Raúl Ramirez Castañeda
Expediente 2367/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 1 actuación registrada, la última del 14 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2367/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 14/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raúl Ramirez Castañeda
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 28153/2023 enviado por el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, del cual se advierte que por acuerdo de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, determinó carecer de competencia legal para conocer del juicio de amparo promovido por Raúl Ramírez Castañeda, contra actos del Centro de Justica Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y otras autoridades, y al efecto, declina competencia al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, en turno, con sede en Reynosa, la cual correspondió por razón de turno a este juzgado. REGISTRO En consecuencia, fórmese expediente, el cual queda registrado en el Libro Electrónica de Juzgado con el ordinal progresivo 2367/2023-II, y en el Sistema Integral de Seguimiento De Expedientes. Ahora, la autoridad oficiante declinó competencia a este Distrito por cuestión de territorio, atendiendo a que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, pues aduce que de los antecedentes de la demanda de amparo se observó que los actos reclamados por el aquí quejoso tienen su ejecución en el Estado de Tamaulipas, es decir, fuera de su circunscripción territorial donde el órgano oficiante ejerce jurisdicción. Además, la autoridad declinante precisó que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad esgrimidas por el quejoso en su escrito de demanda, se advierte que el mismo expresó que trabaja en el Estado de Tamaulipas y que ocasionalmente acude al Estado de Nuevo León y la Ciudad de México, motivo por el cual robustece su determinación adoptada para remitir el juicio de trato a esta ciudad de Reynosa, Tamaulipas. Asimismo, establece que los actos reclamados en la demanda de trato guardan estrecha relación con los controvertidos en el diverso juicio de amparo 2834/2022 del índice de este órgano jurisdiccional, en el que la parte aquí quejosa solicitó el amparo para no ser removido de su cargo como Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas. SE RECHAZA COMPETENCIA Sin embargo, este suscrito juzgador rechaza la competencia planteada, dado que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Raúl Ramírez Castañeda, contra actos del Centro de Justica Penal Federal en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, y otras autoridades, atendiendo a las siguientes consideraciones: En primer lugar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece los lineamientos a seguir tratándose de competencia, mismo que a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del precepto legal antes trascrito, se obtienen tres reglas básicas que, en cuanto a la competencia de los jueces de Distrito, se deben tomar en consideración: 1) Si el acto reclamado requiere ejecución material, será competente el Juez que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Si el acto reclamado ha comenzado a ejecutarse en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda; y 3) Si el acto reclamado no requiere ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo expuesto, se desprende que en el caso nos encontramos en el supuesto del primer párrafo del numeral transcrito. Lo anterior, pues si bien es cierto, los actos reclamados por la parte quejosa tienen ejecución en el Estado de Tamaulipas, también es cierto que su materialización cobra ejecución en Ciudad Victoria, toda vez que el cargo que desempeña el impetrante como titular de la fiscalía que representa es ejercido en dicha localidad. Sin que obste a lo anterior el hecho de que este órgano jurisdiccional se encuentre conociendo del diverso juicio de amparo 2834/2022, promovido también por el aquí quejoso, pues ello guarda justificación en atención a lo establecido por el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, en resolución de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, emitida dentro del conflicto competencial 5/2023, en la que se determinó lo siguiente: ".24. En el caso, aun cuando el quejoso reclama entre otros actos, en forma específica la omisión de señalar fecha y hora y la respectiva aplicación de los exámenes de confianza, también manifiesta que se presentó a la práctica de los oficios mismos, e incluso reclama el CNI/DG/319/2022, del Director de Control de Confianza del Centro Nacional de Inteligencia, con residencia en Ciudad de México, del cual derivó la emisión del oficio FGJ/126/2022, de veinte de febrero de dos mil veintidós, suscrito por el Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas, así como su difusión. 25. Al igual que el inicio del procedimiento administrativo que se pretenda llevar a cabo para destituirlo del cargo que desempeña como Titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, en Ciudad Victoria, Tamaulipas. 26. Así, atendiendo únicamente a esos actos, se llegaría a considerar que el Juez de amparo competente para conocer del asunto es el residente en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues en esa ciudad SE surtirían las consecuencias jurídicas del procedimiento de remoción del cargo que ostenta el quejoso. 27. Sin embargo, no debe perderse de vista que el quejoso en la ampliación de la demanda de amparo, señaló diecinueve Jueces de Control con residencia en diversas ciudades del estado de Tamaulipas, a quienes atribuyó: l) la orden judicial emitida en su contra que contiene la autorización de intervención de comunicaciones privadas como lo son los correos electrónicos y oficiales, aplicaciones como whatsapp, cuentas de redes sociales, números telefónicos personales y oficiales; y II) la orden de cateo sobre sus bienes y posesiones. 28. De ahí que, aun cuando de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte que la mayoría de esos jueces, entre ellos el que tiene su domicilio en esta ciudad, rindieron su informe justificado y negaron el acto que se les atribuye, sin embargo, los mismos pueden ser desvirtuados en la audiencia constitucional. 29. Además, pudiera suceder que alguno de los restantes Jueces aceptaran el acto y pudiera ejecutarse en esta ciudad, por tanto, se hace necesario esperar hasta la mencionada audiencia para así tener la certeza de la inexistencia de dichos actos. 