Raúl Ochoa López
Expediente 1470/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 15 actuaciones registradas, la última del 3 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1470/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 03/07/2023
Partes del expediente
- Raúl Ochoa López
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de julio de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de dieciséis de junio de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda DOS discos versátiles digitales (DVD); se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró firme este juicio, dichos discos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1470/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, tres de julio de dos mil veintitrés. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos, de los que se desprende que transcurrió el término establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente se inconformara con el auto de dieciséis de junio de esta anualidad. Al efecto, se acuerda: Por ello, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que el mismo, ha quedado firme para todos los efectos legales a que haya lugar. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en los Libros Electrónicos de Registro de este órgano jurisdiccional. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción IV, en relación con el precepto 34, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo intentada; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 20 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Toda vez que, en el presente no se tramitó incidente de suspensión, se deja de proveer al respecto. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 20, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la destrucción del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS Y TOMOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que la parte quejosa anexó a su escrito de demanda DOS discos versátiles digitales (DVD); se le previene para que a partir de que quede legalmente notificada de este proveído, acuda a este Juzgado a recoger los mismos; apercibido que de no hacerlo dentro de un plazo de noventa días, contados a partir de que se declaró firme este juicio, dichos discos podrán ser destruidos conjuntamente con el presente asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma Ana Luisa Mendoza Álvarez, Jueza Segunda de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistida de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vistos; los oficios signados, el primero en forma autógrafa y el segundo criptográficamente, por el Secretario de Tribunal en funciones de Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa de la remisión del testimonio de la ejecutoria dictada dentro recurso de queja ********************, de su estadística (la cual adjunta en forma electrónica); además remite el original del juicio de amparo indirecto 1470/2022, del índice de este juzgado, constante en UN TOMO, y DOS discos compactos; finalmente, solicita acuse de recibo. Al efecto, se acuerda: I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, remite ejecutoria. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de referencia; y ténganse por recibidos la ejecutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado oficiante, y del original del juicio de amparo 1470/2022, del índice de este juzgado, constante en UN TOMO y DOS discos compactos. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa los resolutivos de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad: "[...] PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido dictado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto 1470/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se ordena proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, promovida por ********************, contra los actos que reclamó del Juez de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídica del quejoso, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós y la resolución dictada a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, con la cual culminó la citada audiencia, celebrada en la causa penal ********************, de su índice [...]" II. Destino del cuaderno de antecedentes. Agréguese las constancias posteriores al envío de los autos que obran en el cuaderno de antecedentes; asimismo se precisa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a la superioridad es susceptible es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 19, fracción I, inciso a) del invocado Acuerdo, en razón de que al tratarse de cuadernos auxiliares formados con motivo del recurso de referencia; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 19 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. III. Efectos de la ejecutoria Ahora bien, de la lectura a la resolución pronunciada por la Superioridad, se advierte que revocó la actuación de siete de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, para los efectos siguientes: "[...]Consecuentemente, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, lo procedente será declarar fundado el recurso de queja, motivo por el que se revocará la determinación recurrida, y se ordenará al juez de distrito provea lo conducente respecto de los actos reclamados consistentes en la resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; así como la que le recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia, celebrada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con domicilio ubicado en ejido Lázaro Cárdenas, carretera internacional km 1000, con residencia contigua al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 14 "El Amate", del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Lo anterior no impide que la juez de distrito esté en aptitud de desechar la demanda en caso de que estime que se configura alguna causal de improcedencia en forma manifiesta e indudable; o bien, admitirla siempre y cuando no advierta la necesidad de realizar alguna diversa prevención en términos del numeral 114 de la ley de la materia. [...]" En tal virtud, se revoca el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio en que se actúa, por el que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional se avoca a emitir pronunciamiento por lo que hace a la autoridad y actos precisados a continuación: Autoridad Responsable: (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Actos Reclamados: (a) La resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable. (b) La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, del índice de la responsable. IV. Causa de improcedencia. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, Registro: 203580, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como a lo determinado por la Superioridad al resolver el recurso de queja ********************, de su índice, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: (a) La resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable. (b) La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, del índice de la responsable. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En el presente asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. De los preceptos legales invocados, se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora; en el caso que nos ocupa, el promovente reclama resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable, así como la diversa recaída al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos, dentro del desarrollo de la citada audiencia. Asimismo, cabe precisar que dicha audiencia de control, derivó de la solicitud formulada por el ahora impetrante del amparo, expuesta en su demanda de amparo, en los términos siguientes: A foja 16: "[.] 4.- Con fecha 15 de julio de 2022 dos mil veintidós, dirigí escrito a la representación social, manifestándole lo siguiente: [.]" A foja 17: "[.] QUINTO [.] POR LO QUE TENGO A BIEN MANIFESTAR MI OPOSICIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA INDIRECTA DE LA C. ********************, ASÍ COMO ME OPONGO A LA REVOCACIÓN DE MI PERSONALIDAD RECONOCIDA COMO VÍCTIMA INDIRECTA DENTRO DE LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO EL RECONOCIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD, DEBIDO A QUE ELLO CAUSA UN AGRAVIO INMINENTE AL ACCESO A LA JUSTICIA, ASÍ COMO SON CONTRARIOS A REALMENTE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RESPETO A LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, PROTEGER AL INOCENTE, QUE EL CULPABLE NO QUEDE IMPUNE Y GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO [.]" A foja 19: "[.] Atento a lo anteriormente manifestado solicito para verificar la calidad con la que se pretende ostentar mi sobrina ******************** los siguientes actos de investigación: 1.- Se gire oficio a la Fiscalía de la Mujer a fin de solicitar copias certificadas de la denuncia iniciada por mi hermano el C. ********************, quien inició un Registro de Atención por la probable comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, ante a la Fiscalía de la Mujer, a efecto de verificar las circunstancias en las cuales se encontraban en ese momento mis menores sobrinos de nombres de iniciales ********************(IDENTIDAD RESGUARDADA) y quien ahora es mayor de edad ********************, instruido en contra de ********************. 2.- Se gire oficio a la Secretaría de Hacienda a fin de verificar y solicitar los ingresos tanto de mi sobrina ********************, como de su hermano ********************(IDENTIDAD RESGUARDADA) a fin de verificar la fuente de ingresos que se reporta en dicha institución a favor de ellos. 3.