Raúl Oliver Alonso

Expediente 494/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
494/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
09/05/2019

Partes del expediente

  • Raúl Oliver Alonso

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que la parte quejosa, quien en todo caso podría afectarle la resolución, hubiera interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de once de abril de dos mil diecinueve (fojas 20 a 22), mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, comuníquese lo anterior a las partes, y toda vez que no hay actos que cumplir, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, por el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción I del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Readscripción de Juez. Vista la copia simple del oficio SEADS/555/2019 de 24 de abril de 2019 signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal mediante el cual hace del conocimiento la readscripción del Juez Francisco René Olivo Loyo, a este órgano jurisdiccional con efecto a partir del 16 de mayo del 2019 por así haberlo determinado el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior se hace del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 33 de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias de notificación a las partes del laudo dictado el 29 de marzo de 2019. Agréguese a los autos sin mayor acuerdo, toda vez que mediante proveído de 11 de abril de 2019, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    5.- Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y no apareciendo de los mismos que se hubiera interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada el 14 de marzo de 2019 (fojas 354 a 376), mediante la cual se sobreseyó el juicio de amparo indirecto en que se actúa; en consecuencia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. se determina que este expediente es susceptible de destrucción, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico, así como relevancia documental por el cual se deba conservar. Destrúyase el expediente principal una vez transcurridos cinco años, toda vez que se sobreseyó en el presente juicio, con fundamento en el punto vigésimo primero fracción II del citado Acuerdo General, además, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las hipótesis del último párrafo de dicho artículo. Toda vez que en autos obran documentos aportados por la parte quejosa (fojas 65 a la 69 y 111), que se ubican dentro de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, en términos del punto vigésimo, último párrafo, del Acuerdo General citado, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, comparezca a este órgano jurisdiccional a recogerlos, previa copia certificada que de éstos se deje en autos, apercibida que de no hacerlo podrán ser destruidos junto con el expediente. En el entendido de que al presentarse a las instalaciones de este Juzgado de Distrito deberá exhibir identificación oficial y vigente (y una copia simple de la misma), para ser certificada por el secretario (previo cotejo) y agregarse a los autos para debida constancia legal, indicándole que debido a la carga de trabajo, considerando la función jurisdiccional a desempeñar y a fin de regular la organización en la devolución de documentos, deberá acudir a recogerlos de lunes a viernes entre las once y las catorce horas. Asimismo, se indica a las partes que, en caso de que requieran la devolución de documentos diversos a los recién precisados, deberán solicitarlo por escrito a efecto de que se acuerde lo correspondiente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    4) EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) DE 11 DE ABRIL DE 2019, QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): Oficio. El Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla, rinde su informe justificado y remite copia certificada de diversas constancias con las que justifica su informe. Acuerdo. Se tiene por rendido el informe justificado. Pruebas. Se admiten las pruebas ofrecidas. Litis constitucional. Vista la demanda de amparo, se advierten los siguientes datos: A.- Parte quejosa. *. B.- Tercero(s) interesado(s). 1.- *. 2.- *. 3.- *. C.- Autoridad responsable. 1.- Junta Especial Número Treinta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Puebla. D.- Acto reclamado. 1.- La omisión de dictar laudo en el juicio laboral *. Sobreseimiento. Visto el estado procesal de los autos, este Juzgado de Distrito advierte que, en relación con el acto reclamado, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos del acto reclamado se actualiza cuando la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Ahora bien, de lo dispuesto en los artículos 63, fracción V, y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Análisis de la causa de improcedencia. En la especie, la autoridad responsable manifiesta y acredita que el 29 de marzo de 2019, se dictó laudo en el juicio laboral *, de su índice. Documentos a los que se concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado cesó en cuanto a sus efectos, pues con la actuación de la autoridad responsable ha sido destruido, en forma total e incondicional, al haberse emitido el laudo en el juicio laboral *. No pasa inadvertido que la autoridad no haya remitido las constancias de notificación del laudo dictado en el juicio laboral *; sin embargo, ese efecto está satisfecho toda vez que el impetrante de amparo tendrá conocimiento de su contenido con la presente resolución. Conclusión. En ese orden, al sobrevenir y actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia constitucional en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Se deja sin efectos audiencia constitucional. Por otra parte, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, programada para las 11 horas con 50 minutos del 30 de abril de 2019. Finalmente, no se soslaya que del resultado de las constancias remitidas por la responsable se advierte la existencia de terceros interesados, los cuales no fueron emplazados a este sumario, sin embargo, esto no es impedimento para emitir el presente proveído, toda vez que el sentido del mismo, no les causa perjuicio, ya que se estima que las partes dentro del juicio de origen están interesadas en el trámite y resolución de dicha contienda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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