Raúl Omar Martínez Hernández

Expediente 118/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
118/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Raúl Omar Martínez Hernández

Actuaciones

  1. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Con la demanda de amparo presentada por **********, por propio derecho, contra actos del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con sede en ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, y otra autoridad; fórmese expediente; captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado y regístrese bajo el juicio de amparo 118/2022. CAUSA DE IMPROCEDENCIA En ese sentido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ..Del análisis de la demanda se advierte que el quejoso hace consistir los actos reclamados en: "V.- ACTOS RECLAMADOS DE LA ORDENADORA RECLAMO.- Todo lo actuado en el presente juicio en el expediente número 221/2021, radicado en el Indicie del Tribunal Unitario Agrario distrito 22 con sede en la Ciudad de Tuxtepec, Oaxaca, en la que en la Vía de Jurisdicción Voluntaria promovió a su favor el c. Ricardo Martínez López, para adjudicarse los derechos agrarios de ejidatario así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a mi extinto hermano ********** y del cual soy su sucesor legal, y del cual nunca fui notificado de dicho juicio sumario que me quejo, por lo que se viola en mi perjuicio mis derechos elementales, así como mis derechos humanos," (sic) Por ser cuestión de orden público y de estudio preferente a la admisión de una demanda, primeramente se analizará si respecto de la demanda de amparo se actualiza alguna de las causales de improcedencia que previene el artículo 61 de la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 62, que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." En efecto, este resolutor estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [...]." De la anterior transcripción, se colige que el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose como tales aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, el quejoso reclama todo lo actuado en el expediente ************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, que en la vía de jurisdicción voluntaria promovió ***********, para adjudicarse los derechos agrarios de ejidatario así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a ***********, y del cual refiere es sucesor legal; procedimiento del cual nunca fue notificado. En esas condiciones, es evidente que los citados actos que se pretenden combatir en esta instancia constitucional, aun cuando pueda considerarse una violación procesal relevante, sin embargo, al no ocasionar un perjuicio ni afectación directa e inmediata a los derechos personales del inconforme (propiedades, posesiones o derechos), no encuadra en la hipótesis a que se contrae el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, que limita la procedencia del juicio de amparo indirecto sólo a aquellos actos que afecten derechos sustantivos. Lo anterior, porque en el caso, no se vulneró en perjuicio del quejoso su derecho de audiencia tutelada en el artículo 14 Constitucional, por el hecho de no haber sido llamado a la jurisdicción voluntaria radicada con el número de expediente *************, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, con sede en Tuxtepec, Oaxaca, promovida por ************, para adjudicarse los derechos agrarios de ejidatario así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a ************. Lo anterior, porque al oponerse parte legítima, el procedimiento abierto en la vía de jurisdicción voluntaria debe concluir al tomar las características de un negocio contencioso con motivos de las diferentes pretensiones jurídicas surgidas entre la parte promovente y la opositora. Cierto, debe precisarse que si alguna parte considera tener un interés contrario al promovente de la diligencia de jurisdicción voluntaria puede comparecer dentro del procedimiento, oponiéndose a él, continuando en la vía contenciosa a fin de deducir sus pretensiones, pudiendo obtener una sentencia favorable, evitando así una afectación a su esfera de derechos, dado que la jurisdicción voluntaria sólo puede servir para constatar hechos, pero no para declarar o reconocer el derecho, lo que sólo puede obtenerse mediante sentencia definitiva que se llegue a emitir en un procedimiento contencioso. De acuerdo con tales premisas, lo decidido en la resolución dictada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria ***********, del índice del referido Tribunal Unitario Agrario Distrito 22, no constituye cosa juzgada, tal como lo sostuvo la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de rubro: "JURISDICCIÓN