Raúl Radilla Torres

Expediente 23/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de febrero de 2015.

Datos del expediente

Expediente
23/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
04/02/2015

Partes del expediente

  • Raúl Radilla Torres

Actuaciones

  1. Principal

    SE ORDENA SU ARCHIVO DEFINITIVO

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio 8970-VIII, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, al cual anexa el juicio de amparo 2480/2014-VIII de su índice estadístico, formado con motivo de la demanda de garantías promovida por Raúl Radilla Torres; ahora, de dicho juicio se advierte que el treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, el órgano de control constitucional oficiante declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda de garantías descrita, ello, al estimar que el juez competente para conocer de la omisión de la autoridad responsable lo es el de la jurisdicción en donde deba ejecutarse el acto reclamado. Ahora, es criterio reiterado del más alto tribunal de nuestro país, que para fijar la competencia de los órganos jurisdiccionales de amparo, se debe atender al análisis integral de la demanda de garantías, y en su caso, a los demás elementos que se alleguen; una vez hecho esto, entonces sí pronunciarse en relación a si se considera o no competente para conocer de la litis constitucional planteada. Resulta aplicable el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU. En materia de amparo, la competencia se finca primordialmente en tres factores: el territorio, la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado y la índole especial de la autoridad responsable. Así, para establecer su competencia el juez de Distrito no sólo debe atender al planteamiento hecho en la demanda de garantías, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para desprender los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que versa el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe abocarse al conocimiento del asunto. Ahora bien, una vez que el juzgador federal ante quien se promueve una demanda de garantías ha arribado a la conclusión de que no es competente para conocer de ella por cualquiera de las causas señaladas, es su obligación proveer en lo conducente de acuerdo con lo que la Ley de Amparo señala para ese efecto. (8a. Época; 1a. Sala; S.J.F.; Tomo IX, Mayo de 1992; Pág. 94) Previamente, cabe establecer que el numeral 37 de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. El precepto citado, establece tres reglas para fijar la competencia de los jueces de Distrito, a saber: 1) Será competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, 3) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue a las dos primeras reglas competenciales, que requieren que el acto reclamado tenga ejecución material, no es el que el acto ya se haya ejecutado, tratado de ejecutar, se esté ejecutando o deba ejecutarse; sino el que ello ocurra en la jurisdicción de uno o de varios jueces de Distrito, pues la primera regla se refiere a todos los supuestos en que pueda encontrarse la ejecución, pero sólo hace mención a que se efectúe en una jurisdicción. Tal y como lo refirió la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que versa: COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO CUANDO SE RECLAMAN DIVERSOS ACTOS, DE LOS QUE SOLO UNO TIENE EJECUCIÓN. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE TENGA JURISDICCIÓN EN DONDE SE DA TAL EJECUCIÓN. (S. J. F. Novena Época, Tomo IX, Marzo de 1992, página 19). En cambio, la segunda se refiere a la ejecución en dos distritos diferentes al precisar que el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, en cuyo caso conocerá cualquiera de los jueces, a prevención, tal y como lo dispuso la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis, cuyo rubro y texto versan: COMPETENCIA. EL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVIENE CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS COMENZARON A EJECUTARSE EN SU JURISDICCIÓN O CONTINÚAN EJECUTÁNDOSE EN ELLA, DEBE ENTENDERSE QUE ES AQUEL ANTE QUIEN INICIALMENTE SE PRESENTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. (S. J. F. Novena Época, Tomo VI, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1990, página 148). La tercera regla prevé el caso en el que el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito ante el cual se promueva la demanda de amparo. Ahora, la exégesis del referido numeral estriba en razones de índole funcional que permiten realizar la actividad jurisdiccional de forma eficaz, pues el legislador estableció las referidas reglas de competencia para facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que pueda disponer de mejores posibilidades de defensa, y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. Por tanto, para estar en aptitud de establecer la competencia por razón de territorio de un juez de Distrito, resulta necesario analizar en primer término el tipo de acto reclamado; y, en segundo lugar, determinar si aquél es de carácter declarativo o requiere ejecución material, y