Raúl Ortiz Anaya
Expediente 79/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 04/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Raúl Ortiz Anaya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, cuatro de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 79/2019-I, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubieran recurrido la sentencia terminada de engrosar el siete de marzo de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que en dicha sentencia determinó en el primer resolutivo sobreseer y en el segundo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Ahora, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa, por consiguiente, de acuerdo al supuesto previsto en la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 79/2019-I-B, promovido por RAÚL ORTÍZ ANAYA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este Juzgado de Distrito, RAÚL ORTÍZ ANAYA por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 3 a 5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 7 a 10). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable y GNP Seguros, dado que ello, es motivo del diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 01/197/18-I, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir sus informes justificados (fojas 17 y 18). Al respecto, la junta responsable exhibió copia certificada de las constancias que obran en el expediente laboral 01/197/18-I; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la omisión combatida por la parte quejosa, consistente en llamar al expediente laboral a la parte demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la responsable. Así, del escrito de demanda de la parte quejosa, se advierte que impugnó la falta de emplazamiento de la citada parte demandada al juicio de origen. Por tanto, al estimar la parte quejosa que transcurrió en exceso el plazo otorgado por la Ley Federal del Trabajo para emplazar a dicha parte demandada, promovió juicio de amparo el veintidós de enero de dos mil diecinueve. Luego, al rendir el informe justificado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuaria adscrita, aceptaron la existencia de dicho acto reclamado y además, la primera de las citadas remitió copia certificada de las constancias del emplazamiento realizado a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 24). Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veintidós de enero de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emplazó a la mencionada parte demandada, esto es, el treinta de enero del año en curso. Con lo anterior, la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, que constituye el acto aquí reclamado, con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la obligación de agotar los medios para el emplazamiento de dicha persona moral. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la parte demandada fue emplazada al expediente burocrático de origen. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio por cuanto hace a dicho acto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Estudio del concepto de violación. Respecto de la falta de emplazamiento de la diversa demandada GNP Seguros, al no existir causales de improcedencia hechas valer, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que la parte quejosa formuló e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal no existiendo queja deficiente que suplir por los motivos que se explicarán más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Previo a continuar con el estudio de fondo del asunto debe señalarse que el acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el veintidós de enero de dos mil diecinueve; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada existía, pues en el juicio de origen no se ha logrado el emplazamiento de la diversa parte demandada GNP Seguros al juicio laboral 01/197/18. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1ª./J 36/98 de la Novena Época, sustentada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.". Ahora bien, de las constancias exhibidas por la responsable se advierte lo siguiente: Mediante auto de diecisiete de enero del año en curso, día señalado para el verificativo de la audiencia de ley, la autoridad responsable requirió a la parte actora dentro del juicio de origen para que en el término de tres días de conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, proporcionara los domicilios correctos donde deba ser legalmente notificada la parte demandada GNP Seguros. Por tanto, a la fecha en que se resuelve, no se aprecia que la audiencia bifásica se encuentre desahogada, pues de las constancias que obran en autos no obra prueba en contrario. Ha de precisarse que el emplazamiento de la aludida demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar a la demandada, cuando menos, con diez días de anticipación a la audiencia. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. Con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 y en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de los demandados, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. Sin embargo, en el caso concreto, el concepto de violación de la parte quejosa es infundado, toda vez que en auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al no estar debidamente preparada para el desahogo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el juicio de origen, ordenó su diferimiento, requiriendo a la parte actora en el juicio laboral, a efecto de proporcionar otro domicilio correcto en el cual pueda ser emplazada la demandada GNP Seguros. Atento a lo anterior, la responsable ha cumplido con el imperativo que le impone el artículo 771 de la ley laboral, con base en el cual cuidará bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, para lo cual dictará los acuerdos que correspondan hasta el dictado del laudo, toda vez que requirió a la parte actora, aquí quejosa a fin de que señalara otro domicilio para emplazar a la parte demandada. Por lo expuesto, se desprende que la omisión reclamada consistente en la falta de emplazamiento a la diversa demandada GNP Seguros, no es imputable a la Junta responsable, pues depende de la parte actora ahora quejosa, proporcionar un domicilio diverso al que obra en autos, para encontrarse en posibilidad de comisionar al actuario de su adscripción para que realice el emplazamiento a la parte demandada. Motivo por el cual, en el caso en particular la inacción que se reprocha a la responsable no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia que plantea la parte quejosa, al resultar evidente que ello deriva de la propia omisión en que ha incurrido la accionante, en tanto que la junta responsable por disposición expresa de la ley, no está facultada para actuar de oficio en la forma pretendida. De ahí que, al no encontrarse satisfecha la exigencia legal indicada (indicar domicilio para emplazar a la parte demandada) resulta lo infundado del concepto de violación, y procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad con ese carácter al no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, página 41, número de registro 210140 de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por RAÚL ORTÍZ ANAYA, respecto del acto consistente en la omisión de las autoridades responsables de emplazar a la parte demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable en el expediente burocrático 01/197/18-I, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a RAÚL ORTÍZ ANAYA, respecto de las autoridades y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy siete de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