VOLUNTARIA, LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN, NO CONSTITUYEN COSA JUZGADA". ... consideró que una persona que se ostenta como tercera extraña en un juicio agrario donde dos personas se disputaron la sucesión de derechos ejidales, está en aptitud de promover demanda de amparo en contra de la resolución con la cual concluyó dicho juicio, a pesar de que revista el carácter de cosa juzgada. La Segunda Sala sostiene que en el supuesto de existir cosa juzgada respecto de los sujetos que participaron originalmente en el juicio sucesorio agrario, lo cierto es que, la cosa juzgada no puede ser oponible a la persona extraña al juicio cuando no fue llamada a la contienda y refiere en el juicio de amparo que no se le dio oportunidad de ser oída y vencida en ese contencioso sucesorio. En consecuencia, de acuerdo con las pautas instituidas por la Segunda Sala, tratándose de procedimientos relativos a sucesiones en materia agraria, no puede existir cosa juzgada respecto de tercero extraño, por no habérsele dado la oportunidad de oponerse a la litis planteada; por lo cual, el quejoso en lugar de acudir al juicio de amparo debe plantear juicio agrario al no existir cosa juzgada en el procedimiento de jurisdicción voluntaria, no obstante que ya se hubiese dictado la resolución. Por lo cual, no puede considerarse vulnerada la garantía de audiencia en perjuicio del quejoso, con la falta de citación a la referida jurisdicción voluntaria, ya que se encuentra en aptitud de acudir al juicio agrario a defender su derecho sobre los derechos agrarios de ejidatario, así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a Ricardo Martínez Hernández. En conclusión, tratándose de la sucesión en materia agraria ya sea tramitada vía jurisdicción voluntaria o en juicio sucesorio, la resolución que en ella se emita no constituye cosa juzgada, tratándose de un tercero extraño que acude al juicio de amparo a reclamar la falta de citación a dichos procedimientos. Esto, porque la resolución recaída en un procedimiento de jurisdicción voluntaria no puede tener el carácter de cosa juzgada respecto de terceros ajenos, dada su naturaleza, porque de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 530 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la materia agraria, en ella se comprenden todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del juez sin que exista prestación litigiosa alguna entre partes, ya que no hay controversia entre las mismas, pero ante la oposición de parte legítima se da por concluida para seguirse en la vía contenciosa; por lo cual, a virtud de dicho procedimiento no puede privarse a los particulares de sus propiedades o posesiones. Además, tratándose del juicio sucesorio, se desprende de la jurisprudencia 2a./J.19/2009 invocada con anterioridad, que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirma que respecto de un tercero extraño no se produce la cosa juzgada, ya que ésta no puede ser oponible cuando no se ha llamado a juicio a pesar de tener un interés, porque en caso contrario se le impediría exponer las razones o motivos por los cuales sostiene tener un mejor derecho a suceder en los derechos agrarios con relación de quienes han contendido en esa controversia. Ante tales premisas, es inconcuso que tratándose de la sucesión de derechos agrarios tramitados bajo la jurisdicción voluntaria o en la vía contenciosa, no opera la cosa juzgada tratándose de un tercero extraño que no fue citado o emplazado a ambos procedimientos; lo que genera que ese tercero extraño tenga la vía expedita para acudir a juicio en defensa de algún derecho que considere ha sido vulnerado a virtud de lo resuelto en dichos procedimientos, lo cual cobra mayor relevancia jurídica, cuando la pretensión de ese tercero extraño es distinta a la sucesión de los derechos agrarios, por tal razón no es factible sostener una violación al derecho fundamental de audiencia, como en el supuesto del quejoso. En efecto, en el caso se estima que no se viola la garantía de audiencia del aquí quejoso, ya que si bien es cierto a través de la resolución de diez de enero de dos mil veintidós, emitida por el tribunal agrario responsable en el expediente ******************, se reconoció a ************, como sucesor legítimo de los derechos agrarios de ********, así como la calidad de ejidatario del ejido de Salina Cruz, municipio de Salina Cruz, Oaxaca; y se ordenó a la Delegación del Registro Agrario Nacional, proceda a la cancelación del certificado parcelario 1002115, que en vida le fue expedido a ********, en su calidad de ejidatario, y expida a favor de ***************, el certificado correspondiente, también lo es como ya se dijo, que ello no constituye cosa juzgada, ni le impide