Raúl Montes Cahuantzi

Expediente 1560/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1560/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
23/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Montes Cahuantzi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Incidental

    En Apizaco, Tlaxcala, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Prescripción de billete Vistos el estado de autos, se advierte que transcurrieron los dos años a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, para que ******************** compareciera ante este Juzgado a recoger los billetes de depósito, N 827396 por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y N 827407, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvieron para garantizar la suspensión provisional y definitiva concedidas al quejoso, resguardados en la caja de valores de este juzgado, bajo los números 9/2019 y 13/2018 respectivamente, que se dejaron a su disposición mediante proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, sin que lo haya hecho. Así, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 de la Ley Orgánica de Nacional Financiera, se obtiene que la sociedad es la exclusiva depositaria de títulos, valores o sumas en efectivo que tengan que hacerse por o ante autoridades administrativas y judiciales de la Federación y del Distrito Federal; de igual forma, de conformidad con el artículo 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, los títulos valores, como lo es el certificado de depósito que nos ocupa, prescribe en dos años contados a partir de la fecha en que legalmente el depositante estuvo en posibilidad de exigir su devolución. Por tanto, se tiene que en el presente expediente, el término de dos años ha transcurrido, por lo que se declara que el título de valor en comento ha prescrito a favor del fisco federal; en consecuencia, con fundamento en los artículos 50 de la Ley de Tesorería de la Federación, y 31 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, y en atención a la circular II/2007 de once de julio de dos mil siete, emitida por la Secretaria Técnica del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, mediante oficio envíese endosados los billetes de depósito N 827396 por la cantidad de $6,000.00 (seis mil pesos 00/100 moneda nacional) y N 827407, por la cantidad de $1,500.00 (mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), expedidos por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, que sirvieron para garantizar la suspensión provisional y definitiva concedidas al quejoso, resguardados en la caja de valores de este juzgado, para que proceda a su aplicación correspondiente, previa copia certificada que de los mismos se dejen en autos para debida constancia; en consecuencia, solicítese de la manera más atenta el acuse de recibo de estilo y, en su oportunidad, remita las constancias que acrediten su cumplimiento debido. Háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en observancia a la circular precitada. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual remite copia de audio y video de la audiencia celebrada el quince de noviembre de dos mil veintitrés en la causa judicial 750/2022 de su índice, en la cual levantó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso Raúl Montes Cahuantzi, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, de lo que se toma conocimiento. Por otra parte, se ordena dar cuenta con copia certificada del oficio de referencia en el juicio de amparo principal el que deriva el presente incidente de suspensión, para lo efectos legales a que haya lugar Disco versátil digital. Finalmente, dada la naturaleza del anexo remitido consistente en el disco versátil digital que contiene el registros de audio y video, manténgase por separado como anexo, y procédase a elaborar la caratula de identificación respectiva. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad remite constancias. Agréguese a los autos, la copia certificada del oficio de cuenta, mediante el cual el Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, remitió un disco versátil digital (DVD), que contiene copia de audio y video de la audiencia de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en al cual levantó la medida cautelar de prisión preventiva impuesta al quejoso ********************, e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada, en la causa judicial ******************** de su índice, documentales que se tiene por recibidas en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Tomo 1, Agosto 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, en primer lugar, se destaca que en proveído de treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo, respecto al acto reclamado consistente en: Atento a lo anterior y a lo informado por la autoridad responsable, se advierte que se acredita de manera manifiesta e indudable el motivo de sobreseimiento previsto en la fracción XVII, del artículo 61, en relación con la fracción V, del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales de referencia, establecen a la letra lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. (.)" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior". Al respecto, se destaca que cuando durante el juicio biinstancial sobrevenga alguna causal de improcedencia manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional está facultado para decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, tal como lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE". Asimismo, conforme a los preceptos transcritos, el juicio de amparo es improcedente contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Ahora, para que opere la causal de improcedencia del juicio de amparo referida se requiere necesariamente de la concurrencia de los elementos que se enuncian: a) Que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución procesal que venga a cambiar la situación jurídica en que se encontraba el quejoso en virtud del acto reclamado en el juicio constitucional; c) Que en virtud de esa nueva determinación sobrevenida se