Raúl Ortíz Vega

Expediente 1099/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1099/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
03/12/2018

Partes del expediente

  • Raúl Ortíz Vega

Actuaciones

  1. Principal

    Agrego al expediente el primer escrito del quejoso +¿++, por el cual interpone recurso de queja y en uno diverso formula agravios contra el proveído de veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual se desechó la demanda de amparo (fojas 27 a 30). Entonces, con fundamento en los artículos 97 fracción I inciso a), 98, 99 y 100, de la Ley de Amparo, declaro interpuesto dicho recurso. Por consiguiente, ordeno remitir una copia del escrito de interposición, el original del escrito de agravios, la copia certificada del instrumento notarial y copias del presente asunto, al Encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Sexto Circuito, a fin de que turne el recurso al órgano que deba substanciarlo. Además, descarto lo establecido en el artículo 101 de la ley de la materia (dar vista a las partes con el recurso de mérito) porque en el presente juicio deseché la demanda de amparo . Por lo que desde este acuerdo, rindo el informe sobre el recurso de queja en los términos siguientes : ES CIERTO EL ACTO MATERIA DE LA QUEJA, porque el veintitrés de noviembre del año en curso, deseché la demanda de amparo por la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XI, de la Ley de Amparo, que descansa en la figura de la cosa juzgada. Justifico lo anterior en las copias certificadas del referido acuerdo, que remitiré a la superioridad con las demás que estime necesarias, para la debida sustanciación del recurso de queja. En último lugar, dejo establecido que es innecesario notificar al quejoso en forma personal, el contenido de este acuerdo, porque el sentido del mismo implica que se tuvo interpuesto su recurso de queja. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Recibo la demanda de protección de derechos fundamentales signada por el quejoso + por derecho propio, contra actos del Agente del Ministerio Público encargado de la Mesa Dos de Investigación Especializada del Sistema Tradicional y otra autoridad. En consecuencia, ordeno formar expediente, registrarlo en el libro de gobierno respectivo con el número que corresponda, y efectuar las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Ahora, el numeral 113 de la Ley de Amparo me impone la obligación de revisar la demanda de protección, ya que de existir una causa manifiesta de improcedencia debe emitirse un acuerdo de desechamiento de plano. Esa hipótesis normativa el desechamiento de plano por una causa de improcedencia se actualiza frente a la demanda que suscribe el quejoso + Para demostrarlo, considero necesario indicar que el reclamo planteado por el quejoso, comprende omisiones de investigación y la falta de supervisión a la averiguación + en la cual denunció hechos relacionados con el delito de aborto, pendientes de esclarecimiento hasta la fecha según lo manifestó aquél. Sin embargo, esos actos convergen a los mismos que reclamó el quejoso en el diverso juicio de amparo + tramitado en el órgano a mi cargo Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. Juicio de amparo + que invoco en este acuerdo como hecho notorio, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Luego considero que se actualiza la causal de improcedencia que descansa en la figura de la cosa juzgada. Ello, porque la revisión judicial efectuada al expediente constitucional + me permitió detectar un reclamo anterior del quejoso contra la inactividad en la misma averiguación + Pero además debo indicar que el reclamo de esos actos lo consideré improcedente, porque advertí la falta de legitimación del quejoso en la citada indagatoria. Así lo resolví en la sentencia del referido juicio constitucional, en particular donde establecí "Ahora, de las constancias de la citada indagatoria se advierte que el quejoso acudió ante la representación social en calidad de denunciante de los posibles hechos constitutivos del delito de aborto, pues fue quien se encargó de dar noticia a la representación social sobre la comisión de los hechos. Sin embargo, dicha circunstancia de ningún modo le otorga el carácter de víctima u ofendido dentro de la indagatoria, porque los hechos denunciados de ninguna manera le ocasionan un daño físico, una pérdida financiera o el menoscabo de sus derechos fundamentales, pues sobre él en nada recayó la conducta delictiva. Lo cual evidencia la causal de improcedencia que se refiere a la falta de legitimación en la causa, pues la inactividad procesal reclamada dentro de la averiguación previa + en nada le causa un agravio personal y directo que deba ser analizado en este juicio constitucional, pues de ninguna manera le reviste el carácter de víctima u ofendido dentro de la citada indagatoria". Consideraciones que me llevaron a determinar lo siguiente ".Por tanto, se concluye que el acto reclamado encuentra la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, dado que ninguna afectación causa a los intereses del quejoso, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 5 de la ley de