Raúl Nuñez Quiroga

Expediente 2149/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2149/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
22/12/2019

Partes del expediente

  • Raúl Nuñez Quiroga

Actuaciones

  1. Principal

    MESA 6.Villahermosa, Tabasco, veintidós de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos; agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por la Jefa de Departamento de Asuntos Jurídicos "B" de la Oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en representación del Subrepresentante Federal del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, Tabasco y del Subdirector de la Estación Migratoria en Tenosique Tabasco, de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración del Estado de Tabasco, autoridades señaladas como responsables, mediante el cual rinde su informe respecto a la suspensión de plano decretada en el presente juicio; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad oficiante las constancias que anexó a su informe de cuenta, sin perjuicio de hacer relación de ellas al momento de celebrarse la audiencia constitucional.

  2. Principal

    MESA 6: VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; el escrito de demanda mediante el cual Raúl Osorio Mendoza, promueve a favor de ANNIE TABLA COSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA COSTA, y solicita a su favor el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama del SUBREPRESENTANTE FEDERAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN EN TENOSIQUE, TABASCO, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1°, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ANOTACIONES Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado y regístrese en el libro de gobierno con el número 2149/2019-6. Se reserva pedir los informes de ley y señalar fecha para la celebración de la respectiva audiencia, hasta en tanto sea ratificada la demanda por parte de los directos agraviados, así como de proveer respecto de los diversos actos no previstos en el citado artículo 22 constitucional, que también se reclama. SUSPENSIÓN DE PLANO. Toda vez que de la demanda de derechos fundamentales se desprende que la parte quejosa reclama la privación ilegal de la libertad, orden de deportación y/o repatriación a su país de origen e incomunicación de ANNIE TABLA COSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA COSTA; en consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano, para el efecto de que las autoridades responsables se abstengan de ejecutar alguna orden de deportación emitida contra de los quejosos, así como del referido menor, así como todos aquellos actos prohibidos en el artículo 22 Constitucional. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia P./J. 80/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 15, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Materia Administrativa, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Ahora bien, atendiendo al principio de separación y unidad familiar y al interés superior del quejoso menor de edad, se requiere a las autoridades responsables para que una vez notificadas del presente auto de inmediato cumplan con lo siguiente: 1. Identifique e individualice al menor migrante; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si ha tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud, o quién tiene necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provea la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Canalice al menor al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia; 6. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que pueda acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; y, 7. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias para supervisar y vigilar que si no está acompañado de familiares tenga un espacio específico en la estación migratoria, distinto del de los adultos y que cuente también con áreas separadas para niños, niñas y adolescentes, e implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, en caso de menor acompañado, o bien, los planes de alojamiento alternativo para quien esté solo. Lo anterior con apoyo en la tesis I.21o.A.4 A (10a.), sustentada por el Vigésimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 4587, Libro 69, Agosto de 2019, Tomo IV, Materias: Común, Administrativa, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO EN EL AMPARO DECRETADA CONTRA SU DEPORTACIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN DETENIDOS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. De los artículos 164 de la Ley de Amparo, 66, 107, 109 y 112 de la Ley de Migración, así como del Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, se desprende una serie de medidas que coadyuvan a priorizar el respeto de los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes, acompañados o no por familiares, detenidos en las estaciones migratorias, que se deben adoptar a la luz de los principios de separación y unidad familiar, respetando en todo momento el interés superior del menor de edad, las cuales el juzgador no puede soslayar. En estas condiciones, el Juez de Distrito que conozca del amparo contra ese acto, debe analizar el asunto bajo la óptica encaminada a la búsqueda y aplicación de medidas alternativas a la detención en la estación migratoria, en que ésta se utilice como último recurso, al tratarse per se, de una privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación (aseguramiento o alojamiento); de no ser posible un alojamiento distinto, entonces debe examinar que se cumplan y garanticen sus derechos mientras dure su estadía en ese lugar. Por tanto, cuando se decrete la suspensión de oficio contra su