienda o en la negociación denominada Telcel que está en Avenida Universidad, también coincide con lo que mencionan los otros dos testigos en cuanto a que elementos de la Policía Vial los movieron de ese lugar porque estaban estacionados de forma prohibida; que por ello la víctima tomó el volante y da la vuelta, retorna en el primer semáforo, y posteriormente se van; que ella da razón suficiente de que si bien se encontraba en el interior de esa unidad de motor, porque dice que únicamente la víctima y su sobrino se bajaron a realizar las compras respectivas, y ella y la otra persona del sexo femenino se quedaron en el interior, podía ver desde el interior de la unidad de motor hacia el lugar en donde llegaron los presuntos agresores. Que su dicho está corroborado con el acta de entrevista a Laura Leticia Méndez Reyes, persona que también da la razón suficiente del por qué se encontraba presente en ese lugar, coincide con lo expresado por su compañera; da información relativa a establecer las características de la unidad de motor en la que viajaban los presuntos agresores, la forma en que se realizó esa agresión, lo que hicieron después de que terminan esos disparos; que el señor Felipe, una vez que terminan de realizarse esos disparos, corre detrás de estos presuntos agresores y también expresan que al lugar llegó un elemento de la Policía Vial, lo que coincide con lo que expresa el Agente Estatal de Investigaciones de quien fue el primer respondiente. Que la entrevista que a Felipe Díaz Altamirano, es pertinente porque da información para establecer este hecho que señala el Ministerio Público, información que conoció de forma directa; y si bien se trata de un familiar de la víctima, no era razón suficiente para restarle credibilidad, por el contrario, indicó que una vez que terminan o deja de escuchar estos disparos de arma de fuego, corre detrás de esos presuntos agresores, máxime que refiere que después de que deja de escuchar los disparos, se arrastra debajo de la camioneta pensando que su tío había alcanzado a tirarse al suelo, y no había resultado lesionado, sin embargo aprecia que ya tenía esa lesión en la cabeza. Que el dictamen en balística forense es pertinente porque se requieren de conocimientos especializados para poder determinar el calibre al cual pertenece algún elemento balístico con base en ese aseguramiento que realizó el perito en criminalística y el Agente Estatal de Investigaciones cuando se constituyen en el lugar de los hechos a realizar el levantamiento de cadáver; que dichos cartuchos corresponden al calibre nominal .223 y que por sus características, al haber sido observados en el microscopio, determina que dichos elementos balísticos fueron disparados por una misma arma de fuego, lo que hasta este momento permite darle mayor credibilidad a lo que mencionan los testigos presenciales en cuanto a que la persona que viajaba como copiloto en esa motocicleta a que hacen referencia, fue la que sacó un arma de fuego y realizó los disparos. Que ello corrobora lo que mencionan los testigos presenciales de que escucharon aproximadamente diez disparos de arma de fuego y en el lugar se hayan localizado esos diez indicios correspondientes a los cartuchos, inclusive también dentro de la bodega de la negociación ya mencionada, se localizaron ocho impactos de arma de fuego, y tenemos que uno de los disparos si impactó en el cuerpo de la víctima y otro de los impactos dio en la camioneta. Que la denuncia telefónica que recibe un Agente Estatal de Investigaciones también resultó ser pertinente y dio la razón suficiente del por qué lo hace de manera anónima, diciendo que es un vecino de esa colonia de Ex Hacienda Candiani y que si se llegan a enterar que él dio la información, teme por su vida; explicando que en el interior del taller mecánico que él precisa se pueden encontrar datos o elementos asociados con ese delito. Que la entrevista a Ricardo Ramírez Cortés, es pertinente porque él aportó información relativa a establecer que él trabaja en el interior del taller mencionado; y si bien manifiesta ante el Agente Estatal de Investigaciones que había sido detenido por un hecho que probablemente puede ser constitutivo de delito, él también refiere que acude al obtener su libertad ante el Agente a realizar su entrevista; da la razón suficiente del por qué va a rendir su entrevista, diciendo que al parecer uno de sus objetos, su casco, pudo haber sido utilizado en la comisión de este delito; y da la información que tiene para esclarecer el hecho y en su caso deslindar la responsabilidad que le pudieran fincar derivado de ese objeto que dice fue utilizado. Que no puede considerarse que su declaración o entrevista haya sido coaccionada, pues menciona que lo hizo ya estando en libertad, y no hay algún dato que indique en este momento que la libertad de esta persona estuvo condicionada a rendir una entrevista. Que dicho testigo explica las actividades que realizó, y si bien no aporta información directa a establecer quiénes cometieron este hecho, que haya estado presente en el lugar en el que sucedió este hecho en el cual se privó de la vida a la víctima, pero sí explica que cuando regresa al taller para ir por el dinero para comprar el material, ya se encontraban otras personas en el interior de este taller, da la razón suficiente del por qué los conoce, que inclusive en anteriores ocasiones ya los había visto; que un vecino también de ese taller le explica o le dice cómo se llaman y los sobrenombres con los que los conoce, todo lo cual ésta corroborado con la videograbación de la cámara de vigilancia que se encuentra en ese taller. Que la ampliación a la entrevista que realiza esta persona, es pertinente porque él da la razón suficiente del por qué acude nuevamente, explicando que derivado a que se entera que su casco pudo haber sido utilizado en la comisión de este delito, comparece nuevamente para aclarar algunos hechos, dando la razón suficiente del por qué aunque tenía su casco, el día en que sale a trabajar lleva otro casco, explicando que a ese le entra mayor ventilación, que el suyo al ser cerrado y contar con una careta se le encierra más el calor; que estuvo laborando en el estacionamiento de la marisquería "La Red", información que corrobora el imputado Patricio en esta misma audiencia, entonces de lo que expresa este testigo y lo que expresó el imputado en esta audiencia hay datos que si coinciden y dan mayor credibilidad a lo que menciona esta persona. Que el informe del Agente Estatal de Investigaciones con número de oficio de terminación 0920/2021, es pertinente porque da razón suficiente de cómo es que se allega de la grabación de la cámara de vigilancia que se encuentra en el interior del taller mecánico mencionado; primero explica que se constituye en ese taller con la finalidad de corroborar la información que fue proporcionada en la denuncia anónima, que estando en ese lugar interroga o cuestiona a varios vecinos, quienes le refieren que la propietaria de ese inmueble es una persona del sexo femenino, le dan su dirección, acude ante ella, le explica el motivo de su presencia y le refiere que ella es la propietaria y que efectivamente cuenta con cámaras de vigilancia que le hará entrega, y es razón suficiente de la existencia de esas videograbaciones y la forma en cómo llegaron a la carpeta de investigación del Ministerio Público. Que el diverso oficio que suscribe el Agente Estatal de Investigaciones con número 945/2021, también resulta pertinente porque a través de este informe, el Agente explica que una vez que le hacen entregan de estos vídeos, procede a reproducirlos acompañado del testigo de nombre Ricardo Ramírez Cortés, quién es la persona que previamente ya había mencionado trabajar en el interior de ese taller; Que es cierto lo que señala la defensa particular, que son únicamente imágenes, no se escucha diálogos; sin embargo, el testigo va explicando al Agente Estatal de Investigaciones lo que se observa en esas imágenes y que corrobora la información que él ya había dado en la entrevista que otorgó al Agente Estatal de Investigaciones, mencionando el momento en el que llega a ese taller, que va en su unidad de motor, que es una moto, el lugar donde la estaciona, que deja en una mesa su casco, explica también cuando regresa al taller, la hora aproximada, a las personas que se encuentran en el interior. Que en el video no se logra apreciar con exactitud las características físicas de las personas que aparecen en ese vídeo, sin embargo, el dato que se tiene sobre la identidad de las personas que aparecen en los videos, deriva precisamente de lo que el testigo le refirió al Agente Estatal de Investigaciones, quién dio la razón suficiente del por qué los conoce, como compañero de trabajo, el otro es el dueño del taller; que a las otras personas ya las había visto con anterioridad que llegaban a ese taller para platicar con su patrón y hasta este momento no hay algún dato del que se le puede restar credibilidad a lo que menciona. Que el informe del Jefe de la Unidad de Alto Impacto, para extraer el video de la calle Cerezos número 16, de la Colonia Ex Hacienda Candiani de Santa Cruz Xoxocotlán, expresa la forma en que extrajo esta información, también precisa en estos informes el motivo por el cual pudiera haber una discrepancia en cuanto a los horarios que maneja el testigo presencial y los horarios que se aprecian en los videos, explicando que en algunos existe un desfase de minutos, en otros de aproximadamente una hora. Que los otros informes que suscriben los elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones, relativos a los vídeos que se logran apreciar de los cruceros que se localizan en lo que se denomina como la tienda comercial "Sam´s" entre Avenida Universidad y Símbolos Patrios; y posteriormente el que hace Símbolos Patrios con la Experimental, también se da la razón suficiente de cómo es que se cuenta con esos videos, señalando que el Agente Estatal de Investigaciones hizo el requerimiento al funcionario encargado de lo que se denomina como C4; la experiencia también nos indica que