- Se gire oficio al área que corresponda a fin de realizar visitas domiciliarias en el lugar donde se encuentre viviendo a fin de verificar su entorno social y económico, inclusivo de ser necesario solicitar la colaboración con la institución que corresponda en caso de encontrarse fuera de esta Entidad Federativa [.] Todo lo anterior manifestado, lo fundo y motivo ya que desconozco si mi calidad de víctima indirecta ha sido revocada [.]" (sic) En ese orden de ideas, a efecto de dilucidar el problema planteado, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el precepto 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. Además, el artículo 334 del Código procesal en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: 1.- Una escrita, que inicia con la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y 2.- La fase oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 335 del citado código adjetivo de la materia, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el artículo 341, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo desarrollo está previsto en el diverso 344, mismo que señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del Código Nacional en consulta, deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Importa destacar que el artículo 345, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juez de Control en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, el análisis íntegro de la demanda de amparo, revela -como se viene diciendo- que los actos reclamados tienen su origen a partir de la negativa del (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de acceder a la práctica de actos de investigación para verificar la idoneidad y las circunstancias de la viabilidad del reconocimiento de víctima indirecta a ********************, como hija de la víctima directa ******************** (quien fuera hermana del hoy amparista), en autos de la causa penal ********************. Por lo tanto, el punto medular del presente asunto consiste en concluir si dicha resolución en donde se negó la práctica de los actos de investigación propuestos por ********************, en su calidad de víctima indirecta dentro de la causa penal de origen, de conformidad con su contenido normativo, es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Atendiendo a dicha línea argumentativa y tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que los actos reclamado por el promovente del amparo no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la exclusión de las pruebas en la etapa intermedia define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, están sujetos a ser desahogados y valorados en la etapa del juicio oral. Es decir, aun cuando hayan sido excluidas no le causan afectación a sus derechos sustantivos, pues sobre ese tópico aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. De ahí que resulta claro que la determinación de la exclusión de los actos de investigación no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos de las partes - en este caso el Juez de Control-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la exclusión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Lo anterior, sin soslayar que si bien es cierto la admisión o exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral, resulta indiscutible que en el juicio oral la defensa sí puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas, especialmente puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, pues en estos casos, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberán tomar en cuenta esa cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva. Circunstancias que permiten colegir fundadamente que la resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable, en donde de determinó la exclusión de los actos de investigación propuestos por ********************, y en vía de consecuencia, la diversa que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos, dentro del desarrollo de la citada audiencia, son actos cuya naturaleza no entraña una ejecución irreparable, ya que con ello, en su caso, sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna de sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, en cuyo caso, están sujetas al desahogo y valoración del tribunal de enjuiciamiento, pudiendo en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar el valor que se le hubiere otorgado. Así las cosas, es inconcuso que no pueden ser considerados de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos los actos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una sentencia favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad, por lo que sí es susceptible de reparación en ese supuesto, toda vez que hasta ese momento conocerá la valoración que se le dé al cumulo probatorio. De ello resulta necesario puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********************, determinó lo siguiente: "[.] 70. Expuesto lo anterior, sobre la base de la doctrina emitida por esta Suprema Corte respecto a las características que deben guardar los actos de "imposible reparación", y teniendo en consideración la diferencia de planos de protección del juicio de amparo y del proceso penal, resulta claro que se debe realizar un ejercicio hermenéutico para verificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, en este y en todos los casos, pero en el caso concreto, en contra de la exclusión de medios de prueba. 71. Este ejercicio de verificación aplicado al caso concreto, es decir, para poder determinar si la exclusión de medios en etapa intermedia es un "acto de imposible reparación", debe comprender los siguientes requisitos: I. Que la exclusión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la exclusión pueda(17) implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. 72. Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa relacionada con el paralelismo entre el juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, es evidente que el ejercicio hermenéutico de verificación para determinar la procedencia del juicio constitucional, debe ser realizado a la luz de los principios, características, e instituciones definitorias del proceso penal acusatorio. 73. En ese contexto, el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. 74. Esta Primera Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado en relación con el objetivo de cada una de las etapas.(18) Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera, de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento.(19) Asimismo, son datos que, con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. 75. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. 76. Esta etapa regulada en el libro segundo, título VII, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión o exclusión esté basada en los principios de licitud, idoneidad, utilidad y trascendencia.(20) 77. En específico, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las razones por las cuales un medio de prueba debe ser excluido, a saber: [.] 78. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Ésta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. 79. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. 80. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. 81. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. 82. El acto procesal de los alegatos de apertura es, en esencia, el planteamiento de la teoría del caso, donde las partes despliegan sus hipótesis y anuncian los medios de prueba con los que pretenden acreditar lo afirmado.(21) Esta es la primera ocasión en donde las partes pueden sostener el ángulo sobre el cual pretenden que el órgano jurisdiccional analice las pruebas que serán desahogadas con posterioridad. 83. Por tanto, las partes podrán desahogar pruebas, siempre con base en los principios de oralidad, inmediación y contradicción; con las características esenciales de cada tipo de pruebas. 84. Finalmente, tienen oportunidad de generar sus alegatos de clausura, los cuales se concentran, de manera general, en narrar lo ocurrido (hechos imputados), en decir por qué ocurrió de esa manera, en explicar la forma cómo se corroboró la versión de lo ocurrido y, por último, en desarrollar el análisis jurídico que debe aplicarse al caso concreto.(22) 85. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el Juez o tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el plexo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. 86. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.(23) Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. 87. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. 89. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba(24) en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. 90. Otra métrica que coadyuva a este ejercicio hermenéutico para determinar la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la posible afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen. 91. Efectivamente, un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre el binomio dialéctico entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege sobremanera los derechos fundamentales de las personas. 92. El principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo.(25) Por su parte, el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos.(26) 93. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es por regla general la exclusión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. 94. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). 95. Además, esta protección no sólo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control -quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba-. Figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y que, por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. 96. Y así es como debe ser entendido su papel cuando se analiza la procedencia del amparo indirecto, pues coadyuva a que se cumpla en determinado grado con la finalidad del amparo indirecto -la protección de derechos fundamentales- y no rompe con la eficacia del proceso. 