deportación y permanezcan en las instalaciones señaladas, esa medida debe tener por efecto que la autoridad migratoria: 1. Identifique e individualice a los menores migrantes; 2. Especifique la temporalidad de la detención y si han tenido derecho a asesoría y representación jurídica durante ese lapso; 3. Corrobore el estado de salud, o quiénes tienen necesidades específicas, en caso de que se trate de lactantes, por ejemplo; 4. Provea la designación de algún tutor o representante legal, o bien, traductor o intérprete para facilitar la comunicación; 5. Canalice a los menores al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, a los Sistemas Estatales DIF y de la Ciudad de México; 6. Los ponga en contacto con el consulado de su país, salvo que puedan acceder al asilo político o al reconocimiento de la condición de refugiado; y, 7. Que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en el ámbito de su competencia, adopte las medidas necesarias para supervisar y vigilar que quienes no estén acompañados de familiares tengan un espacio específico en la estación migratoria, distinto del de los adultos y que cuenten también con áreas separadas para niños, niñas y adolescentes, e implemente un plan inmediato para asegurar las alternativas en libertad, en caso de menores acompañados, o bien, los planes de alojamiento alternativo para quienes estén solos." Asimismo, se decreta la suspensión de plano a fin de que cese inmediatamente la incomunicación que se dice sufren los directos impetrantes ANNIE TABLA COSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA COSTA, por encontrarse dentro de las conductas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción de los oficios correspondientes, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; apercibidas que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por los artículos 262, fracción III, de la Ley de Amparo y 215 del Código Penal Federal. En la inteligencia que el hecho que se encuentren privados de su libertad en dicha Estación Migratoria, ello no implica su aislamiento total que impida las visitas y comunicación con sus familiares y defensores, pues la autoridad responsable debe respetar los derechos humanos mínimos de los impetrantes del amparo, como lo son, el acceso a la comunicación y visitas con familiares y abogados, deambular en el espacio donde se encuentra recluido, suministro de alimentos y atención médica; todo ello, en condiciones de higiene suficiente que le permita satisfacer sus necesidades inmediatas. En el entendido de que la medida suspensional decretada no surtirá efecto legal alguno, si los actos reclamados proceden de autoridades distintas de las señaladas como responsables. Asimismo, la suspensión concedida surte sus efectos siempre y cuando no se atente contra la seguridad de la sociedad y de los quejosos, pues de ser así no se colmaría el requisito de que no se vulnere el interés social exigido en el artículo 107 de la Carta Magna, toda vez que la sociedad y el Estado se encuentran interesados en que se salvaguarde la vida y la integridad de las personas que se encuentran este país. La medida cautelar decretada no impide que las autoridades responsables continúen con el procedimiento administrativo respectivo y, en su caso lo resuelvan, lo cual deberán informar de manera inmediata a este Juzgado de Distrito, ya que éste es de orden público y no puede suspenderse. Asimismo, les deberán hacer saber que tienen el derecho de ser asistidos por la autoridad consular de su país en caso de que así lo soliciten. PROMOCIONES FUERA DEL HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO Hágase del conocimiento de las autoridades responsables, que ante la gravedad de los actos reclamados, y la premura de que este Juzgado de Distrito, por un lado, tenga conocimiento sobre el cumplimiento a la suspensión decretada, los informes que se solicita rindan en el plazo de veinticuatro horas, implica que dichos informes se presenten por escrito y de manera directa en este órgano jurisdiccional, ante el (la) Secretario(a) autorizado (a) para recibir promociones fuera del horario de atención al público; por lo que su remisión por cualquier otra vía y su recepción en este Juzgado Federal después de las veinticuatro horas señaladas, se considerará extemporáneo; en consecuencia, ante el incumplimiento de rendir dicho informe en la forma y plazo señalados, de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 259 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 237, fracción I, del propio ordenamiento invocado, se les impondrá una multa de 50 (cincuenta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad $4,224.50 (cuatro mil doscientos veinticuatro pesos con cincuenta centavos); la que resulta de multiplicar por cincuenta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, al día siguiente, vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve. Por otra parte, toda vez que del escrito de demanda se desprende que el promovente refiere que los quejosos ANNIE TABLA COSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA COSTA, se encuentran retenidos en la Estación Migratoria de Tenosique, Tabasco, desde el veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, sin que se les notifique el motivo de su detención; por tanto, con fundamento en los artículos 15, 125, 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión solicitada para el efecto de que las responsables garanticen los derechos reconocidos en la Constitución Federal, Tratados Internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano, del precitado quejoso, lo que implica que, en términos del artículo 107 de la Ley de Migración, de haberse emitido el acuerdo de presentación