estos sistemas de cámaras de video son sistemas de seguridad implementados por el gobierno; se observan las características de los lugares en los cuales se observan esas imágenes. Que en relación con lo señalado por el defensor particular de dos de los imputados, en cuanto a que pueden existir infinidad de vehículos con las mismas características, porque la camioneta en la cual se trasladaba la víctima no es única, sino que se producen en serie, pueden ser adquiridas por distintas personas, lo mismo que las motocicletas que se observan en los Román Fierros Zárate 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.82.a4 10/05/24 14:35:51 39 videos; sin embargo, no se parte de una inferencia o de apreciaciones subjetivas, porque lo que se observa la camioneta gris, marca Toyota tipo Tacoma, se relaciona con lo declarado por los acompañantes de la víctima, quienes dicen que transitaban en esa vialidad después de haber salido de esa reunión, que inclusive coincide con el horario aproximado en el que ellos refieren que se pararon en la tienda Telcel porque iba el conductor a realizar un pago de su teléfono celular. Que respecto a las motocicletas que se observan, se relacionan con lo que se aprecia en el video de la cámara que está en el interior de ese taller, en donde se observa que es una motocicleta de color rojo, también una motocicleta de color obscuro, que señala el Ministerio Público que las personas que se observan en esos videos coinciden son semejantes a las características físicas de las personas que se aprecia estaban en el interior de este taller y que salen momentos previos. Que si hacemos una operación aritmética respecto a los minutos en los que se aprecia están en el interior del taller y posteriormente como se observan en estos vídeos, se puede inferir que estaban realizando una labor de seguimiento, porque cuando la camioneta en la que se trasladaba la víctima detiene su marcha para que una de las personas ingrese a una tienda, la motocicleta de color rojo detiene también su marcha, es decir, no continúa con su circulación normal, por lo que se puede inferir que estaba realizando una labor de seguimiento. Que en los videos se ve que llega la motocicleta en la que viajaban a bordo dos personas y que correspondían a la persona que realizó los disparos en contra de la víctima; además de que también se aprecia que la camioneta cuando pasa en ese crucero de Símbolos Patrios y Avenida Universidad, posteriormente estas dos unidades de motor circulan también por ese lugar; se observa también en esos videos, que el vehículo de la marca Civic, con las características que fueron precisadas por el Ministerio Público, también se observa en este lugar. Que no debía partirse de lo apreciado de forma individual en esos vídeos, sino que se relaciona con lo que se desprende de los otros datos de prueba con los que se establece que estaban en el interior de ese taller, que posteriormente regresan a ese mismo taller, que en el momento en el que la camioneta retorna en ese crucero de Símbolos Patrios con la Experimental, también se observa en el video que ese coche de la marca Civic hace un retorno en ese lugar, de lo que se puede inferir, que se estaba realizando una labor de seguimiento a la víctima, datos de los que razonablemente se puede establecer que la actividad desplegada por estas unidades de motor era seguimiento a la víctima y posteriormente la ejecución de este hecho. Que de los vídeos que corresponden a la cámara de vigilancia de la negociación denominada Tapicería Hermanos García, ubicada a un lado del lugar en donde sucedió el hecho, se da la razón suficiente del por qué esos videos fueron entregados al Ministerio Público; precisa el desfase de minutos que puede existir y en ese video se destacan las características de la moto y de las personas que iban a bordo de dicha moto; y a decir de los testigos, corresponde a las personas que realizaron la agresión en contra de la víctima. Que de los videos relativos al crucero de Símbolos Patrios y Avenida Universidad, en donde se menciona que la motocicleta, posterior a ese hecho, unos minutos después de las catorce horas con treinta minutos, va de regreso, lo que coincide con lo que manifestaron los acompañantes de la víctima, de que estas personas después de realizar esa agresión se van como con rumbo hacia el periférico. Que igualmente de los vídeos que se obtuvieron del interior del taller y del domicilio que está cercano a ese taller, hay datos que coinciden en cuanto a que se trata de una moto de color obscura, con las características de las personas que iban a bordo y principalmente que la persona que iba en la parte posterior lleva una mochila de color negro; y si bien, de los videos no se logra apreciar que efectivamente de esa mochila saquen un arma de fuego o que la lleven consigo, sí es un dato que corrobora lo que mencionaron los testigos presenciales de que hay una persona que lleva esa mochila y que de la mochila saca un arma de fuego. Finalmente, que por lo que respecta a la declaración de Mari Kenia