Raúl Moranchel Ramírez
Expediente 2176/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2176/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/12/2019
Partes del expediente
- Raúl Moranchel Ramírez
Actuaciones
- Principal
1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Raúl Moranchel Ramírez, contra actos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 2176/2019-III; y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 P R E V E N C I Ó N A efecto de acordar sobre su admisión, si en el caso procede, con fundamento en lo establecido en los artículos 108, fracciones IV y V, y 114, fracciones II, IV y V, de la Ley de Amparo, requiérase a Raúl Moranchel Ramírez para que dentro del término de cinco días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: 1.- Precise el acto que en concreto reclama en la presente instancia constitucional, es decir, si es: La resolución administrativa emitida el dieciséis de enero de dos mil catorce, por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la que, entre otras cuestiones, se le indicó que su jubilación sería calculada tomando como referencia el valor de la unidad de medida y actualización (UMA), O, bien, precise la fecha y contenido de la determinación, reclamada. Ello, porque de conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a la autoridad, debe señalarse con claridad y precisión, ya que la suscrita no puede presumir cuál es el acto reclamado a ésta, pues es un requisito de forma de la demanda que la ley o acto que de cada autoridad se reclame se señale con exactitud, en virtud de que, a través de los mismos sólo puede juzgarse sobre la constitucionalidad o no de lo impugnado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, en atención a que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de amparo. Esto es, de la interpretación sistemática del artículo 108, fracción IV (que establece que en la demanda de amparo debe señalarse el acto reclamado), en relación con el 74 (que dispone el principio de congruencia de las sentencias de amparo), ambos de la Ley Amparo, se concluye que en la demanda de amparo debe precisarse el acto o actos reclamados, de manera tal que queden definidos y no ambiguos, porque ello va a permitir fijar la litis constitucional y la resolución sobre los actos reclamados. De igual manera, deberá: 2.- Bajo protesta de decir verdad, a manera de antecedentes, indicar: 2.1 Cómo y cuándo tuvo conocimiento de la resolución reclamada. 2.2 Narrar de manera precisa y cronológica los hechos o abstenciones que dieron origen a la resolución reclamada, debiendo destacar si existe algún expediente administrativo en el que se hubiere dictado la misma, así como el estado procesal del mismo. 2.3 La fecha de su jubilación. 2.4. A partir de cuándo se le empezó a pagar su jubilación calculando dicha prestación con base en la unidad de medida y actualización (UMA). Lo anterior, ya que aunque en el punto c) del capítulo de antecedentes refiere: ".se vino generando el pago de mi pensión por jubilación en forma normal, pero tomando como referencia para los incrementos a dicha pensión jubilatoria la UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN desnaturalizando la pensión en sí misma y sobre todo los incrementos y pago de prestaciones como debería de ser, esto es conforme al salario mínimo general vigente." Sin embargo, no precisa desde cuándo se encuentra recibiendo dicho pago por jubilación, así como la fecha en la que se le empezó a pagar conforme a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), esto es, a partir de cuando tuvo conocimiento de la resolución reclamada. En ese sentido, se realiza la presente prevención al promovente del amparo, pues al ser el beneficiario de la pensión que refiere, tiene conocimiento de los actos reclamados, así como de sus antecedentes. Lo anterior, ya que en términos de la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, es requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo narrar los hechos y abstenciones que le constan a la parte quejosa y que constituyan los antecedentes del acto reclamado, lo que en la especie no acontece y da lugar a realizar el presente requerimiento. En la inteligencia de que la parte inconforme deberá presentar el escrito aclaratorio en el que dé cumplimiento a las anteriores prevenciones en original y con dos copias en términos del artículo 110 de la Ley de Amparo, para ser distribuidas de la siguiente manera: una para las autoridad señalada como responsable y una para el Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito a este Juzgado. Se apercibe a la quejosa que de no dar cumplimiento a las prevenciones mencionadas se procederá conforme a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS En términos del numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta, y por autorizadas en términos restringidos del artículo 12 del citado ordenamiento legal, a las personas que para ese efecto señala, por así haberlo solicitado. 4 COMUNICACIONES ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Se hace saber a las partes que en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios de interconexión tecnológica entre los órganos jurisdiccionales con diversas instituciones públicas, publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, el envío y recepción de información, notificaciones, requerimientos o comunicaciones entre los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito y Centros de Justicia Penal Federal, se podrá realizar mediante oficio digitalizado y con la firma electrónica de los servidores públicos que intervengan. 5 EXPEDIENTE ELECTRÓNICO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 89 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, así como en el diverso numeral 3 de la Ley de Amparo, se ordena integrar el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para lo cual, se digitalizará oportunamente y de manera legible las constancias de los juicios que se presenten de manera impresa, y se imprimirán las que se presenten de forma electrónica. Asimismo, se le hace saber a las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92, del citado acuerdo 1/2015, el cual es del tenor siguiente: "Artículo 92. No formarán parte del expediente electrónico y, por ende, no deberán digitalizarse, las copias de traslado, las hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias presentadas como anexos por las partes, de los que se advierta que corresponden a actuaciones del propio Juzgado de Distrito o Tribunal de Circuito que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial". 6 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. 7 RESERVA DE INFORMACIÓN De conformidad con los artículos 1°, 3º, 5º, 6º, 9º, 15 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, -que entró en vigor al día siguiente de su publicación- y reformado mediante decreto publicado en dicho órgano de difusión el veintisiete de enero de dos mil diecisiete; 1°, 2°, fracción V, 3°, fracción X, 4°, 7°, 17, 18 y 24 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete -que entró en vigor al día siguiente de su publicación-; así como los diversos numerales 1º, fracción I, 14, 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos -este último aplicable al caso concreto de conformidad con los artículos Segundo Transitorio del decreto por el que se expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Cuarto y Séptimo transitorios del decreto por el que se emitió la Ley General en comento-, este órgano jurisdiccional como parte del Poder Judicial de la Federación, debe de garantizar el derecho de acceso a la información, pero siendo responsable de los datos personales, contenidos en los acuerdos y resoluciones que se dicten y cumplir con las obligaciones establecidas en las leyes de la materia. De ahí que de conformidad con el artículo 6º de la Constitución, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y a los datos personales de los particulares considerados como confidenciales. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Visto el estado que guarda el presente asunto y toda vez que hasta la data en que se actúa el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla no ha dado debido cumplimiento al fallo protector, no obstante encontrarse debidamente notificado para tal efecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al: TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA. Requerimiento que se efectúa a través de sus integrantes, esto es: 1). PRESIDENTE del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; 2). REPRESENTANTE DE LOS TRABAJADORES adscrito al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla; y, 3). MAGISTRADO REPRESENTANTE DEL ESTADO adscrito a dicho Tribunal de Arbitraje. Para que dentro del término de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, emitida dentro de este asunto, debiendo remitir para tal efecto, las constancias que así lo acrediten. Con el APERCIBIMIENTO que, de no hacerlo o, no manifestar la imposibilidad que tengan para tal efecto, se impondrá a cada uno, multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que equivalen a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 m.n.), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, 238, y 260, fracción II, de la Ley de la Materia, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los transitorios segundo, tercero y quinto del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos, moneda nacional), atento a la actualización publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil diecinueve. Asimismo, se hace de su conocimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior, se ordenara remitir el expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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