Raul Perez Rodriguez

Expediente 40/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 19 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
40/2021
Año
2021
Actuaciones
19
Última actuación
09/09/2021

Partes del expediente

  • Raul Perez Rodriguez
  • Erik Eduardo Sandoval Cardenas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 19.

  1. Principal

    Se advierte que por auto de veintinueve de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio de amparo sin que las partes legitimadas para ello hayan interpuesto el recurso de inconformidad, archívese el presente expediente como concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ya transcurrió el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 176 y 177), para que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, sin que lo hubieren hecho; por tanto, se procede a analizar si la sentencia de amparo ha sido cumplida o no, en su totalidad. De las constancias que integran el presente expediente se advierte lo siguiente: i) En sentencia de diez de junio de dos mil veintiuno, se concedió la protección constitucional solicitada por Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas (fojas 140 a 147). ii) En acuerdo de catorce de julio de dos mil veintiuno (fojas 176 y 177), causó ejecutoria la sentencia emitida en este juicio al no haber sido recurrida por las partes; en ese mismo auto, se dio vista a las partes con el pretendido cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector, puesto que el oficio respectivo se recibió con anterioridad a que causara ejecutoria la sentencia (foja 159). Efectos de la sentencia Los efectos de la concesión del amparo, según la sentencia emitida por este órgano jurisdiccional, se dictaron en los siguientes términos: "Como el citatorio reclamado ya dejó de surtir efectos, dada la fecha de citación que ya transcurrió, sin consecuencias adversas para los quejosos,; sin embargo, si lo considera necesario, emita otro en el que subsane las deficiencias constitucionales y legales precisadas en esta sentencia." Cumplimiento de la autoridad responsable En ese sentido, en cumplimiento a la sentencia de amparo, la responsable informó que el once de mayo del año en curso, solicitó la autorización para el dictado del no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 483/2020, por tal motivo, esa representación social no emitirá citatorio alguno. Se tiene por cumplido el fallo protector De lo antes expuesto, es evidente que se ha dado cumplimiento al fallo protector, puesto que la autoridad responsable expresó que no emitirá citatorio alguno a los aquí quejosos, en virtud de haber solicitado el no ejercicio de la acción penal, en los autos de la carpeta de investigación 483/2020, por lo que, en tales condiciones, se determina que el fallo protector se encuentra cumplido. Además, se considera que la responsable no incurrió en exceso en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues no se extralimitó en su cumplimiento al ir más allá del alcance de los efectos concedidos, sino que llevó a cabo los actos necesarios para el cumplimiento de la sentencia protectora de garantías. Tampoco se aprecia defecto, porque el Juez responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la sentencia de amparo. En conclusión, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara puntualmente cumplido el fallo protector, sin excesos ni defectos. Vista a las partes Con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que dentro del plazo de quince días, contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga en relación con el pronunciamiento contenido en este propio auto, en el entendido que de no hacerlo así se tendrá por consentido el cumplimiento dado al fallo protector. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Nuevo Laredo, Tamaulipas, catorce de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que se formó legajo por separado con motivo de que el expediente se encontraba pendiente de dictar sentencia; y toda vez que la misma ha sido dictada, agréguese el mismo, el cual contiene el oficio 3172/2021 proveniente del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre, registrado en la oficialía de partes de este juzgado con el número 1377, mismo que se encuentra debidamente acordado. Ahora bien, de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes para interponer recurso de revisión de conformidad con el artículo 86 de la Ley de Amparo, en contra de la resolución constitucional engrosada en fecha diez de junio de dos mil veintiuno, dictada en los autos de este juicio de amparo, promovido por Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En ese contexto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo a su artículo 2°, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia, en la que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a los quejosos Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas, contra el acto que reclama del Presidente de la Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. Hágase saber esta circunstancia a la autoridad responsable para los efectos legales procedentes y practíquense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno. En ese orden, de autos de advierte que mediante oficio 1770/2021 recibido en fecha veintinueve de junio de dos mil veintiuno (foja 159), la autoridad responsable Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación Número Dos, residente en esta ciudad, adujo dar cumplimiento al fallo protector emitido en autos. