Raúl Mestizo Ramírez

Expediente 268/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
268/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/03/2017

Partes del expediente

  • Raúl Mestizo Ramírez

Actuaciones

  1. Incidental

    Xalapa, Veracruz, dos de marzo de dos mil diecisiete. Como está ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo 221/2017 y su acumulado 268/2017, se provee respecto del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 268/2017 promovido por Raúl Mestizo Ramírez, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.M.R. (de quien se omite su nombre, en atención al interés superior de la misma) contra de actos de la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad y otras autoridades. INFORME PREVIO Con fundamento en los artículos 125, 128, 130, 138 y 140 de la Ley de Amparo, solicítese a las autoridades responsables su informe previo, por duplicado, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, computado legalmente, anexándole para tal efecto copia simple de la demanda de amparo. Se apercibe a las autoridades responsables en el sentido que la falta de informe en el plazo indicado, no sólo establece la presunción de certeza del acto reclamado en términos del último párrafo del artículo 142 de la Ley de Amparo, sino que además, origina la imposición de una multa, conforme con lo previsto en el artículo 260, fracción I, de la Ley invocada. AUDIENCIA INCIDENTAL Debido a que en los juicios principales se decretó la acumulación de juicios para evitar resoluciones contradictorias, en el mismo sentido se considera también necesario tramitar los incidentes relativos de manera conjunta, máxime que los incidentes siguen la suerte de los juicios principales. Acorde con lo anterior, se deja sin efectos el señalamiento de la audiencia incidental en el incidente relativo al juicio de amparo 221/2017 de este juzgado, y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL DIEZ DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo la audiencia incidental en este asunto. EFECTOS DE LA SUSPENSIÓN Este órgano jurisdiccional se pronunciará únicamente respecto de la suspensión provisional para los efectos específicos que solicita la parte quejosa. Tiene aplicación la tesis siguiente: No. Registro: 182,529 Jurisprudencia Materia(s): Común Novena Época Instancia: Segunda Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Diciembre de 2003 Tesis: 2a. /J. 111/2003 Página: 98 SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS. De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar HIPÓTESIS NORMATIVA Se tiene en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, los cuales prevén que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que exista la solicitud del agraviado (interés jurídico y afectación, o interés legítimo con una afectación real, actual e inminente a la esfera jurídica de la parte quejosa). b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En términos de la fracción I, del referido artículo 128 de la Ley de Amparo, la suspensión se decretará "cuando la solicite el agraviado", lo que implica que es necesario que exista solicitud, pero también que la petición la realice la persona que vea afectado su interés jurídico o legítimo por el acto reclamado. La fracción II del citado artículo 128 establece que se sigue perjuicio al interés social y que se contravienen disposiciones de orden público cuando se perjudica a la colectividad en un grado mayor con el otorgamiento de la medida que el que se pudiera causar al quejoso, en lo particular, de no otorgarla, ya sea privándola de un beneficio que le otorgan las leyes o causándole un daño. Ahora bien, para decidir sobre la procedencia de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad la parte quejosa formuló en su demanda de amparo, pues dichas manifestaciones constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; lo anterior, en razón de que son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la solicitud cautelar. HECHOS Del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: La omisión de las autoridades responsables de garantizar la convivencia decretada entre el aquí quejoso Raúl Mestizo Ramírez y su menor hija de iniciales I.M.R. (de quien se omite su nombre, en atención al interés superior de la misma), en los autos del juicio ordinario civil número 294/2016/V del índice Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, con sede esta ciudad. Por otra parte, el acto reclamado en el diverso juicio de amparo 221/2017 del índice de este juzgado Distrito, es el acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil número 294/2016-V del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, en el que se ordenó la convivencia de una menor (cuyo nombre se omite en atención al interés superior de la misma), con Raúl Mestizo Ramírez, parte actora en el expediente de referencia, los días sábados y domingos, cada quince días, en horario de nueve de la mañana a las seis de la tarde, la cual será supervisada por un psicólogo en el parque Murillo Vidal de esta ciudad. Asimismo, el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, se ordenó la suspensión provisional en los autos del incidente relativo al juicio de amparo 221/2017 para el efecto siguiente: El Juez responsable debía suspender el régimen de convivencia provisional fijado en atención a que, Esbeidy Ramírez Hernández manifestó bajo protesta de decir verdad que en el juicio de origen fueron