Raúl Miguel Morales Vidrio
Expediente 636/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 636/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 11/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Raúl Miguel Morales Vidrio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer, contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Por otro lado, tomando en consideración que el Juez responsable remitió diversas constancias en justificación de sus actos; devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, por lo que resulta innecesario el acuse de recibo correspondiente. ARCHÍVESE COMO JUICIO CONCLUIDO, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Ahora bien, atendiendo a las particularidades del juicio, y tomando en consideración que no se trata de delitos contra: la seguridad de la nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente o la gestión ambiental; ni contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales o que sea relativo a conflictos laborales colectivos trascendentes; tampoco trata sobre juicios con relación al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, o fue generado por el Pleno del Circuito que estableciera jurisprudencia; no versa sobre materia agraria, o bien que su sentencia integrara jurisprudencia o tesis aislada de Tribunal Colegiado; se concluye que no es de relevancia documental. De conformidad con el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó la protección constitucional. No obra en autos documento original, en los términos que establece el numeral 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, publíquese la sentencia dictada en el presente juicio, para su correcta visualización en el expediente electrónico. En otro orden, agréguese la razón de cuenta, a través de la cual el fedatario adscrito a este Juzgado manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar en forma personal a la parte tercera interesada la resolución de nueve de diciembre de dos mil veintidós; en consecuencia, notifíquese por medio de lista la determinación citada, éste auto y los subsecuentes. NOTIFÍQUESE. LA RESOLUCIÓN DE NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIÑL VEINTIDOS, SEÑALA: " V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 636/2022, promovido por ..., por conducto de su apoderado legal, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Previo desahogo de prevención, el dos de agosto siguiente, se admitió la demanda, se requirió informe justificado, se dio intervención a la representante social Federal adscrita, y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social federal adscrita no intervino, se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución interlocutoria emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Juez Trigésimo Segundo de Proceso Escrito de la Ciudad de México en la controversia de arrendamiento ..., que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciocho de marzo anterior, que caducó el incidente de liquidación. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado; como se corrobora de las constancias certificadas remitidas de valor probatorio pleno, acorde a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. S e invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El dos de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia definitiva de la controversia de arrendamiento, promovida contra la parte quejosa, que la condenó a la rescisión del contrato de arrendamiento base de la acción, la entrega, desocupación de un inmueble y la satisfacción de diversas obligaciones pecuniarias. II. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo iniciado el incidente de liquidación de rentas. III. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado legal de la parte actora solicitando la declaración de caducidad del incidente de rentas, la cual se declaró procedente en la propia determinación. IV. Contra la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revocación, que se admitió en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós. V. Dicho medio de impugnación se resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en cuyo punto resolutivo dice: "R E S U E L V E PRIMERO.- Se declara improcedente el recurso de revocación que hizo valer la moral demandada ...., por conducto de su representante único, en atención al razonamiento que antecede. (.)" Esta última determinación integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa argumenta: El acto reclamado está indebidamente fundado y motivado, porque es incorrecto exigir agotar la apelación, porque el juicio empezó en el año dos mil diecisiete, cuando ese recurso era improcedente si la cuantía era menor a $593,712.73 (quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 moneda nacional). Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, el acto reclamado se sustenta de la siguiente consideración: "(.) En el particular, el recurso de revocación que se analiza carece de sustento jurídico para declarar la procedencia del mismo, cuenta habida que, el auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no es una determinación de mero trámite, pues se está declarando la caducidad del incidente de liquidación de rentas, y como consecuencia de ello y conforme al artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles, contra el auto hoy recurrido, debió interponerse recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata y no el recurso que ahora nos ocupa, en virtud de que tratándose de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos de excepción previstos en la parte general del juicio ordinario civil, por lo cual se reitera la improcedencia del presente recurso. (.)" Sobre esa base, es que no asiste razón al inconforme al insistir en que en la controversia de arrendamiento, debe recurrirse a la cuantía