Raúl Ochoa Martínez
Expediente 264/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa · Veracruz
Partes del expediente
- Raúl Ochoa Martínez
Actuaciones
- Principal
Xalapa, Veracruz, doce de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual remite testimonio de la resolución de dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictada en la queja de trabajo 132/2023 de su índice, de la que se advierte que el Tribunal de su adscripción declaró infundado dicho medio de impugnación, interpuesto por la parte quejosa contra el auto por el que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto. Por tanto, acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese este asunto como concluido.
- Principal
Xalapa, Veracruz, cuatro de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual transcribe el proveído dictado por el Presidente del órgano jurisdiccional de su adscripción, del que se advierte que admitió a trámite al recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído en que se desechó la demanda de amparo origen de este asunto. En consecuencia, estese en espera de que el Tribunal Colegiado mencionado remita testimonio de la resolución que al efecto dicte. Notifíquese como corresponda
- Principal
Xalapa, Veracruz, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Visto el escrito signado por el quejoso, se advierte que INTERPONE RECURSO DE QUEJA contra el proveído en el que se desechó de plano la demanda de amparo origen de este juicio. En consecuencia, dese trámite al citado recurso. Asimismo, ríndase el informe respectivo, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO. Por otra parte, remítase copia certificada de todo lo actuado en este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz...
- Principal
Xalapa, Veracruz, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de la Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anótese en el Libro con el número de juicio 264/2023, que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo, que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE". En este contexto, en el particular, se advierte la actualización, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, éste interpretado en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo, como se explica a continuación El primero de los artículos indicados, refiere que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que resulte de alguna disposición de la ley; por su parte, el segundo artículo dispone, en el inciso relativo, que procederá el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del procedimiento que sean de imposible reparación. Cabe precisar que como actos de imposible reparación, se consideran aquellos que afectan de modo inmediato y directo derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y, no se considerarán como tales, cuando solamente afecten derechos adjetivos o procesales, pues no dañan a las partes ni siquiera en grado predominante o superior. Al caso se invoca la jurisprudencia P./J. 24/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 11 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 56 (agosto de 1992), con número de registro 205651, de rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS." De lo que se sigue, que si el acto reclamado no afecta en forma directa e inmediata los derechos sustantivos del oferente, ni en grado predominante o superior alguno adjetivo, se considera que los efectos jurídicos producidos por éste son meramente intraprocesales. En el particular, de la demanda de amparo se observa que los actos reclamados en este asunto los constituyen: 1) La resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés, dictada por la entonces Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, en los autos del expediente ***** de su índice, por el que declaró infundado el recurso de reclamación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado por la Jefa de la Unidad Substanciadora de la Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, en el procedimiento de responsabilidad administrativa ***** de la estadística de esta última. 2) La omisión o negativa de asignarle al quejoso un defensor de oficio dentro del citado procedimiento de responsabilidad administrativa ******, así como la continuación del mismo sin defensa de oficio. Asimismo, de la narrativa realizada en el escrito de demanda, se advierte, en lo que interesa, que en el proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, dictado en el procedimiento de responsabilidad administrativa *******, la Jefa de la Unidad Substanciadora de la Contraloría General de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, acordó lo tocante a diversas pruebas ofrecidas por el aquí quejoso en dicho asunto, desechando algunas de ellas y acordando favorable su solicitud relativa a que se le designara un defensor de oficio. Acuerdo contra el que el quejoso interpuso recurso de reclamación del que conoció la entonces Cuarta Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, ahora Sala Regional Unitaria Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, el cual se declaró infundado. Determinación que, a consideración del quejoso, es consecuencia directa e inmediata de la omisión y/o negativa de que, desde el inicio del procedimiento de responsabilidad de origen, no cuente con un defensor de oficio que lo