Raúl Patiño Martínez
Expediente 1291/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1291/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 23/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Raúl Patiño Martínez
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el desechamiento de la demanda, en consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, así como al haberse desechado la demanda es susceptible de destrucción. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar que se encuentra recluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diez de diciembre de dos mil veintiuno. ANOTACIONES Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por Raúl Patiño Martínez, por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 1291/2021-VII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. ACTO RECLAMADO Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama: El acuerdo de veinticuatro de noviembre de la anualidad, emitido en la capeta 412/2021 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, donde se señaló fecha para la audiencia intermedia en donde se pronunciaría respecto a su solicitud de procedimiento abreviado, pues el impetrante aduce que le niega la posibilidad de llevar a cabo una terminación anticipada del proceso. La abstención por parte la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación, de acordar la solicitud de aperturar el procedimiento abreviado en comento. DESECHAMIENTO Primeramente, resulta necesario precisar que el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone que el juzgador de amparo debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia manifiesta y notoria, con el propósito de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que, a la postre, resultan improcedentes. De acuerdo con la jurisprudencia I.13o.A. J/61, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, por lo que hace al acto identificado con el número 1, pues el impetrante aduce que el juez responsable niega la posibilidad de llevar a cabo una terminación anticipada del proceso. De conformidad con la disposición invocada, el juicio de amparo es improcedente cuando se promueva contra actos o resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra los cuales proceda algún recurso o medio de defensa ordinario dentro del procedimiento, siempre que mediante su interposición se puedan modificar, revocar o nulificar. De ahí es donde se desprende el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, el cual consiste en la obligación de la parte quejosa de agotar, previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho que el juicio de amparo, es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo. En esos términos se pronunció el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis número I.8o.C.15 K, de contenido: "RECURSOS ORDINARIOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICION DEL AMPARO CUALQUIERA QUE SEA LA ETAPA EN QUE SE HAYA DICTADO LA RESOLUCION RECLAMADA. La fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, se refiere al agotamiento del recurso ordinario dentro del procedimiento, previamente a la interposición del juicio de garantías. La expresión "dentro del procedimiento" se refiere a cualquier procedimiento en que se haya dictado la actuación reclamada, independientemente de que tal acto se haya dictado en la etapa de ejecución, puesto que, dicho dispositivo debe entenderse en el sentido de que el recurso o medio ordinario de defensa se dé dentro del procedimiento (cualquiera que éste sea, verbigracia el principal, de ejecución, incidental, etc.) en que se haya emitido la resolución reclamada, para que el afectado se halle en necesidad de agotarlo previamente a la promoción del juicio de garantías" Entonces, tratándose de resoluciones emitidas dentro de un procedimiento de índole jurisdiccional, ventilado ante tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, existe la obligación de agotar los medios ordinarios de defensa en su contra, previo a ocurrir a la justicia federal en demanda de amparo, en el entendido que de no hacerlo será declarada improcedente la acción constitucional. En el caso que nos ocupa, el quejoso se duele, del acuerdo de veinticuatro de noviembre de la anualidad, emitido en la capeta 412/2021 del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México, donde se señaló fecha para la audiencia intermedia en donde se pronunciaría respecto a su solicitud de procedimiento abreviado, pues el impetrante aduce que niega la posibilidad de llevar a cabo una terminación anticipada del proceso, por lo que es evidente que es parte formal y material dentro del procedimiento del cual deriva la determinación combatida, de ahí que antes de acudir al presente juicio constitucional está obligado a agotar los medios de defensa ordinarios procedentes dentro del expediente natural. Bajo el esquema apuntado, el artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, legislación que regula el procedimiento del cual emana el acto reclamado, prevé como medio de defensa el recurso de apelación, el cual procede contra la negativa de abrir el procedimiento abreviado, como en el caso sucede con la emitida en la carpeta administrativa en cita. Al efecto dicho dispositivo establece: "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." Entonces, a través de dicho medio ordinario de defensa puede lograrse la revocación, modificación o nulificación de la determinación que ahora se combate, por lo que, si no hizo valer sus derechos a través de esa vía, resulta incuestionable que no puede acudir a la extraordinaria del juicio de amparo, por no haberse agotado el principio de definitividad que lo rige. Por otra parte, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación al acto que atribuye a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación General de Litigación, que consiste esencialmente en la abstención de acordar la solicitud de aperturar el procedimiento abreviado, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1 fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos y omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; . "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad, responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. ." Del análisis de los preceptos transcritos se advierte que la procedencia del juicio de amparo exige que en éste se impugnen actos que provengan de autoridad, teniendo tal carácter la que ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria u omita el acto que de realizarse afectaría derechos en los términos antes descritos. Asimismo, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable siempre que sus actos sean unilaterales e imperativos y que, desde luego, creen, modifiquen o extingan una situación jurídica que afecte a un particular; además, deben realizarse por un particular en un plano de supra o subordinación en relación con otro, en auxilio o cumplimiento de un acto de autoridad. En ese