ordenados los estudios psicológicos de su menor hija, así como de las partes contendientes a efecto de determinar lo que mejor conviniera a dicha menor respecto a su desarrollo físico y psicológico; asimismo, que se giró oficio a la Dirección de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, para el efecto de que llevaran a cabo el estudio toxicológico de Raúl Mestizo Ramírez (padre de la menor), a fin de determinar si revelaba algún grado de intoxicación etílica o de alguna sustancia diversa a los parámetros normales; por lo que de efectuarse la convivencia provisional en los términos fijados podría vulnerarse el estado físico y psicológico de la menor; y una vez que suspendiera el régimen provisional que había decretado, fijara un nuevo régimen provisional en el que considerara dichas circunstancias y, en caso de incumplimiento del mismo estableciera un apercibimiento de conformidad con la Ley aplicable y que resultara idóneo al caso en concreto, siempre que ponderara el interés superior de la menor. CONCLUSIÓN Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha destacado la importancia de tomar en cuenta el interés superior del niño, lo que implica entre otras cosas tomar en cuenta aspectos relativos a garantizar y proteger primordialmente su vida, salud, desarrollo y el ejercicio pleno de sus derechos, como criterios rectores para la elaboración de normas y aplicación en todos los órdenes relativos a la vida del niño, de conformidad con lo establecido en el texto constitucional y la Convención sobre Derechos del Niño. Sirve de apoyo a lo anterior la siguiente tesis: "Registro No. 172003 Localización: Novena Época Instancia: Primera Sala Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Julio de 2007 Página: 265 Tesis: 1a. CXLI/2007 Tesis Aislada Materia(s): Civil INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. SU CONCEPTO. En términos de los artículos 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por México y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991); y 3, 4, 6 y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, los tribunales deben atender primordialmente al interés superior del niño, en todas las medidas que tomen concernientes a éstos, concepto interpretado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 1998 al ratificar la Convención Interamericana de Derechos Humanos) de la siguiente manera: "la expresión 'interés superior del niño' ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los órdenes relativos a la vida del niño". Acorde con lo anterior, y de acuerdo con lo establecido en los artículos 6, 9, 14, 16, 19, 20 y 24 de la Convención sobre los Derechos del Niño; 19 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José); Principio 2 de la Declaración de los Derechos del Niño; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; y, 16 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Protocolo de San Salvador), el desarrollo y bienestar integral del niño comprende: a) el derecho a preservar las relaciones familiares; b) el derecho a que no sea separado de sus padres excepto cuando tal separación sea necesaria en el interés superior del menor; c) el derecho a no ser objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su familia; y, d) el derecho de protección contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual. De lo anterior, se puede deducir que el establecimiento y definición de los derechos derivados de la patria potestad no solo se refiere al derecho del niño a convivir con ambos padres o su representación legal, sino también se refiere a la protección integral del menor en sus aspectos físico, moral y social, su guarda y su custodia, la administración de los bienes y el derecho de corrección. Por tanto, al existir la posibilidad de la causación del daño en la estructura vital de la menor quejosa, especialmente su estabilidad emocional, de conformidad con lo establecido en la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos y la Convención sobre Derechos del Niño, debe garantizarse la protección de sus derechos a través de la suspensión de los actos reclamados. Por consiguiente, respecto de las consecuencias jurídicas y efectos ulteriores del acto reclamado y, considerando que se encuentran reunidos los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, que lo solicitó la parte quejosa, con su otorgamiento no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público y de negarse la suspensión se podrían ocasionar daños y perjuicios de difícil reparación, procede conceder la suspensión provisional para el efecto de que la Juez responsable se pronuncie respecto de la convivencia del aquí quejoso con su hija, pero para tal efecto deberá considerar que según las manifestaciones de la parte quejosa en el juicio de amparo 221/2017 de este índice, en el juicio de origen fueron ordenados los estudios psicológicos de su menor hija, así como de las partes contendientes a efecto de determinar lo que mejor convenga a dicha menor respecto a su desarrollo físico y psicológico; asimismo, que se giró oficio a la Dirección de Servicios Periciales del Estado de Veracruz, para el efecto de llevar a cabo el estudio toxicológico del aquí quejoso Raúl Mestizo Ramírez (padre de la menor), a fin de determinar si revela algún grado de intoxicación etílica o de alguna sustancia diversa a los parámetros normales; por lo que de efectuarse la convivencia provisional en los términos fijados podría vulnerarse el estado físico y psicológico de la menor y, en caso de incumplimiento del mismo establezca un apercibimiento de conformidad con la Ley aplicable y que resulte idóneo al caso en concreto, siempre ponderando el interés superior de la menor. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva. Cabe destacar que para gozar de la suspensión no se requiere solicitar garantía alguna, en razón de la naturaleza del acto reclamado. Tiene aplicación al caso la tesis siguiente: "Registro No. 169457 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVII, Junio de 2008 Página: 712 Tesis: P. XLV/2008 Tesis Aislada Materia(s): Constitucional MENORES DE DIECIOCHO AÑOS. EL ANÁLISIS DE UNA REGULACIÓN RESPECTO DE ELLOS DEBE HACERSE ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR Y A LA PRIORIDAD DE LA INFANCIA. De la interpretación del artículo 4o., sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, reglamentaria de aquel precepto y con la Convención sobre los Derechos del Niño, se advierte que el principio del interés superior de la infancia junto con el derecho de prioridad, implican que las políticas, acciones y toma de decisiones del Estado relacionadas con los menores de 18 años deben buscar el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van dirigidas, y que las instituciones de bienestar social, públicas y privadas, los tribunales, las autoridades administrativas y los órganos legislativos, al actuar en sus respectivos ámbitos, otorguen prioridad a los temas relacionados con dichos menores. De ahí que para el análisis de la constitucionalidad de una regulación respecto de menores de 18 años, sea prioritario, en un ejercicio de ponderación, el reconocimiento de dichos principios." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala el quejoso Raúl Mestizo Ramírez, en el juicio de amparo 268/2017, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica por tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia incidental se notifique a la autoridad responsable por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. NOTIFICACIÓN A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se comisiona al Actuario adscrito para que notifique este proveído a la tercera interesada Esbeidy Ramírez Hernández, con domicilio en la Calle del Obrero número veintisiete (27), Colonia Obrero Campesina, en esta ciudad. Sirve de apoyo la tesis siguiente: "Registro No. 190667 Localización: Novena Época Instancia: Pleno Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XII, Diciembre de 2000 Página: 23 Tesis: P./J. 143/2000 Jurisprudencia Materia(s): Común SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE AL TERCERO PERJUDICADO EL PROVEÍDO QUE LA CONCEDE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia número 309, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo III, página 223, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES EN EL AMPARO. CRITERIO EN VIGOR.", estableció que la facultad que se confiere al juzgador en el primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo, para ordenar, cuando lo estime conveniente, que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes en el juicio de amparo, no puede quedar sujeta únicamente a la discreción de aquél, sino que debe ejercerse atendiendo a la trascendencia del acto, acuerdo o resolución a notificar, a su naturaleza, a las circunstancias de tiempo y lugar, así como a los casos especiales, a efecto de que todas aquellas resoluciones de importancia para las partes lleguen a su conocimiento oportunamente. En congruencia con tal criterio, debe decirse que cuando en la demanda de garantías el quejoso solicita la suspensión provisional del acto reclamado y el Juez de Distrito la concede, debe ordenar que dicho proveído se notifique personalmente al tercero perjudicado, a efecto de que tenga oportunidad de interponer en su contra el recurso de queja, ya que de acuerdo con lo establecido en los artículos 95, fracción XI, 97, fracción IV y 99, último párrafo, de la Ley de Amparo, el plazo de veinticuatro horas para que recurra se computa tomando como base la notificación de la resolución provisional; de lo que se infiere la importancia que adquiere dicha notificación, pues si ésta se hace por medio de lista y el tercero perjudicado todavía no se notifica del principal, se corre el riesgo de que transcurra el plazo que tiene para recurrir en queja. No obstante lo anterior, en el supuesto excepcional de que llegue el día señalado para la audiencia incidental sin haber podido notificar personalmente al tercero perjudicado, el Juez de Distrito debe decidir sobre la suspensión definitiva, en contra de la cual procede, en su caso, el recurso de revisión." PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. AUTORIDAD INEXISTENTE Conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que la autoridad que señaló como responsable no exista con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación con ésta. SOLICITUD DE COPIAS Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase copia certificada del presente proveído y entréguese previa constancia que por su recibo se otorgue en autos. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada. Así lo provee Alejandro Quijano Álvarez, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, ante Daniela Montserrat De Alba Peña, Secretaria quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Raúl Mestizo Ramírez, por propio derecho y en representación de su menor hija de iniciales I.M.R. (de quien se omite su nombre, en atención al interés superior del mismo) promueve juicio de amparo contra actos de la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia y otras autoridades, con sede en esta ciudad; con apoyo en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 35, 108, 110, 115, y demás relativos de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda en sus términos; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y regístrese el juicio de amparo con el número 268/2017. Por otra parte, de la lectura de la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo en que se actúa se advierte que el acto reclamado se hace consistir en: La omisión de las autoridades responsables de garantizar la convivencia decretada entre el aquí quejoso Raúl Mestizo Ramírez y su menor hija de iniciales I.M.R. (de quien se omite su nombre, en atención al interés superior de la misma), en los autos del juicio ordinario civil número 294/2016/V del índice Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia Familia, con sede esta ciudad. PROPUESTA DEMOSTRATIVA Se considera que este juicio de amparo debe ser acumulado al diverso 221/2017 del orden cronológico de este Juzgado de Distrito, por las razones siguientes. HIPÓTESIS NORMATIVA La Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de juicios; sin embargo, esa institución se encuentra contemplada en el artículo 66 de la ley invocada, de cuyo contenido se advierte la posibilidad de que el órgano jurisdiccional de amparo pueda determinar, atendiendo a las circunstancias del caso, tramitar por vía incidental las cuestiones que refiere la Ley de Amparo que surjan durante el procedimiento. Este Juzgado de Distrito considera que la concentración de juicios forma parte del proceso en el juicio de amparo, pues la acumulación tiene como finalidad evitar el dictado de sentencias contradictorias y lograr que se haga efectivo el principio de economía procesal, en términos de lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Décima Época Registro: 2006107 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 5, Abril de 2014, Tomo II Materia(s): Común Tesis: XXII.1o.9 K (10a.) Página: 1416 ACUMULACIÓN. SUBSISTE DICHA FIGURA EN LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE. Si bien la Ley de Amparo en vigor, a diferencia de la ley abrogada, de manera expresa no prevé la acumulación de los juicios de garantías, lo cierto es que dicha institución se encuentra contemplada en la fórmula genérica que prevé el numeral 66 de dicho ordenamiento, al disponer que en los juicios de amparo se sustanciarán en la vía incidental, a petición de parte o de oficio, las cuestiones a que se refiere expresamente la ley y las que por su propia naturaleza ameriten ese tratamiento y surjan dentro del procedimiento, quedando en libertad el órgano jurisdiccional de amparo para determinar, atendiendo a las circunstancias de cada caso, si se resuelve de plano, amerita un especial pronunciamiento o si se reserva para resolverlo en la sentencia. Además, si se considera la relevancia de las finalidades que se persiguen con la acumulación, a saber, economía procesal y evitar sentencias contradictorias; entonces, la figura jurídica de mérito, debe considerarse como parte del sistema procesal del amparo, porque con ello el juzgador estará en posibilidad de dar solución adecuada al conflicto que se le ha planteado, salvaguardando así el derecho fundamental del gobernado a la impartición de justicia completa, pronta e imparcial. Ahora bien, en atención a la facultad discrecional que tiene este juzgador se considera que la acumulación de oficio debe tramitarse por la vía incidental y resolverse de plano, pues los juicios de amparo motivo de esta controversia se tramitan en este juzgado de Distrito, es decir, ante un mismo juzgado. Es aplicable la tesis siguiente: Época: Novena Época Registro: 180969 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XX, Agosto de 2004 Materia(s): Común Tesis: P./J. 51/2004 Página: 5 ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva. HECHOS En el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo 221/2017 en que se actúa, es el siguiente: El acuerdo de veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ordinario civil número 294/2016-V, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, residente en esta ciudad, en el que se ordenó la convivencia de una menor (cuyo nombre se omite en atención al interés superior de la misma), con Raúl Mestizo Ramírez, parte actora en el expediente de referencia, los días sábados y domingos, cada quince días, en horario de nueve de la mañana a las seis de la tarde, la cual será supervisada por un psicólogo en el parque Murillo Vidal de esta ciudad. Por otra parte, cabe precisar que tanto en el juicio de amparo 221/2017 como en el 268/2017 los actos reclamados derivan del juicio ordinario civil 294/2016 del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia y que en ambos casos se reclaman actos u omisiones relacionados con la convivencia de la menor quejosa con su padre (promovente del juicio de amparo 268/2017). Asimismo, del análisis de las constancias que integran el juicio de amparo 221/2017 se advierte que no se ha llevado a cabo la celebración de la audiencia constitucional señalada en el mismo, por lo que el expediente se encuentra en trámite para su integración. CONCLUSIÓN Se concluye que en el juicio 221/2017, así como en el diverso 268/2017 