Raúl Palacios González
Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 2 de julio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 69/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 02/07/2019
Partes del expediente
- Raúl Palacios González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Toluca, Estado de México; dos de julio de dos mil diecinueve. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso no se inconformó dentro del plazo previsto en el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, contra el proveído de treinta de mayo de dos mil diecinueve, en el cual se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto; por tanto, se tiene por consentido, para los efectos legales conducentes. Ahora, visto el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente asunto es susceptible de depuración, pues en este juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal (punto vigésimo primero, fracción IV, párrafo primero del citado acuerdo). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo de las disposiciones generales, inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este Juzgado de Distrito el presente sumario carece de relevancia documental y, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
II. Toluca, Estado de México; treinta de mayo de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Jueza Penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, devuelve diligenciado el exhorto 135/2019-II, relativo al juicio de amparo 69/2019-II. Atento su contenido, téngase por notificado al quejoso del auto de doce de abril de dos mil diecinueve; a la autoridad oficiante acúsese el recibo de estilo y en el Libro de Gobierno asiéntense las anotaciones correspondientes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en auto de doce de abril la anualidad, para que manifestara lo que a su derecho conviniera con la forma en que las autoridades responsables Juez de Ejecución de Sentencia del Distrito Judicial de Texcoco, así como al Director y Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, a fin de establecer el correcto o incorrecto cumplimiento otorgado a la sentencia de amparo, es necesario precisar lo siguiente: El presente juicio se promovió por Raúl Palacios González, contra el traslado del Centro Preventivo y Reinserción Social de Texcoco, Estado de México al diverso Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México, ejecutado el cinco de abril de dos mil dieciocho, precisando en sentencia que el acto reclamado consistía en la resolución de cinco de abril de dos mil dieciocho, emitida por la Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, a través de la cual convalido de legal el traslado del Centro Preventivo y Reinserción Social de Texcoco, Estado de México al diverso Centro Preventivo y de Reinserción Social de Tenango del Valle, Estado de México. Mediante sentencia dictada por este juzgado, el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para que el Juez de Ejecución de Sentencias del Distrito Judicial de Texcoco, Estado de México, dejara insubsistente la resolución de diez de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 35/2016 y en su lugar, dictará la resolución correspondiente, en la que se pronunciara de manera fundada y motivada respecto a la convalidación del traslado del quejoso Raúl Palacios González, y se la notificara de manera personal. En proveído de veintisiete de marzo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal y se requirió a las autoridades responsables, para que dieran cumplimiento. Mediante oficio recibido el cinco de abril de dos mil diecinueve, por medio del correo electrónico oficial 2jdo2ctoac@correo.cjf.gob.mx, la autoridad responsable ordenadora remitió la resolución de cinco de abril de dos mil diecinueve, en la que dejó insubsistente la diversa de diez de abril de dos mil dieciocho, dictada en el expediente 35/2016 y en su lugar se pronunció de manera fundada y motivada respecto a la convalidación del traslado del quejoso Raúl Palacios González, determinando no convalidarlo. Razón por la cual, las autoridades ejecutoras comunicaron que el nueve de abril del año en curso, el quejoso fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco. Por tanto, resulta evidente que los efectos de la sentencia de amparo fueron satisfechos por las responsables, en los términos indicados por este órgano jurisdiccional. Bajo esas condiciones, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo se declara cumplida la ejecutoria de amparo, por las consideraciones expuestas en párrafos precedentes. Finalmente, considerando que el quejoso fue trasladado en forma definitiva al centro de reclusión de Texcoco, el cual se encuentra fuera del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juzgado Penal de Primera Instancia de Texcoco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique el presente proveído al quejoso Raúl Palacios González en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciban el exhorto, lleve a cabo la diligencia de mérito en los términos anteriormente estipulados. Finalmente, remítase la comunicación oficial de mérito, a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente toda vez, que el mismo se genera en el momento de envió. Notifíquese.
- Principal
II Toluca, Estado de México; doce de abril de dos mil diecinueve. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos los oficios de cuenta a través de los cuales el Director y el Jefe de Vigilancia, ambos del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, comunican la forma en que dan cumplimiento a la ejecutoria de amparo; asimismo, agréguese la razón signada por el Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, en la que manifiesta la imposibilidad de notificar la determinación de ocho de abril de dos mil diecinueve, a la parte quejosa Raúl Palacios González, por los motivos ahí expuestos. En términos de lo dispuesto en los artículos 161 y 212 de la legislación procesal civil invocada, al tratarse de las actuaciones de un funcionario investido de fe pública, lo asentado en sus razones corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe, por lo que se da veracidad a lo manifestado en la diligencia de mérito. Al caso es aplicable, la jurisprudencia publicada en la página 265 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, mayo de 1995, materia común, novena época, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PUBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." Ahora, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple de los oficios de cuenta y el recibido vía electrónica el cinco de abril del presente año, suscrito por la Juez del Juzgado de Ejecución del Judicial de Texcoco, Estado de México, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las autoridades dan cumplimiento al fallo protector, apercibida que de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Por tanto, considerando que de la razón de cuenta se aprecia que el quejoso fue trasladado en forma definitiva al centro de reclusión de Texcoco, el cual se encuentra fuera del territorio donde este juzgado ejerce jurisdicción, en términos de los artículos 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, envíese atento exhorto al Juzgado Penal de Primera Instancia de Texcoco, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado, inclusive en días y horas inhábiles, notifique los oficios de cuenta y el recibido vía electrónica el cinco de abril del presente año, suscrito por la Juez del Juzgado de Ejecución del Judicial de Texcoco, Estado de México, así como el presente proveído y el diverso de ocho de abril de dos mil diecinueve, al quejoso Raúl Palacios González en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Texcoco, Estado de México. Se solicita atentamente al juez exhortado que con independencia de la fecha en que reciban el exhorto, lleve a cabo la diligencia de mérito en los términos anteriormente estipulados. Finalmente, remítase la comunicación oficial de mérito, a través de la plataforma virtual Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo correspondiente toda vez, que el mismo se genera en el momento de envió. Notifíquese.y da fe.
- Principal
II Toluca, Estado de México; ocho de abril de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta a través del cual la Juez del Juzgado de Ejecución del Judicial de Texcoco, Estado de México, comunica la forma en que da cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia simple del oficio de cuenta y los presentados el veintinueve de marzo y dos de abril ambos del presente año, respecto a los oficios suscritos por el Director General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México y del Encargado de la Dirección de Seguridad y Operación en la Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Estado de México, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga en relación con la forma en que las autoridades dan cumplimiento al fallo protector, apercibida que de ser omisa, se resolverá sobre el particular, con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Con apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia publicada con el número 247, que se aprecia en la página 203, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 917781, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA).- La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
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