la materia. En tales condiciones, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la legislación, dada la improcedencia materializada en el acto reclamado dentro de la averiguación previa + imputado al Director de Agencias del Ministerio Público Zona Metropolitana Norte". Decisión que alcanzó el rango de ejecutoria, porque el quejoso omitió recurrir la improcedencia decretada con la causal de falta de legitimación, como se desprende del acuerdo de dieciocho de octubre de dos mil dieciséis que pronuncié en el citado juicio constitucional 1040/2016. Todo lo anterior me conduce a declarar en este acuerdo, la improcedencia de la acción de derechos fundamentales, por la causal prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que descansa en la figura de la cosa juzgada. De hecho, porque la demanda de amparo con la cual se originó este juicio, contiene un reclamo del quejoso contra la misma inactividad en la averiguación + y una falta de supervisión para integrarla que de ninguna forma puede intentar debido a la improcedencia decretada en el referido juicio constitucional. Sobre todo porque la falta de legitimación del quejoso respecto de la citada indagatoria, persiste hasta la fecha dado que nunca la impugnó y los datos que expuso en la demanda de amparo la origen de este asunto corroboran que hasta la fecha carece de la posición de víctima u ofendido, porque su única participación fue como denunciante cuando informó los hechos relativos al delito de aborto, frente a la agente del Ministerio Público que señala como responsable. Por consiguiente, afirmo que el reclamo del quejoso en este asunto, es idéntico al planteado en el juicio citado + el cual ya resolví en una sentencia donde establecí la improcedencia por falta de legitimación, que alcanzó el rango de ejecutoria porque nunca fue recurrida. Se actualiza en consecuencia la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XI, de la Ley de Amparo, que dice "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XI. Contra normas generales o actos que hayan sido materia de una ejecutoria en otro juicio de amparo, en los términos de la fracción anterior...". Máxime que el reclamo planteado por el quejoso en este juicio, ya fue declarado improcedente en la ejecutoria del citado asunto constitucional + debido a la falta de legitimación que detecté en aquél porque sólo tuvo el carácter de denunciante, cuando inició la referida averiguación. De ahí la viabilidad de declarar la improcedencia en este asunto, pues ninguna circunstancia extraordinaria visualizo para descartar la causal invocada cosa juzgada pues en el diverso juicio constitucional esclarecí la falta de legitimación del quejoso, para reclamar actos de la referida indagatoria. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 113, en relación con la fracción XX del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, desecho de plano la nueva demanda de protección constitucional presentada por el quejoso, porque esta actualiza en forma manifiesta e indudable, la causal antes indicada cosa juzgada. Luego, ordeno agregar a este juicio, copias autorizadas de la sentencia y del acuerdo de ejecutoria dictados en el juicio de amparo + para respaldar la decisión que adopté en párrafos anteriores. Por otro lado, tengo como domicilio del quejoso para oír y recibir notificaciones, el que señaló en el escrito de demanda ubicado en la ciudad de Puebla. Asimismo, quedan autorizadas con facultades amplias en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las personas de nombre ++ porque aquél les confirió esas facultades y encontré el registro único de cédula profesional de los nombrados, en el registro de profesionales del derecho del Consejo de la Judicatura Federal. En tanto la diversa profesionistas designada por el quejoso, tendrá una autorización restringida en este juicio, porque carece de registro de cédula profesional en el referido sistema. Por otro lado, hago saber al quejoso que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Sin embargo, se le hace saber que las normas actuales en materia de información pública obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada, y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse las partes al proceso de fotocopiado, es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de estas, y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En relación con lo anterior, dejo establecido que la determinación se orienta en la tesis jurisprudencial cuyo rubro dice COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA. Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes FESE, procédase en su momento a la digitalización del presente asunto escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Por último, con fundamento en el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, informo al quejoso el derecho que le asiste para oponerse de manera expresa a la publicación de sus datos personales. Si omitiera manifestarse al respecto, de cualquier forma habrán de salvaguardarse los datos personales y la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información.

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