Raúl Palacios Zaragoza
Expediente 806/2017 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 806/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 23/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raúl Palacios Zaragoza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
MESA V.- Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa recurriera la resolución de treinta de octubre del año en curso (fojas 63 a 68), que sobreseyó el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En vista de lo anterior, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, se ordena archivar el presente asunto como concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto vigésimo primero, ambos del capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se trata de un asunto que se sobreseyó; además, a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en los cuadernos incidentales. En ese orden, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo y décimo tercero, todos del capítulo tercero y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; por lo cual, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el presente sumario al Centro Archivístico Judicial.
- Incidental
MESA V.- Visto el estado de autos y tomando en consideración que en esta fecha en el expediente principal del que deriva la presente incidencia, se ordenó el archivo definitivo, se acuerda: Se determina que este expediente es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción III, del punto vigésimo primero, capítulo quinto, de dicho acuerdo, ya que se concedió la suspensión provisional; por lo que en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de la medida cautelar y se destruirán el resto por considerar que no tienen relevancia documental para su conservación. Ahora, tomando en consideración que el presente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de aquél, una vez transcurridos seis meses a esta fecha, previo cumplimiento a los requisitos establecidos en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del citado acuerdo. Asimismo, como lo disponen los puntos décimo, fracción I, décimo primero, segundo párrafo, y décimo tercero, todos del capítulo tercero, y vigésimo quinto, del capítulo quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno y una vez que trascurran tres años, deberá transferirse el presente cuaderno incidental al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA.. V. .S E N T E N C I A V I S T O S para resolver el juicio de amparo 806/2017-V-A; R E S U L T A N D O: PRIMERO. RECEPCIÓN DE DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta Ciudad y remitido por razón de turno el mismo día, a la Oficialía de Partes de este Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (foja 1), ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que se especifican en la demanda de amparo. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS TRASGREDIDOS. La parte quejosa señaló como prerrogativas fundamentales violadas las contenidas en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO.- TRÁMITE DE LA DEMANDA. El veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo y se radicó con el número 806/2017-V-A; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede, y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Federal de la República; 37, de la Ley de Amparo y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda vez que a decir de la parte quejosa, el acto reclamado deriva de un asunto penal y tendrá ejecución dentro de la demarcación territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción en términos del punto cuarto, fracción VII, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman y señalar las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados. En ese tenor, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados en esta vía constitucional son: LA ORDEN DE PRESENTACIÓN. LA ORDEN DE DETENCIÓN. LA EJECUCIÓN DE TALES ÓRDENES. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTOS RECLAMADOS Y AUTORIDADES RESPONSABLES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 111/2008, determinó que si durante el trámite del juicio el juzgador decreta la inexistencia de una autoridad responsable y esa circunstancia se determina en un acuerdo previo a la celebración de la audiencia respectiva, no procede decretar el sobreseimiento de los actos reclamados, ya que con tal declaratoria ha quedado fuera del juicio, tan es así que en ese supuesto no se requiere su informe justificado ni se le notifican los actos realizados durante la tramitación del juicio; por lo que es innecesario pronunciarse en la sentencia respecto a los actos que se le imputan. Caso contrario ocurre si durante la tramitación del juicio, pese a la inexistencia de la autoridad señalada como responsable, el juzgador omite hacer un pronunciamiento previo a la celebración de la audiencia, ya que en ese caso, al analizar la certeza de los actos, en los considerandos y resolutivos de la sentencia tendrá que declarar la inexistencia tanto de los actos como de la autoridad responsable correspondiente. Bajo esa perspectiva, y atendiendo a los motivos expresados en la jurisprudencia destacada, este órgano de control constitucional pone de manifiesto que acorde a las razones asentadas por las fedatarias de la adscripción el veintinueve de septiembre y tres de octubre del año en curso, así como lo manifestado por el Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública en representación del Secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México (fojas 17, 30 y 48), se conoce que las potestades que el quejoso denominó como "JEFE DE LA POLICÍA INVESTIGADORA EN LA CIUDAD DE MÉXICO, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITO A LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL GAM-4 TITULAR DE LA UNIDAD CUATRO SIN DETENIDO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y DIRECTOR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO", son inexistentes; por ende, menos pueden existir los actos reclamados. Por otra parte, se destaca que la demostración del acto reclamado es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las probanzas idóneas, por ende, cuando la autoridad responsable niega su existencia, corresponde a la parte quejosa aportar los medios de convicción tendentes a demostrar lo contrario. Es de exacta aplicación la jurisprudencia 553, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, página 368, que dice: ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO. En el juicio de amparo indirecto, la parte quejosa tiene la carga procesal de ofrecer pruebas para demostrar la violación de garantías individuales que alega, ya que, el que interpone una demanda de amparo, está obligado a establecer, directamente o mediante el informe de la autoridad responsable la existencia del acto que impugna y a justificar, con pruebas, que dicho acto es inconstitucional, aunque, incluso, las autoridades responsables no rindan su informe justificado, caso en el cual, la ley establece la presunción de la existencia de los actos, arrojando en forma total la carga de la prueba al peticionario de garantías, acerca de la inconstitucionalidad de los actos impugnados. Sobre esa base, las autoridades cuya existencia quedó determinada en autos, negaron la existencia de los actos que les fueron reclamados, sin que la parte quejosa ofreciera prueba alguna que desvirtuara esas negativas. Bajo esa óptica, procede SOBRESEER el juicio de amparo en términos de lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 310, sustentada por el anterior Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos nueve, Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Por lo que hace a los alegatos que formula la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita, no forman parte de la litis en este juicio constitucional, sino sólo constituyen opiniones o conclusiones lógicas que no tiene la fuerza procesal que la propia ley reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede tornarse una obligación para este órgano de control constitucional abordar su estudio. Al caso cobra aplicación la tesis aislada I.1o.T.5 K, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Octubre de 1995, Materia Común, página 576, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." CUARTO. CAPTURA SISE. En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo, del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena al Secretario supervise que la Analista Jurídico Especializada encargada del aludido sistema, capture la presente resolución, y a fin de corroborar que se llevó a cabo lo anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63 y 75, de la Ley de Amparo vigente; se, R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE el juicio de amparo promovido por ******************** contra los actos precisados en el Considerando Segundo, por los motivos expuestos en el diverso Tercero de este fallo. SEGUNDO. De conformidad con lo expuesto en el último considerando, se ordena al Secretario supervisar la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregar la constancia que así lo acredite a los presentes autos
- Principal
MESA V. Visto el estado procesal de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que para el día de hoy se encuentra programada la celebración de la audiencia constitucional del juicio; sin embargo, es imposible su desahogo en virtud de que el suscrito se encuentra Encargado del Despacho, en términos del numeral 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por ende, carece de facultades para dictar la sentencia respectiva. En consecuencia, la celebración de la audiencia de mérito se difiere y se fijan las trece horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo. Por otra parte, de una interpretación sistemática de los artículos 26, fracción II, de la Ley de Amparo, el cual hace referencia a las notificaciones vía oficio, así como los diversos 28, 29 y 30, del mismo ordenamiento, que prevén las notificaciones para acuerdos de trámite de menor trascendencia, procede notificar por lista a las autoridades responsables a efecto de que queden enterados del contenido del presente auto. ...
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