Raúl Ramírez Hernández
Expediente 1373/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 8 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1373/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 14/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Raúl Ramírez Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, así como el estado que guardan los autos de los que se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento, contra del proveído de ocho de febrero de dos mil veintitrés, en la que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo. No obsta a lo anterior, el hecho de que no se haya realizado el cómputo a las demás partes en el presente sumario Constitucional, para la interposición del recurso de revisión, en atención a que se determinó sobreseer fuera de audiencia el amparo; por tanto, no les irroga perjuicio alguno. En consecuencia, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho provisto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso b), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J30/0470/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en autos, remite copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral ********************, de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompaña, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Debido al volumen de las constancias remitidas y para su mejor manejo, con las mismas fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte, que el quejoso ******************** por conducto de sus apoderados, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad responsable Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó el acto siguiente: La omisión de dictar laudo dentro de juicio laborar número ********************, del índice de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Junta Especial número Treinta de le Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado, así como en el oficio con el que se da cuenta, refirió que si bien es cierto no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, también lo es, que mediante como manifiesta y se advierte de las constancias, se encuentran pendientes pruebas por desahogar, siendo la última actuación en el juicio de origen el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós; del que se advierte que el controvertido de origen se encuentra en periodo de desahogo de pruebas, motivo por el cual, no se ha cerrado instrucción para efecto de emitir el laudo que conforme a derecho corresponda, es decir, para la fecha de la presentación de la demanda de amparo -nueve de diciembre de dos mil veintidós-, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, sin que a la fecha se haya cerrado instrucción. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Junta Especial Número treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, adjuntó a su informe justificado, así como al oficio de cuenta, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral ********************, en el que obra el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se dio cuenta con el escrito de cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio natural. La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, ya que de la revisión de las constancias que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió con su informe justificado, se advierte que no existe el acto reclamado a esa autoridad, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, es decir, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo que para la fecha de presentación de demanda -nueve de diciembre de dos mil veintidós- no se ha cerrado instrucción como a la fecha; de ahí que, resulte inconcuso que a la fecha que se presentó la demanda al no haber cerrado la instrucción en el juicio laboral, por ende, no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existe el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de ocho de febrero de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, ocho de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J30/0470/2023, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento que le fue formulado en autos, remite copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral ********************, de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompaña, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Debido al volumen de las constancias remitidas y para su mejor manejo, con las mismas fórmese un cuaderno de pruebas con carátula en la que obre los datos de identificación, respetando el número de folio, rúbrica y sello. Ahora bien, visto el estado que guardan los presentes autos se advierte, que el quejoso ******************** por conducto de sus apoderados, promovió demanda de amparo indirecto, en contra de la autoridad responsable Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se desprende que la parte quejosa reclamó el acto siguiente: La omisión de dictar laudo dentro de juicio laborar número ********************, del índice de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". Ahora, de las constancias que obran en autos se desprende que la autoridad responsable Junta Especial número Treinta de le Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, al rendir su informe justificado, así como en el oficio con el que se da cuenta, refirió que si bien es cierto no se ha emitido el laudo en el juicio de origen, también lo es, que mediante como manifiesta y se advierte de las constancias, se encuentran pendientes pruebas por desahogar, siendo la última actuación en el juicio de origen el auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós; del que se advierte que el controvertido de origen se encuentra en periodo de desahogo de pruebas, motivo por el cual, no se ha cerrado instrucción para efecto de emitir el laudo que conforme a derecho corresponda, es decir, para la fecha de la presentación de la demanda de amparo -nueve de diciembre de dos mil veintidós-, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, sin que a la fecha se haya cerrado instrucción. Ahora, se precisa establecer el contenido de los artículos 1°, fracción I y 63, fracción IV de la Ley de Amparo. "Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ." "Artículo 63. Procede el sobreseimiento: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional."; y, De conformidad con el primero de los numerales transcritos, el juicio de amparo procede contra normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y los derechos fundamentales otorgados para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, dicho