acudir al juicio agrario, donde estará en aptitud de hacer valer su mejor derecho de sucesión. Tal afirmación encuentra sustento en el hecho de que el quejoso acude al juicio de amparo a reclamar la falta de citación al procedimiento de jurisdicción voluntaria, con la pretensión de defender un derecho sucesorio argumentando tener prevalencia sobre los derechos agrarios de ejidatario así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a ***********, por ser sucesor legal de dichos derechos agrarios y parcelarios, como lo acredita con el instrumento notarial volumen número 530, del acta número 38,999, de dieciocho de diciembre de dos mi veinte, pasada ante la fe del Notario Público número 37 en el Estado de Oaxaca, con residencia esta ciudad de Salina Cruz, en el cual el testador Ricardo Martínez Hernández señala como sucesor de los derechos agrarios y de uso común al quejoso. Además, para considerar que debe respetársele el derecho de audiencia, requiere demostrar que se ubica en alguno de los supuestos de los artículos 17 y 18 de la Ley Agraria, debido a que sólo de esa forma acreditará una pretensión de que tiene un mejor derecho a suceder en los derechos agrarios del extinto ejidatario *************; empero, para ello, ante la inexistencia de cosa juzgada en ese procedimiento de jurisdicción voluntaria, el quejoso debe incoar o plantear juicio agrario y no acudir al juicio de amparo, para defender ese derecho de sucesión y posesión que dice le asiste respecto de los derechos agrarios de ejidatario así como los parcelarios y de uso común del ejido Salina Cruz, que en vida pertenecieron a ************. Por lo que en el caso, no se le ocasiona agravio alguno, dado que el tercero interesado se ha convertido en causahabiente de ***********, a virtud del reconocimiento que se hizo en su favor, como sucesor de los derechos agrarios de éste; por lo cual, la disputa de los derechos de sucesión y posesión de la parcela deben plantearse en una controversia agraria, pero no genera que deba dejarse sin efecto lo resuelto en esa vía para escuchar al quejoso en una oposición porque esa jurisdicción voluntaria no es la idónea para ello, dado que se tendría que concluir con la misma y resolverse en el juicio; sin embargo, se reitera, dado que la resolución de la jurisdicción voluntaria no constituye cosa juzgada, nada le impide al quejoso acudir al juicio agrario. En esa tesitura, los actos que reclama el aquí quejoso, al no ser de imposible reparación, actualiza la causa de ... a DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA EN ESTUDIO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE. Asimismo, conviene precisar que esta determinación atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en este acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en esta vía. Razón por la cual, es de mayor beneficio para la quejosa que, desde ahora, tenga conocimiento, el resultado de la procedencia de su pretensión; y así, evitarle la práctica de un trámite innecesario en atención al derecho fundamental de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Además, aunque es verdad que las reformas efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando éstos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. ..DOMICILIO En términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo y 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, téngase como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Oleoducto esquina con camino viejo a la Ventosa, colonia Hidalgo Oriente, Salina Cruz, Oaxaca. AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12, última parte del segundo párrafo, de la ley de la materia, téngase como autorizada a ***********, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, toda vez que no se encuentra debidamente registrada ante el Módulo de Cédulas Profesionales de la Red Internet de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, como se hizo constar en la certificación secretarial de cuenta; quien una vez que inscriba en el registro correspondiente su cédula profesional que la faculte para ejercer su profesión, se le reconocerá las amplias facultades previstas en el artículo 12 mencionado. De igual manera, conforme a lo dispuesto en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase al quejoso señalando el correo electrónico y número telefónico que indica, a fin de poder entablar comunicaciones no procesales, para que se establezca el contacto respectivo en los casos que sea necesario. Lo anterior, hasta en tanto siga vigente la contingencia derivada del virus Covid-19. Sin que se tengan por señalados los mismos para recibir notificaciones, toda vez que la Ley de Amparo no prevé esa forma de practicar notificaciones, pues únicamente se contempla en dicho ordenamiento legal, específicamente en el artículo 26, fracción IV, las realizadas por la vía electrónica a las partes que previamente hayan obtenido la firma electrónica, lo que en el caso no acontece. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y DIGITALES Por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales, en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones personales que deban realizarse a las partes en este juicio, en términos del artículo 21 de la ley de la materia. PRECISIONES PARA LA CONSULTA DEL EXPEDIENTE FÍSICO En otro aspecto, hágase de su conocimiento que, con fundamento en el artículo 6 del acuerdo antes mencionado, el modelo de atención presencial será basado en citas, que se generarán desde la modalidad del programa "Agenda OJ", con la que se realizará dicha funcionalidad, siguiendo y acatando los supuestos y las reglas señaladas en los incisos a, b, c, d, e y f del citado artículo 6. Con fundamento en el artículo 7 del Acuerdo General 21/2020, respecto a las medidas sanitarias para el acceso a los inmuebles del PJF, los que acudan a este órgano jurisdiccional deberán respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Cuando tengan una cita programada las personas justiciables deberán acudir puntualmente a la misma y mantenerse en los espacios dentro del vestíbulo del órgano jurisdiccional marcados conforme a las reglas de sana distancia. El incumplimiento a estas indicaciones generará, en principio, una llamada de atención, mientras que la reincidencia o subsistencia del incumplimiento acarrearán la orden de expulsión inmediata del recinto. De conformidad con el Acuerdo General 21/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, SE EXHORTA A LAS PARTES A QUE DE SER POSIBLE Y NO OBSTANTE LAS PROBABLES DIFICULTADES PARA ACCEDER A LAS HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS NECESARIAS PARA ELLO, CONTINÚEN LA TRAMITACIÓN DEL PRESENTE JUICIO MEDIANTE EL ESQUEMA DE JUICIO EN LÍNEA; por tal motivo, se hace del conocimiento que podrán presentar promociones y realizar consulta del expediente electrónico desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación con dirección web ... INTEGRACIÓN DE PROMOCIONES QUE NO INCIDAN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL EXPEDIENTE En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que conforme a la tutela judicial pronta y efectiva, así como al debido proceso, contenido en los artículos 112 y 124, primer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 62, del Código Federal de Procedimientos Civiles; se determina que las promociones que presenten las partes, autoridades auxiliares y tribunales relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del expediente ni constituyan determinaciones judiciales que deba emitir este juzgado, con excepción de las que por disposición expresa de ley deban darse vista a las partes, se glosarán en el expediente y, en términos del referido artículo 62 del citado ordenamiento, el Secretario hará constar la hora y el día en que se presentó el oficio o escrito, considerando, desde este momento, realizadas las manifestaciones respectivas, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas. Este criterio tiene como objeto evitar dilaciones procesales excesivas e innecesarias en estricto cumplimiento a lo previsto por el artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. Lo anterior, con el fin de garantizar el cumplimiento de las determinaciones de manera pronta y expedita, en acatamiento la obligación de este órgano judicial prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Atendiendo a lo establecido en el artículo 3°, párrafos quinto y séptimo de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones, para su debida integración; por lo que se instruye al Secretario de Juzgado, al oficial judicial, al actuario judicial y demás encargados de la digitalización de constancias, que llevan el trámite de este expediente, a supervisar y realizar la captura electrónica de los acuerdos y las resoluciones emitidas en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, documentos, diligencias y notificaciones que obren en el mismo. Lo anterior, a fin de que tanto el expediente impreso como el electrónico coincidan y, una vez concluido el asunto, se realice la certificación correspondiente. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Hágase del conocimiento de las partes que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero éstas podrán oponerse a la publicación de los datos personales, en términos del artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

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