AVISO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del siete de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 79/2019-I-B, promovido por RAÚL ORTÍZ ANAYA, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el veintidós de enero de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el día siguiente en este Juzgado de Distrito, RAÚL ORTÍZ ANAYA por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y otra autoridad (fojas 3 a 5). SEGUNDO. Trámite. Por auto de veinticuatro de enero de dos mil diecinueve se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado y se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (fojas 7 a 10). Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, carente de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La falta de emplazamiento de las demandadas en el juicio de origen Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable y GNP Seguros, dado que ello, es motivo del diferimiento de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el expediente laboral 01/197/18-I, del índice de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo manifestaron la Presidenta y Actuaria de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir sus informes justificados (fojas 17 y 18). Al respecto, la junta responsable exhibió copia certificada de las constancias que obran en el expediente laboral 01/197/18-I; documentales que ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causales de improcedencia. Al ser el estudio de las causales de improcedencia, una cuestión de estudio preferente, de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede su examen, respecto del acto reclamado consistente en la falta de emplazamiento de la parte demandada en el juicio de origen Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable. El artículo 61, fracción XXI, en comento es del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;..." Efectivamente, a juicio de este juzgador se actualiza dicha causal porque la omisión combatida por la parte quejosa, consistente en llamar al expediente laboral a la parte demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, ha cesado, toda vez que así se advierte de las documentales aportadas por la responsable. Así, del escrito de demanda de la parte quejosa, se advierte que impugnó la falta de emplazamiento de la citada parte demandada al juicio de origen. Por tanto, al estimar la parte quejosa que transcurrió en exceso el plazo otorgado por la Ley Federal del Trabajo para emplazar a dicha parte demandada, promovió juicio de amparo el veintidós de enero de dos mil diecinueve. Luego, al rendir el informe justificado la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos y actuaria adscrita, aceptaron la existencia de dicho acto reclamado y además, la primera de las citadas remitió copia certificada de las constancias del emplazamiento realizado a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable (foja 24). Las constancias de mérito, al haberse certificado por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tales condiciones, se puede concluir que con posterioridad al veintidós de enero de dos mil diecinueve, fecha de presentación de la demanda, la autoridad responsable emplazó a la mencionada parte demandada, esto es, el treinta de enero del año en curso. Con lo anterior, la autoridad responsable hizo que cesaran los efectos de la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, que constituye el acto aquí reclamado, con lo que se destruyeron todos sus efectos en forma total e incondicional. Lo anterior es así ya que al reclamar un acto negativo, se aborda su análisis por los efectos transgresores de derecho que genera, que en el caso concreto se traducen en la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable; y por ende, una eventual concesión de amparo tiene por efecto que la autoridad restituya en sus derechos violados al peticionario y para ello impondrá a la responsable la obligación de agotar los medios para el emplazamiento de dicha persona moral. Por lo que puede estimarse como resarcida la transgresión a la garantía de acceso a la justicia alegada, al haberse satisfecho en todos sus extremos la omisión combatida; puesto que la parte demandada fue emplazada al expediente burocrático de origen. La anterior consideración, encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IX, Junio de 1999, página 38 del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la jurisprudencia 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Página 210 del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Consecuentemente, al haber cesado los efectos del acto reclamado consistente en la omisión de emplazar a la demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de amparo, y se sobresee en el juicio por cuanto hace a dicho acto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Quinto. Estudio del concepto de violación. Respecto de la falta de emplazamiento de la diversa demandada GNP Seguros, al no existir causales de improcedencia hechas valer, ni advertir de oficio la actualización de alguna, se procede al estudio del fondo del asunto. Son infundados los conceptos de violación que la parte quejosa formuló e insuficientes para otorgarle el amparo y protección de la justicia federal no existiendo queja deficiente que suplir por los motivos que se explicarán más adelante. Para apreciar lo anterior, debe señalarse que conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1º y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES". Así, se aborda el principio de justicia pronta, que se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes. Previo a continuar con el estudio de fondo del asunto debe señalarse que el acto impugnado debe analizarse, por regla general, en atención a la fecha de presentación de la demanda de amparo, en el caso el veintidós de enero de dos mil diecinueve; para evitar que la sentencia se ocupe de actos posteriores y distintos de los que dan origen a la queja. En consecuencia, se advierte que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, la omisión reclamada