Raúl Rafael Hernandez la Rosa

Expediente 1488/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 15 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1488/2022
Año
2022
Actuaciones
15
Última actuación
18/04/2023

Partes del expediente

  • Raúl Rafael Hernandez la Rosa
  • Raúl Rafael Hernandez la Rosa y Otros.
  • Juan Antonio Abreu Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial que refiere la razón de cuenta, se advierte que las partes no impugnaron el auto de seis de enero de dos mil veintitrés, que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha quedado firme; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este juzgado y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívese este expediente, como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental; y, atendiendo a la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a) de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de depuración, ya que si bien es cierto, se determinó sobreseer el presente sumario constitucional, también lo es que en el auto de radicación se acordó lo relativo a la concesión de la suspensión de plano, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados en el escrito inicial de demanda.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, por el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós; esto es, remite copia certificada de los expedientes ******************** Ahora bien, del ocurso inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: ".a) Ataques a la libertad fuera de procedimiento. b) Ausencia de la determinación sobre la situación jurídica correspondiente a la detención por más de 36 (treinta y seis) horas. c) Omisión y/o negativa ficta sobre la representación legal a que tienen derecho dentro del Procedimiento Administrativo Migratorio. d) Negativa de la autoridad a determinar medidas alternativas a la detención, alojamiento y/o privación de la libertad. e) Traslado a cualquier otra ubicación geográfica y/o recinto y/o albergue y/o Estación Migratoria y/o Estancia Provisional Migratoria". Luego, de las constancias que remitió la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla mediante oficios recibidos en este juzgado de Distrito el nueve de septiembre, veintiocho de noviembre, veintisiete de diciembre, de dos mil veintidós y cinco de enero de dos mil veintitrés, se advierte que, en los expedientes ******************** ********************y ******************** -las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo- que se dejaron sin efecto los acuerdos de presentación de los quejosos ********************y********************se emitieron oficios de salida del país y se ordenó su salida de la estación provisional migratoria en Puebla, con las siguientes datas... Al respecto, este órgano jurisdiccional, estima que se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Conforme al texto legal preinserto, el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, de tal modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito consiste en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo anterior, se ilustra con la jurisprudencia 2ª. /J.59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, pagina 38, tomo XI, junio de 1999, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL". Así pues, la causa en estudio se actualiza con los siguientes elementos: Puede existir o ser insubsistente el acto reclamado; Todos sus efectos deben haber desaparecido o destruido en forma inmediata, total e incondicional, y Que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En el caso, de las constancias reseñadas se aprecia que el veinticinco y veintiocho de julio de dos mil veintidós, se resolvió la situación migratoria de los quejosos, se ordenó su salida de la estación migratoria y se giró oficio que permitiera su salida del país en un lapso de veinte días. Por tanto, han cesado los efectos de los actos reclamados pues al haberse emitido resoluciones relativas a su situación migratoria y se ordenó su salida de la estación migratoria, se destruyeron de los efectos de la detención reclamada y las consecuencias inherentes a dicha detención, en forma total e incondicional, de modo tal que ya no existe la detención de los quejosos en la estación migratoria, incomunicación, orden de traslado, negativa a permitirle comunicarse y demás actos precisados inherentes a la detención administrativa en la estación migratoria de que se trata. Por tanto, resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de dicha detención, pues quedó destruida y que si bien durante el tiempo que duró causó perjuicio a los quejosos, en este momento no se podría analizar huella en la esfera jurídica de la parte quejosa que pudiera restablecerse. Sustenta esta decisión, la tesis P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se localiza a fojas 71 del tomo VI, noviembre de 1997, de rubro: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Luego, al haber cesado los efectos de la detención reclamada , se configura de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de tal forma que permite sobreseer en el juicio fuera de audiencia, con apoyo en lo dispuesto por la fracción V, del artículo 63, de la misma ley. Funda lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial número 2ª.J/10/2003, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En las relatadas condiciones, se deja sin efectos el día y hora que se encontraban señalados para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio señalada para el día de hoy a las once horas con veinte minutos

  3. Principal

    Agréguese a los autos, las documentales remitidas por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en Puebla; atento a su contenido, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintinueve de noviembre del año en curso, y al efecto remite copia certificada de los expedientes *** y nuevamente el ***, correspondientes a los quejosos ***, respectivamente; sin embargo es omisa en remitir copia certificada de los diversos expedientes,***. En tales condiciones, se requiere a la autoridad responsable Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla, para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente auto, remita copia certificada de la totalidad de los precitados expedientes. Se apercibe a la autoridad en cita, que de omitir cumplir con lo anterior en el plazo señalado sin manifestar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá otra multa de cien Unidades de Medida y Actualización, que sustituyen al salario mínimo general vigente diario para todo el país; lo anterior, con apoyo en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la ley de la materia; 26 apartado B, último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, segundo transitorio del decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo y 23 fracción XX Bis, del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, por desacato a un mandamiento de autoridad judicial. Finalmente, con apoyo en el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se requiere nuevamente al Titular del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Puebla para que en el plazo de tres días siguientes a la legal notificación del presente proveído, informe el nombre completo de la persona física que ostenta tal cargo -Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla-,que a la fecha del requerimiento de doce de septiembre de dos mil veintidós, ocupaba el cargo, el registro federal de contribuyentes (RFC), clave única de registro de población (CURP), fecha de nacimiento; así como, el domicilio precisando calle, número exterior, número interior, colonia, localidad, código postal, municipio o alcaldía, entidad federativa, esto es, el domicilio en que pueda ser localizado, así como, una copia de su identificación con fotografía vigente; lo anterior, dado que sus datos personales son necesarios para remitirlos a la autoridad hacendaria para hacer efectiva la multa que se impuso a dicha autoridad en auto de catorce de noviembre del año en curso. Asimismo se hace saber a la autoridad requerida que la información solicitada por este órgano, podrá ser presentada en sobre cerrado, lo anterior a fin de proteger los datos personales. En la inteligencia que la sanción que se impone a dicha autoridad es en razón de la conducta omisa que ha incurrido, habida cuenta de que el cargo que ocupa la persona sancionada demuestra su solvencia económica para sufragar la multa impuesta por este Juzgado Federal.

  4. Principal

    Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que en proveído de veintinueve de noviembre de dos mil veintidós, se requirió al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Puebla para que en el plazo de tres días remita copia certificada de los expedientes migratorios: ***, acuerdo que le fue notificado por oficio recibido el dos de diciembre del año en curso, por lo que a la fecha aún transcurre dicho término. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, la audiencia constitucional señalada para esta fecha se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS VEINTE MINUTOS DEL SEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración.

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