Raúl Mireles González
Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 797/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Raúl Mireles González
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 797/2021-3, promovido por Raúl Mireles González, contra acto del Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, se advierte que no fue desahogada la vista dada en proveído de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, en el que se puso a la vista el oficio 3507/2021 signado por la Presidente de la citada junta. Por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida en base a las constancias allegadas por la autoridad de referencia. En el presente asunto, el acto reclamado se hizo consistir en la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 973/2014, ante la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Seguido el juicio de amparo en todas sus etapas, el treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable, de inmediato cumpliera al laudo firme de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 973/2014 del índice de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad (fojas 179 a 184). Dicha resolución no fue recurrida, por lo que causó ejecutoria mediante auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Para observar la ejecutoria de mérito, la Presidente Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, remitió copia certificada de la comparecencia de diecinueve de octubre actual, hecha por las partes en el juicio de origen, manifestándose conformes, respecto a la sentencia dictada en este juicio de amparo; conviniendo además, que en ejecución del laudo, se embargara una cuenta de la patronal en BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México. Por tanto, se determina que con dicho proceder el mismo ha quedado cumplido, desde el diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que comparecieron las partes ante la responsable, a manifestarse conformarse con la resolución dictada en este juicio de amparo y convenir sobre la ejecución del laudo en el expediente natural. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196 párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en este juicio de amparo no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iris Ileana de León Martínez, Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, encargada del despacho, por licencia del Titular, en términos del artículo 44, segundo párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la razón de cuenta, asentada por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a Raúl Mireles González, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes. Por otra parte, téngase al Presidente de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y apoderada y representante legal de Pemex Gas Petroquímica Básica, informando que las partes contendientes en el juicio laboral 973/2014, llegaron a convenio, allegando las constancias correspondientes. En atención a lo ello, dése vista a las partes quejosa con el citado oficio y anexo, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, manifiesten lo que a su interés convenga en relación con el cumplimiento que da la autoridad responsable de referencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en el entendido que de no hacer manifestación alguna en el término indicado, este órgano de control constitucional se pronunciará respecto del citado cumplimiento sobre la base de las constancias que obran en autos. Apoya lo expuesto, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, consultable en la página 728, Tomo X, Diciembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro IUS 192631, de rubro: "INFORMES SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO ESTÁ OBLIGADO A DAR VISTA CON ELLOS A LA PARTE QUEJOSA." Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Rodolfo de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
treinta de septiembre de dos mil veintiuno. S E N T E N C I A V I S T O S los autos del juicio de amparo 797/2021-3; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de junio de dos mil veintiuno, ante el la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta Reynosa, turnado a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, Raúl Mireles González promovió juicio de amparo contra actos de Pemex Gas y Petroquímica Básica, y de la Presidenta de la Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, ambos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17 y 29 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, se admitió la demanda de amparo con el número 797/2021-3, por lo que se pidió informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y fue señalada fecha para la audiencia constitucional, la cual se celebró el nueve de septiembre de dos mil veintiuno, en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, es competente para resolver este juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo vigente; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que conforme a los preceptos legales invocados, al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado carece de ejecución material, además de que deriva de un procedimiento que se ventila dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En principio, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se fija de manera clara y precisa que en este asunto el acto reclamado consiente la omisión de cumplir y hacer cumplir el laudo condenatorio dictado en el juicio laboral 973/2014, ante Junta Especial Número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. Se hace tal precisión, con base en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.- Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Junta Especial número Sesenta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por así haberlo reconocido al rendir el informe justificado. Del mismo modo, se tiene por cierto el acto reclamado a Pemex Gas y Petroquímica Básica, respecto de quien su apoderada negó el acto reclamado. Sin embargo, tal negativa se desvirtúa porque se sustenta en la negación de la calidad de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. De tal manera, que la certeza de la omisión de dar cumplimiento al laudo del juicio laboral 973/2014 se robustece de las copias fotostáticas certificadas que integran ese procedimiento contencioso, allegadas por la autoridad del trabajo (fojas 86 a 174). CUARTO. Análisis de causa de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben analizarse las causas de improcedencia hechas valer por las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo que establece el artículo 61 y 62, de la Ley de Amparo, y con apoyo en la jurisprudencia II.1o. J/5 del Primer Tribunal Colegiado del Segundo de Circuito, visible en la página 95, tomo VII, mayo de 1991, en el Semanario Judicial de la Federación (registro 222780), cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.- Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Pemex Gas y Petroquímica Básica afirma que el presente juicio es improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo:. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general;." No le asiste la razón a la autoridad responsable. Ello, porque la omisión reclamada constituye un acto de autoridad que puede combatirse en el juicio de amparo, pues se surten las condiciones para considerar a la paraestatal petrolera como autoridad en virtud de que: a) Se encuentra colocado en un plano de desigualdad frente al particular, atendiendo precisamente a su calidad de órgano del Estado, pues se le otorga el privilegio de no ser sujeto a ejecución forzosa; b) Tal prerrogativa deriva de la ley, pues ésta responde al cumplimiento voluntario del órgano estatal; c) El uso indebido de ese beneficio implica transgredir la obligación legal de cumplimiento voluntario y afecta la esfera legal del particular porque le impide obtener la prestación que demandó en el juicio en que se dictó sentencia a su favor; y d) La actitud contumaz de la autoridad coloca al particular en estado de indefensión ante la imposibilidad de lograr por las vías ordinarias la justicia que mandata el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así se sostuvo en la jurisprudencia 2a./J. 85/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 448, Tomo XXXIV, Julio de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 161652), del rubro: "DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. LA OMISIÓN EN DAR CUMPLIMIENTO A UNA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO EN EL QUE FIGURARON COMO DEMANDADAS, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO (ARTÍCULO 4o. DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." QUINTO. Estudio de fondo. Por ende, al no advertirse causa que genere la improcedencia de este juicio de amparo, deben analizarse los conceptos de violación expresados, sin que para ello sea obligatorio transcribirlos, según lo establece la jurisprudencia 2a./J. 58/2010 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830, Mayo de 2010, Tomo XXXI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta (registro 164618), que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.- De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El análisis de los conceptos de violación, así como de las constancias que integran el juicio de origen, conduce a las siguientes consideraciones. En esencia se aduce que se vulnera el derecho fundamental previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que la demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, no ha dado cumplimiento al laudo condenatorio de siete de agosto de dos mil diecinueve, dentro del juicio laboral 973/2014 del índice de la Junta Especial número Sesenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, en el cual se condena a la patronal al pago de $795,504.50 (setecientos noventa y cinco mil quinientos cuatro pesos 50/100 m.n.) por concepto de indemnización por incapacidad permanente y total derivada del riesgo de trabajo, con determinadas deducciones (foja 105). Es fundado dicho motivo de disenso. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales." El citado precepto consagra el derecho de impartición de justicia, el cual no se limita a establecer que sea pronta, completa, imparcial y gratuita, sino que vela por su materialización, esto es, por la ejecución o cumplimiento de las resoluciones de los tribunales. En efecto, el artículo 17 Constitucional, constituye el sustento en que debe apoyarse toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales; éste precepto cobra mayor relevancia cuando lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los Tribunales de la Federación. Esto es así, toda vez que el derecho de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatorio si las resoluciones definitivas no fueran acatadas de manera pronta y expedita por quien se encuentra obligada a ello, y de ser así, el objeto de la función jurisdiccional, el cual consiste en resolver las controversias entre los particulares o entre éstos y los órganos públicos, no tendría trascendencia, más cuando quien obtiene resolución favorable a sus intereses, no puede obtener el cumplimiento de la misma por omisión o retardo, ya sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello. En el caso a estudio, de las constancias remitidas por la Junta Especial número Sesenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, se advierte que lejos de dar cumplimiento al laudo condenatorio, la paraestatal empleadora ha promovido incidente de revisión contra actos de ejecución del laudo, concretamente respecto del auto que requerimiento de pago y embargo decretado el veintitrés de octubre de dos mil veinte, por la autoridad del trabajo, precisamente por falta de cumplimiento voluntario a la citada resolución laudal; haciendo valer para ello, la prohibición legal de despachar ejecución que en su favor prevé el artículo 4° del Código Federal de Procedimientos Civiles (fojas 133 a 144). Ello evidencia, que la parte demandada Pemex Gas y Petroquímica Básica, no ha dado cumplimiento al Laudo condenatorio de siete de agosto de dos mil diecinueve, emitido por la Junta Especial número Sesenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, en el juicio laboral 973/2014 de su índice. Además, no existe constancia con la cual se acredite el cumplimiento por parte de la demandada en el juicio natural y aquí autoridad responsable, por lo que es notoria la violación al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional, en perjuicio de la quejosa, ya que aquélla ha sido omisa en cumplir el laudo firme, no obstante habérsele realizado requerimientos para ello. En efecto, en el caso se produce una afectación al derecho público subjetivo de la parte quejosa, de acceder a los tribunales a plantear una pretensión o a defenderse de ella, a fin de que a través de un proceso, donde se respeten las respectivas formalidades, se decida sobre la pretensión y que dicha determinación se ejecute, ya que en tanto exista una omisión por parte de la responsable de acatar el fallo de la Junta responsable, se priva al promovente del juicio del derecho a una justicia pronta y completa, consagrado en el artículo 17 de la Carta Magna. Lo dicho, porque el precepto constitucional que se invoca, prevé que las autoridades encargadas de administrar justicia, lo hagan de manera pronta, completa e imparcial, y el legislador debe garantizarla estableciendo en las leyes plazos generales, razonables y objetivos, a los cuales tienen que sujetarse tanto la autoridad como las partes en los procesos jurisdiccionales. Sirve de apoyo a lo expuesto, la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 209, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 171257), que dice: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.- La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En el mismo sentido, la jurisprudencia 1a./J. 42/2007 de la Primera Sala del Máximo Tribunal Federal, consultable en la página 124, Tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 172759), que marca: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.- La garantía a la tutela jurisdiccional puede definirse como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión. Ahora bien, si se atiende a que la prevención de que los órganos jurisdiccionales estén expeditos -desembarazados, libres de todo estorbo- para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, significa que el poder público -en cualquiera de sus manifestaciones: Ejecutivo, Legislativo o Judicial- no puede supeditar el acceso a los tribunales a condición alguna, pues de establecer cualquiera, ésta constituiría un obstáculo entre los gobernados y los tribunales, por lo que es indudable que el derecho a la tutela judicial puede conculcarse por normas que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la jurisdicción, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas y carentes de razonabilidad o proporcionalidad respecto de los fines que lícitamente puede perseguir el legislador. Sin embargo, no todos los requisitos para el acceso al proceso pueden considerarse inconstitucionales, como ocurre con aquellos que, respetando el contenido de ese derecho fundamental, están enderezados a preservar otros derechos, bienes o intereses constitucionalmente protegidos y guardan la adecuada proporcionalidad con la finalidad perseguida, como es el caso del cumplimiento de los plazos legales, el de agotar los recursos ordinarios previos antes de ejercer cierto tipo de acciones o el de la previa consignación de fianzas o depósitos." SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. En esa virtud, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que Pemex Gas y Petroquímica Básica, dé inmediato cumplimiento al laudo firme de siete de agosto de dos mil diecinueve, dictado en el juicio laboral 973/2014 del índice de la Junta Especial número Sesenta de la Federación de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta localidad, lo cual implica que deberá realizar el pago de las prestaciones y en los términos en que fue condenado. Asimismo, la Junta responsable deberá vigilar y tomar las medidas eficaces para el debido cumplimiento de este fallo. La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta ejecutoria son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73, 74, 75, 76 y 77, fracción I, de la Ley de Amparo; se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Raúl Mireles González, respecto del acto y autoridades responsables señaladas en considerando quinto de este fallo, por los motivos y para los efectos precisados en tal considerando y en el diverso sexto de la presente sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Rodolfo de León Sánchez, hoy treinta de septiembre de dos mil veintiuno, en que las labores del juzgado así lo permitieron.
- Principal
.....el primer tribunal colegiado del decimonoveno circuito... remite testimonio.. primero. se revoca la resolución recurrida.. segundo. se niega a la quejosa la suspensión definitiva...
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