Valencia Hernández, que se sometió a un interrogatorio y un contrainterrogatorio, y la información que expresa se aprecia la conoce de forma directa porque ella es la propietaria de ese inmueble; da la razón suficiente también del por qué conoce a uno de los imputados, pues dice que le renta ese lugar, también explica el motivo por el cual se instaló esa cámara de vigilancia, derivado del robo que dice haber sufrido su inquilino, lo que corrobora la información que da un imputado; sin embargo, no era suficiente para restar algún alcance probatorio a los datos de prueba incorporados por el Ministerio Público. Que con los datos y medios de prueba, se consideraba la actualización del delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA previsto en el artículo 285 en relación con lo que establece el diverso numeral 301 en su fracción IV y 302 del Código Sustantivo Penal, ya que se justificó como condición lógica, la previa existencia de la vida de Leonardo Díaz Cruz, lo que se establece con el hecho de que él se encontraba con vida al momento en que ingresa a esa negociación denominada "La Ferré", que inclusive se cuenta con el acta de nacimiento. La privación de la vida de Leonardo Díaz Cruz, con el hecho de que falleció en el interior del estacionamiento de la negociación en la fecha y hora referidas. Y que la privación de la vida de la víctima, tuvo su origen en el hecho de que se realizaron disparos en contra de esta persona, que como un hecho penalmente relevante, se estableció que lo que ocasionó la muerte fue esa laceración o ese traumatismo profundo del cráneo que especifica el perito médico y que se advierte fue consecuencia del proyectil disparado por arma de fuego. Que de la misma manera, se actualiza la agravante a que hace referencia el artículo 301 en su fracción IV, pues hay datos que indican que los presuntos agresores de la víctima se encontraban armados, ya que la lesión que produjo la muerte de la víctima fue ocasionada por un proyectil disparado por arma de fuego, y en ese lugar se encontraron otros elementos balísticos, sin que haya algún dato de que la víctima estuviere armado, por el contrario, con ello se establece que en ningún momento los presuntos agresores corrieron riesgo alguno de ser muertos o heridos por la víctima. Que la conducta que se atribuye a los imputados en grado de probabilidad, se realizó a través de una acción, pues fueron necesarios esos movimientos corporales para dirigir y posteriormente accionar el arma en contra de la víctima; típica del delito de homicidio calificado con ventaja, ya que por lo que hace al elemento subjetivo genérico del DOLO previsto en el artículo 8, fracción I del Código Penal local. Que la conducta también resulta antijurídica, en su doble aspecto formal y material, porque se advierte que con este actuar se transgredió el bien jurídico que la norma tutela, como en el caso es la vida del señor Leonardo Díaz Cruz y no se tiene dato alguno que lleve a establecer que se actuó al amparo de alguna de las causas de justificación que prevé la ley, como pudiera ser una legítima defensa, el ejercicio de un derecho, el cumplimiento de un deber o un estado de necesidad justificante, porque no hay ninguna ley que permita que se prive de la vida a una persona, no se estaba repeliendo ninguna agresión. En cuanto a la probable punibilidad que corresponde al delito, es la prevista en el artículo 291, primer párrafo, del Código Penal Estatal, que va de una mínima de treinta a una máxima de cuarenta años de prisión. En cuanto a que sea probable que los imputados pudieron haber cometido o participado en la comisión de este hecho, de los datos de prueba que aportó el Ministerio Público si se puede desprender hasta este momento procesal la probabilidad de que los imputados pudieron haber participado en este hecho, además hay un dato que indica que el imputado Raúl Ramón Ortiz Díaz también arribó a ese taller y en los vídeos, se aprecia que están en el interior de ese taller, las actividades que realizan, hay vehículos con características a la unidad de motor, tipo Civic, que se menciona da seguimiento a la víctima porque se le ve circular en esas mismas vialidades en donde circulaba la camioneta en la que se trasladaba la víctima. En cuanto a la forma de intervención de los imputados en la comisión de este hecho, si bien el Ministerio Público refiere que a Raúl Ramón le resulta el carácter de coautor, en términos de lo que señala el artículo 11 del Código Sustantivo Penal, a criterio de la Juez de Control, la forma de intervención de los tres imputados es a título de coautores materiales en términos de lo que señala el artículo 11 fracción III del Código Sustantivo Penal, ya que si bien no hay algún dato que nos indique que los tres imputados hayan participado en forma directa en accionar el arma con la cual se privó de la vida a la víctima, la coautoría no exige que todos realicen el núcleo del delito, sino que se advierte que esta coautoría y la distribución de las funciones fue tanto en hechos anteriores, como posteriores a la comisión de este delito, pues en el interior del taller mencionado se reunieron estas personas, todos arribaron tanto a bordo de la motocicleta como del vehículo señalado, inclusive se llegó con una mochila de color obscuro, en la cual se contenía esa arma de fuego calibre .223 y que hasta este momento razonablemente se puede estimar que es con la que se privó de la vida a la víctima. Finalmente, que de la información proporcionada, no se advertía que se actualice ninguna causa excluyente de responsabilidad o de extinción de la acción penal, de conformidad con lo que establecen los artículos 14, apartado B del Código Sustantivo Penal y 485 de la legislación procesal de la materia. Luego, al haber determinado la vinculación a proceso de los imputados, la Juez de Control decretó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ahora, por cuanto a la valoración de los DATOS DE PRUEBA, se procede al análisis de los conceptos de violación que formula el quejoso, los cuales son infundados. Es así porque en principio, como lo precisó la Juez de Control, para la etapa inicial del procedimiento, no se trata de pruebas que sean valoradas en forma plena, sino de datos y medios de prueba dados a conocer por el Ministerio Público respecto de un hecho que configure algún delito, el de HOMICIDIO CALIFICADO CON VENTAJA, los cuales fueron pertinentes para evidenciar que efectivamente, una persona fue privada de la vida, a causa de un disparo, en una acción en la cual participaron varios sujetos y con el empleo de un arma de fuego, hecho que configura el delito previsto en el artículo 285 del Código Penal vigente en el Estado de Oaxaca, que dispone: "Homicidio. 285.- Comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro.". Descripción penal que precisa que el homicidio es la privación de la vida por otro. En ese contexto y como estimó la Juez responsable, sí se presentaron por el ente ministerial datos de prueba suficientes para decretar la vinculación a proceso, que atendiendo a la etapa procesal en cuestión, quedó acreditado el hecho que la ley señala como delito y la probable participación del imputado, en grado preliminar. Robustece lo anterior, en lo conducente, la tesis II.2o.P.80 P (10a.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019450, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, materia Penal, página 2571, con el título: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO DENTRO DE LA AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EN ESTA RESOLUCIÓN EL ALCANCE DE UN ESTADO PROBATORIO CONTRADICTORIO ES EXCLUSIVAMENTE DE NATURALEZA PRELIMINAR. Cuando se dicta un auto de vinculación a proceso dentro de la ampliación del término constitucional, no es el momento oportuno para oponer las pruebas contradictorias que obren en autos, y dar prevalencia a unas sobre las otras, ya que esa evaluación queda reservada, en su caso, para la etapa intermedia, toda vez que en el sistema penal acusatorio no se otorga a las primeras etapas una fase determinante, sino meramente preliminar, que si bien ya eran así en el sistema tradicional, ahora son todavía más formales y meramente preliminares, por lo cual, el alcance de un estado probatorio contradictorio a nivel de auto de término constitucional en este nuevo sistema acusatorio adversarial, es exclusivamente de naturaleza preliminar, pues el auto de vinculación no resuelve el fondo del asunto, sino que su finalidad es determinar si los datos de prueba justifican la continuación del proceso que se lleva a una etapa posterior intermedia de depuración, máxime que en el auto señalado el Juez no puede depurar anticipadamente, salvo un caso de excepción que impidiera la apertura de la continuidad, pues ello implicaría, en su caso, que no hubiera ni siquiera un estado de contradicción, sino un estado absoluto de desvanecimiento de datos. Así, la autoridad constitucionalmente facultada para determinar bajo su responsabilidad si existen datos insuficientes para la continuidad del proceso, es el Juez de Control, por lo cual, en el amparo no puede sustituirse esa valoración que es evidente y eminentemente preliminar". De igual manera, la apreciación de los datos y medios de prueba que llevó a cabo la Juez de Control, no es una valoración plena ni definitiva sobre la autoría o responsabilidad de los imputados, sino solo una estimación primaria o inicial para determinar si tales datos hace posible considerar que "existe la probabilidad" de que el indiciado cometió el hecho o participó en su realización. En efecto, como se advierte del desarrollo de la audiencia de imputación, el ente ministerial incorporó, además de las versiones de tres testigos directos de los hechos, una serie de videos y fotografías sobre el hecho directo que muestra la persona que perdió la vida a causa de un disparo de arma de fuego, la dictaminación pericial y forense que lo constata, y la versión de un testigo directo contra el quejoso, de hechos previos del mismo día en que los sujetos activos coincidieron, hasta el momento y después de la realización del delito, es decir, no se trata de un testigo singular, ni de oídas, sino que se encuentra relacionado con otros datos de prueba que precisamente durante el proceso habrán de confirmarse o descartarse como datos pleno de prueba. De ahí que si el Ministerio Público puso a consideración de la autoridad judicial, datos de prueba respecto de que el imputado, previo al hecho en que se privó de la vida a la víctima, concurrió con los diversos coimputados y el sujeto que se refiere como el que privó de la vida al pasivo, y específicamente posiblemente participó en el seguimiento de la víctima, sí se encuentra fundada la estimación de la Juez de Control en cuanto que para el momento procesal, sí se justificó la probabilidad que el quejoso intervino en el hecho materia del proceso penal que habrá de seguirse, sin que ello implique que se transgreda el principio de inocencia o se le traslade la carga de la prueba al imputado. Orienta lo anterior, la tesis XVIII.2o.P.A.5 P (10a.) del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, undécima época, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2558, registro digital 2023151, del contenido: "PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. NO SE TRANSGREDE DICHO PRINCIPIO AL DICTAR EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, SI ÉSTE SE SUSTENTA EN LOS DATOS DE PRUEBA APORTADOS POR LA FISCALÍA. Hechos: Se dictó auto de vinculación a proceso en virtud de que los datos de prueba examinados fueron suficientes para demostrar un hecho con apariencia de delito e indicios lógicos que hacen probable la comisión o participación del imputado en su realización. Contra esa determinación, éste promovió juicio de amparo indirecto y el Juez de Distrito le negó la protección constitucional; inconforme con lo anterior, interpuso recurso de revisión y, en sus agravios, refirió que con los datos de prueba aportados por la Fiscalía se afectó el principio de presunción de inocencia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no se transgrede el principio de presunción de inocencia al dictar el auto de vinculación a proceso, si éste se sustenta en los datos de prueba aportados por la Fiscalía. Justificación: Lo anterior, pues con el dictado del auto de vinculación a proceso se pretende la formalización de la investigación y en él sólo se efectúa una clasificación jurídica provisional de los hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, es decir, en esa determinación se establece o fija la materia de la investigación y lo que eventualmente puede ser objeto de juicio. Además, de acuerdo con los principios y reglas que imperan en el nuevo modelo de justicia penal, para el dictado del auto de vinculación a proceso no se requiere la acreditación de los elementos del tipo penal ni del cuerpo del delito, sino que basta que existan un hecho con apariencia delito e indicios lógicos que presuman la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, para el dictado del auto de vinculación a proceso es innecesario que los datos de prueba examinados tengan alcance probatorio pleno, por ser sólo el sustento para la decisión de abrir o no una investigación formalizada o judicializada contra una persona, en la que, una vez cerrada y atendiendo a la teoría del caso del agente del Ministerio Público, éste puede acusar, sobreseer o suspender el proceso sin llegar a juicio; de ahí que si la Fiscalía cumplió con la carga procesal que le obliga a aportar datos que hagan probable la existencia de un hecho tipificado como delito y éstos son congruentes y consistentes, no se transgrede el principio de presunción de inocencia." Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y sin que se advierta queja deficiente que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Publicación de datos personales. En virtud de que, conforme a la certificación secretarial realizada en la audiencia constitucional que antecede, las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, una vez que cause ejecutoria la sentencia, ésta y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, suprimiéndose todo dato confidencial o reservado, de conformidad con los artículos 68, 71, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis; y en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mli diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales. Por lo antes expuesto y fundado; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 577/2021, promovido por ... contra el acto que reclamó de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca y otras autoridades, en la causa penal 424/2021, en términos del considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RAÚL RAMÓN ORTIZ DÍAZ, quejoso en el juicio de amparo 553/2021, contra el acto que reclamó de la Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, Oaxaca, en la causa penal 424/2021, por las consideraciones asentadas en el considerando séptimo de esta resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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