del índice de este juzgado, existe conexidad y una estrecha vinculación, pues se reclaman actos derivados del mismo juicio ordinario civil, además, que ambos están relacionados con la convivencia decretada por la Juez Octava de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, residente en esta ciudad, en el juicio ordinario civil 294/2016. Por tanto, debido a que los actos reclamados inciden uno del otro y a fin de evitar resoluciones que pudieran ser contradictorias entre sí, así como ahorrar tiempo y recursos, SE DECRETA DE PLANO LA ACUMULACIÓN del juicio de amparo 268/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, al juicio de amparo 221/2017, por ser el más antiguo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Provéase respecto de la suspensión provisional solicitada en el juicio de amparo 268/2016 en el incidente de suspensión 221/2016 del índice de este órgano jurisdiccional. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En tales condiciones, se hace del conocimiento de las partes que están fijadas las TRECE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que en el término de quince días, rindan su informe justificado. Dicho informe deberá ser rendido en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, con el que deberá remitir a este juzgado: 1) Copia certificada de todas y cada una de las constancias que conforman el acto reclamado, de conformidad con lo establecido en el artículo 121 de la Ley de Amparo. 2) En orden. 3) Completas y legibles. 4) Asimismo, cuando la autoridad advierta que cesaron los efectos del acto reclamado, o se actualice alguna causa de sobreseimiento, deberá informarlo a este juzgado, remitiendo al efecto, copia certificada de las constancias que así lo acredite, lo anterior con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo. Se apercibe a las autoridades responsables que, en caso de no rendir su informe justificado, con las copias respectivas, si no existe alguna causa legal que justifique el incumplimiento, se les impondrá multa con apoyo en lo que dispone los artículos 117, en relación con el diverso 260, ambos de la Ley de Amparo. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS PARTES. Se instruye a los actuarios judiciales para que los posibles diferimientos de la audiencia constitucional se notifique a las autoridades responsables por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, interpretado a contrario sensu y 29 de la Ley de Amparo, pues la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercera interesada; máxime que la nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional que se señale, puede consultarse en la lista de acuerdos que se publica en la página de internet http://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp. La anterior medida tiende también a contribuir a la protección del medio ambiente, en términos del artículo 4° Constitucional, al evitar consumo de papel, tinta y energía eléctrica innecesariamente. MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN Notifíquese este acuerdo a la Agente del Ministerio Público adscrita mediante lista de acuerdos, de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. AUTORIDADES RESPONSABLES Mediante atento oficio que al efecto se gire, notifíquese este auto a las autoridades responsables, en el domicilio señalado para tal efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo. ACUERDO RELATIVO AL EMPLAZAMIENTO DE LA TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO 268/2017 En otro aspecto, de conformidad con el artículo 5°, párrafo III, inciso b), de la Ley de Amparo, le asiste el carácter de tercera interesada a Esbeidy Ramírez Hernández, emplácese a juicio a dicha tercero por conducto de cualquiera de los actuarios adscritos en el domicilio ubicado en la Calle del Obrero número veintisiete (27), Colonia Obrero Campesina, en esta ciudad; córrasele traslado con copias de la demanda de amparo relativa al juicio de amparo 268/2017. Asimismo, requiérasele para que en el término de tres días legalmente computado, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta localidad, con el apercibimiento que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le harán por lista de acuerdos que se publica en este Juzgado de Distrito, con fundamento en los artículos 26, fracción III en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo cinco, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. AUTORIDAD INEXISTENTE Conforme a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el cual establece que la parte quejosa deberá señalar la denominación de la autoridad responsable, se hace del conocimiento de la parte quejosa que en caso de que las autoridades que señaló como responsables no existan con la denominación o en la localidad indicada, sin mayor trámite se tendrá por inexistente y suspendida toda comunicación con éstas. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo señala el quejoso Raúl Mestizo Ramírez, en el juicio de amparo 268/2017, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Por otra parte, se tiene como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que indica por tener sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro único de cédulas profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a las partes que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la Ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales.

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