97. En ese sentido, la función del Juez de Control constituye un mecanismo de protección consagrado en el ordenamiento jurídico, que busca garantizar que el material probatorio que trascienda a la etapa de juicio, sea aquel que se ajuste a la legislación ordinaria y a los derechos fundamentales. 98. Esto se logra imponiendo al Juez de Control la tarea específica de proteger la observancia del respeto irrestricto a los derechos de los imputados y de preservar la legalidad, asimismo, forzando que la decisión de excluir medios de prueba esté completamente desvinculada de la ulterior valoración del plexo probatorio, pues evita que el órgano jurisdiccional de audiencia intermedia juzgue sobre la valoración de las pruebas (al ser el Juez de juicio oral a quien compete dicha tarea). 99. Ese mismo Juez está constreñido por los principios del proceso penal acusatorio -pues está construido a partir de ellos-. Los principios de oralidad, de publicidad, de inmediación y de proporcionalidad constituyen una especie de fórmula para lograr que el Juez de Control tome las decisiones más adecuadas a cada caso en concreto, pues juegan el papel de contrapeso estructural que los obliga a actuar con racionalidad, sensatez, eficacia, imparcialidad e independencia. 100. Dichos principios además deben ser vistos con relación a las normas orgánicas y sustantivas que regulan el ingreso, permanencia, ascenso y responsabilidad administrativa y penal de los Jueces en su carácter de servidores públicos. Esto se traduce a que se encuentran bajo un escrutinio y una vigilancia del propio Estado. 101. Finalmente, es importante tener en consideración que para el caso específico de exclusión de medios de prueba, la normativa adjetiva regula un medio de impugnación ordinario: el recurso de apelación. El artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales en concatenación con el artículo 472 del mismo ordenamiento, establecen que en contra de la exclusión de medios de prueba, es procedente el recurso de apelación, cuya interposición tiene como efecto inmediato la suspensión del plazo de remisión del auto de apertura a juicio, en atención a lo que resuelva el tribunal de alzada competente. 102. Este recurso ordinario sirve como recurso de segunda instancia vertical, que puede ser empleado por los gobernados para combatir la exclusión de medios de prueba, de manera destacada, en aquellos casos en que sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Creando así la posibilidad de generar un escrutinio posterior, por un órgano distinto al que tomó la decisión de excluir determinado medio de prueba. 103. De lo anterior, se concluye que posibles violaciones a los derechos de los imputados que residan y dependan del plano procesal están suficientemente garantizados por el propio proceso penal, sin sacrificar parte de su eficacia; se encuentran protegidos por la estructura en la que se desenvuelven. 104. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado -Juez de Control y tribunal de apelación-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido.[.]" De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Además, dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Afectación que, en todo caso, se generará en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el Tribunal de enjuiciamiento justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Máxime que de la audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, se advierte que el (1) Juzgado responsable, no desconoció la calidad de víctima indirecta de ********************, para actuar dentro de ese sumario, tal como se aprecia a las quince horas con dieciocho minutos y cincuenta y tres segundos, y que es de la literalidad siguiente: "[.] Minuto 15:18:53. Juez. Atendiendo los argumentos advertidos, este sin que estos no roben perjuicio mención a su solicitud. Escuchamos los argumentos advertidos sin que esto quebrante los derechos para efectos de que ustedes conocieran a viva voz sin que se quebranten los principios que rigen el sistema penal acusatorio, en ese sentido atendiendo a los argumentos vertidos por parte de la representación victimal del ciudadano ********************, escuchamos los argumentos vamos a tocar la siguiente manera, en punto número uno, refiere la citada representación victimal que la autoridad ministerial no realizó actos de investigación para determinar la idoneidad de la calidad de víctima, ese es el sentido que refiere en el acto de investigación y por lo cual advierte que esa designación dice la autoridad ministerial atendiendo a sus opiniones y manifestaciones y roban perjuicios para llevar a cabo la investigación, la cual puede permitirse en el sentido de la obstaculización para efectos de coadyuvar con el Ministerio Público, ni tratar de favorecer a la parte contraria, la ley con la calidad de víctima con el nuevo sistema penal acusatorio ha quedado muy claro desde el 2008, antes la víctima se quedaba en un plano desprotegido y de desigualdad esa fue la finalidad de la reforma constitucional dar esa calidad que el papel de la víctima jugara un papel importante en el paradigma o en el escenario jurídico del derecho penal, el argumento advertido por parte de la representación atendiendo a la asesoría jurídica de ******************** refiere que esa calidad no es ajustada a los lineamientos de derecho, porqué? Porque refiere que hasta esta etapa de juicio comparece la hija del hoy acusado ha garantizado solicitar de que le imponga esa calidad de víctima cuando diversa persona ha realizado actos encaminados para poder coadyuvar con el ministerio público y poder justificar e investigar para alcanzar el objetivo y la sanción respectiva del hecho por el cual acusa el fiscal, sin embargo a esos argumentos el Código Nacional en el artículo 20 constitucional apartado C, es muy claro en el sentido de reconocer a la víctima el artículo 108 segundo establece las atendiendo a esa calidad que seleccionar a las partes del procedimiento penal en retomando trayéndolo a la litis en materia ha dejado claramente establecido los grados en línea recta para efectos del tribunal quiénes son las víctimas de primer grado, segundo grado y es igual y hasta el cuarto grado, el artículo primero constitucional en su párrafo tercero nos faculta a nosotros como administradores de justicia, velar por los derechos humanos de ahí en México se hace esa pauta, ha habido pronunciamientos en favor de la víctima tan es así que se hizo la ley para el reconocimiento de víctimas para establecer esa calidad que la víctima la cual se le reconoció esa calidad en esta etapa tiene o puede a la contraparte son argumentos subjetivos porqué, porque está debidamente representada la víctima por la autoridad ministerial que se rige bajo diversos principios uno de ellos el principio de objetividad y de lealtad, máximo que en acusación no sé advierte que esa víctima indirecta obre como testigo, ella quiere estar dando la voz, está pidiendo 3 horas (sic) justicia soy víctima directa, pero esto no trae consecuencia que va obstaculizar o a favorecer a la parte contraria máxima y que la ley le da la luz jurídica de que cuando es una violación hasta cuarto grado si deciden declarar o no queda a expedito sus derechos, sin embargo ateniéndose bosquejo general partiendo desde la Constitución artículo primero y artículo 20 apartado y obedece a esos enunciamientos el artículo 108, párrafo segundo, aunado a que dentro de la carpeta de investigación que tiene no obra que esta persona, que la víctima indirecta ******************** funja como testigo que sí porque apareció hasta esta faceta de juicio son argumentos que hasta en son materia de ejecución se dejan a salvo esos derechos, la propia Constitución lo enmarca, no podemos venir a juicio o a un control judicial a solicitar "no quiero que reconozcas esa calidad", si sería cortar un ese derecho que se encuentra establecido y constituido en la propia Constitución por lo tanto en ese contexto llegamos a la conclusión que sí se le reconoce esa calidad de víctima directa a ******************** como también se lo reconoce al señor ********************, máximo por lo que se está dejando en indefensión al señor ********************, él sí aparece como testigo entonces en ese sentido llegamos a la conclusión que no se puede excluir a ******************** como víctima indirecta, pero tampoco se le puede excluir al señor ********************, teniendo la representación en base al artículo 108, párrafo segundo, primer grado a la ciudadana ********************, en ese sentido en términos del artículo 67 se ordena la transcripción de la presente resolución y determinación, y en términos del artículo 63, quedan debidamente notificados de lo aquí resuelto, alguna solicitud Fiscal del Ministerio Público? [.]" (sic) Por ende, se insiste, los actos reclamados no generan una afectación irreparable, sino que se constriñen a una determinación de índole adjetiva o procesal; por lo que la afectación que en su caso pueda resentir a partir de la exclusión de dichos actos de investigación, será esclarecerá en la etapa respectiva del procedimiento, es decir, sobre la base del plexo probatorio que sirva de sustento a la resolución emitirá por el Tribunal de Enjuiciamiento. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamado que nos ocupan, no generan una afectación irreparable de derechos sustantivos, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. V. Desechamiento Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de licencia médica la Jueza de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO: Número de expediente: 1470/2022 Acuerdo: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vistos; los oficios signados, el primero en forma autógrafa y el segundo criptográficamente, por el Secretario de Tribunal en funciones de Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa de la remisión del testimonio de la ejecutoria dictada dentro recurso de queja ********************, de su estadística (la cual adjunta en forma electrónica); además remite el original del juicio de amparo indirecto 1470/2022, del índice de este juzgado, constante en UN TOMO, y DOS discos compactos; finalmente, solicita acuse de recibo. Al efecto, se acuerda: I. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, remite ejecutoria. Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, glósese a los autos la comunicación de referencia; y ténganse por recibidos la ejecutoria de siete de junio de dos mil veintitrés, dictada dentro del recurso de queja ********************, del índice del Tribunal Colegiado oficiante, y del original del juicio de amparo 1470/2022, del índice de este juzgado, constante en UN TOMO y DOS discos compactos. Acúsese de recibo de estilo correspondiente. Ahora bien, hágase del conocimiento de la parte quejosa los resolutivos de la ejecutoria pronunciada por la Superioridad: "[...] PRIMERO. Se declara fundado el recurso de queja. SEGUNDO. Se revoca el auto recurrido dictado el veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo indirecto 1470/2022, del índice del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad. TERCERO. Se ordena proveer lo conducente respecto de la demanda de amparo, promovida por ********************, contra los actos que reclamó del Juez de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, consistente en la resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por la asesora jurídica del quejoso, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós y la resolución dictada a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, con la cual culminó la citada audiencia, celebrada en la causa penal ********************, de su índice [...]" II. Destino del cuaderno de antecedentes. Agréguese las constancias posteriores al envío de los autos que obran en el cuaderno de antecedentes; asimismo se precisa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que el cuaderno de antecedentes formado con motivo del envío de los autos a la superioridad es susceptible es susceptible de destrucción, de conformidad con lo que dispone el artículo 19, fracción I, inciso a) del invocado Acuerdo, en razón de que al tratarse de cuadernos auxiliares formados con motivo del recurso de referencia; además, de no advertirse la actualización de alguna de las hipótesis de relevancia documental ni contener documentación clasificada como reservada, para su conservación, establecida en los acápites penúltimo y final, del numeral 19 en mención. Hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del citado cuerpo normativo. III. Efectos de la ejecutoria Ahora bien, de la lectura a la resolución pronunciada por la Superioridad, se advierte que revocó la actuación de siete de junio de dos mil veintitrés; lo anterior, para los efectos siguientes: "[...]Consecuentemente, en términos del artículo 103 de la Ley de Amparo, lo procedente será declarar fundado el recurso de queja, motivo por el que se revocará la determinación recurrida, y se ordenará al juez de distrito provea lo conducente respecto de los actos reclamados consistentes en la resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós; así como la que le recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia, celebrada en la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con domicilio ubicado en ejido Lázaro Cárdenas, carretera internacional km 1000, con residencia contigua al Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados Número 14 "El Amate", del municipio de Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Lo anterior no impide que la juez de distrito esté en aptitud de desechar la demanda en caso de que estime que se configura alguna causal de improcedencia en forma manifiesta e indudable; o bien, admitirla siempre y cuando no advierta la necesidad de realizar alguna diversa prevención en términos del numeral 114 de la ley de la materia. [...]" En tal virtud, se revoca el auto de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, emitido en el juicio en que se actúa, por el que se determinó tener por no presentada la demanda de amparo promovida por ********************. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional se avoca a emitir pronunciamiento por lo que hace a la autoridad y actos precisados a continuación: Autoridad Responsable: (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Actos Reclamados: (a) La resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable. (b) La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, del índice de la responsable. IV. Causa de improcedencia. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Al efecto, cobra aplicación la tesis II.1o.C.T.11 K, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Tomo II, Diciembre de 1995, Materia Común, página: 509, Registro: 203580, del texto y rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso." La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, así como a lo determinado por la Superioridad al resolver el recurso de queja ********************, de su índice, se desprende que la parte quejosa reclama del (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, lo siguiente: (a) La resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable. (b) La resolución que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos dentro del desarrollo de la citada audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, en la causa penal ********************, del índice de la responsable. En primer término, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual el juzgador federal se encuentra impedido a establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no; es decir, la improcedencia va a impedir que el juzgador federal dirima la controversia constitucional ante él planteada, por exigirlo así alguna de las causales que conforman a la misma, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas debidamente descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más Alto Tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el texto del artículo 62, de la ley en cita. En el presente asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. De los preceptos legales invocados, se obtiene que los actos procesales tienen ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio; y en este caso, el amparo indirecto es procedente. En cambio, contra los actos del procedimiento de ejecución reparable, no procede el amparo indirecto, puesto que no trastocan tales derechos, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que la resolución sea adversa a los intereses del agraviado, actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Ahora; en el caso que nos ocupa, el promovente reclama resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable, así como la diversa recaída al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos, dentro del desarrollo de la citada audiencia. Asimismo, cabe precisar que dicha audiencia de control, derivó de la solicitud formulada por el ahora impetrante del amparo, expuesta en su demanda de amparo, en los términos siguientes: A foja 16: "[.] 4.- Con fecha 15 de julio de 2022 dos mil veintidós, dirigí escrito a la representación social, manifestándole lo siguiente: [.]" A foja 17: "[.] QUINTO [.] POR LO QUE TENGO A BIEN MANIFESTAR MI OPOSICIÓN AL RECONOCIMIENTO DE LA CALIDAD DE VÍCTIMA INDIRECTA DE LA C. ********************, ASÍ COMO ME OPONGO A LA REVOCACIÓN DE MI PERSONALIDAD RECONOCIDA COMO VÍCTIMA INDIRECTA DENTRO DE LA PRESENTE CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SOLICITANDO SE DEJE SIN EFECTO EL RECONOCIMIENTO REALIZADO POR ESTA AUTORIDAD, DEBIDO A QUE ELLO CAUSA UN AGRAVIO INMINENTE AL ACCESO A LA JUSTICIA, ASÍ COMO SON CONTRARIOS A REALMENTE CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 20 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL RESPETO A LA BÚSQUEDA DE LA VERDAD, PROTEGER AL INOCENTE, QUE EL CULPABLE NO QUEDE IMPUNE Y GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO [.]" A foja 19: "[.] Atento a lo anteriormente manifestado solicito para verificar la calidad con la que se pretende ostentar mi sobrina ******************** los siguientes actos de investigación: 1.- Se gire oficio a la Fiscalía de la Mujer a fin de solicitar copias certificadas de la denuncia iniciada por mi hermano el C. ********************, quien inició un Registro de Atención por la probable comisión del delito de VIOLENCIA FAMILIAR, ante a la Fiscalía de la Mujer, a efecto de verificar las circunstancias en las cuales se encontraban en ese momento mis menores sobrinos de nombres de iniciales ********************(IDENTIDAD RESGUARDADA) y quien ahora es mayor de edad ********************, instruido en contra de ********************. 2.- Se gire oficio a la Secretaría de Hacienda a fin de verificar y solicitar los ingresos tanto de mi sobrina ********************, como de su hermano ********************(IDENTIDAD RESGUARDADA) a fin de verificar la fuente de ingresos que se reporta en dicha institución a favor de ellos. 3.- Se gire oficio al área que corresponda a fin de realizar visitas domiciliarias en el lugar donde se encuentre viviendo a fin de verificar su entorno social y económico, inclusivo de ser necesario solicitar la colaboración con la institución que corresponda en caso de encontrarse fuera de esta Entidad Federativa [.] Todo lo anterior manifestado, lo fundo y motivo ya que desconozco si mi calidad de víctima indirecta ha sido revocada [.]" (sic) En ese orden de ideas, a efecto de dilucidar el problema planteado, debe decirse que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La preliminar o de investigación, que abarca las fases de investigación inicial y la complementaria; la primera inicia con la presentación de la denuncia o su equivalente, y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez de control para la formulación de la imputación; la segunda fase comprende a partir de la formulación de la imputación, hasta que se cierra la investigación. II. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, que comprende la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio. III. La etapa de juicio, que alcanza desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el tribunal de enjuiciamiento. Por su parte, el precepto 133 del Código Nacional de Procedimientos Penales, dispone que el Juez de Control tiene competencia desde el inicio de la etapa de investigación, hasta el dictado del auto de apertura a juicio y que el tribunal de enjuiciamiento es el que preside la audiencia de juicio y dicta la sentencia. Además, el artículo 334 del Código procesal en consulta, señala que la etapa intermedia tiene por objeto el ofrecimiento y admisión de pruebas, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral; esta etapa se compone de dos fases: 1.- Una escrita, que inicia con la acusación y comprende los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia; y 2.- La fase oral, la cual inicia con la celebración de la audiencia intermedia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio. Así las cosas, de conformidad con lo previsto en el artículo 335 del citado código adjetivo de la materia, en esta etapa, el Ministerio Público presentará su acusación, la que el Juez de Control ordenará sea notificada a las partes, con el objeto de que se lleve a cabo el descubrimiento probatorio, consistente en la entrega material a la defensa de los registros de la investigación, para estar en condiciones de señalar fecha para la audiencia intermedia prevista en el artículo 341, del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo desarrollo está previsto en el diverso 344, mismo que señala que al inicio de la audiencia, el Ministerio Público realizará una exposición resumida de su acusación, seguida de las exposiciones de la víctima y el acusado; acto continuo, las partes podrán deducir cualquier incidencia relevante y, desahogado lo anterior, el juez autorizará el acuerdo probatorio. En todo caso, el Juez de Control examinará las pruebas ofrecidas, y determinará la exclusión de aquellas ilícitas, ilegales o impertinentes y antes de finalizar la audiencia, dictará auto de apertura a juicio que, en términos del artículo 347 del Código Nacional en consulta, deberá indicar: I. El Tribunal de enjuiciamiento competente para celebrar la audiencia de juicio, así como la fecha y hora fijadas para la audiencia; II. La individualización de los acusados; III. Las acusaciones que deberán ser objeto del juicio y las correcciones formales que se hubieren realizado en ellas, así como los hechos materia de la acusación; IV. Los acuerdos probatorios a los que hubieren llegado las partes; V. Los medios de prueba admitidos que deberán ser desahogados en la audiencia de juicio, así como la prueba anticipada; VI. Los medios de prueba que, en su caso, deban de desahogarse en la audiencia de individualización de las sanciones y de reparación del daño; VII. Las medidas de resguardo de identidad y datos personales que procedan en términos de este Código; VIII. Las personas que deban ser citadas a la audiencia de debate, y IX. Las medidas cautelares que hayan sido impuestas al acusado. Importa destacar que el artículo 345, último párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que el Juez de Control en el auto de apertura a juicio, indicará los hechos que tendrán por acreditados, a los cuales deberá estarse durante la audiencia del juicio oral. Ahora, el análisis íntegro de la demanda de amparo, revela -como se viene diciendo- que los actos reclamados tienen su origen a partir de la negativa del (1) Juzgado de Control Región Uno para la Atención de Delitos Graves, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, de acceder a la práctica de actos de investigación para verificar la idoneidad y las circunstancias de la viabilidad del reconocimiento de víctima indirecta a ********************, como hija de la víctima directa ******************** (quien fuera hermana del hoy amparista), en autos de la causa penal ********************. Por lo tanto, el punto medular del presente asunto consiste en concluir si dicha resolución en donde se negó la práctica de los actos de investigación propuestos por ********************, en su calidad de víctima indirecta dentro de la causa penal de origen, de conformidad con su contenido normativo, es un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo indirecto en su contra, ello, de conformidad con la definición del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. En principio, dicha porción normativa establece que los actos dentro de juicio, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho y no solo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no llegue a trascender al resultado del fallo. Además, tal lesión debe recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, esto es, bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de leyes adjetivas, de donde derivan dos condiciones para promover el juicio amparo indirecto contra actos de imposible reparación: a) Que afecten materialmente derechos, lo que significa que el acto de autoridad impida el ejercicio de algún derecho en forma actual o inmediata; b) Que esos derechos afectados sean de naturaleza sustantiva. Atendiendo a dicha línea argumentativa y tomando en cuenta las notas distintivas apuntadas, este órgano de control constitucional concluye que los actos reclamado por el promovente del amparo no son de aquellos cuya ejecución sea de imposible reparación, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto en términos de la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues la exclusión de las pruebas en la etapa intermedia define cuestiones meramente procesales, que involucran derechos de naturaleza adjetiva, los que, en todo caso, están sujetos a ser desahogados y valorados en la etapa del juicio oral. Es decir, aun cuando hayan sido excluidas no le causan afectación a sus derechos sustantivos, pues sobre ese tópico aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. De ahí que resulta claro que la determinación de la exclusión de los actos de investigación no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos de las partes - en este caso el Juez de Control-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Empero, esa carga no necesariamente es de ejecución inmediata y directa sobre los derechos sustantivos del quejoso, por el contrario, por regla general la exclusión reviste únicamente la naturaleza de un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral. Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Lo anterior, sin soslayar que si bien es cierto la admisión o exclusión de pruebas no es un tema que pueda plantearse nuevamente en el juicio oral, resulta indiscutible que en el juicio oral la defensa sí puede cuestionar el valor de las pruebas con argumentos estrechamente vinculados con violaciones a derechos fundamentales planteados en etapas previas, especialmente puede ocurrir cuando durante el desahogo de las pruebas durante el juicio oral se revela que existió una violación a derechos fundamentales del acusado, cuando surgen dudas sobre esa cuestión o cuando se aporten elementos supervenientes que hagan suponer fundadamente que la prueba en cuestión se obtuvo a partir de una violación a derechos fundamentales, pues en estos casos, el Juez o Tribunal de enjuiciamiento deberán tomar en cuenta esa cuestión al momento de realizar la valoración probatoria en la sentencia definitiva. Circunstancias que permiten colegir fundadamente que la resolución emitida a las quince horas dieciocho minutos cincuenta y tres segundos, que culminó con la audiencia de control judicial de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, del índice de la responsable, en donde de determinó la exclusión de los actos de investigación propuestos por ********************, y en vía de consecuencia, la diversa que recayó al recurso de revocación interpuesto por su asesora jurídica, emitida a las catorce horas cincuenta y un minutos diecinueve segundos, dentro del desarrollo de la citada audiencia, son actos cuya naturaleza no entraña una ejecución irreparable, ya que con ello, en su caso, sólo se afectan derechos adjetivos o procesales, pues no se advierte privación alguna de sus derechos de defensa o alteración a los hechos materia de litis, sino que sus consecuencias son de orden eminentemente formal y procesal, en cuyo caso, están sujetas al desahogo y valoración del tribunal de enjuiciamiento, pudiendo en caso de trascender al resultado del fallo, cuestionar el valor que se le hubiere otorgado. Así las cosas, es inconcuso que no pueden ser considerados de imposible reparación por no afectar derechos sustantivos los actos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son únicamente formales y pueden repararse si el afectado obtiene una sentencia favorable, lo cual si bien no es una certeza, existe esa posibilidad, por lo que sí es susceptible de reparación en ese supuesto, toda vez que hasta ese momento conocerá la valoración que se le dé al cumulo probatorio. De ello resulta necesario puntualizar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión ********************, determinó lo siguiente: "[.] 70. Expuesto lo anterior, sobre la base de la doctrina emitida por esta Suprema Corte respecto a las características que deben guardar los actos de "imposible reparación", y teniendo en consideración la diferencia de planos de protección del juicio de amparo y del proceso penal, resulta claro que se debe realizar un ejercicio hermenéutico para verificar la procedencia del juicio de amparo indirecto, en este y en todos los casos, pero en el caso concreto, en contra de la exclusión de medios de prueba. 71. Este ejercicio de verificación aplicado al caso concreto, es decir, para poder determinar si la exclusión de medios en etapa intermedia es un "acto de imposible reparación", debe comprender los siguientes requisitos: I. Que la exclusión de pruebas establecida en el auto de apertura a juicio exista en el plano de protección constitucional, es decir, que la exclusión pueda(17) implicar por sí misma una afectación a los derechos sustantivos del quejoso, entendiendo por estos últimos, aquellos derechos ajenos al contenido, construcción y devenir de la litis del proceso penal. Derechos que, a su vez, vistos de manera aislada, no sean meramente procesales sino que sean derechos fundamentales relacionados con la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del imputado; y, II. Que la afectación sea material, es decir, que sea real y actual; inminente; en oposición a especulativa y contingente. 72. Ahora bien, siguiendo la línea argumentativa relacionada con el paralelismo entre el juicio de amparo y el proceso penal acusatorio, es evidente que el ejercicio hermenéutico de verificación para determinar la procedencia del juicio constitucional, debe ser realizado a la luz de los principios, características, e instituciones definitorias del proceso penal acusatorio. 73. En ese contexto, el proceso penal acusatorio regulado por el Código Nacional de Procedimientos Penales se estructura básicamente de tres etapas principales que suceden unas a otras de manera interdependiente, esto es, etapa de investigación, fase intermedia y etapa de juicio oral o plenario. El iter probatorio o camino de la prueba, se desenvuelve en este marco secuencial de las etapas procesales y contribuye a la creación procesal del andamiaje para el sustento del juicio oral -a través de la creación de los elementos de prueba-. Los actos que trascienden a ese camino procesal por regla general permanecen en ese plano, y así es como deben ser entendidos para el estudio de la procedencia del amparo indirecto. 74. Esta Primera Sala de la Suprema Corte ya se ha pronunciado en relación con el objetivo de cada una de las etapas.(18) Esto es, en la etapa inicial, de investigación preliminar y complementaria, se realizan diligencias de investigación para obtener fuentes o datos de prueba con la finalidad de develar lo ocurrido en los hechos que se investigan y así sustentar el ejercicio de la acción penal. Datos de prueba que si bien es cierto no tienen valor probatorio para efectos de emisión de sentencia (de conformidad con el artículo 20, apartado A, fracción tercera, de la Constitución Federal), sí son ponderadas para tomar diversas decisiones de continuidad y de adopción de medidas a lo largo del procedimiento.(19) Asimismo, son datos que, con el paso de las etapas del proceso, pueden mutar a pruebas susceptibles de ser valoradas por el Juez de juicio oral. 75. La etapa intermedia o de preparación a juicio oral, se verifica ante el Juez de Control y tiene por objeto conocer la acusación, ofrecer y admitir o rechazar los medios de prueba, así como la depuración de los hechos controvertidos y la determinación del daño causado por el delito que será materia del juicio oral. El desarrollo de esta etapa también se divide en dos partes, una escrita, que iniciará con la presentación de la acusación y comprenderá los actos previos a la celebración de la audiencia intermedia. La segunda es oral, que inicia con la celebración de esa audiencia y culmina con el dictado del auto de apertura a juicio oral. 76. Esta etapa regulada en el libro segundo, título VII, capítulo I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene como propósito esencial, en estricto sentido, depurar los hechos sujetos a debate y determinar cuáles son los trascendentales que constituirán el contenido de la litis. Situación que necesariamente conlleva la depuración legal de los elementos para configurar prueba en juicio oral, cuya admisión o exclusión esté basada en los principios de licitud, idoneidad, utilidad y trascendencia.(20) 77. En específico, el artículo 346 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece las razones por las cuales un medio de prueba debe ser excluido, a saber: [.] 78. La última de las etapas que configuran el proceso es la etapa de juicio oral. Ésta, de conformidad con el artículo 348 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tiene por objeto que las partes desplieguen sus actuaciones tendentes a lograr el convencimiento del Juez, para que este se encuentre en posición de emitir un fallo en favor de quien despliega dicha actuación. Será en esta etapa del proceso que el Juez valore el material probatorio y resuelva sobre la causa con base en las actuaciones de las partes -sus teorías del caso- que consistirán en la fijación de las afirmaciones y pretensiones iniciales, la práctica probatoria (desahogo de las pruebas), así como la fijación de los alegatos finales establecidos por las partes. 79. En ese sentido, es posible advertir que cada una de las etapas descritas cumple con un objetivo dentro del proceso penal, y tanto la etapa inicial como la intermedia, fuera de sus objetivos secundarios, tiene como finalidad principal construir la estructura para la celebración de la etapa de juicio oral. 80. Dicho de otra manera, si la etapa inicial e intermedia son preparatorias para el buen conducir de la etapa de juicio, bajo esa premisa, los datos de prueba (etapa de investigación) y los medios de prueba (etapa intermedia), en relación con el juicio oral, constituyen una preparación a lo que será valorado como prueba. Esto se traduce a que conforme avanza el iter probatorio o camino de la prueba se construye el plexo probatorio que será empleado por las partes para la defensa de sus posicionamientos y por el órgano jurisdiccional para la libre y lógica valoración y adopción de una postura respecto al cumplimiento del estándar probatorio requerido. 81. Será ese universo de pruebas, creado a partir de la admisión y exclusión de medios de prueba, junto con los acuerdos probatorios, y demás pruebas que excepcionalmente puedan ser introducidas en juicio, el que constituirá la materia prima sobre la cual las partes podrán sostener su teoría del caso (fáctica, probatoria y jurídica) y realizar los actos procesales propios de la audiencia de debate: afirmar, probar y alegar, incluyendo los alegatos de apertura y de clausura. 82. El acto procesal de los alegatos de apertura es, en esencia, el planteamiento de la teoría del caso, donde las partes despliegan sus hipótesis y anuncian los medios de prueba con los que pretenden acreditar lo afirmado.(21) Esta es la primera ocasión en donde las partes pueden sostener el ángulo sobre el cual pretenden que el órgano jurisdiccional analice las pruebas que serán desahogadas con posterioridad. 83. Por tanto, las partes podrán desahogar pruebas, siempre con base en los principios de oralidad, inmediación y contradicción; con las características esenciales de cada tipo de pruebas. 84. Finalmente, tienen oportunidad de generar sus alegatos de clausura, los cuales se concentran, de manera general, en narrar lo ocurrido (hechos imputados), en decir por qué ocurrió de esa manera, en explicar la forma cómo se corroboró la versión de lo ocurrido y, por último, en desarrollar el análisis jurídico que debe aplicarse al caso concreto.(22) 85. A lo largo del proceso previamente desarrollado, y de manera conclusiva en la deliberación jurisdiccional, el Juez o tribunal de juicio oral debe valorar las pruebas en particular, y el plexo probatorio en general de manera libre, con las limitantes intrínsecas y extrínsecas de las reglas de la experiencia, de la lógica y de la sana crítica, es decir, de conformidad con el mandato constitucional de valoración probatoria: la sana crítica. 86. En ese sentido, el órgano jurisdiccional debe asignar el valor correspondiente a cada una de las pruebas, de manera libre y lógica, debiendo justificar adecuadamente el valor otorgado a las pruebas y explicar y justificar su valoración con base en la apreciación conjunta, integral y armónica de todos los elementos probatorios.(23) Lo anterior, para verificar si se cumple o no el estándar de condena requerido, a saber, la plena convicción de la responsabilidad más allá de toda duda razonable. 87. De esa manera es posible comprender que por regla general, la creación del plexo probatorio, mediante la exclusión y admisión de medios de prueba dista de ser un acto de imposible reparación; pues sobre este aún falta que se lleve a cabo un ejercicio de contradicción y deliberativo que podrá o no ser favorable a las partes, pero será hasta el momento de la valoración probatoria que se afecte la esfera jurídica del quejoso, a través del ejercicio argumentativo que realicen las partes, y valorativo que genere el órgano jurisdiccional sobre la totalidad del cúmulo probatorio. 88. En ese sentido, el auto de apertura a juicio en relación con la exclusión de medios de prueba forma parte de esa construcción, misma que resulta ahora claro que no compone un producto final en el proceso penal con trascendencia en la esfera jurídica del imputado, sino que su posible afectación queda sujeta a una condición suspensiva: la valoración en el juicio oral y, por tanto, existe en un plano puramente procedimental. 89. En ese tenor, una posible violación a los principios informadores de la prueba(24) en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. 90. Otra métrica que coadyuva a este ejercicio hermenéutico para determinar la procedencia del amparo indirecto en tratándose de actos de imposible reparación, en el contexto del proceso penal acusatorio, lo es la posible afectación a los principios de continuidad y concentración que lo rigen. 