precepto se refiere a actos existentes, no probables o eventuales, además que el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable. En concordancia con lo anterior, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé el sobreseimiento del juicio cuando se demuestre que no existe el acto reclamado. Así las cosas, la autoridad responsable Junta Especial Número treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, adjuntó a su informe justificado, así como al oficio de cuenta, copia certificada de la totalidad de las constancias del expediente laboral ********************, en el que obra el proveído de veintisiete de junio de dos mil veintidós, en el que se dio cuenta con el escrito de cinco de abril de dos mil veintidós, se ordenó el desahogo de las pruebas pendientes en el juicio natural. La anterior documental se le concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al numeral 2º párrafo segundo de la Ley de Amparo, al tratarse de constancia emitida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Así las cosas, es oportuno establecer que en este caso, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de sobreseimiento citada, ya que de la revisión de las constancias que la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por conducto de su Presidente, remitió con su informe justificado, se advierte que no existe el acto reclamado a esa autoridad, toda vez que a la fecha de la presentación de la demanda, se encontraba en trámite dicho juicio laboral, es decir, por auto de veintisiete de junio de dos mil veintidós, el Secretario de Acuerdos certificó la inexistencia de pruebas pendientes por desahogar, por lo que para la fecha de presentación de demanda -nueve de diciembre de dos mil veintidós- no se ha cerrado instrucción como a la fecha; de ahí que, resulte inconcuso que a la fecha que se presentó la demanda al no haber cerrado la instrucción en el juicio laboral, por ende, no se encontraba en posibilidad de emitir el laudo correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 6673, del tomo LXXIX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, con número de registro 324127, que dice: ACTO RECLAMADO, INEXISTENCIA DEL. De acuerdo con el artículo 74, fracción IV de la Ley de Amparo, procede el sobreseimiento en el juicio de garantías, cuando de las constancias de autos apareciese claramente que no existe el acto reclamado, y también cuando no se prueba su existencia en la audiencia a que se refiere el artículo 155 de la propia ley. En consecuencia, es evidente que respecto del acto que por esta vía se reclama, se actualiza la causa de sobreseimiento contemplada en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues de lo relatado en párrafos que anteceden, se pone de manifiesto que no existe el acto reclamado. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia. Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que sustenta, la tesis número XIII.1o.P.T.4 K (10a.), del tomo IV, correspondiente al mes de agosto de 2019, Décima Época, del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito que obra en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, SI EL QUEJOSO, AUN CON LAS PRUEBAS QUE PUDIERA OFRECER, NO PODRÍA DESVIRTUAR QUE, A LA FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE SU DEMANDA, ERA INEXISTENTE EL ACTO RECLAMADO. Conforme a la fracción IV del precepto mencionado, en el juicio de amparo el sobreseimiento procede cuando: 1) de las constancias de autos aparezca claramente demostrado que no existe el acto reclamado; o, 2) cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Ahora, si bien, por regla general, el quejoso debe esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para que pueda probar la existencia del acto reclamado, lo cierto es que si éste promovió un incidente no especificado para que se dejara sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra, y el Juez de la causa, por auto dictado en la misma fecha en que se le realizó la petición, determinó que no había lugar a tramitar el incidente solicitado, y se lo notificó inmediatamente a aquél por estrados; no obstante, el quejoso promovió el juicio de amparo reclamando la falta de acuerdo a su escrito de referencia, es factible concluir que se actualiza una excepción a la regla general indicada. Ello es así, porque en el particular se estima actualizada la hipótesis del inciso 1) (de autos se advierte claramente que no existe el acto reclamado), pues como puede apreciarse, la falta de acuerdo a la petición planteada por el quejoso era inexistente desde antes de la presentación de la demanda, lo que conlleva que en el particular no tenga razón de ser el medio de control constitucional, ya que pretender analizar un acto que de manera evidente e incontrovertible era inexistente al momento de instar el juicio de amparo, resulta por demás ocioso y contrario al principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En estas condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo antes de la celebración de la audiencia constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia, porque para determinarlo resulta imperante que la inutilidad de la acción de amparo se actualice fehacientemente, que no pueda desvirtuarse aun cuando las partes ofrezcan pruebas, es decir, su materialización debe ser tal, que ningún medio de convicción pueda hacer patente su inconstitucionalidad; circunstancia que, en el caso, se surte a plenitud, pues independientemente de la naturaleza y cantidad de pruebas que el quejoso pudiera ofrecer, no podría desvirtuar que, a la fecha de la presentación de su demanda, era inexistente el acto reclamado. En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para NUEVE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J30/250/2022, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la responsable ofreciendo como pruebas de su parte, las documentales que acompaña, mismas que dada su especial naturaleza, se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. No obstante lo anterior, a fin de estar en condiciones de resolver en el presente asunto, requiérase nuevamente a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días a que se refiere el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita la totalidad de las constancias del juicio laboral 327/2020, de su índice, bajo apercibimiento que de no hacerlo en el lapso concedido se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto.". Notifíquese.
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