Raul Perea Huerta

Expediente 971/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 1 actuación registrada, la última del 19 de octubre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
971/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
19/10/2016

Partes del expediente

  • Raul Perea Huerta

Actuaciones

  1. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR PARTE DEL QUEJOSO, POR ESTE CONDUCTO SE LE NOTIFICA: VISTO LO DE CUENTA, TÉNGASE POR RECIBIDA LA DEMANDA DE AMPARO; FÓRMENSE LOS EXPEDIENTES IMPRESO Y ELECTRÓNICO RESPECTIVAMENTE, BAJO EL NÚMERO 971/2016-V-1, ANÓTESE SU INGRESO EN EL LIBRO DE GOBIERNO DE ESTE JUZGADO, ASIMISMO, PROCÉDASE A LA DIGITALIZACIÓN DE LAS CONSTANCIAS REFERENTES PARA LA INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO, EN EL ENTENDIDO DE QUE AQUÉLLAS QUE POR SU VOLUMINOSIDAD, PROTECCIÓN A LA INTEGRIDAD DEL DOCUMENTO, O PROTECCIÓN A DATOS PERSONALES NO PUEDAN NI DEBAN DIGITALIZARSE, QUEDAN A DISPOSICIÓN DE LAS PARTES EN EL EXPEDIENTE IMPRESO EN LA SECRETARÍA DE ESTE JUZGADO FEDERAL. DE LA DEMANDA DE AMPARO, SE DESPRENDE QUE EL SOLICITANTE DEL AMPARO SEÑALÓ COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE CELAYA, GUANAJUATO, AUTORIDAD A LA QUE RECLAMÓ EL ACTO QUE DESCRIBIÓ DE LA SIGUIENTE FORMA: "IV.- ACTO RECLAMADO: EL ACUERDO EMITIDO POR LA RESPONSABLE CON FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2016, DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL NO. 3631/2015/LI/CE/IND." POSTERIORMENTE, POR ACUERDO DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, LA JUNTA RESPONSABLE, TOMANDO EN CONSIDERACIÓN QUE HABÍAN TRANSCURRIDO MÁS DE CUATRO MESES; ES DECIR, MÁS DEL TÉRMINO OTORGADO EN EL MENCIONADO ACUERDO DE ONCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, SIN QUE LA PARTE ACTORA HAYA PROMOVIDO; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 771, 772 Y 773 DE LA INVOCADA LEY, LA JUNTA RESPONSABLE DECRETÓ LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA Y POR CONSECUENCIA, ORDENÓ EL ARCHIVO DEFINITIVO DEL EXPEDIENTE; DETERMINACIÓN QUE CONSTITUYE EN ESTE JUICIO DE AMPARO EL ACTO RECLAMADO. LO HASTA AHORA ANOTADO, PONE DE MANIFIESTO QUE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN CELAYA, ES LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA EN RAZÓN DE QUE EL ACTO RECLAMADO NO SE UBICA EN NINGUNA DE LAS HIPÓTESIS ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO, PUESTO QUE COMO SE APUNTÓ, SE TRATA DE LA DETERMINACIÓN DE ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, EMITIDA POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, CON RESIDENCIA EN CELAYA, GUANAJUATO, QUE DECRETÓ LA CADUCIDAD DE LA INSTANCIA DENTRO DEL EXPEDIENTE LABORAL 3631/2015; ESTO ES, SE TRATA DE UNA DETERMINACIÓN QUE SI BIEN, NO RESOLVIÓ EL FONDO DEL ASUNTO, SÍ SE TRATA DE UNA DECISIÓN QUE PONE FIN AL JUICIO DE ORIGEN; POR LO QUE SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 170 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO; MISMA RESOLUCIÓN QUE DE ACUERDO CON LA LEY APLICABLE (LEY FEDERAL DEL TRABAJO) NO ESTABLECE RECURSO ORDINARIO EN SU CONTRA QUE PUEDA MODIFICAR O NULIFICAR LA RESOLUCIÓN RECLAMADA. EN CONSECUENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 47 PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA DEMANDA PROMOVIDA, Y ATENDIENDO EL CONTENIDO DEL DIVERSO NUMERAL 34 DEL INDICADO ORDENAMIENTO LEGAL, ASÍ COMO EL ACUERDO GENERAL 3/2015 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ADICIONA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO; PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL CINCO DE MARZO DE DOS MIL QUINCE, EN VIGOR A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE FUE APROBADO EL VEINTIOCHO DE ENERO DE LA CITADA ANUALIDAD, SE ORDENA REMITIR LA DEMANDA PROMOVIDA Y SUS COPIAS; AL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOSEXTO CIRCUITO EN TURNO, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO, PARA QUE SEA DICHO ÓRGANO JURISDICCIONAL QUIEN SE PRONUNCIE SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.

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