91. Efectivamente, un proceso penal acusatorio tiene como tarea definitoria guardar el equilibrio entre el binomio dialéctico entre eficacia y garantismo. Equilibrio que si se comprende mal, y se nivela hacia un lado, por ejemplo, al extremo garantista, se vuelve un sistema torpe, ineficaz y aletargado, pues la excesiva protección impide que el proceso funcione de manera adecuada (ágilmente). Por el contrario, un sistema que se incline al lado eficaz deja en estado de incertidumbre la fuerza y veracidad del resultado del proceso penal, y desprotege sobremanera los derechos fundamentales de las personas. 92. El principio de continuidad ordena que el procedimiento se desarrolle en la mayor medida posible sin interrupciones, de tal forma que los actos procesales se sigan unos a otros en el tiempo.(25) Por su parte, el principio de concentración o de economía procesal, ordena que el proceso se abrevie en el menor número de audiencias posibles, que esas audiencias no se interrumpan hasta su conclusión o que se lleven a cabo de forma sucesiva en días consecutivos.(26) 93. Así, es posible comprender que ante la consumación de actos meramente procesales, que suceden en las distintas etapas del proceso, como lo es por regla general la exclusión de medios de prueba en el auto de apertura a juicio, el proceso no debe ser interrumpido. Por el contrario, este debe poderse desenvolver para que se pueda arribar a una resolución de manera pronta. 94. Lo anterior no significa que los gobernados queden desprotegidos ante posibles violaciones al momento de que el Juez de Control admita medios de prueba, pues esas posibles violaciones apuntan únicamente a derechos adjetivos. Por tanto, hacer procedente el amparo indirecto en su contra inclinaría innecesariamente la balanza al garantismo, protegiendo violaciones a derechos cuyos efectos no son materialmente demostrables en ese momento, en detrimento de los principios de continuidad y concentración (la eficacia del proceso). 95. Además, esta protección no sólo encuentra cabida en la norma, o en principios estructurales del proceso, sino también está compelida al Juez de Control -quien dirige la etapa intermedia y la admisión de medios de prueba-. Figura que constituye una herramienta estructural que aporta un peso a la balanza en favor del garantismo del proceso penal, y que, por tanto, representa un protector de los derechos fundamentales, particularmente aquellos ligados con el debido proceso y la libertad personal que corresponden a los imputados a lo largo del procedimiento. 96. Y así es como debe ser entendido su papel cuando se analiza la procedencia del amparo indirecto, pues coadyuva a que se cumpla en determinado grado con la finalidad del amparo indirecto -la protección de derechos fundamentales- y no rompe con la eficacia del proceso. 97. En ese sentido, la función del Juez de Control constituye un mecanismo de protección consagrado en el ordenamiento jurídico, que busca garantizar que el material probatorio que trascienda a la etapa de juicio, sea aquel que se ajuste a la legislación ordinaria y a los derechos fundamentales. 98. Esto se logra imponiendo al Juez de Control la tarea específica de proteger la observancia del respeto irrestricto a los derechos de los imputados y de preservar la legalidad, asimismo, forzando que la decisión de excluir medios de prueba esté completamente desvinculada de la ulterior valoración del plexo probatorio, pues evita que el órgano jurisdiccional de audiencia intermedia juzgue sobre la valoración de las pruebas (al ser el Juez de juicio oral a quien compete dicha tarea). 99. Ese mismo Juez está constreñido por los principios del proceso penal acusatorio -pues está construido a partir de ellos-. Los principios de oralidad, de publicidad, de inmediación y de proporcionalidad constituyen una especie de fórmula para lograr que el Juez de Control tome las decisiones más adecuadas a cada caso en concreto, pues juegan el papel de contrapeso estructural que los obliga a actuar con racionalidad, sensatez, eficacia, imparcialidad e independencia. 100. Dichos principios además deben ser vistos con relación a las normas orgánicas y sustantivas que regulan el ingreso, permanencia, ascenso y responsabilidad administrativa y penal de los Jueces en su carácter de servidores públicos. Esto se traduce a que se encuentran bajo un escrutinio y una vigilancia del propio Estado. 101. Finalmente, es importante tener en consideración que para el caso específico de exclusión de medios de prueba, la normativa adjetiva regula un medio de impugnación ordinario: el recurso de apelación. El artículo 467, fracción XI, del Código Nacional de Procedimientos Penales en concatenación con el artículo 472 del mismo ordenamiento, establecen que en contra de la exclusión de medios de prueba, es procedente el recurso de apelación, cuya interposición tiene como efecto inmediato la suspensión del plazo de remisión del auto de apertura a juicio, en atención a lo que resuelva el tribunal de alzada competente. 102. Este recurso ordinario sirve como recurso de segunda instancia vertical, que puede ser empleado por los gobernados para combatir la exclusión de medios de prueba, de manera destacada, en aquellos casos en que sea improcedente el juicio de amparo indirecto. Creando así la posibilidad de generar un escrutinio posterior, por un órgano distinto al que tomó la decisión de excluir determinado medio de prueba. 103. De lo anterior, se concluye que posibles violaciones a los derechos de los imputados que residan y dependan del plano procesal están suficientemente garantizados por el propio proceso penal, sin sacrificar parte de su eficacia; se encuentran protegidos por la estructura en la que se desenvuelven. 104. Por tanto, de la narrativa de las etapas del proceso penal, de los principios que lo rigen y de las instituciones a las que se otorgan atribuciones de garantía y resguardo de los derechos del imputado -Juez de Control y tribunal de apelación-, se concluye que la exclusión de medios de prueba ciertamente puede imponer cargas a las partes, pues las sujeta a la jurisdicción de un Juez de juicio oral para que éste se pronuncie y justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido.[.]" De dichas consideraciones, se obtiene que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que para llegar al dictado de la sentencia de primera instancia en materia penal, se transita por tres etapas, a saber, la de investigación, la intermedia y la de juicio, cada una tiene un objetivo específico, el cual una vez cumplido y agotados los recursos ordinarios y extraordinarios que procedan, debe considerarse concluida, de manera que los temas que en cada una se analizan, ya no podrán ser nuevamente estudiados o ser materia de debate en la etapa procesal siguiente. Asimismo, precisó que la doctrina de actos de imposible reparación para los efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto tratándose de un acuerdo de admisión de pruebas en el nuevo sistema de justicia penal, implica realizar un análisis que permita decidir sobre si determinado acto judicial tiene la naturaleza de irreparable, lo cual deberá efectuarse partiendo de la premisa de que son actos intraprocesales y que la procedencia del amparo indirecto está supeditado a que dicho acto genere una afectación actual a un derecho fundamental que no podrá ser reparada. Además, dicho órgano colegiado determinó que además de la naturaleza del acto, debe atenderse si en efecto implica una violación a un derecho fundamental que de forma inmediata debe ser revisada y no supeditarlo a que el mismo pueda o no ser reparado en la sentencia que se dicte en la audiencia de juicio oral, porque dicha resolución se ocupará de la valoración de las pruebas desahogadas en el juicio oral y, por tanto, no se ocupará de cuestiones que deben ser analizadas, cuestionadas o debatidas en etapas previas como lo es la admisión de medios de prueba. Por lo que, atendiendo a lo anteriormente expuesto, es inconcuso que el juicio de amparo indirecto es improcedente, dado que no generan una afectación irreparable, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. Afectación que, en todo caso, se generará en la audiencia de debate de la etapa de juicio oral, respecto del desahogo de los medios de prueba admitidos, la forma en que dicho desahogo se verifique, el contenido de los deposados al tenor del interrogatorio y contrainterrogatorio respectivo que en ejercicio del principio de contradicción generen las partes y, desde luego, que el Tribunal de enjuiciamiento justifique su resolución sobre un cúmulo probatorio carente del medio de prueba excluido. Robustece lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 23/2021 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor literal siguiente: "JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DERIVADO DE UN PROCESO PENAL ACUSATORIO. POR REGLA GENERAL ES IMPROCEDENTE, EN CONTRA DE LA EXCLUSIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA EN LA ETAPA INTERMEDIA DEL PROCESO PENAL ACUSATORIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito que participaron en la contradicción de tesis, en ejercicio de sus arbitrios judiciales realizaron un análisis interpretativo que los llevó a conclusiones distintas al resolver si la exclusión de medios de prueba en la etapa intermedia -su no admisión en el auto de apertura a juicio- constituye un "acto de imposible reparación" y, por tanto, si es o no procedente el juicio de amparo indirecto en su contra. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, por regla general, debe tenerse por actualizada la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, cuando se impugne la exclusión de medios de prueba. Al ser una regla general, no es absoluta, por lo que para que sea procedente, por excepción será necesario que afecte materialmente derechos sustantivos. Justificación: Se arriba a esta conclusión de conformidad con el parámetro legal regulado en el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, referente a que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de "actos de imposible reparación", entendiéndose por éstos aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos. Para verificar la actualización del parámetro legal en tratándose de la exclusión probatoria, debe partirse de la relación paralela existente entre el proceso penal y el juicio de amparo indirecto. Si bien ambos juicios guardan puntos de toque inexorables, a su vez cada uno corre por cuerda separada y se actualiza a partir de hechos y finalidades generadas en distintos planos. En ese contexto debe ser entendido el acto que excluye pruebas y el auto de apertura a juicio que no las incluye. Éste es un acto de índole adjetiva -intraprocesal- que sirve como herramienta para formar el plexo probatorio que será discutido y valorado en el juicio oral (mediante la exclusión o no inclusión de algunos medios de prueba). Herramienta que está ya protegida de manera sustancial por la normativa procesal y orgánica, y que de ser detenido por la procedencia del amparo indirecto trastocaría de manera desnaturalizante los principios del proceso penal de corte acusatorio que llaman al equilibrio entre la protección de los derechos fundamentales y la eficacia en la resolución de los procesos. Además, debe tomarse en consideración que cualquier ilegalidad relacionada con la exclusión del medio de prueba puede enmendarse con posterioridad, bien porque existe otro medio que prueba el mismo hecho, porque no era relevante para la teoría del caso, o bien porque se obtenga una sentencia favorable a la parte quejosa pudiendo ser éste el caso si el Juez o tribunal de juicio oral considera que no se cumple con el estándar de prueba requerido debido a la deficiencia del cúmulo probatorio (generada por la exclusión de medios de prueba). En esa tesitura, el amparo, por regla general, es improcedente. Por tanto, una posible violación a los principios informadores de la prueba en la exclusión de los medios de prueba, como pueden ser los principios que deben regir las audiencias (verbigracia, los principios de contradicción, inmediación, oralidad, igualdad de armas), el principio de necesidad de la prueba, el principio dispositivo, el principio de libertad de la prueba, el de pertenencia, o los de idoneidad y utilidad -por nombrar algunos-, haría improcedente el juicio de amparo indirecto a la luz de la doctrina de "actos de imposible reparación". Lo anterior, pues efectivamente dichas violaciones residen en un plano adjetivo, cuya afectación está supeditada a su trascendencia en el proceso penal. Sin embargo, existen supuestos excepcionales en los que, estudiados caso por caso, la exclusión de medios de prueba constituye un "acto de imposible reparación", pues puede implicar cargas injustificadas al imputado, de ejecución inmediata, que trastoquen derechos sustantivos. Escenario en el que el amparo sí debe ser procedente." Máxime que de la audiencia de control celebrada el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal ********************, se advierte que el (1) Juzgado responsable, no desconoció la calidad de víctima indirecta de ********************, para actuar dentro de ese sumario, tal como se aprecia a las quince horas con dieciocho minutos y cincuenta y tres segundos, y que es de la literalidad siguiente: "[.] Minuto 15:18:53. Juez. Atendiendo los argumentos advertidos, este sin que estos no roben perjuicio mención a su solicitud. Escuchamos los argumentos advertidos sin que esto quebrante los derechos para efectos de que ustedes conocieran a viva voz sin que se quebranten los principios que rigen el sistema penal acusatorio, en ese sentido atendiendo a los argumentos vertidos por parte de la representación victimal del ciudadano ********************, escuchamos los argumentos vamos a tocar la siguiente manera, en punto número uno, refiere la citada representación victimal que la autoridad ministerial no realizó actos de investigación para determinar la idoneidad de la calidad de víctima, ese es el sentido que refiere en el acto de investigación y por lo cual advierte que esa designación dice la autoridad ministerial atendiendo a sus opiniones y manifestaciones y roban perjuicios para llevar a cabo la investigación, la cual puede permitirse en el sentido de la obstaculización para efectos de coadyuvar con el Ministerio Público, ni tratar de favorecer a la parte contraria, la ley con la calidad de víctima con el nuevo sistema penal acusatorio ha quedado muy claro desde el 2008, antes la víctima se quedaba en un plano desprotegido y de desigualdad esa fue la finalidad de la reforma constitucional dar esa calidad que el papel de la víctima jugara un papel importante en el paradigma o en el escenario jurídico del derecho penal, el argumento advertido por parte de la representación atendiendo a la asesoría jurídica de ******************** refiere que esa calidad no es ajustada a los lineamientos de derecho, porqué? Porque refiere que hasta esta etapa de juicio comparece la hija del hoy acusado ha garantizado solicitar de que le imponga esa calidad de víctima cuando diversa persona ha realizado actos encaminados para poder coadyuvar con el ministerio público y poder justificar e investigar para alcanzar el objetivo y la sanción respectiva del hecho por el cual acusa el fiscal, sin embargo a esos argumentos el Código Nacional en el artículo 20 constitucional apartado C, es muy claro en el sentido de reconocer a la víctima el artículo 108 segundo establece las atendiendo a esa calidad que seleccionar a las partes del procedimiento penal en retomando trayéndolo a la litis en materia ha dejado claramente establecido los grados en línea recta para efectos del tribunal quiénes son las víctimas de primer grado, segundo grado y es igual y hasta el cuarto grado, el artículo primero constitucional en su párrafo tercero nos faculta a nosotros como administradores de justicia, velar por los derechos humanos de ahí en México se hace esa pauta, ha habido pronunciamientos en favor de la víctima tan es así que se hizo la ley para el reconocimiento de víctimas para establecer esa calidad que la víctima la cual se le reconoció esa calidad en esta etapa tiene o puede a la contraparte son argumentos subjetivos porqué, porque está debidamente representada la víctima por la autoridad ministerial que se rige bajo diversos principios uno de ellos el principio de objetividad y de lealtad, máximo que en acusación no sé advierte que esa víctima indirecta obre como testigo, ella quiere estar dando la voz, está pidiendo 3 horas (sic) justicia soy víctima directa, pero esto no trae consecuencia que va obstaculizar o a favorecer a la parte contraria máxima y que la ley le da la luz jurídica de que cuando es una violación hasta cuarto grado si deciden declarar o no queda a expedito sus derechos, sin embargo ateniéndose bosquejo general partiendo desde la Constitución artículo primero y artículo 20 apartado y obedece a esos enunciamientos el artículo 108, párrafo segundo, aunado a que dentro de la carpeta de investigación que tiene no obra que esta persona, que la víctima indirecta ******************** funja como testigo que sí porque apareció hasta esta faceta de juicio son argumentos que hasta en son materia de ejecución se dejan a salvo esos derechos, la propia Constitución lo enmarca, no podemos venir a juicio o a un control judicial a solicitar "no quiero que reconozcas esa calidad", si sería cortar un ese derecho que se encuentra establecido y constituido en la propia Constitución por lo tanto en ese contexto llegamos a la conclusión que sí se le reconoce esa calidad de víctima directa a ******************** como también se lo reconoce al señor ********************, máximo por lo que se está dejando en indefensión al señor ********************, él sí aparece como testigo entonces en ese sentido llegamos a la conclusión que no se puede excluir a ******************** como víctima indirecta, pero tampoco se le puede excluir al señor ********************, teniendo la representación en base al artículo 108, párrafo segundo, primer grado a la ciudadana ********************, en ese sentido en términos del artículo 67 se ordena la transcripción de la presente resolución y determinación, y en términos del artículo 63, quedan debidamente notificados de lo aquí resuelto, alguna solicitud Fiscal del Ministerio Público? [.]" (sic) Por ende, se insiste, los actos reclamados no generan una afectación irreparable, sino que se constriñen a una determinación de índole adjetiva o procesal; por lo que la afectación que en su caso pueda resentir a partir de la exclusión de dichos actos de investigación, será esclarecerá en la etapa respectiva del procedimiento, es decir, sobre la base del plexo probatorio que sirva de sustento a la resolución emitirá por el Tribunal de Enjuiciamiento. En ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción V (interpretado a contrario sensu) ambos de la Ley de Amparo, dado que los actos reclamado que nos ocupan, no generan una afectación irreparable de derechos sustantivos, sino que se constriñe a una determinación de índole adjetiva o procesal. V. Desechamiento Por los motivos expuestos es procedente desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Encargada del Despacho, por encontrarse de licencia médica la Jueza de Distrito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Maritza Rosado Abadía, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
Quedan 11 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez · 11,092 expedientes
- Raúl Lima Delgado1669/2023
- Raúl Martínez Rodríguez249/2019
- Raul Moreno Gomez592/2016
- Raúl Morga Velázquez1144/2018
- Raúl Nájera Ozuna604/2016
- Raúl Ochoa López1232/2022
- Raúl Palacios Gutiérrez613/2020
- Raúl Palacios Gutiérrez1009/2022
- Raúl Palacios Gutiérrez1130/2021
- Raúl Palacios Gutiérrez466/2021
- Raúl Piñon Escobar127/2023
- Raul Ramos Gonzales324/2018