para determinar la procedencia de los medios de impugnación, con independencia del momento en que inició el juicio, siguiendo la jurisprudencia I.11o.C. J/1 (10a.). En efecto, lo analizado en dicho criterio es apto para contestar lo alegado por la parte quejosa, donde el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó que los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en su texto vigente conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del citado ordenamiento, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad el diez de septiembre de dos mil nueve, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo. Además, que en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código, que regulan específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de sustanciar dicho recurso. Acorde a dichas normas, las reglas generales correspondientes a los recursos son aplicables a las controversias de arrendamiento inmobiliario, si es que no se oponen a las reglas específicas de ese tipo de controversias. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna. Premisas acorde a la cuales concluyó que en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias específicamente un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de diez de septiembre de dos mil nueve no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto. En el caso, acorde a los antecedentes se corrobora que el acto reclamado se originó en una controversia de arrendamiento inmobiliario, porque esencialmente se demandó la declaración de rescisión del contrato base de la acción, la desocupación y entrega del inmueble, el pago de una cantidad líquida. Dicho asunto inició el cinco de abril de dos mil diecisiete con la presentación de la demanda, esto es, entre la vigencia de la reforma de diez de septiembre de dos mil nueve. Empero, aunque el trámite de la controversia se hubiere iniciado bajo una legislación diversa a la actual, debe acudirse a las reglas generales de procedencia para los recursos, porque debe partirse del tipo de asunto de que se trata, el cual no permite recurrir al criterio pecuniario al cual se remite la parte quejosa. Lo anterior, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio, es decir, el legislador no consideró que en estos casos deba considerarse la cuantía del negocio para decidir cuál recurso debe interponerse. En tal orden de ideas, si el tipo de asunto determina las normas generales que deben aplicarse para regir su tramitación, y si para el caso no se previó la cuantía, entonces, tampoco se puede recurrir a reglas diversas, ante la prohibición de aplicar aquello que se oponga a las disposiciones específicas regulan la materia del arrendamiento inmobiliario; en tal sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia invocada, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2002710, de la Décima Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. APELACIÓN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA CUANTÍA DEL ASUNTO, AUNQUE SU TRÁMITE SE HAYA LLEVADO A CABO ESTANDO VIGENTES LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. Los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su texto vigente conforme al decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre de 2009, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo, y en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código que se encuentran dentro del título décimosexto Bis, que regula específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de substanciar dicho recurso, además de mencionar que las reglas generales del apartado de recursos son aplicables en materia de arrendamiento inmobiliario sólo en lo que no se opongan a las especiales. En este orden de ideas debe concluirse que, en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias de un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de 10 de septiembre de 2009, no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por conducto de su apoderado legal, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy nueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. "
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 636/2022, promovido por ..., por conducto de su apoderado legal, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México; y, R E S U L T A N D O: Primero. Demanda. El dieciséis de junio de dos mil veintidós, la parte quejosa demandó el amparo contra actos que consideró contrarios a sus derechos tutelados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Segundo. Previo desahogo de prevención, el dos de agosto siguiente, se admitió la demanda, se requirió informe justificado, se dio intervención a la representante social Federal adscrita, y se ordenó emplazar a la parte tercera interesada. Tercero. Trámite. La representante social federal adscrita no intervino, se rindió el informe de ley, la parte tercera interesada fue emplazada; y, finalmente, la audiencia constitucional se celebró en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgador es legalmente competente para resolver, conforme a los numerales 103, fracción I, 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la ley reglamentaria del juicio de garantías, pues se trata de un juicio constitucional indirecto promovido contra actos derivados de un procedimiento de naturaleza civil, tramitado ante un tribunal del orden común con jurisdicción dentro del ámbito de competencia, donde el suscrito ejerce autoridad constitucional. Segundo. Litis. Conforme a la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, los actos reclamados son: La resolución interlocutoria emitida el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, por el Juez Trigésimo Segundo de Proceso Escrito de la Ciudad de México en la controversia de arrendamiento ..., que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto contra el auto de dieciocho de marzo anterior, que caducó el incidente de liquidación. Tercero. Existencia. La autoridad responsable aceptó la existencia del acto reclamado; como se corrobora de las constancias certificadas remitidas de valor probatorio pleno, acorde a los ordinales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, conforme al numeral 2° de esta última. S e invoca la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS. CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Antecedentes. A fin de contar con información suficiente sobre el problema jurídico planteado, se enlistan las actuaciones que precedieron los actos reclamados: I. El dos de junio de dos mil diecisiete, se dictó la sentencia definitiva de la controversia de arrendamiento, promovida contra la parte quejosa, que la condenó a la rescisión del contrato de arrendamiento base de la acción, la entrega, desocupación de un inmueble y la satisfacción de diversas obligaciones pecuniarias. II. El diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, se tuvo iniciado el incidente de liquidación de rentas. III. Por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se tuvo al apoderado legal de la parte actora solicitando la declaración de caducidad del incidente de rentas, la cual se declaró procedente en la propia determinación. IV. Contra la anterior determinación, la quejosa interpuso recurso de revocación, que se admitió en auto de dieciocho de abril de dos mil veintidós. V. Dicho medio de impugnación se resolvió el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, en cuyo punto resolutivo dice: "R E S U E L V E PRIMERO.- Se declara improcedente el recurso de revocación que hizo valer la moral demandada ...., por conducto de su representante único, en atención al razonamiento que antecede. (.)" Esta última determinación integra la materia de los actos reclamados. Quinto. Conceptos de violación, donde la parte quejosa argumenta: El acto reclamado está indebidamente fundado y motivado, porque es incorrecto exigir agotar la apelación, porque el juicio empezó en el año dos mil diecisiete, cuando ese recurso era improcedente si la cuantía era menor a $593,712.73 (quinientos noventa y tres mil setecientos doce pesos 73/100 moneda nacional). Los conceptos de violación son infundados, los cuales serán analizados como fueron agrupados por englobar temas afines, aunque no corresponda a la forma planteada por la parte quejosa, como lo permite el artículo 76 de la Ley de Amparo. La Constitución Federal reconoce el principio de legalidad, que debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica, que tiene como finalidad que al gobernado se le proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, o ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan. Sobre lo indicado, cabe destacar el contenido del artículo 16 de la Constitución Federal, que en lo relativo dice: "Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento". El contenido formal de la garantía de legalidad prevista en el artículo invocado, relativa a la fundamentación y motivación tiene como propósito primordial que el gobernado conozca el por qué y para qué de la conducta de la autoridad. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto de autoridad; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Tiene aplicación, la jurisprudencia de la Segunda Sala del Alto Tribunal, publicada en la página ciento cuarenta y tres, tomo 97-102 tercera parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Ahora, el acto reclamado se sustenta de la siguiente consideración: "(.) En el particular, el recurso de revocación que se analiza carece de sustento jurídico para declarar la procedencia del mismo, cuenta habida que, el auto de fecha dieciocho de marzo de dos mil veintidós, no es una determinación de mero trámite, pues se está declarando la caducidad del incidente de liquidación de rentas, y como consecuencia de ello y conforme al artículo 966 del Código de Procedimientos Civiles, contra el auto hoy recurrido, debió interponerse recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata y no el recurso que ahora nos ocupa, en virtud de que tratándose de resoluciones dictadas con posterioridad a la sentencia definitiva procede la apelación en el efecto devolutivo de tramitación inmediata, salvo los casos de excepción previstos en la parte general del juicio ordinario civil, por lo cual se reitera la improcedencia del presente recurso. (.)" Sobre esa base, es que no asiste razón al inconforme al insistir en que en la controversia de arrendamiento, debe recurrirse a la cuantía para determinar la procedencia de los medios de impugnación, con independencia del momento en que inició el juicio, siguiendo la jurisprudencia I.11o.C. J/1 (10a.). En efecto, lo analizado en dicho criterio es apto para contestar lo alegado por la parte quejosa, donde el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito analizó que los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en su texto vigente conforme al Decreto que reforma diversas disposiciones del citado ordenamiento, publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad el diez de septiembre de dos mil nueve, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo. Además, que en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código, que regulan específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de sustanciar dicho recurso. Acorde a dichas normas, las reglas generales correspondientes a los recursos son aplicables a las controversias de arrendamiento inmobiliario, si es que no se oponen a las reglas específicas de ese tipo de controversias. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna. Premisas acorde a la cuales concluyó que en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias específicamente un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de diez de septiembre de dos mil nueve no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto. En el caso, acorde a los antecedentes se corrobora que el acto reclamado se originó en una controversia de arrendamiento inmobiliario, porque esencialmente se demandó la declaración de rescisión del contrato base de la acción, la desocupación y entrega del inmueble, el pago de una cantidad líquida. Dicho asunto inició el cinco de abril de dos mil diecisiete con la presentación de la demanda, esto es, entre la vigencia de la reforma de diez de septiembre de dos mil nueve. Empero, aunque el trámite de la controversia se hubiere iniciado bajo una legislación diversa a la actual, debe acudirse a las reglas generales de procedencia para los recursos, porque debe partirse del tipo de asunto de que se trata, el cual no permite recurrir al criterio pecuniario al cual se remite la parte quejosa. Lo anterior, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio, es decir, el legislador no consideró que en estos casos deba considerarse la cuantía del negocio para decidir cuál recurso debe interponerse. En tal orden de ideas, si el tipo de asunto determina las normas generales que deben aplicarse para regir su tramitación, y si para el caso no se previó la cuantía, entonces, tampoco se puede recurrir a reglas diversas, ante la prohibición de aplicar aquello que se oponga a las disposiciones específicas regulan la materia del arrendamiento inmobiliario; en tal sentido es infundado el concepto de violación. Sirve de apoyo, la jurisprudencia invocada, del Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, de registro digital: 2002710, de la Décima Época, que dice: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO. APELACIÓN EN DICHOS PROCEDIMIENTOS. SU PROCEDENCIA NO ESTÁ CONDICIONADA A LA CUANTÍA DEL ASUNTO, AUNQUE SU TRÁMITE SE HAYA LLEVADO A CABO ESTANDO VIGENTES LAS REFORMAS DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2009. Los artículos 688, 689, 691 y 692 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en su texto vigente conforme al decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 10 de septiembre de 2009, regulan lo relativo al recurso de apelación, como lo es su objeto, tipo de apelación, su trámite, quiénes deben interponerlo, y en cuanto a su procedencia se condiciona a que el monto del asunto no sea inferior a doscientos doce mil cuatrocientos sesenta pesos por concepto de suerte principal, sin que se tomen en cuenta intereses y demás accesorios reclamados. Sin embargo, los artículos 966, 967 y 968 del citado código que se encuentran dentro del título décimosexto Bis, que regula específicamente las controversias en materia de arrendamiento inmobiliario, establecen la procedencia del recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva dictada en los juicios de arrendamiento inmobiliario, así como en contra de las resoluciones intermedias que se dicten en esa clase de procedimientos y asimismo precisan la forma de cómo se ha de substanciar dicho recurso, además de mencionar que las reglas generales del apartado de recursos son aplicables en materia de arrendamiento inmobiliario sólo en lo que no se opongan a las especiales. En este orden de ideas debe concluirse que, en tratándose del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva o en contra de resoluciones intermedias de un juicio de arrendamiento inmobiliario, tramitado ya estando vigente la reforma de 10 de septiembre de 2009, no le es aplicable la regla general inherente al requisito de procedencia que atiende al monto o cuantía del asunto, pues este tipo de controversias se regulan y tramitan en un capítulo especial de la ley, que no condiciona ni supedita la procedencia del recurso de apelación a la cuantía o monto del negocio. Aunado a que atendiendo al principio de especialidad, las reglas generales de los recursos sólo serán aplicables en lo que no se opongan a las reglas especiales que regulan la materia del arrendamiento inmobiliario, y que deben prevalecer, en las cuales se contempla la procedencia del recurso de apelación en contra de las resoluciones intermedias o la sentencia definitiva sin condición alguna." En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 1 fracción primera, 73 a 77, 216 y 217, todos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., por conducto de su apoderado legal, contra actos del Juez Trigésimo Segundo Civil de Proceso Escrito de la Ciudad de México, precisados en el considerando segundo, por las razones señaladas en el diverso último de esta sentencia. Notifíquese como en derecho corresponda. Lo sentencia y firma ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy nueve de diciembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe. (
- Principal
día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 636/2022; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretario que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación el Secretario hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; B) Oficio por el cual el Juez responsable rindió su informe justificado; C) Apersonamiento de la tercera interesada. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que la moral accionante ofreció la documental, instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto, legal y humano. Al efecto se acuerda: Se admiten y desahogan las probanzas aludidas atento a su propia y especial naturaleza. Al no haber más elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que la tercera interesada los formuló y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no intervino; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con el Secretario que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
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