respectivo, en la estación migratoria en que se encuentre, se le respeten los derechos siguientes: ? Prestarles servicios de asistencia médica, psicológica y jurídica; ? Atender los requerimientos alimentarios de dichos extranjeros, ofreciéndoles tres alimentos al día, para lo cual el Instituto deberá supervisar que la calidad de los alimentos sea adecuada. ? Garantizar el respeto de los derechos humanos de los extranjeros presentados; ? Permitir el acceso de representantes legales, o persona de su confianza y la asistencia consular; ? Permitir la visita de las personas que cumplan con los requisitos establecidos en las disposiciones jurídicas aplicables. En caso de negativa de acceso esta deberá entregarse por escrito debidamente fundado y motivado. Además, el 102 de la Ley de Migración dispone: "Artículo 102. El extranjero sometido a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. La garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley." Por tanto, la autoridad responsable deberá de comunicarle a la parte quejosa que de estar sometida a un procedimiento administrativo, a fin de lograr su estancia regular en el país, que en lo que se dicta resolución definitiva, podrá: a) Otorgar garantía suficiente y a satisfacción de la autoridad; b) Establecer domicilio o lugar en el que permanecerá; c) No ausentarse del mismo sin previa autorización de la autoridad, y d) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. Asimismo, que la garantía podrá constituirse en póliza de fianza, billete de depósito o por cualquier otro medio permitido por la ley. Luego, por lo que hace a la libertad que solicitan a este juzgado, mientras dura el juicio de derechos fundamentales del que deriva este incidente. En ese aspecto, es necesario establecer que el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que afecten a personas migrantes o sujetas de protección internacional, no es fundamento legal para el dictado de resoluciones, también lo es, que constituye una herramienta para este juzgador, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro "2006882", consultable en la página 162, Libro 8, Tomo I, Julio de dos mil catorce, Materias Constitucional y Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguientes: "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE INVOLUCREN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EMITIDO POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. NO ES VINCULANTE Y POR TANTO NO TIENE VALOR NORMATIVO PARA FUNDAR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL, PERO CONSTITUYE UNA HERRAMIENTA PARA QUIENES EJERCEN DICHA FUNCIÓN. Diversos organismos internacionales, como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, han emitido diversas directrices sobre la justicia en asuntos concernientes a niños, dirigidas especialmente a casos en los que los niños han sido víctimas o testigos de delitos, las cuales tienen por objeto reducir o evitar, en la medida de lo posible, la victimización secundaria. Algunas de esas recomendaciones han sido acogidas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren Niñas, Niños y Adolescentes, señalando al respecto que sobre las pruebas periciales existen algunas directrices relacionadas con su registro, repetición y valoración que deben considerarse. Así, aunque ese protocolo no es vinculante y por tanto no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, sí constituye una herramienta para los juzgadores, pues a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, que se refieren a niñas, niños y adolescentes, establece prácticas para el acceso a la justicia, fundadas en el respeto a los derechos de ese grupo vulnerable, lo cual es trascendente, pues no se puede negar que la forma de realizar las entrevistas al menor puede ser crucial para obtener una respuesta que sea más apegada a la realidad; que deben evitarse las preguntas cerradas y repetirse las preguntas lo menos posible, para impedir que se vicien las respuestas. Asimismo, en los casos en los que haya indicios de maltrato infantil, violencia familiar, incluso abuso sexual o conflictos emocionales derivados de divorcios conflictivos, los lineamientos citados persiguen una doble finalidad: a) obtener un testimonio de calidad y conocer con un mayor grado de certeza lo que piensa o siente el menor; y, b) evitar, en la medida de lo posible, revictimizarlo." De acuerdo con el criterio en cuestión, el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, si bien no es vinculante, porque no tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecua a los criterios nacionales e internacionales, a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para ese grupo vulnerable, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De lo que se colige, que es válido constitucional y legalmente, que el juez de amparo concediera la libertad provisional bajo caución, ya que tomó en cuenta el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional . De lo transcrito destaca que es posible el otorgamiento de la suspensión, tratándose de personas detenidas por orden de la autoridad migratoria, para efectos de que la persona quede en libertad provisional mediante las medidas de aseguramiento correspondientes, a disposición de la autoridad administrativa para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Asimismo, el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración. En ese contexto, para este juzgador procede conceder la libertad bajo caución a los incidentistas ANNIE TABLA ACOSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA ACOSTA, en términos del artículo 102, de la Ley de Migración. Bajo ese contexto, quien resuelve, procede a dictar las siguientes medidas