Raúl Quimiro Rincón
Expediente 348/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 348/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/05/2021
Partes del expediente
- Raúl Quimiro Rincón
Actuaciones
- Principal
A. Toluca, Estado de México; veinte de mayo de dos mil veintiuno. Firmeza procesal. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de tres de mayo de dos mil veintiuno, a través del cual se desechó la demanda de amparo promovida por ***, sin que el quejoso lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México, tres de mayo de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por ***, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, regístrese bajo el número 348/2021-III. Ahora bien, es conveniente precisar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En cumplimiento a lo anterior, este órgano de control constitucional estima que la demanda de amparo que promueve Raúl Quimiro Rincón, debe desecharse de plano, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, del análisis integral de la demanda, se desprende que el aludido quejoso reclama la sentencia interlocutoria de siete de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones adeudadas, derivado del procedimiento de divorcio incausado 525/2020, mediante la cual determinó declarar procedente el incidente planteado por Sandra Acosta Quezada. Precisado lo anterior, el juicio de amparo que se promueve resulta improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo.". De lo anterior se advierte que, la ley de la materia restringe la procedencia de esta instancia constitucional, atribuyendo al juicio de amparo el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, respecto del trámite para promover el recurso de apelación, en el artículo 5.76, fracción III, establece: ".Artículo 5.76.- la apelación procede en contra de: I. las resoluciones que ponen fin a la controversia; II. El auto interlocutorio que resuelva sobre incompetencia; y III. Las resoluciones interlocutorias y definitivas.". Por lo anterior, el medio de impugnación idóneo en contra de la sentencia reclamada es el recurso de apelación, porque a través de él se puede revisar si ésta fue dictada en términos legales o no y lograr la modificación o revocación del mismo. Así las cosas, en contra de los actos reclamados consistentes en la sentencia interlocutoria de siete de abril de dos mil veintiuno, emitida por el Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, en el incidente de liquidación de pensiones adeudadas, derivado del procedimiento de divorcio incausado 525/2020, mediante la cual determinó declarar procedente el incidente planteado por Sandra Acosta Quezada, la parte quejosa debió interponer recurso de apelación, previo a esta instancia judicial. Por tanto, el promovente tenía la carga de agotar, previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al mismo, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta instancia se pretende combatir, lo que en la especie no aconteció. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, Décima Época cuyo rubro y texto son: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Luego, si el acto reclamado en el presente sumario era susceptible de reparación mediante el recurso de apelación y éste no se agotó, debe estimarse que no se cumplió con el principio de definitividad rector del proceso constitucional, el cual consiste en la obligación del gobernado o quejoso de intentar los medios de defensa que la ley le permite para combatir las resoluciones que considera le causan perjuicio. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página novecientos dos del Tomo XV, mayo de dos mil dos, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Raúl Quimiro Rincón, contra actos del Juez Cuarto Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio y autorizados. De conformidad con lo señalado en el artículo 26, fracción IV, de la ley de la materia, se ordena que las notificaciones se practiquen de forma electrónica, por así haberlo solicitado la parte quejosa. Por tanto, se ordena al oficial SISE autorice la consulta y la notificación electrónica del expediente al usuario "***", que corresponde a ***. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** y ***; asimismo, únicamente para oír y recibir notificaciones a ***, ***, ***, ***, ***, *** y ***. Medios electrónicos. Como lo solicita la quejosa, queda expedita la posibilidad de reproducir a través de dispositivos electrónicos las constancias que integren el presente juicio, esto es, el uso de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes; no obstante, para que pueda tener acceso al expediente, alguno de los delegados que designa deberá agendar la cita correspondiente en términos de lo previsto en el artículo 6º, fracción II del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Exhortación. Con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en línea. Requerimiento. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen correo electrónico y número telefónico, para establecer contacto respectivo, en caso de que este Juzgado estime necesario localizarlas por alguno de los citados medios de comunicación. En cumplimiento a lo establecido en el acuerdo general 12/2020, artículos 3 fracción lll y 22 párrafo lV, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona al Secretario y a los Actuarios Judiciales para revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en éste. Asimismo, los oficiales administrativos auxiliarán en ese ejercicio e incluso realizarán la compulsa de las actuaciones que integran el expediente físico para la digitalización de constancias y darán cuenta respecto de la identidad entre las actuaciones de ambos expedientes. En el entendido que, no forman parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 22 párrafo lV, del acuerdo mencionado. Notifíquese y electrónicamente a la parte quejosa.
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