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio, dese vista a las partes por el término de tres días, legalmente computados, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga respecto de su contenido, de no hacer manifestación alguna, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito con base en los elementos que obran en el expediente y con los datos aportados por la autoridad responsable. Asimismo, se autoriza a la actuaria adscrita a este juzgado de distrito, para que obtenga fotocopia simple del oficio que remitió la autoridad responsable, con la que trata de dar cumplimiento a la ejecutoria pronunciada en los presentes autos, para que al momento de la notificación corra traslado con la misma a las partes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Martha Beatriz Ortega Santos, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, Encargada del Despacho por vacaciones del Titular, ante Oscar Santos Molina Garza, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    VISTOS; los autos para resolver en sentencia el juicio de amparo indirecto 40/2021-2, promovido por Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil veinte ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Saltillo, Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas, por propio derecho solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. En calidad de ordenadoras: A) C. Fiscal General de Justicia del Estado de Tamaulipas. B) C Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, Adscrito a la Unidad General de Investigación Número 2. En calidad de ejecutoras: A) C. DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA INVESIGADORA Y ELEMENTOS A SU MANDO. B) C. COMANDANTE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA Y ELEMENTOS A SU MANDO. IV.- ACTO RECLAMADO. 1. De las primeras señaladas como ordenadoras: Reclamo la orden de aprehensión, presentación, búsqueda detención o de cualquier acto que atente contra la libertad o sea causa de agravio para el quejoso por la ausencia de las formalidades esenciales del procedimiento. 2. De la segunda señalada como ordenadora: Reclamo la falta de seguridad jurídica al enviarme un citatorio que no cumple con la debida motivación y fundamentación, al no asentarse en el mismo datos q ue den la certeza jurídica de quien o quienes son los agraviados, cuáles son los hechos que se investigan, número de expediente o las razones y fundamentos legales, que en su caso darían pie a la reserva de dicha información, dejándome en estado de incertidumbre, deviniendo el mandamiento violatorio de la garantía de seguridad jurídica que contempla el artículo 16 Constitucional. 3. De las señaladas como ejecutoras: el intento de ejecución de la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, detención, retención o de cualquier acto que atente contra la libertad o sea causa de agravio para el quejoso, emanado de las autoridades que señalo como ordenadoras. De los actos reclamados a las autoridades responsables ordenadoras y ejecutoras, deviene en una afectación directa a mi esfera jurídica afectando mi SEGURIDAD JURÍDICA Y LIBERTAD PERSONAL." SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de dicha demanda de amparo al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Saltillo, quien la registró con el número 1285/2020 y en auto de once de febrero de dos mil veintiuno, se declaró legalmente incompetente para conocer de dicha demanda, declinando competencia a los Juzgados de Distrito en Nuevo Laredo, en virtud de que los actos reclamados, tienen ejecución en esta ciudad (fojas 1 a 3). TERCERO. Por turno, tocó conocer de la demanda declinada a este Juzgado, por lo que en auto de doce de febrero de dos mil veintiuno, se admitió la competencia declinada, se registró la demanda con el número 40/2021-2 y se admitió a trámite; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que, previo diferimiento, se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en Nuevo Laredo, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 33, 35, 37, párrafo tercero, y 107 de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales, en específico en su punto de acuerdo cuarto, fracción XIX, segundo párrafo. Lo anterior porque las conductas reclamadas tienen ejecución en esta ciudad, en donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, se prevé que las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener: ". La fijación clara y precisa del acto o actos reclamados." Del análisis íntegro realizado al escrito inicial de demanda, informes justificados y demás constancias de autos, se aprecia que los actos reclamados se hacen consistir en: i) La orden de aprehensión, presentación, búsqueda, detención o retención y su ejecución. ii) El citatorio de veinte de noviembre de dos mil veinte, girado por el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación número Dos, en la carpeta de investigación 483/2020. Actos que se reclaman del Fiscal General de Justicia del Estado, Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio y Oral, adscrito a la Unidad General de Investigación número Dos, Director General de la Policía Investigadora y Elementos a su mando y Comandante de la Policía Investigadora y elementos a su mando. TERCERO. Las autoridades responsables Coordinador Regional del Sistema Penal Acusatorio y Oral en Nuevo Laredo, correcta denominación de la señalada por el quejoso como Fiscal General de Justicia del Estado; y Agente del Ministerio Público del de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 2; negaron la existencia de los actos reclamados consistentes en la orden de aprehensión, presentación, búsqueda, detención o retención (fojas 68 y 71), sin que los impetrantes hayan ofrecido prueba alguna para desvirtuar dichas negativas; razón por la cual, los actos que se les atribuyen se tienen por inexistentes. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis jurisprudencial publicada con el número 284, consultable en la página doscientos treinta y seis, Tomo VI, Materia Común, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. CUARTO. Es cierto el acto reclamado del Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 2, consistente en el citatorio de veinte de noviembre de dos mil veinte, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado (foja 71). Lo que se corrobora con las copias certificadas exhibidas con su informe con justificación y la anexa al oficio UG12/680/2021 (fojas 85 y 86); documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno, con sustento en los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, al ser expedidos por un funcionario público en uso de sus atribuciones. En cuanto hace a la negativa expresada por las autoridades responsables Comandante de la Policía Investigadora e Inspector de la Policía Investigadora -ambas por conducto del Agente encargado de la Policía Investigadora en Nuevo Laredo y en su correcta denominación-, (fojas 52 y 65); debe declararse desvirtuada en razón de que la autoridad señalada como ordenadora, precisada en el párrafo que antecede, aceptó la existencia de un citatorio contra los aquí quejosos, por consiguiente, al ser un acto con ejecución material, se debe encomendar a las autoridades a quien compete tal encargo, dentro de las cuales se encuentran las autoridades de mérito; en consecuencia, se tiene por desvirtuada la negativa expresada. Es aplicable la tesis publicada en el Tomo III, segunda parte-1, Enero-Junio de 1989, página 56, Octava Época del Semanario judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." QUINTO. Establecida la existencia de los actos reclamados, se impone analizar las causas de improcedencia, por ser una cuestión de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de La Ley de Amparo. Sirve de apoyo la jurisprudencia 158, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías."1 En el caso, las partes no invocaron causa de improcedencia alguna, ni de oficio se advierte de autos, por lo que se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en relación con el citatorio reclamado. SEXTO. La parte quejosa reclama la falta de seguridad jurídica del citatorio reclamado, que no cumple con la debida motivación y fundamentación, al no asentarse en el mismo los datos que den certeza jurídica de quién o quiénes son los agraviados, cuáles son los hechos que se investigan, número de expediente o las razones y fundamentos legales, que en su caso, darían pie a la reserva de dicha información. Resulta fundado el concepto de violación, atendiendo a lo siguiente. El Agente del Ministerio Público de la Federación responsable citó a la quejosa en los siguientes términos: "Asunto: el que se indica. En Nuevo Laredo, Tamaulipas a 20 de noviembre del año 2020 C.C. RAÚL PÉREZ RODRÍGUEZ. ERIK SANDOVAL BOOULEVARD AEROPUERTO SN-S, FRANCISCO VILLA 88284 CARRETERA AEROPUERTO KM 3.2 DE ESTA CIUDAD. P R E S E N T E. Por este conducto le notifico que deberá comparecer ante esta Autoridad del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrita a la Unidad General de Investigación 2, ubicada en EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA Boluevard Manuel Ávila Camacho y Jaumave S/N en la colonia La Fe de esta Ciudad, el próximo día 24 de noviembre del presente año, a las 18:30, con la finalidad de llevar a cabo el desahogo de una diligencia de carácter ministerial. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 82 fracción I inciso b), 83, 90, 114, 127 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Atentamente LIC. NICOLÁS LÓPEZ JUÁREZ C. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO Y ORAL ADSCRITO A LA UNIDAD GENERAL DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 2." Analizado el acto reclamado, se estima que los conceptos de violación planteados por la quejosa, como se adelantó, son substancialmente fundados. Lo anterior es así ya que, como bien alega, en el citatorio reclamado no se proporciona mayor información respecto al motivo por el que se le cita en esa carpeta de investigación y con qué calidad. En ese sentido, el proceder de la responsable no se ajustó al marco constitucional, concretamente a la garantía de seguridad jurídica prevista en el artículo 16 Constitucional. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que el principio de seguridad jurídica es la base sobre la cual descansa el orden jurídico nacional, cuyo contenido esencial radica en "saber a qué atenerse" respecto de la regulación normativa prevista en la ley y de las actuaciones llevadas a cabo por la autoridad, tutelándose así que el gobernado jamás se encuentre en una situación de incertidumbre jurídica y, por tanto, en estado de indefensión. Sobre los alcances de esta prerrogativa, la garantía de seguridad jurídica no debe entenderse en el sentido de que la ley ha de señalar de manera especial y precisa un procedimiento para regular cada una de las relaciones que se entablen entre las autoridades y los particulares, sino que debe contener los elementos mínimos para hacer valer el derecho del gobernado y para que, sobre este aspecto, la autoridad no incurra en arbitrariedades. Bajo ese contexto, el citatorio reclamado dirigido a los quejosos no cumple con los requisitos que puedan justificar la constitucionalidad de la afectación a los derechos subjetivos públicos. En efecto, la transgresión a los derechos fundamentales de la parte quejosa se materializa en que el Ministerio Público investigador responsable se limitó a precisar que la cita era para desahogar una diligencia de carácter ministerial; sin informar de manera clara y precisa el objeto de ello y el procedimiento del que deriva. Al respecto, resulta evidente que al encontrarse integrando alguna carpeta de investigación, habrá de realizar diligencias ministeriales que son propias de su función indagatoria; sin embargo, al ordenar la cita de una persona para que se presente ante él, debe informarle, entre otros aspectos, el objeto de ello y el procedimiento del que deriva, pues al no hacerlo, genera una incertidumbre jurídica en la persona requerida. En esas circunstancias, si bien la autoridad responsable expresó como fundamento para su sustento, los artículos 20 de la Constitución Federal; 82, fracción I, inciso b), 83, 90, 114, 127 y 129 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y como motivación expresó que requería la presencia de los quejosos para el desahogo de una diligencia de carácter judicial; sin embargo, un citatorio de esa naturaleza jurídica, esto es, emanado de una carpeta de investigación, debe contener requisitos mínimos que permitan al destinatario tener conocimiento de la cuestión por la cual es citado. Al respecto, el artículo 91 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé lo siguiente: "Artículo 91. Forma de realizar las citaciones Cuando sea necesaria la presencia de una persona para la realización de un acto procesal, la autoridad que conoce del asunto deberá ordenar su citación mediante oficio, correo certificado o telegrama con aviso de entrega en el domicilio proporcionado, cuando menos con cuarenta y ocho horas de anticipación a la celebración del acto. [.] La citación deberá contener: I. La autoridad y el domicilio ante la que deberá presentarse; II. El día y hora en que debe comparecer; III. El objeto de la misma; IV. El procedimiento del que se deriva; V. La firma de la autoridad que la ordena, y VI. El apercibimiento de la imposición de un medio de apremio en caso de incumplimiento." En esa virtud, la falta de esos requisitos mínimos hace patente la transgresión de los derechos fundamentales de los ahora quejosos, ya que todo acto de autoridad debe sujetarse a los extremos que impone el artículo 16 de la Constitución General de la República, por lo que, en caso de ser omisa en acatar los principios de legalidad y seguridad jurídica, per se, origina un acto que viola la norma fundamental. Ello es así, porque al no contar con tales datos, el gobernado queda en estado de incertidumbre. Sin que pase inadvertido que la autoridad responsable, al rendir su informe