de aseguramiento: a) Exhiban una garantía de $10,000 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), por cada uno de los quejosos, en cualquiera de las formas establecidas en la ley. b) Proporcionen un domicilio en el que permanecerán ubicados en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, del cual no podrán ausentarse sin previa autorización de la autoridad migratoria. c) Presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Presentarse ante este juzgado a firmar cada ocho días; comparecer ante la autoridad migratoria tantas y cuantas veces sean requeridos para la continuación del procedimiento administrativo de migración. Medidas que se exigen y que deberán cumplir ante la autoridad migratoria que los tenga retenidos, a efecto de que obtengan su libertad, quedando a disposición de aquella autoridad para la continuación del procedimiento administrativo y a disposición de este juzgado por cuanto hace a su libertad personal. Lo anterior, encuentra sustento en la Tesis del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo III, Página 2431, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MIGRANTES. SI EN AMPARO RECLAMAN SU DETENCIÓN POR ORDEN DE LA AUTORIDAD MIGRATORIA, ES LEGAL QUE EL JUEZ DE DISTRITO, AL CONOCER DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN CORRESPONDIENTE, LES CONCEDA LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE LA MATERIA Y EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PARA QUIENES IMPARTEN JUSTICIA EN CASOS QUE AFECTEN A PERSONAS MIGRANTES Y SUJETAS DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL. Cuando el acto reclamado consiste en la detención de un migrante por orden de la autoridad migratoria, es legal que el Juez de Distrito, al conocer del incidente de suspensión correspondiente, le conceda la libertad provisional bajo caución, de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo abrogada, en relación con el diverso décimo transitorio de la ley de la materia vigente y el Protocolo de Actuación para Quienes Imparten Justicia en Casos que Afecten a Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional, pues aunque éste no es vinculante ni tiene valor normativo para fundar una decisión jurisdiccional, constituye una herramienta que guía a los juzgadores en la tarea de impartir justicia en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, porque se adecua a los criterios nacionales e internacionales, a la luz de los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos y establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia para este grupo vulnerable; además, hace referencia a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha emitido jurisprudencia confirmando la procedencia de la suspensión de oficio, cuando el acto reclamado es la deportación, así como que los Tribunales Colegiados de Circuito reconocen que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional, quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal, mediante las medidas de aseguramiento correspondientes; en congruencia con lo anterior, la Ley de Migración señala, como primer principio de la política migratoria, el respeto irrestricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras, con especial atención a los grupos en situación de vulnerabilidad. Así, los avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige que quienes imparten justicia conozcan las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten en el sentido de maximizar la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo con los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad." Así como, la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XXVIII, Julio de 2008, Página 1745, Materia Penal, Novena Época, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". De la interpretación de los artículos 136, párrafo sexto, de la Ley de Amparo, 153 de la Ley General de Población y 211, fracción II, de su reglamento, se obtiene que las personas detenidas por orden de la autoridad migratoria podrán ser puestas en libertad provisional para el efecto de quedar a disposición de ésta para la continuación del procedimiento y a la del Juez de Distrito por cuanto hace a su libertad personal. Es así porque el artículo 136, párrafo sexto, prevé que cuando se reclame en amparo una detención por orden de autoridad administrativa distinta del Ministerio Público -que es el caso de la autoridad migratoria-, el quejoso podrá ser puesto en libertad provisional para los efectos mencionados y mediante las respectivas medidas de aseguramiento. Y si bien la Ley de Amparo no establece esas medidas, el artículo 153 de la ley que rige la actuación de la autoridad administrativa y específicamente el procedimiento migratorio -Ley General de Población- prevé la "custodia provisional", que es una especie de libertad provisional porque permite que una persona asegurada deje de estar recluida en una estación migratoria o centro de detención y, en su lugar, sea entregada a una persona o institución, para lo cual se exigen las siguientes medidas: 1. El extranjero se entregue en custodia a una persona o institución de reconocida solvencia. 2. Otorgue una garantía. 