30. Por tanto, debe seguir conociendo del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el párrafo segundo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, el Titular del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, a quien deberán enviársele los autos. 31. Sin perjuicio de que al celebrar la audiencia constitucional y contar con la totalidad de los informes justificados, esté en posibilidad de nueva cuenta pronunciarse sobre su competencia territorial." De lo determinado por la Superioridad de Amparo, se colige que este órgano jurisdiccional debe seguir conociendo del juicio de amparo 2834/2022, hasta en tanto se cuente con la totalidad de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, a fin de que este juzgador pueda tener certeza plena de que todos los actos tienen ejecución en Ciudad Victoria, Tamaulipas, pues la autoridad de amparo reconoció que lo actos tienen su ejecución en esa ciudad, sin embargo, como el quejoso señaló autoridades de esta localidad de Reynosa, Tamaulipas, de ahí la justificación del por qué la etapa procesal oportuna para determinar la competencia territorial respecto a ese asunto es hasta la audiencia constitucional. Por tanto, este suscrito juzgador estima que quien debe pronunciarse del asunto que nos ocupa, lo es el Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno. Sin soslayar que contrario a lo planteado por el órgano declinante, los actos que se reclaman en la demanda de amparo de trato no están estrechamente relacionados con aquellos plasmados en el juicio de amparo 2834/2022, dado que en ese juicio se reclama el inicio del procedimiento de remoción del cargo que ostenta el quejoso, así como diversos actos cuyas consecuencias derivan de dicho procedimiento, y en la demanda de trato el quejoso reclama diversos actos tales como la intervención de comunicaciones privadas, la instalación de cámaras de vigilancia con audio y video, instalación de GPS, entre otros, cuya naturaleza se encuentra prohibida por el 22 Constitucional, tales como la orden de detención, arresto, aprehensión, captura, búsqueda y localización, presentación o comparecencia, pues lo señala también como el desacato al fuero constitucional que goza el aquí quejoso, entre otros. De ahí la evidente diferencia entre los actos que reclamó la parte quejosa en el juicio de amparo 2834/2022, del índice de este órgano jurisdiccional, y los reclamados en la demanda de trato. Sin que sea necesario requerir a la autoridad declinante los proveídos de tres y nueve de octubre del año en curso, mismos que no fueron allegados a las constancias enviadas, al considerar que su contenido por el momento resulta innecesario, por los motivos expuestos en párrafos precedentes. Robustece lo anterior, el juicio de amparo 1504/2023 del índice de este órgano jurisdiccional promovido por Raúl Ramírez Castañeda (quejoso en el asunto de trato), en el que se advierte que se declinó competencia al Juez de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en turno; mismo que por razón de turno correspondió conocer al Juzgado Segundo de Distrito el Estado de Tamaulipas, con sede en aquella localidad, quien aceptó la competencia planteada y registró el asunto con el número 937/2023 de su índice. Asimismo, de una revisión al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia del diverso juicio de amparo 2044/2023 promovido por el prenombrado, del índice del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, mismo que declinó competencia, de igual manera, al Juzgado de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Ciudad Victoria, en turno, el cual fue aceptado por el aludido Juzgado Segundo de Distrito, quien lo registró bajo el juicio de amparo 1771/2023 de su estadística. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito no acepta la competencia planteada por el Juzgado oficiante. Por tanto, remítanse inmediatamente los autos del presente juicio de amparo al Juzgado Sexto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, previo cuaderno de antecedentes que se forme. Solicitándole de manera atenta el acuse de recibo correspondiente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda, y como autorizados de la parte quejosa en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Alberto Soto Zertuche, Yolanda Chapa Miranda y Alexandro Cerón Garrido, quienes cuentan con cédula profesional registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a Héctor Martínez Tovar en términos restringidos en virtud de no haber acreditado contar con cédula profesional registrada en el sistema. En atención a la solicitud realizada por la parte promovente, consistente en que se le autorice consultar el expediente electrónico, así como recibir notificaciones personales por dicha vía, dígasele que dicha consulta la podrá hacer en la página de internet www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx, autorizando para tales efectos los usuarios "RCHR1" y "CarlosZertuche", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En la inteligencia de que la autorización antes otorgada es en términos del Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se autoriza las notificaciones electrónicas que pide la parte promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otra parte, con fundamento en el artículo 21 último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional, que procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Finalmente, atento a lo dispuesto por los artículos 3, fracción II, 8, 13 y 18, fracción II, de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XXII, 5, 6, 7, 8 y 9, títulos Primero y Segundo del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos segundo y tercero transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, salvo la reservada y la confidencial, es pública la información que tiene bajo su resguardo este juzgado; sin embargo las partes pueden manifestar expresamente su conformidad con la publicación de sus datos personales, si así lo estiman conveniente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Juan Fernando Alvarado López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, ante Lucero de León Guevara, Secretaria que autoriza y da fe.
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