genere una situación en la cual no sea posible decidir la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica que no es motivo de análisis en el juicio de amparo, o bien, que la declaratoria de inconstitucionalidad del acto reclamado a nada práctico conduzca en razón de que la nueva situación creada, al no ser motivo de impugnación en el amparo, en nada cambiaría el estado general de las cosas; y d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de manera que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo anterior, se sustenta en el criterio que se cita: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional" Ahora bien, de las constancias remitidas por el Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, a las que se les otorga valor probatorio pleno conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo a su numeral 2°, se evidencia que el quince de noviembre de dos mil veintitrés, se levantó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta al quejoso ********************, y luego suscitado el debate entre las partes se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada. Precisado lo anterior, es evidente, que al haberse decretado a la parte quejosa ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la causa judicial ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado, cometido en agravio de quien en vida llevó el nombre de ********************, es patente, que no puede emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la resolución dictada en la audiencia de revisión de medida cautelar impuesta a la quejosa, el veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, consistente en prisión preventiva oficiosa, dentro de la causa judicial ********************, del índice de la autoridad responsable, porque no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación a la que sujeta la quejosa, es decir, a la resolución de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en donde se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, pues se trata de un diverso acto que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. Por tanto, se configura la causa de improcedencia prevista en el primer párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la propia legislación, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, respecto del acto consistente en: Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación localizable en la página 270 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, Junio de 2008; Materia Penal, Novena Época, cuyo contenido es: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". Se deja insubsistente fecha y hora de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja insubsistente la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional (DIEZ HORAS CON DIECISÉIS MINUTOS DEL CUATRO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS), por los motivos antes precisados. Anotaciones en el Libro de Gobierno y SISE Por otra parte, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Finalmente, no obstante que no se ha realizado el emplazamiento de los terceros interesados, ya que la presente resolución no les perjudica. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En Apizaco, Tlaxcala, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Autoridad informa domicilio y denominación de terceros interesados Agréguese el oficio signado por el Juez Segundo de Control y de Juicio Oral del Distrito Judicial de Guridi y Alcocer, mediante el cual remite en sobre cerrado, el domicilio de la tercera interesada ******************** asimismo, informa que la denominación de los Agentes del Ministerio Público que intervinieron en la audiencia de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, desahogada en la causa ********************, es la de "Agentes del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, adscritos a la Mesa Especializada en Homicidios Dolosos, Región Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala". Se ordena el emplazamiento En consecuencia, emplácese mediante oficio a ******************** Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación Especializada en Delitos de Violencia Intrafamiliar, Región Norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tlaxcala, ello en términos del artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo, al cual deberá adjuntarse copia simple de la demanda de amparo y auto admisorio, haciéndosele saber que se tienen señaladas las diez horas con dieciséis minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional, así como el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a su interés conviene. Se ordena emplazamiento de tercero interesado. Por otro lado, por cuanto hace a la tercera interesada ********************, se comisiona a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado, para que se constituya en el domicilio que se encuentra en sobre cerrado, el cual deberá mantenerse por separado, a efecto de que con copia simple de la demanda, auto admisorio y el presente acuerdo, emplace a juicio a la tercera interesada, ******************** asimismo, le haga saber la fecha de la audiencia constitucional diez horas con dieciséis minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés y, el derecho que tiene de apersonarse a juicio si a sus interés conviene, debiendo requerirle para que en el mismo acto de la diligencia, o dentro del plazo de tres días, señale domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la zona metropolitana Tlaxcala-Apizaco, lugar donde tiene residencia este Juzgado Federal, con el apercibimiento de que en caso de no hacerlo así, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán mediante la lista que se fija en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 27, fracción II, con relación al 26, fracción III de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a los terceros interesados. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Cecilia Ángeles Serrano, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.

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