3. Comparezca ante la autoridad migratoria las veces que así se le requiera; y 4. Firme en el libro de control de extranjeros. Las dos últimas medidas no requieren de explicación alguna, pues se trata de obligaciones procesales directas que se adquieren respecto del procedimiento migratorio. En cambio las primeras dos medidas de aseguramiento requieren determinar qué personas o instituciones se consideran de "reconocida solvencia" y qué clase de garantía es la que se debe otorgar. Así, respecto a la reconocida solvencia, del artículo 211, fracción II, del Reglamento de la Ley General de Población, se obtiene que, salvo prueba en contrario, es dable asumir como esa clase de instituciones a las representaciones consulares -consulados o embajadas- a través de sus representantes acreditados y como ese tipo de personas a los extranjeros con residencia legal en el país o a los mexicanos. En lo que concierne a la clase y monto de la garantía, como ni en la Ley de Amparo ni en la Ley General de Población aparece parámetro alguno, el juzgador de amparo debe determinarla, y dentro de ese margen de arbitrio es posible guiarse, en lo conducente, por la reglamentación del Código Federal de Procedimientos Penales, en el que sí se prevén elementos para determinarlos." De igual manera, la tesis XXI.2o.P.A.2 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en la página 2827, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. EL SOLO HECHO DE QUE EL QUEJOSO SEA UN MENOR NO JUSTIFICA, PER SE, DESATENDER LAS REGLAS ESTABLECIDAS EN LA LEY DE LA MATERIA PARA SU OTORGAMIENTO Y EFECTIVIDAD. Si bien es cierto que cuando se debaten cuestiones que pudieran afectar derechos de los menores, los órganos jurisdiccionales tienen la obligación de anteponer el interés superior del niño, con la finalidad de resolver lo más benéfico para el pleno desarrollo físico y emocional de aquéllos, también lo es que si los derechos inherentes a éste no se ven afectados con la determinación del Juez de Distrito en el incidente de suspensión en el amparo, por no estar a debate cuestiones relacionadas con la guarda y custodia, la convivencia con los padres, la adopción, la salud, la alimentación u otro derecho de esa naturaleza, el solo hecho de que el quejoso sea un menor no justifica, per se, desatender las reglas establecidas en la ley de la materia para el otorgamiento y efectividad de la suspensión del acto reclamado, como las relativas a la fijación de la garantía, toda vez que ésta y, en su caso, su monto, dependerán de las circunstancias particulares de cada asunto, y no sólo de la condición de menor del quejoso." Lo anterior, en virtud de que la condición de menor del quejoso no lo exime de exhibir la garantía fijada para gozar de libertad provisional bajo caución; ello atendiendo a que no está en debate cuestiones que pudieran afectar sus derechos y de que uno de sus padres se encuentra en el mismo lugar que ellos. RATIFICACIÓN Ahora bien, toda vez que el promovente manifiesta que los quejosos ANNIE TABLA COSTA, RAÚL NÚÑEZ QUIROGA y del menor cuyas iniciales son D.M.M.T., representado por su madre ANNIE TABLA COSTA, se encuentran privados de su libertad en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, Tabasco, se comisiona a cualesquiera de los actuarios de este órgano jurisdiccional, a fin de que se constituya en las instalaciones que ocupa dicha dependencia, o a cualquier otro centro de internamiento, con el objeto de notificar a los directos quejosos el contenido íntegro del presente proveído. Asimismo, de fe de la integridad física de éstos y del lugar en que se encuentran recluidos, en el entendido de que deberá requerir a ANNIE TABLA COSTA y RAÚL NÚÑEZ QUIROGA, para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifiesten si ratifican o no la demanda de amparo promovida a su favor por el licenciado Raúl Osorio Mendoza, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por NO PRESENTADA, acorde a lo establecido en el numeral 15 de la Ley de Amparo. Requiérase a las autoridades responsables a fin de que permitan el acceso de la actuaria de este juzgado a sus instalaciones, para que se encuentre en posibilidad de llevar a cabo la diligencia encomendada; apercibidas que de oponer obstáculo alguno al buen desarrollo de la referida diligencia, puede configurar el delito de desacato directo a una orden judicial, previsto por el artículo 262 de la Ley de Amparo. Con fundamento en lo establecido por el artículo 156 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en esta fecha se autoriza la salida de la licenciada Hilda del Rosario Notario Jiménez, actuaria adscrita a este Órgano Jurisdiccional, fuera de la residencia que ocupa este recinto, para efecto de llevar a cabo la notificación del presente asunto, a la autoridad residente en Tenosique, Tabasco. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el segundo párrafo del artículo 156 indicado, hágase del conocimiento del Secretario del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, para los efectos a que haya lugar. De igual forma, mediante atento oficio, comuníquese lo anterior, a la Administración Regional en Villahermosa, a efecto de que se realice el trámite administrativo correspondiente. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2 del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL, y como autorizado al profesionista que menciona en su escrito de demanda, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Ahora, en términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS Finalmente, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales Administrativos correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma CARLOS CALDERÓN ESPÍNDOLA, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, ante la Secretaria Marseye Sanchez Bautista, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    MESA 6.