asesore, acto que también reclama en este asunto. Sin embargo, en atención a la naturaleza y consecuencias de los actos reclamados, se estima que éstos no constituyen actos de imposible reparación, al no atentar de manera cierta e inmediata a derecho sustantivo alguno que se encuentre protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ya que, por un lado, la resolución combatida únicamente trae como consecuencia que quede firme el acuerdo inicialmente impugnado, respecto del desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso. Lo que, a su vez, trae consigo que las pruebas desechadas sean excluidas del procedimiento de responsabilidad de origen y que, en consecuencia, no sean valoradas por la autoridad responsable en sede administrativa para emitir la resolución correspondiente. Sin que, se aprecie, que con ese acto se impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente al quejoso; o que ese acto traiga consigo una afectación actual, pues ésta dependerá de que llegue o no a trascender al desenlace del procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Razón por la que se estima que, por el momento, la determinación reclamada no causa una afectación inmediata y preponderante a los derechos fundamentales de quien pide amparo, sino que únicamente tiene efectos intraprocesales. Misma razón que impera respecto de la omisión reclamada, referente a que el quejoso no cuenta con un defensor de oficio en el procedimiento de origen, pues esa circunstancia no trae consigo una violación inmediata a los derechos de quien pide amparo. Además, el desechamiento de las pruebas ofrecidas por el quejoso en el procedimiento natural y la presunta omisión y/o negativa de que se le asigne un defensor en él, no provocan, necesariamente, que llegado el momento procesal oportuno y se dirima la controversia allá ventilada, el peticionario del amparo obtenga una resolución desfavorable a sus intereses. Pues, los actos reclamados podrían no dejar huella alguna en la vida jurídica del quejoso, en tanto obtenga un resultado favorable en el procedimiento de origen y, ahí, quedar reparadas las violaciones y posibles perjuicios que pudieran causarse con los efectos de los actos destacados. O, en caso contrario, podrá combatirlos a través del medio de impugnación ordinario que proceda contra la resolución que ponga fin al procedimiento de responsabilidad y, en su caso, mediante el juicio de amparo directo que promueva contra la sentencia definitiva que se emita en instancia jurisdiccional; en las que haga valer, en vía de agravio, las violaciones procesales que, aduce, cometen en su perjuicio las autoridades responsables. Pues como el propio promovente señala, las violaciones procesales que reclama y, considera, afectan su defensa, podrían trascender en la determinación que se dicte, hasta resolver sobre el fondo del asunto Por tanto, si los actos reclamados que en esta vía se reclaman, sólo son susceptibles de conculcar derechos de naturaleza adjetiva, se considera que el juicio de amparo es improcedente; al no quedar comprendido en la definición de actos en juicio que tengan una ejecución de imposible reparación. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia P. LVII/2004 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, tomo XX, Octubre de 2004, con número de registro 180415, de rubro: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Sin que se soslaye, que el quejoso pretenda hacer ver, que los actos reclamados, más que una cuestión de índole procesal, afectan su derecho fundamental a una adecuada defensa; pues, como ya se dejó establecido, los actos que se combaten no afectan derechos sustantivos, además, debe decirse que, tal como el quejoso refirió, la autoridad instructora del procedimiento de responsabilidad acordó favorable la solicitud de designarle un defensor. Entonces, al no concurrir circunstancias de irreparabilidad trascendentes en el procedimiento, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho que, objetivamente analizado amerite someterlo a control constitucional, sin esperar que se dicte sentencia definitiva en el procedimiento natural; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA origen de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), visible en la página 1539, tomo III, mayo 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 187018, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013)". Determinación que se adopta, además, con el fin de cumplir con la garantía de prontitud en la administración de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, pues el motivo de improcedencia advertido no podrá desvirtuarse con la sustanciación del juicio de amparo, en virtud de que todos los elementos en que se apoyó esta decisión los proporcionó el propio quejoso en su escrito de amparo. Sumado a que la decisión que se emite permite al solicitante de la protección federal tener pleno conocimiento que la vía que propone en la forma en la que lo realiza, no es la idónea para defender el derecho que pretende. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23 con número de registro 174737, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Julio de 2006, página 921 de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA." (...). Notifíquese como corresponda.
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