orden de ideas, en caso de que el acto u omisión reclamados no se relacione con una vulneración a derechos humanos por parte de una autoridad que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, el juicio de amparo será improcedente, ya que el problema jurídico quedará al margen de su objeto, esto es, someter a control constitucional actos de autoridad. Por ello, para que una controversia sobre las posibles violaciones a derechos fundamentales pueda analizarse a través del juicio de amparo, es indispensable que provengan de una autoridad o de un particular que ejerzan actos equivalentes, cuyas funciones estén determinadas por una norma general. La definición del concepto "autoridad responsable" a que se refiere el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, ha sido delimitada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como se puede observar en la tesis P. XXVII/97, cuyo rubro es el siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Este último tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Carta Magna establece una serie de derechos como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. Ahora bien, en el presente caso, resulta relevante precisar el contenido del numeral 105, fracción V, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 105. Sujetos de procedimiento penal Son sujetos del procedimiento penal los siguientes: I. La víctima u ofendido; II. El Asesor jurídico; III. El imputado; IV. El Defensor; V. El Ministerio Público; VI. La Policía; VII. El Órgano jurisdiccional, y VIII. La autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Los sujetos del procedimiento que tendrán la calidad de parte en los procedimientos previstos en este Código, son el imputado y su Defensor, el Ministerio Público, la víctima u ofendido y su Asesor jurídico." Lo anterior, pone de manifiesto la actualización indudable de la causal de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5, fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral; consecuentemente, le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo. Ilustra lo anterior por identidad de contenido jurídico, la jurisprudencia 1a./J. 34/2020, registro 2022071, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 239, Materias(s): Penal, Común, Décima Época, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA DE MANERA MANIFESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 5, FRACCIÓN II (INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU) AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA NEGATIVA DE LOS AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO, DE REDUCIR LA PENA PREVISTA PARA EL DELITO DE QUE SE TRATE DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL ABREVIADO. Hechos: El Pleno de Circuito y el Tribunal Colegiado contendientes, arribaron a criterios distintos en relación a si la demanda de amparo en la que se reclama la negativa del Ministerio Público de reducir la pena mínima prevista para el delito de que se trata, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, debe desecharse de plano por actualizarse una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determina que los juzgadores federales deben declarar la improcedencia del juicio y desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando el acto reclamado consiste en la determinación del Ministerio Público que niega reducir la pena mínima para el delito de que se trate, durante la tramitación del procedimiento especial abreviado, como forma de terminación anticipada del procedimiento penal, en términos de los artículos 201 y 202 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Justificación: De conformidad con las reglas contenidas en la Ley de Amparo, los órganos de control constitucional se encuentran obligados a examinar integral y exhaustivamente la demanda de amparo y, entre otras alternativas, si fuese el caso de la existencia de una causa manifiesta e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Con base en ello, tratándose del acto reclamado mencionado, se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por los artículos 61, fracción XXIII en relación con el diverso 5o., fracción II (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de la materia, al no tratarse de un genuino acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, puesto que el numeral 105, fracción V, último párrafo, del mencionado código procesal, reconoce al Ministerio Público como sujeto del procedimiento penal acusatorio y oral, consecuentemente le otorga la calidad de parte en todos los procedimientos previstos en el mencionado cuerpo normativo." Por tanto, lo procedente es desechar la demanda de mérito por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el lugar en que se encuentra recluido. Con relación a los correos electrónicos que proporciona, se tienen por señalados a fin de que este juzgado establezca contacto en los casos en que se estime necesario. Asimismo, por autorizadas a las personas que refiere en términos amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintiuno de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, la remita de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través de correo electrónico oficial y/o institucional. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser atendido por el Secretario encargado del asunto, siendo este: 5553870500, extensión 1238, dentro de un horario de las siete horas con cuarenta y cinco minutos a las trece horas con cuarenta y cinco minutos, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al trámite del presente asunto. También, se les informa que, previo a comparecer a recibir algún documento, valor o copias relacionadas con el presente asunto, deberán comunicarse con el personal del Juzgado vía telefónica al número y extensión indicado en párrafos anteriores, a fin de acordar un día y hora de entrega, atendiendo al horario fijado en el Acuerdo General 25/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID- 19, con relación al periodo de vigencia, para laborar de manera presencial (7:45 a.m. a 13:45 p.m.) y, posteriormente, deberá realizar una cita en la AgendaOJ que refiere dicho acuerdo, el día indicado por personal adscrito. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se instruye al personal operativo la oportuna digitalización de manera legible de las constancias que integren el presente asunto; y a los Secretarios y Actuarios, supervisar y dar fe que el expediente electrónico coincida fielmente con el impreso, así como, en la versión pública y listas de publicación, respectivamente, supervisar que se cumpla con la protección de datos personales conforme lo anotado en el párrafo precedente. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 22 fracción I del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea. Notifíquese personalmente a la parte quejosa en el lugar en que se encuentra recluido.
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