Raul Perez Murillo

Expediente 978/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
978/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
13/09/2023

Partes del expediente

  • Raul Perez Murillo
  • Administracion Desconcentrada Juridica de Baja California "2"

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Apoderada Legal de la autoridad responsable Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, con sede en Ciudad de México, mediante el cual solicita copia del acuerdo de nueve de mayo del año en curso, en el cual se causó estado al sobreseimiento fuera de audiencia dictado en autos. Expedición de copias. En consecuencia, remítasele copia de las constancias que menciona en su oficio y envíesele al correo electrónico que refiere.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de agosto de dos mil veintitrés. Se recibe oficio. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite el Delegado de la autoridad responsable Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado, con sede en Ciudad de México, mediante el cual solicita copia del acuerdo de nueve de mayo del año en curso, en el cual se causó estado al sobreseimiento fuera de audiencia dictado en autos. Expedición de copias. En consecuencia, remítasele copia de las constancias que menciona en su oficio y envíesele al correo electrónico que refiere. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuenta. El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el estado de autos. Conste.Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el diez de abril de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Primera Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en esta ciudad, un tomo de pruebas que acompañó a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho autorizado mediante oficio CCJ/ST/1528/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante Isaac Fabela León, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. MMDV/IFL/Analau Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California Avenida Paseo de los Héroes, número 10540, sexto piso, Zona Río, Tijuana, Baja California, C.P. 22320 Correo electrónico institucional: 14jdo15cto@correo.cjf.gob.mx Teléfonos: (664) 6 34 34 08 y 6 34 34 84 (fax) "2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo" Tijuana, B. C., 09 de mayo de 2023. Primera Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Oficio: 3745 EN LOS AUTOS DEL JUICIO DE AMPARO 978/2022-VII, PROMOVIDO POR RAÚL PÉREZ MURILLO, EN ESTA FECHA SE PROVEYÓ: "Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta se advierte que transcurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del sobreseimiento fuera de audiencia dictado el diez de abril de dos mil veintitrés, sin que lo hubiera hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el citado proveído ha causado estado; en consecuencia, dense los avisos de rigor. Certificación. Por otra parte, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace constar que se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso b) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento fuera de audiencia respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de constancias. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Magistrado Instructor de la Primera Sala Regional del Noroeste I, del Tribunal Federal de Justicia Adsministrativa, en esta ciudad, un tomo de pruebas que acompañó a su informe justificado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Naguib Enrique Hernández Delgado, Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, Encargado del Despacho autorizado mediante oficio CCJ/ST/1528/2023 de diecisiete de abril de dos mil veintitrés, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reglamenta la Carrera Judicial, ante Isaac Fabela León, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe." Lo que comunico a usted para su conocimiento y efectos legales procedentes en vía de notificación. Atentamente. Isaac Fabela León Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California.

  4. Principal

    Cuenta. El diez de abril de dos mil veintitrés, se da cuenta con la certificación secretarial que antecede y con el oficio registrado con el número 4518. Conste.Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés.****************************************Se recibe oficio. Agréguense a los autos el oficio que remite la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, a través del cual informa que mediante acuerdo de tres de abril de dos mil veintitrés, se declaró cumplida la sentencia de trece de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el expediente ******************** de su índice.****************************************Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remite la autoridad responsable oficiante, se advierte que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; lo que permite sobreseer fuera de audiencia en el presente asunto. ****************************************De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del artículo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del motivo de afectación, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional.****************************************La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, consistente en la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija.****************************************Bajo esa óptica, en el caso concreto, la cesación de efectos del acto consistente en el incumplimiento de la resolución interlocutoria del incidente de cumplimiento sustituto de trece de mayo de dos mil diecinueve, derivado de la ejecución de la sentencia de dos de mayo de dos mil diecinueve, dictadas dentro del juicio ********************, se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo.****************************************Es así, porque de las constancias que remitió la autoridad responsable Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, se desprende lo siguiente:****************************************- Que el tres de abril de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, del índice de la Primera Sala Regional del Noroeste I del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en esta ciudad, se dio cuenta con el oficio remitido por la Subadministradora de la Administración Desconcentrada Jurídica de Baja California "2", en el cual informó las gestiones realizadas a fin de dar cumplimiento a la sentencia dictada el trece de mayo de dos mil veintidós; en específico, con el acta administrativa ********************, por el cual se formalizó el pago ordenado por concepto de resarcimiento económico y con el acuse de recibo de la parte actora (aquí quejoso) del cheque número ********************; por lo que declaró cumplida la sentencia dictada en dicho juicio y ordenó el archivo del mismo.****************************************De lo anterior, se advierte que si bien a la fecha de la presentación de la demanda que dio origen a este juicio -dieciséis de diciembre de dos mil veintidós- las autoridades responsables habían incurrido en la omisión que reclamó la parte quejosa, también es cierto que el veintitrés de febrero de dos mil veintitrés se realizó el acta administrativa por concepto de pago de resarcimiento económico, así como el pago mediante cheque número ********************, recibido en la misma fecha por el quejoso, motivo por el cual la Sala responsable el tres de abril de dos mil veintitrés, declaró cumplida la sentencia dictada en el expediente ******************** y ordenó el archivo del asunto.****************************************Lo anterior, se robustece con las constancias remitidas por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado recibidas mediante auto de veintidós de marzo del presente año, a las cuales se adjuntó el cheque número ******************** de siete de febrero de dos mil veintitrés, y la constancia de recibido por parte del aquí quejoso.****************************************Documentales que tienen valor probatorio pleno, en términos de los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.****************************************En tales condiciones, es inconcuso que cesaron los efectos del acto reclamado en esta vía constitucional, pues la omisión que motivó la presentación del amparo se destruyó en todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo.****************************************Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen:****************************************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.-De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."****************************************Lo anterior, atendiendo a que el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, prevé que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando durante éste se materialice un supuesto de improcedencia, y conforme a la postura de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puede sobreseerse en el juicio fuera de audiencia cuando la causa de improcedencia sea manifiesta (cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara, de forma que con ninguna prueba se desvirtúe) e indudable (cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio).****************************************Ante lo expuesto, al haberse actualizado en la especie la causa de improcedencia referida, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61, fracción XXI y 63, fracción V, de la Ley de Amparo.****************************************Sustenta la anterior determinación, la jurisprudencia dictada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:****************************************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************Como corolario a lo anterior, cabe indicar que el hecho de que se actualice la causal de sobreseimiento y que por ello no sea dable analizar el fondo del asunto planteado, deriva del establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia y sobreseimiento), lo cual no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los Tratados Internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 1a./J. 22/2014 (10a.), que reza:****************************************"DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente e asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental."****************************************En efecto, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que, entre otras cosas, sólo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo.****************************************Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala:********************"PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente."****************************************En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto.****************************************Notifíquese personalmente.********************

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana · 4,651 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano