Raúl Quezada Villalobos

Expediente 1541/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1541/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
09/04/2021

Partes del expediente

  • Raúl Quezada Villalobos
  • Graciela Aracely Quezada Amaya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable, conforme a lo previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y hágase del conocimiento a las partes. Luego, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, sin necesidad de pronunciarse respecto del destino de los incidentes de suspensión, toda vez que en la audiencia incidental se hizo la valoración respectiva de los mismos. Luego, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, la destrucción del presente expediente es competencia de este órgano jurisdiccional. En efecto, dicho artículo establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." (Lo subrayado en negritas es propio). Así, una vez analizado el presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Consecuentemente, al transcurrir el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el dispositivo legal transcrito, procédase a la destrucción del mismo e infórmese a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que el acto que se impugnó en esta vía deriva de un procedimiento administrativo, donde no existen documentos originales por devolver, no se ubica en alguno de los supuestos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el que no se considera de información reservada. Por otra parte, como se encuentra ordenado en el diverso juicio de amparo 625/2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a la Representación Social de la adscripción, licenciada ************* con el usuario "********", el cual obra debidamente registrado ante el sistema electrónico del Poder Judicial Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número *********** promovido por ************************* y ********************, en contra de los actos y autoridades precisadas en el resultando primero de esta sentencia, por los motivos, razones y fundamentos precisados en el último considerando de este fallo.

  3. Principal

    Chihuahua, Chihuahua, tres de diciembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, por medio del cual en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa que en audiencia de treinta y uno de octubre del año en curso, dejó insubsistente la última parte de la audiencia inicial celebrada el catorce de julio de dos mil diecinueve, asimismo, verificó que Francisco Martínez Valles e Irving Anchondo Valdez cuentan con cédula profesional que autoriza el ejercicio de la profesión de licenciados en derecho, y para acreditarlo, remite el registro del audio y video de la audiencia de mérito. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, dese vista de lo anterior a las partes, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que queden legalmente notificadas del presente proveído, expresen lo que a sus intereses convenga. En el entendido de que, transcurrido dicho plazo, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia dictada en este juicio de Amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirse.

  4. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado presentado por duplicado por el Coordinador Jurídico de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, quien rinde por el Director General, Director de Prestaciones Económicas y Director Médico de dicho organismo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se tiene a la autoridad en cita rindiendo su informe justificado; por tanto, con su contenido dése vista a las partes para el uso de sus derechos. Asimismo, téngasele ofreciendo como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana; probanzas respecto de las cuales hágase relación en la audiencia constitucional respectiva, tal y como lo dispone el ordinal 119 de la ley de la materia. Con sustento en el precepto 9 de la citada ley, se le tiene designando como delegados a los profesionistas que indica en su informe de cuenta y señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere.

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