Raúl Pacheco Román

Expediente 1245/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 28 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1245/2020
Año
2020
Actuaciones
28
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Claudia Vanesa Orozco Camarillo
  • Raúl Pacheco Román
  • José de Jesús Pacheco Román
  • José de Jesús Pacheco Román y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 28.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2°, de ésta, se acuerda: Causa estado acuerdo. De la certificación secretarial que antecede, así como del estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes en dicho plazo haya recurrido el acuerdo dictado el diecinueve de agosto de dos mil veintiuno; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que el proveído de mérito HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Destino del cuaderno principal. Asimismo, como no existen constancias pendientes de agregarse al presente expediente, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del citado acuerdo general. De igual forma, se destaca que en el presente asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo solicitado, por lo que es susceptible de destrucción una vez transcurridos tres años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general conjunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Visto lo de cuenta se provee: revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario, se aprecia que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado ***, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificado el catorce de julio de la presente anualidad. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado el siete de julio de dos mil veintiuno, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo ***, atento a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputada por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciante, se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, o bien, expresar los motivos que lo imposibilitaran para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados, en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual manera tiene aplicación la Tesis P./J. 23/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las trece horas del veinte de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Visto lo de cuenta se provee: revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario, se aprecia que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado ***, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificado el catorce de julio de la presente anualidad. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado el siete de julio de dos mil veintiuno, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo ***, atento a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputada por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciante, se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, o bien, expresar los motivos que lo imposibilitaran para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados, en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual manera tiene aplicación la Tesis P./J. 23/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las trece horas del veinte de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO. EN VIRTUD DEL AVISO DEJADO A LA PARTE PROCESAL QUE SE INDICA, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA JOSÉ * LA DETERMINACIÓN DE DIECINUEVE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SINTESIS DICE: Zapopan, Jalisco, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Visto lo de cuenta se provee: revisadas que fueron las actuaciones del presente sumario, se aprecia que en proveído de siete de julio de dos mil veintiuno, se requirió a la parte quejosa para que dentro del término de veinte días a que alude el numeral 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, compareciera ante este tribunal a efecto de recibir los edictos para emplazar al tercero interesado ***, así como acreditar haber pagado su publicación y exhibir los comprobantes correspondientes, sin que hubiere acudido a recoger los mismos para gestionar su divulgación, ni manifestó el impedimento legal o material que le asiste el hacerlo, no obstante haber sido notificado el catorce de julio de la presente anualidad. En consecuencia, al no haberse presentado la parte quejosa a recibir los edictos ordenados, se hace efectivo el apercibimiento decretado el siete de julio de dos mil veintiuno, por lo que, con fundamento en el artículo 63 fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), y 5, fracción III, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo ***, atento a los siguientes razonamientos: En efecto, en la especie se concluye que en el presente asunto ha ocurrido una causa manifiesta, notoria e indudable que impone necesariamente sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia; ello en virtud de que, como se evidencia, se actualiza en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 63, fracción II, en relación con los artículos 27 fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, por tanto, no existe razón para que se continúe con el trámite del juicio. Se afirma lo anterior, porque se aprecia que el motivo de improcedencia del juicio constitucional que se invocará a continuación, es decir, la situación de hecho o de derecho que hace imposible o innecesario realizar el estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, es manifiesto, debido a que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de las constancias que integran este cuaderno de amparo; e indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Es aplicable al respecto la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE1.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería 1 Integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Por otro lado, cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Conviene apuntar brevemente que el sobreseimiento es la figura jurídica procesal en la que el Juez de Distrito, particularmente en el juicio de amparo, con apoyo en las normas jurídicas constitucionales, legales o jurisprudenciales, resuelve abstenerse de analizar la violación constitucional imputada por la parte quejosa a la autoridad responsable, y le da fin al juicio, sin entrar al análisis del fondo de la litis constitucional, por la ausencia de alguno de sus elementos constitutivos fundamentales. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de la audiencia constitucional, procede siempre que la causal que sirva de apoyo para emitir la resolución correspondiente sea manifiesta e indudable y que además de que las pruebas aportadas al sumario por el peticionario de amparo, no altere el resultado del fallo, lo que está legalmente permitido por encontrarse previsto en la ley de la materia. Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida; además de que dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado, de tener en cuenta que aún puede hacer valer el recurso legal en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley de la materia para combatir el auto que sobresee. Corolario de lo expuesto, obligar al Juez de Distrito a esperarse a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese tenor, se tiene que en la especie, como ya se indicó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes mencionada, en atención a las consideraciones que se verán. Cierto, el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que disciplina los supuestos en que debe ordenarse la notificación personal, entre otros, el del tercero interesado; empero, cuando no conste en autos domicilio del tercero interesado, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, previa razón en autos del diligenciante, se dará cuenta al Juez a fin de que se dicten las medidas necesarias con el propósito de investigar el citado domicilio; si a pesar de esa investigación no se llega a conocer su paradero, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo que se sigue que si una vez agotada la investigación de mérito y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero interesado por medio de edictos a costa del quejoso y éste no acude a recibirlos, ni paga su publicación, ni exhibe ésta, ello implica que la litis constitucional no llega a integrarse, ante la renuencia del accionante constitucional. Así es, el emplazamiento del tercero interesado permite tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, y así, éste se condiciona a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos, o bien, manifieste la imposibilidad que tiene para ello, por lo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio constitucional a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio de amparo, por falta de integración. En ese tenor, tomando en cuenta las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el emplazamiento al juicio constitucional de una de las partes contendientes constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, atribuible al quejoso por la falta de pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo juicio de amparo, pues constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. De ahí que, si como en el caso sucede, la parte quejosa fue omisa en cumplir con el requerimiento que se le hizo para gestionar la publicación de los edictos que fueron ordenados en autos, a fin de lograr el emplazamiento en mención, o bien, expresar los motivos que lo imposibilitaran para tal efecto, denotando así un desinterés en la prosecución de presente juicio de garantías, que conlleva la paralización del procedimiento el cual es de orden público, motivo suficiente para que se actualice la causa de improcedencia invocada, por lo que con los fundamentos antes citados, en relación con lo dispuesto en la fracción II del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia en el juicio constitucional en que se actúa. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor2: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en 2 Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 211, julio de 2002, Tomo XVI, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." De igual manera tiene aplicación la Tesis P./J. 23/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de texto y rubro siguiente: "EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. EL JUZGADOR NO ESTÁ OBLIGADO A IMPONER MEDIDAS DE APREMIO AL QUEJOSO POR INCUMPLIR LA CARGA PROCESAL DE REALIZAR LAS GESTIONES NECESARIAS PARA LA PUBLICACIÓN DE LOS EDICTOS QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 30, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013. Si se parte de que las cargas procesales son de naturaleza distinta a los deberes procesales, debe admitirse que los efectos de la insatisfacción de las primeras produce una consecuencia desfavorable que perjudica el interés del propio quejoso, sin que pueda obligársele a cumplir la carga procesal; entre tanto, ante el incumplimiento de un deber procesal, el juzgador puede hacer cumplir su determinación mediante coacción, o sea, imponiendo medidas de apremio. En esa tesitura, la determinación relativa a que el quejoso realice las gestiones necesarias para el emplazamiento por edictos al tercero perjudicado constituye una carga procesal, en el entendido de que, en caso de darle satisfacción, provocaría una situación jurídica favorable para su interés dentro del proceso constitucional, pues impulsará la continuación del juicio de amparo; mientras que la omisión de cumplir esa carga, únicamente lo colocaría en una situación de desventaja por la posibilidad de que, eventualmente, se sobresea en el juicio de amparo por actualizarse una causa de improcedencia. Por tanto, sin menoscabo de reconocer que, en relación con la carga procesal contenida en el precepto citado, el juzgador de amparo debe ponderar las particularidades del caso para que, si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir el costo de los edictos, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes para demostrar que no tiene la capacidad económica para sufragarlos, entonces pueda determinarse que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, los publique para emplazar al tercero perjudicado, lo cierto es que, de subsistir la indicada carga procesal y frente al incumplimiento de la determinación ordenada en autos relativa a que el propio quejoso realice las gestiones necesarias para emplazar al tercero perjudicado a través de los edictos, aquél no está en posibilidad y, por mayoría de razón, no está obligado a imponer al quejoso medida de apremio alguna; por lo que en tal escenario, sólo cabe que dicho juzgador lo aperciba para que, en caso de no cumplir sin causa justificada la indicada carga procesal, se sobresea en el juicio respectivo, con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los diversos 5o., fracción III y 30, fracción II, todos de la Ley de Amparo abrogada, así como 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es, las trece horas del veinte de agosto de dos mil veintiuno. Notifíquese; y, personalmente.

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