justificado expresó: ". es cierto que en cuanto a que el suscrito envió dicho citatorio, en el que fue omiso en señalar datos de identificación dieran certeza jurídica a los quejosos, sin embargo hago de su conocimiento que el motivo de la cita era con la finalidad de hacerles la invitación a someterse al Centro de Mecanismos de Solución de Conflictos de esa Coordinación Regional, esto dentro de la presente carpeta de Investigación 483/2020." Precisiones que, como bien admite la propia autoridad, no se contienen en el citatorio reclamado y de ahí surge la incertidumbre legal que reclama la parte quejosa; por tanto, el multicitado citatorio incumple con los requisitos mínimos que debe conocer el gobernado que es citado ante la presencia de una autoridad investigadora. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, publicado en la página 722, Tomo XXVI, Noviembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 170959, de rubro y texto: "CITATORIO DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO GIRADO DURANTE LA INVESTIGACIÓN. EFECTOS DEL AMPARO CUANDO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El citatorio girado por el Ministerio Público para hacer comparecer a un gobernado adolecerá de una debida motivación si en él no se señala quién o quiénes son los agraviados, cuáles son los hechos que se investigan o con qué carácter es citado a declarar el destinatario de la orden (inculpado, testigo, agraviado, etcétera), o bien, si no se expresan las razones y fundamentos legales que, en su caso, darían pie a la reserva de dicha información. Ello es así, porque al no contar con tales datos el gobernado, queda en estado de incertidumbre, deviniendo el mandamiento violatorio de la garantía de seguridad jurídica que establece el artículo 16 de la Constitución Política del los Estados Unidos Mexicanos, pues dicho precepto exige que todo acto de autoridad esté suficientemente fundado y motivado. En ese tipo de casos, la concesión del amparo, en principio, obligará a la responsable a nulificar o a dejar sin efecto la cita de comparecencia, y en el supuesto de que aún estime necesaria la presencia del gobernado, podrá emitir el citatorio correspondiente, pero purgando los vicios formales." En consecuencia, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitado para el efecto de que el Agente del Ministerio Público de Procedimiento Penal Acusatorio adscrito a la Unidad General de Investigación 2, realice lo siguiente: ? Como el citatorio reclamado ya dejó de surtir efectos, dada la fecha de citación que ya transcurrió, sin consecuencias adversas para los quejosos; sin embargo, si lo considera necesario, emita otro en el que subsane las deficiencias constitucionales y legales precisadas en esta sentencia. Concesión que se hace a extensiva a los actos de ejecución reclamado a las responsables Comandante de la Policía Investigadora e Inspector de la Policía Investigadora -ambos por conducto del Agente encargado de la Policía Investigadora en Nuevo Laredo-; pues no se reclamaron por vicios propios. SÉPTIMO. No es óbice que algunas de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la ley de la materia. OCTAVO. En otro orden, dado que aun cuando por auto admisorio dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece los artículos 66, 67, fracción II, y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, no obstante de lo anterior, no hicieron manifestación expresa con relación a lo puntualizado anteriormente. Atento a lo anterior, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Federal, 68, del ordenamiento legal antes invocado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes hagan valer el derecho de oponerse a la publicación, por lo que ante la falta de manifestación expresa de las partes de oponerse a la publicación de sus datos personales, lo procedente es ordenar la publicación de la presente sentencia con supresión de datos personales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro siguiente: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN." Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por los actos reclamados y autoridades responsables precisados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Pérez Rodríguez y Erik Eduardo Sandoval Cárdenas, respecto del acto reclamado de las autoridades precisadas en el considerando sexto de esta sentencia, para los efectos ahí precisados. TERCERO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos personales, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Alfredo Rivera Anaya, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Nuevo Laredo, hasta hoy diez de junio de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional, ante Martha Beatriz Ortega Santos, secretaria que autoriza y da fe.

Quedan 15 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · 3,876 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano