Raul Ramírez Pech
Expediente 297/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 297/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 09/11/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Raul Ramírez Pech
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Visto que la parte quejosa no interpuso el recurso previsto por el artículo 201 fracción I de la Ley de Amparo, contra el acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos; en consecuencia, téngase por consentido tácitamente dicho proveído...NOTIFIQUESE
- Principal
Visto el estado procesal de los autos, de los cuales se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días que refiere 196 de la Ley de Amparo, concedido a la parte quejosa en auto de nueve de septiembre pasado (foja 83) para que manifestara lo conducente respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable, por lo que, de oficio, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. I. Demanda de amparo Para ello conviene establecer que Raúl Ramírez Pech, por propio derecho, el acto del entonces Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, de quien reclamó la resolución de plazo constitucional de veintinueve de enero de dos mil dieciséis, dictada en los autos de la causa penal 297/2016, en la que se decretó auto de formal prisión contra del quejoso, como probable responsable en la comisión del delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de los estupefacientes denominados clorhidrato de cocaína y Cannabis Sativa L., con fines de comercio (venta), previsto y sancionado por el artículo 476, en relación con los numerales 479 tercera y sexta línea horizontal y 473 de la Ley General de Salud. II. Sentencia y efectos de la protección constitucional Luego, por sentencia autorizada el veinte de julio de dos mil dieciséis, este Juzgado Federal otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por el quejoso, ya que se consideró que la autoridad responsable fue omisa en tomar las medidas pertinentes para lograr el desahogo de los medios de prueba admitidos, dentro del plazo constitucional ampliado, consistente en: 1. la testimonial a cargo de Daniel Gustavo Grajales Betancourt; 2. la ampliación de declaración de Edson Yair Aguilar Balam, Pedro Fabián Unda Gutiérrez, Alfonso Israel Carillo Canul y Fausto Rafael Kinil Cimé, y los 3. careos entre éstos con Raúl Ramírez Pech. Bajo contexto, se consideró que la autoridad responsable vulneró el derecho humano reconocido en la fracción V del apartado A del artículo 20 Constitucional, consistente en el derecho que tienen los inculpados a que se les reciban pruebas en el procedimiento de preinstrucción, entonces, es jurídicamente comprensible la existencia de una obligación para la autoridad judicial de admitirlas y desahogarlas, para ser tomarlas en consideración al momento de emitir su resolución de plazo constitucional En esta tesitura, se otorgó la protección constitucional a fin de que la autoridad responsable realizará lo siguiente: a) Dejar insubsistente el auto de formal prisión reclamado de treinta de enero de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal de origen; b) Previo a emitir una nueva resolución sobre situación jurídica del inculpado; compute de nueva cuenta el plazo constitucional ampliado. c) Señale nueva fecha y hora para el desahogo de las diversas pruebas ofrecidas y admitidas dentro de la dilación constitucional, que no fueron desahogadas por los motivos señalados, consistentes en la testimonial de Daniel Gustavo Grajales Betancourt, las ampliaciones de declaración de Edson Yair Aguilar Balam, Pedro Fabián Unda Gutiérrez, Alfonso Israel Carillo Canul y Fausto Rafael Kinil Cimé, así como los careos constitucionales entre éstos y el inculpado Raúl Ramírez Pech. d) Una vez hecho lo anterior, deberá emitir con plenitud de jurisdicción, una nueva resolución donde se asienten las consideraciones, motivaciones y fundamentos suficientes y aplicables, para la resolución de la situación jurídica del inculpado. III. Análisis del cumplimiento al fallo protector En proveído de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito tuvo por recibido el oficio 2026/2016, a través del cual el Juez Penal de Primera Instancia de Playa del Carmen, con sede en esa ciudad, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; constancias a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 207 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora, en lo que interesa, la autoridad responsable remitió fotocopia certificada de la resolución de término constitucional, dictada el uno de septiembre de dos mil dieciséis, dentro de la causa penal 21/2016, instruida en contra del quejoso (fojas 76 a 82), de la cual se obtiene que, en acato al fallo protector, la responsable dejó el auto de formal prisión de treinta de enero de dos mil dieciséis. Además, con plenitud de jurisdicción, la Jueza analizó nuevamente el caudal probatorio que obra en la causa penal de origen, llegando a la conclusión de que no era suficiente para acreditar el cuerpo del delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión de estupefacientes de clorhidrato de cocaína y cannabis sativa L, con fines de venta, previsto y sancionado por el artículo 476, en relación al 473, de la Ley General de Salud, en relación con el artículo 14, párrafo segundo, 16, fracción II, todos del Código Penal en el Estado. Lo anterior, ya que el Juez consideró que el órgano técnico investigador no demostró de forma fehaciente en que el inculpado haya tenido en su poder el narcótico al momento de su detención, además de que no existen indicios que permitan considerar el fin que se daría a los estupefacientes; en ese sentido, sostuvo la responsable que para determinar la existencia del narcótico, el Ministerio Público se allegó del dictamen de química forense emitido por el perito oficial adscrito a la Dirección de Servicios Periciales Zona Norte, sin embargo, no exhibió el nombramiento que acreditara que al momento de rendir el dictamen pericial. Sobre esa base, la responsable concluyó que el caudal probatorio era insuficiente para demostrar el cuerpo del delito atribuido al aquí quejoso, ya que no se probó la existencia del narcótico, por lo que dictó auto de libertad por falta de elementos procesar. En ese panorama, este órgano de control constitucional considera que lo realizado por la autoridad responsable, cumple con todos los efectos del fallo protector, ya que de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que, tal y como se ordenó en la ejecutoria de amparo, dejó insubsistente el auto de formal prisión de treinta de enero de dos mil dieciséis, y en su lugar, con libertad de jurisdicción, dictó auto de libertad por falta de elementos; por tanto, el suscrito considera se cumplió con la ejecutoria de amparo y, por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, sin que exista exceso o defecto en el cumplimiento, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dado los lineamientos de la sentencia y el análisis de las constancias remitidas, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable, para su conocimiento. Sin que sea óbice, que la autoridad responsable no haya remitido fotocopia de las constancias que demuestren el desahogo de las pruebas que dieron lugar a la reposición del procedimiento, toda vez que, en ejercicio libre de su jurisdicción, ésta decretó auto de libertad en favor del quejoso, de ahí que no resulta necesario que éste órgano de control constitucional se allegué del resultado de los referidos medios de prueba, ya éstos no trascendieron en la decisión de la responsable. Al respecto es aplicable la tesis de jurisprudencia I.5o.C.7 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito del rubro siguiente: "SENTENCIA PROTECTORA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CONFORME AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE LA MATERIA."; visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo III, página 2596, registro ius 2007400. Con lo anterior, y con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a las partes para que dentro del término de quince días manifieste lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese.
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...CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS DICTADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO..."
- Principal
...SE DECLARA QUE LA SENTENCIA QUE AMPARA Y PROTEGE HA CAUSADO EJECUTORIA... SE REQUIERE A LA RESPONSABLE EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO... NOTIFÍQUESE
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