existía, pues en el juicio de origen no se ha logrado el emplazamiento de la diversa parte demandada GNP Seguros al juicio laboral 01/197/18. La aludida regla general se funda en la jurisprudencia 1ª./J 36/98 de la Novena Época, sustentada en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN.". Ahora bien, de las constancias exhibidas por la responsable se advierte lo siguiente: Mediante auto de diecisiete de enero del año en curso, día señalado para el verificativo de la audiencia de ley, la autoridad responsable requirió a la parte actora dentro del juicio de origen para que en el término de tres días de conformidad con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, proporcionara los domicilios correctos donde deba ser legalmente notificada la parte demandada GNP Seguros. Por tanto, a la fecha en que se resuelve, no se aprecia que la audiencia bifásica se encuentre desahogada, pues de las constancias que obran en autos no obra prueba en contrario. Ha de precisarse que el emplazamiento de la aludida demandada es requisito sine qua non para el desahogo de la audiencia bifásica, sin perjuicio desde luego, que aun cuando una de las partes no esté emplazada acuda a la audiencia. Al respecto, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, impone a la Junta la obligación de emplazar a la demandada, cuando menos, con diez días de anticipación a la audiencia. Esto guarda relación con la garantía de certeza jurídica, en la medida que de nada sirve que la autoridad fije fecha para celebrar la audiencia de ley, si no notifica su determinación a quien corresponda, pues la ausencia de tal acto conlleva que no pueda celebrarse la audiencia y motiva su diferimiento, hecho que indudablemente repercute en la pronta impartición de justicia, pues impide la prosecución del juicio y alarga su substanciación, sin perjuicio desde luego, que operen los casos previstos por el artículo 874 de la legislación laboral, a saber, que las partes concurran a la audiencia o que el actor desista de las acciones intentadas en contra de los demandados que no hayan sido notificados; empero, tales supuestos son excepcionales y no pueden servir de fundamento para obviar la notificación a las partes. En estricto sentido, para cumplir con el principio de justicia pronta, la autoridad encargada de su impartición debe administrarla dentro de los términos y plazos que establezcan las leyes; lo que supondría que la autoridad laboral tendría que efectuar los actos procesales correspondientes al procedimiento del derecho del trabajo, forzosamente dentro de los plazos de ley. En contrapartida, la jurisprudencia 2a./J.48/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS", sustentó que una dilación u omisión en el procedimiento laboral, no necesariamente afectará de forma material el derecho sustantivo a la impartición de justicia, sino que únicamente lo hará, cuando implique una abierta dilación o su paralización total. Con base en la jurisprudencia 2a./J.48/2016 y en atención a la carga de trabajo, la autoridad pudiera efectuar un acto procesal, como es el emplazamiento de los demandados, no necesariamente dentro del plazo que la ley prevea para ello; pero no puede postergar la realización del acto de forma tal que obstaculice el derecho a la impartición de justicia, lo que ocurrirá al provocar una abierta dilación del procedimiento, o bien, su paralización total. Sin embargo, en el caso concreto, el concepto de violación de la parte quejosa es infundado, toda vez que en auto de diecisiete de enero de dos mil diecinueve la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al no estar debidamente preparada para el desahogo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones prevista en el juicio de origen, ordenó su diferimiento, requiriendo a la parte actora en el juicio laboral, a efecto de proporcionar otro domicilio correcto en el cual pueda ser emplazada la demandada GNP Seguros. Atento a lo anterior, la responsable ha cumplido con el imperativo que le impone el artículo 771 de la ley laboral, con base en el cual cuidará bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, para lo cual dictará los acuerdos que correspondan hasta el dictado del laudo, toda vez que requirió a la parte actora, aquí quejosa a fin de que señalara otro domicilio para emplazar a la parte demandada. Por lo expuesto, se desprende que la omisión reclamada consistente en la falta de emplazamiento a la diversa demandada GNP Seguros, no es imputable a la Junta responsable, pues depende de la parte actora ahora quejosa, proporcionar un domicilio diverso al que obra en autos, para encontrarse en posibilidad de comisionar al actuario de su adscripción para que realice el emplazamiento a la parte demandada. Motivo por el cual, en el caso en particular la inacción que se reprocha a la responsable no constituye una violación a la garantía de acceso a la justicia que plantea la parte quejosa, al resultar evidente que ello deriva de la propia omisión en que ha incurrido la accionante, en tanto que la junta responsable por disposición expresa de la ley, no está facultada para actuar de oficio en la forma pretendida. De ahí que, al no encontrarse satisfecha la exigencia legal indicada (indicar domicilio para emplazar a la parte demandada) resulta lo infundado del concepto de violación, y procede negar el amparo y protección de la justicia federal contra el acto reclamado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos a la autoridad con ese carácter al no reclamarse por vicios propios, si no en vía de consecuencia de conformidad con la jurisprudencia II.1o.J/12, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 82, Octubre de 1994, página 41, número de registro 210140 de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.". Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por RAÚL ORTÍZ ANAYA, respecto del acto consistente en la omisión de las autoridades responsables de emplazar a la parte demandada Servicios de Investigación y Valuación en Crucero Sociedad Anónima de Capital Variable en el expediente burocrático 01/197/18-I, por los motivos señalados en el considerando cuarto. Segundo. La justicia de la Unión no ampara ni protege a RAÚL ORTÍZ ANAYA, respecto de las autoridades y por el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando quinto. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy siete de marzo de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a catorce de febrero de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos para que obren como legalmente correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado y, con los mismos y con las constancias que a ellos se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convengan; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, quien autoriza y da fe.
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