Raúl Ordoñez carbajal
Expediente 1504/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1504/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Raúl Ordoñez carbajal
Actuaciones
- Principal
Resolución Colegiado. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, 62 y 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o, agréguese a los autos el oficio 106-M-III/2021, signado por la Secretaria adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con asiento en esta ciudad y testimonio de la resolución dictada en la queja laboral *****, el diez de diciembre de dos mil veintiuno, cuyo único punto resolutivo se transcribe a continuación: "ÚNICO. Se declara infundado el presente recurso de queja." Por lo que hace a las copias certificadas relativas al juicio en que actúa y que fueran enviadas para resolver el presente recurso de queja, procédase a la destrucción de las mismas. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese el recibo de estilo y archívese el expediente como asunto totalmente concluido.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el quejoso Raúl Ordoñez Carbajal, mediante el cual informa que en el juicio laboral de origen, las partes llegaron a un acuerdo y solicita se resuelva lo que en ley corresponde. Ahora, toda vez que el catorce de octubre del año en curso, se tuvo al Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoséptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando que se admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual quedó registrado bajo el número de recurso de queja laboral*************; por tanto, remítase el original del escrito de mérito, para que esté en aptitud de acordar lo que en derecho proceda.
- Principal
Vista la certificación que inmediatamente antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobreseyó, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable, conforme a lo previsto por el artículo 86, de la Ley de Amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, acúsese el recibo de estilo a la Superioridad y hágase del conocimiento a las partes, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Luego, conforme al artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, la destrucción del presente expediente es competencia de este órgano jurisdiccional. En efecto, dicho artículo establece: Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." (Lo subrayado en negritas es propio). Así, una vez analizado el presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción. Consecuentemente, al transcurrir el término de tres años, contado a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en el dispositivo legal transcrito, procédase a la destrucción del mismo e infórmese a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, tomando en consideración que el acto que se impugnó en esta vía deriva de un procedimiento administrativo, donde no existen documentos originales por devolver, no se ubica en alguno de los supuestos previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
Visto el escrito de demanda de garantías promovida por *******************, contra actos atribuidos a la 1) Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad; fórmese el expediente relativo, bajo el número 1504/2021-IV-1, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. A efecto de proveer lo que en derecho corresponda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Ahora, el término improcedencia significa falta de oportunidad, de fundamento, de derecho; desde el punto de vista técnico-procesal, es un impedimento para que la acción de amparo alcance su objetivo, pues ésta consiste en un derecho procesal que tiene como finalidad que los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación, una vez que sigan los trámites establecidos en el juicio de amparo directo e indirecto, decidan sobre la pretensión litigiosa, y en su caso, de concederse la tutela constitucional, se ordene en la sentencia que el acto reclamado quede insubsistente, se restituya al quejoso en la garantía individual violada, o se lleve a cabo conforme al procedimiento establecido en la Constitución y en las leyes secundarias. Sin embargo, de existir una causa de improcedencia, el proceso concluye sin resolver el fondo de la controversia constitucional. Así pues, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido la improcedencia como la institución jurídico procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión litigiosa planteada. En ese orden de ideas, debe decirse que la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio, razón por la cual su análisis amerita un estudio preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda, dependiendo del momento procesal en que se actualice. Por ese motivo, el Juzgado de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre, resulten improcedentes. Cabe destacar que por manifiesto, se entiende "dar a conocer", poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar, para que contundentemente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza, y que le permita desechar de plano la demanda de garantías; a su vez, por indudable, debe entenderse lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. En tal sentido, del estudio de la demanda se advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado este último en sentido contrario, suficiente para desechar por notoriamente improcedente, la referida demanda de amparo. Dichos preceptos señalan lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la trascripción de los artículos y fracciones que contienen la causal de improcedencia invocada, se advierte que el amparo solicitado ante un Juez de Distrito, cuando se reclamen actos dentro de un juicio seguido ante una autoridad jurisdiccional, sólo será procedente cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Pues bien, la correcta interpretación del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, permite considerar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos del gobernado, tutelados por la Constitución y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte; como la vida, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, las posesiones, etcétera; porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio; y los actos de ejecución reparable o intraprocesales, no afectan ese tipo de valores, sino que producen la posibilidad de que esa afectación se pueda reflejar al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses de la parte agraviada. Bajo ese contexto, se considera que los actos de imposible reparación son aquellos que infringen derechos sustantivos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es parte, tutelan para los gobernados; en tanto que los que no son de imposible reparación sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. En el caso, existen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: 1. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. 2. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de derechos sustantivos, expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Ahora, en el caso concreto la parte quejosa reclama el acuerdo de calificación de pruebas de tres de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral **********. Ahora bien, en relación al acto reclamado por el disconforme, se advierte que no encuadra en la hipótesis prevista por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que éste no le irroga perjuicio alguno y es insuficiente para que deba ser considerado como acto dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues no producen de manera directa e inmediata afectación a derecho fundamental alguno, contenido en nuestra Carta Magna o en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, aunado a que de su decisión no depende la suerte del juicio natural. Es decir, la posible afectación que pudiera ocasionarse puede ser subsanada si obtiene un laudo favorable a sus intereses en el juicio de origen y en caso contrario, aún puede remediarse mediante la interposición del amparo directo; lo que corrobora la causa de improcedencia invocada. Al respecto, se cita las tesis de jurisprudencia 244 y 774, que obran a fojas 164 y 523, respectivamente, publicadas en el Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 a 1995, cuyos rubros dicen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" "EJECUCIÓN IRREPARABLE. ACTOS DE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B, CONSTITUCIONAL)" Por tanto, no se justifica la procedencia del juicio de amparo contra el acto reclamado precisado en líneas que anteceden, pues únicamente genera una violación de derechos adjetivos que ocasionan efectos formales o intraprocesales, cuya impugnación es factible sólo en amparo directo, en virtud de que el asunto se encuentra ya en etapa de desahogo de pruebas, tal como se indica en los antecedentes del acto reclamado. Apoya lo anterior la jurisprudencia PC.I.P. J/41 P (10a.), del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, localizable en la página 962, del Libro 53, Abril de 2018, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, registro: 2016595, que dispone lo siguiente: "AMPARO DIRECTO. CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL PROCESO PENAL ACUSATORIO, SÓLO DEBEN ANALIZARSE LO ACTUADO Y LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE SE ACTUALICEN EN LA ETAPA DE JUICIO ORAL, SIN ABARCAR ETAPAS PREVIAS. Dentro de las reglas que rigen la sustanciación del juicio de amparo directo en materia penal, el artículo 173 de la Ley de Amparo establece los supuestos jurídicos que actualizan, en los juicios del orden penal, una violación a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, precepto que por reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 17 de junio de 2016, distinguió y precisó cuáles son aplicables para el Sistema de Justicia Penal Mixto y cuáles al Sistema Penal Acusatorio, con el fin de evitar contradicciones y antinomias, y permitir la adecuada resolución del juicio de amparo directo en esa materia. Ahora, conforme a lo resuelto en el amparo directo en revisión 669/2015, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación advirtió que el procedimiento penal acusatorio se encuentra dividido en una serie de momentos o etapas, cada una con funciones específicas, las cuales se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que superada una no existe posibilidad de renovarla o reabrirla de acuerdo al principio de continuidad previsto en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, que en el apartado B del precepto legal citado, permanecieron diversas hipótesis que no resultan acordes a la estructura, naturaleza y fines del sistema penal acusatorio, respecto al análisis de violaciones cometidas en etapas distintas a la de juicio oral, específicamente las fracciones VIII, IX, XII y XIII, donde se previeron como violaciones a las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, supuestos que se materializan en las etapas preliminar o intermedia del juicio oral. En ese sentido, con la finalidad de que el juicio de amparo funcione acorde a la estructura y naturaleza del procedimiento penal acusatorio y oral, conforme al citado artículo 20, de una interpretación conforme con la Constitución del artículo 173 mencionado, sólo podrán ser objeto de revisión constitucional, en sede de juicio de amparo directo, las violaciones que se actualicen durante la tramitación de la etapa de juicio oral, sin que sea posible su estudio cuando se hayan cometido durante las etapas preliminar o intermedia del procedimiento penal. Así en consonancia con lo resuelto por la Primera Sala, se concluye que la materia del juicio de amparo directo, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, deberá consistir exclusivamente en analizar lo actuado durante la etapa de juicio oral, sin incluir decisiones tomadas en etapas previas por una autoridad jurisdiccional distinta, relativas a situaciones cuyo debate no pudo ser retomado o reabierto en aquella etapa, lo que es congruente con el artículo 75 de la ley referida, en el sentido de que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo se deberá apreciar el acto reclamado tal y como apareció probado ante la autoridad responsable; sin que sea posible admitir o tomar en consideración pruebas no rendidas ante ella, salvo cuando no se hubiere tenido la oportunidad de hacerlo; además, porque las partes en el procedimiento se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en la etapa correspondiente, así como a combatirlas a través de los medios de impugnación a su alcance; en el entendido que, de no hacerlo, se agota la posibilidad de solicitarlo y el hecho de que la exclusión de pruebas producto de la violación de derechos fundamentales no pueda plantearse de nueva cuenta en el juicio oral, no impide que la defensa del acusado cuestione el valor de las pruebas, con la finalidad de desvirtuar la hipótesis de acusación." Luego, al no surtirse la hipótesis que establece el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlo mediante los recursos ordinarios y en su caso, el juicio de amparo directo, siempre que afecte las defensas del quejoso y trascienda al resultado del fallo. En este contexto, dado que en el presente asunto se actualiza de manera notoria y manifiesta la invocada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de mérito. Como sustento a lo anterior, con apoyo en el artículo sexto transitorio de la ley de la materia, se invoca la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; con base a lo dispuesto por los artículos 27 de la vigente Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a cualesquiera de las partes que en él intervienen, se habilitan los días y las horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el fedatario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en el presente expediente como de la persona a notificar, proceda en términos de lo dispuesto por el citado numeral 27 de la Ley de la materia, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. Por otra parte, se tiene al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en la ***************** en esta ciudad. Asimismo, como lo solicita, se autoriza el acceso al expediente electrónico y se realicen las notificaciones personales relativas al presente juicio a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, con el nombre de usuario "************"; en la inteligencia que lo anterior, estará condicionado a que la firma en relación con la cual se otorgan tales autorizaciones, se encuentre vigente al momento de pretender ingresar al expediente de que se trata. En consecuencia, realícense las adecuaciones conducentes a efecto de que se permita al promovente del amparo la visualización en el portal de internet y se lleven a cabo las notificaciones personales. De igual forma, se le tiene señalando como diverso medio de contacto para el presente juicio el correo electrónico ingeraul12@hotmail.com. Como se encuentra ordenado en el diverso juicio de amparo 625/2020, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3º de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente electrónico a la Representación Social de la adscripción, licenciada*****************, con el usuario "*******", el cual obra debidamente registrado ante el sistema electrónico del Poder Judicial Federal.
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