en su caso, en dónde se puede llevar a cabo ésta; para así determinar cuál de las hipótesis previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, determinará la competencia. En tales condiciones, para poder establecer cuándo una actuación conlleva un principio de ejecución, es pertinente tomar en consideración que por ejecución se ha entendido aquella actividad de adecuación del entorno fáctico a la exhortación derivada del acto de autoridad. En otras palabras, la fuerza ejecutiva constituye la posibilidad que tiene una autoridad de poner en marcha un aparato coactivo capaz de llevar a efecto los términos de sus determinaciones, incluso prescindiendo de la voluntad del obligado. En el caso concreto, el juez declinante en su resolución de incompetencia, sostiene que el acto reclamado tiene ejecución material dentro de la demarcación territorial asignada a este Juzgado de Distrito, al considerar que el cobro de la caseta que refiere el quejoso se lleva a cabo dentro de la jurisdicción asignada a este juzgado. Al respecto, este órgano de control constitucional no comparte el criterio del juez federal oficiante, atendiendo a las consideraciones siguientes. En el caso, se evidencia que el quejoso señala como acto reclamado la tarifa fijada como monto de peaje a cargo de los usuarios de la autopista concesionada a Caseta Autopista Toluca-Atlacomulco, la autorización y aprobación de ésta, así como el cobro directo de la misma. Ahora, si bien el amparista se refiere que se trata de la Caseta Autopista Toluca-Atlacomulco, de la lectura integral de la demanda de garantías se colige que también refirió que dicha autopista también es conocida como caseta Autopista México-Toluca. De igual forma, de los antecedentes que narró bajo protesta de decir verdad se evidencia que su domicilio particular se ubica en la colonia Espartaco, en el Distrito Federal, y que por cuestiones laborales todos los días viaja a la ciudad de Toluca, utilizando la caseta también llamada caseta Autopista México-Toluca. Por tanto, se advierte que la carretera que utiliza el quejoso y en la cual se le realiza el cobro de peaje que reclama es en la autopista llamada México -Toluca, como el propio promovente lo aclara. Por otro lado, es un hecho notorio para este juzgado de Distrito , que de la consulta de la página electrónica de la Secretaria de Transportes se evidencia que la caseta de cobro de la autopista llamada México -Toluca, se ubica en el paraje dominado "La Venta" el cual ya se encuentra dentro del territorio del Distrito Federal. Es decir, la ejecución el acto reclamado antes referido, se lleva a cabo dentro de la jurisdicción territorial asignada al juzgado declinante y no dentro de la asignada a este órgano de control constitucional; por tanto, atendiendo las consideraciones que el homólogo oficiante vertió respecto a las reglas de competencia en tratándose de actos que ameriten ejecución material, se estima que el competente para conocer de la demanda de mérito, es el Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal; es decir, el juez declinante, de conformidad con lo que prevé el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Por tanto, al no advertirse datos y/o elementos que establezcan que el acto reclamado se está ejecutando en el territorio en donde este juzgado de distrito ejerce su jurisdicción, no se asume el conocimiento de la demanda en estudio; en tal virtud, devuélvanse los autos del expediente 2480/2014-VIII al juzgado declinante para los efectos legales a que haya lugar; y conforme lo dispone el segundo párrafo del numeral 48 de la ley de la materia, solicítesele de manera atenta y respetuosa que informe lo que haya tenido a bien determinar, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la notificación de este proveído. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y con copia de las constancias necesarias fórmese el cuaderno de antecedentes. En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 21, tercer párrafo, de la legislación en comento, se habilita al actuario de la adscripción para que realice las notificaciones que surjan con motivo de la tramitación del presente juicio aun en horas y días inhábiles, medida adoptada para eficientar las labores de este órgano de control constitucional. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 16, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuesto de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros"; atendiendo a los criterios, procedimientos y órganos para garantizar el acceso a la información en posesión de los tribunales de circuito y juzgados de Distrito, en relación con el artículo 5 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; se hace del conocimiento de las partes vinculadas con el presente asunto, el derecho que les asiste a oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos del artículo 8, en relación con el diverso 3 de la Ley Federal en comento, en la inteligencia de que solamente se omitirán sus datos personales cuando manifiesten su oposición de manera expresa.

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