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta, toda vez que la parte quejosa Raúl Muñez Quiroga y Annie Tabla Costa, representante del menor cuyas iniciales son D. M. M. T., ratificaron la demanda de amparo promovida en su favor por Raúl Osorio Mendoza, mediante el cual solicitan el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclaman del Sub representante Federal del Instituto Nacional de Migración en Tenosique, Tabasco, y otra autoridad, que estima violatorios de los artículos 1, 11, 14, 16, 22 y 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 35, 112, 115 y 117 de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. REQUERIMIENTO DE INFORME JUSTIFICADO Y APERCIBIMIENTO. Ahora bien, con fundamento en los numerales 116 y 117 de la ley de la materia, pídanse informes justificados a las autoridades responsables al que deberán anexar copia certificada de todas y cada una de las constancias que integran el acto reclamado, debidamente costuradas, selladas, foliadas y legibles; dentro del término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, el que también podrán remitir al correo oficial 3jdo10cto@correo.cjf.gob.mx; lo anterior permitirá, además, agilizar el trámite y resolución del presente asunto y cumplir con el principio de constitucionalidad de impartición de justicia pronta y expedita, apercibidas que de no hacerlo, con fundamento en el artículo 260 fracción II, de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos); la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año; asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades responsables de las penas en que incurren con la omisión de rendir los informes justificados en el término solicitado y el de afirmar hechos falsos u omitan el que les conste en relación con el amparo, previsto en el artículo 262 fracción I, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento a las autoridades señaladas como responsables, que si bien se les otorga un término de quince días para rendir sus informes justificados, no menos cierto es que no existe disposición que les impida rendir tales informes en un término menor al indicado, antes bien la prontitud con que se rindan se encuentra acorde con el imperativo previsto en el artículo 17 Constitucional, consistente en administrar justicia pronta y expedita, así como de acuerdo con los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, relativo a la prerrogativa de las personas de contar con un medio de defensa sencillo y rápido, por lo que se exhorta a las autoridades en cuanto tengan la información necesaria para rendir el informe que se les requiere, de inmediato lo hagan saber a este órgano jurisdiccional, en la inteligencia de que deberán hacerlo con la anticipación debida para que las partes puedan imponerse de dichos informes por lo menos con ocho días previos al señalado para la audiencia constitucional relativa, bajo apercibimiento que de no hacerlo se les aplicará la multa decretada. AVISO DE EVENTUAL PROMOCIÓN DE DIVERSOS JUICIOS Y DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, hágase saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de informar la existencia de alguna causal de improcedencia y de remitir las constancias que así lo acrediten, en el entendido de que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la citada legislación, se harán acreedoras a una multa de 30 (treinta) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos con setenta centavos); la que se deduce de multiplicar por treinta la cantidad de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos), valor de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante decreto de nueve de enero de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día siguiente, con efectos a partir del uno de febrero del presente año. PREVENCIÓN EN CASO DE NEGARSE A RECIBIR NOTIFICACIÓN. Se les hace saber a las autoridades responsables que tienen la obligación de recibir los oficios aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señale la parte quejosa; en el entendido que de negarse a recibir los oficios de referencia, con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo, se harán acreedoras a una multa de 100 (cien) Unidades de Medida y Actualización, por el equivalente a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos), la que se deduce en los mismos términos de lo decretado en párrafos que anteceden. FIJACIÓN DE FECHA Y HORA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Por otra parte, con fundamento en los numerales 9°, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados y delegados a las personas que, en su caso, nombre las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. INTERVENCIÓN DE LAS PARTES. Con copia de la demanda, dése la intervención que compete al Fiscal de la Federación adscrito a este juzgado, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. EXPEDICIÓN DE COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de acuerdo con el numeral 2° del primero de los ordenamientos invocados, de solicitarse por las partes o sus autorizados, expídanse copias simples o certificadas de las constancias que integran este juicio; para lo cual se faculta la entrega de éstas por la Secretaría correspondiente, previa satisfacción de las formalidades legales. Y, de igual forma, una vez que se emita resolución en este asunto, expídase a las partes reproducción de la determinación respectiva, con excepción de las autoridades responsables, a quienes se les comunicará por oficio con transcripción del fallo correspondiente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por otra parte, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en la materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones públicas, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. INCIDENTE. No se apertura el incidente de suspensión, toda vez que respecto de los actos reclamados esta autoridad ya efectuó el pronunciamiento respectivo en la suspensión de plano decretada en esta misma fecha.

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