Raúl Méndez Cebada

Expediente 2315/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2315/2022
Año
2022
Actuaciones
10
Última actuación
09/11/2023

Partes del expediente

  • Raúl Méndez Cebada
  • Junta Especial Número Treinta Y Seis de la Federal de Conciliación Y Arbitraje En el Estado de Tabasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco; nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos vulnerados en términos de la sentencia dictada en el presente juicio; lo anterior en atención a que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y de análisis oficioso. Antecedente en relación al cumplimiento. El diecisiete de enero de dos mil veintitrés, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto siguiente: ".para el efecto de que la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, siguiendo el trámite que establecen los artículos 885 al 890 de la Ley Federal del Trabajo, emita el laudo en la contienda laboral 791/2018, y lo notifique a las partes." La sentencia dictada en el presente juicio, causó ejecutoria el trece de febrero de dos mil veintitrés. Acto de la Autoridad en relación con el cumplimiento. El Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, aportó copia certificada del laudo de diecinueve de mayo pasado, emitido en el expediente laboral 791/2018 de su índice, con sus respectivas constancias de notificación, las cuales tienen valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición de su 2° numeral, al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones. Análisis Evaluativo Así, del análisis de la instrumental de actuaciones, se advierte que en el caso la SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, en razón a que la junta responsable dictó el laudo correspondiente el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés y lo notificó a las partes el veintiuno de junio siguiente, sin que dichas actuaciones impliquen decidir sobre la legalidad del cumplimento dado por la responsable a la ejecutoria pronunciada en esta instancia constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis 2a./J.201/2009, visible en la página 301, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, que es del tenor literal siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, debe declararlo así en el proveído de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Anotaciones Por otra parte, de autos se advierte que se trata de un asunto totalmente concluido, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO del mismo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado en sesión plenaria de diez de mayo de dos mil veintitrés y publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio siguiente, se ordena: 1.- CONSERVABLE el expediente principal ya que se actualiza la hipótesis del numérico 17, fracción III, inciso a) del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo concedido, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2.- TRANSFERIR el expediente principal una vez transcurra los tres años a partir de la presente data, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 17 y 29, segundo párrafo del citado acuerdo. Requerimiento al actuario adscrito. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones generadas con motivo de la tramitación del presente juicio.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Informe sobre el cumplimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos remite copia certificada de las constancias de notificación del laudo de diecinueve de mayo pasado, emitido en el expediente laboral 791/2018 de su índice; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. En razón de lo anterior, para determinar lo procedente respecto del informe de cumplimiento que la autoridad responsable rinde con relación a la ejecutoria de amparo, hay que tomar en consideración lo dispuesto por la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 19, del tomo I, materia común del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el informe de cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este tribunal federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector de mérito, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las demás constancias que integran este expediente." Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado a la parte quejosa con el laudo emitido en el juicio laboral de origen y las constancias de notificación remitidas por la autoridad responsable para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga, en relación con el informe de cumplimiento remitido por la responsable; apercibida que de no hacerlo así dentro del lapso indicado, este tribunal federal emitirá un auto en el que se pronunciará acerca del cumplimiento al fallo protector de mérito, tomando en consideración lo manifestado por la citada autoridad y con las demás constancias que integran este expediente.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, dos de junio de dos mil veintitrés. Informe sobre el cumplimiento. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad; en atención a su contenido se toma conocimiento del laudo de diecinueve de mayo pasado, relativo al juicio laboral 791/2018 de su estadística. Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Jorge Méndez González. Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Carlos Arturo González Pérez. Representante Obrero de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. José Vicente Morales Ovando Representante Patronal de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remitan copia certificada de las constancias de notificación del laudo descrito en supralíneas. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una MULTA DE CIEN UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo."

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintidós de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se evidencia una actitud omisiva y contumaz por parte de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, debido a que no ha acatado en sus términos los lineamientos del fallo protector, a pesar que se le ha requerido su cumplimiento por autos de veintisiete de febrero, doce de abril y diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, sin que al día de hoy haya demostrado fehacientemente el acatamiento a la ejecutoria dictada en el presente asunto. Lo que evidencia que la junta responsable, de ninguna manera está impulsando el procedimiento laboral de origen en aras de dar acatamiento al fallo protector dictado en el presente asunto, demostrando su desinterés para lograr que la contienda laboral natural continúe con su secuela procesal con el objeto de llegar a su conclusión. Lo que se traduce en una obstrucción en la pronta y expedita impartición de justicia a que está obligado este juzgado federal por imperativo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; aunado a que, la ejecución de las sentencias dictadas en los juicios de derechos fundamentales deben ser cumplimentadas sin demora por las autoridades 15/07/23 13:57:28 responsables, pues el restablecimiento del derecho violado, mediante la ejecución de la sentencia de amparo, es una cuestión de orden público, que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios. Imposición de multa. Precisado lo anterior, y tomando en consideración que la citada autoridad ha sido omisa en llevar a cabo las acciones necesarias y eficaces para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos, es menester traer a colación los artículos 192, 193, 195, 238 y 258 de la Ley de Amparo; pues, en dichos numerales se establece el procedimiento de cumplimiento y ejecución de las sentencias de amparo indirecto, mismos que a continuación se transcriben: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga." "Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico." "Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal." "Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día." "Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." De los citados dispositivos, se advierte que las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas por las autoridades responsables en el plazo concedió a partir del siguiente al en que tengan conocimiento de la ejecutoria de amparo, destacando tres excepciones para su cumplimiento en el plazo estipulado por la ley de la materia, siendo estas las siguientes: 1) Tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria, el juzgador de amparo podrá ampliar, de manera razonable y determinada, el plazo que de forma genérica establece la Ley de Amparo. 2) Si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se podrá ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) Se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En razón de lo expuesto y tomando en consideración que la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio no encuadra en alguno de los casos de excepción antes mencionados, así como que la autoridad responsable ha sido omisa en dar cumplimiento a la misma en el plazo que se le concedió para tal efecto; esto el de tres días hábiles; es decir un plazo mayor al establecido en el dispositivo 192 de la ley de la materia, no obstante de habérsele requerido el cumplimiento en diversas ocasiones por este órgano de control constitucional, lo anterior, en razón de que la ejecución de una sentencia de amparo es una cuestión de orden público, por lo cual, debe ser cumplimentada sin demora por la autoridad responsable. En consecuencia, se procede a hacer efectivo el apercibimiento contenido en auto de doce de abril de dos mil veintitrés, consistente en la imposición de una multa individual de cien unidades de medida y actualización equivalentes a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), a la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, en este caso representada por Jorge Méndez González, en su carácter de Presidente, Carlos Arturo González Pérez, en su carácter de Representante Obrero y José Vicente Morales Ovando, en su carácter de Representante Patronal; cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo; en el entendido que otro desacato conlleva a que aumente la medida de apremio. Reserva. Ahora, atendiendo a que se desconoce el Registro Federal del Contribuyente (R.F.C.) de Carlos Arturo González Pérez, en su carácter de Representante Obrero y José Vicente Morales Ovando, en su carácter de Representante Patronal, ambos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, se reserva a girar oficio al Administrador Desconcentrado de Recaudación de Tabasco 1, con sede en esta ciudad, hasta en tanto se cuente con dicha información y que este proveído quede firme. Es aplicable la tesis aislada XVII.1o.C.T.42 C sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Noviembre de 2005, página 883, de la Novena Época, que a continuación se transcribe: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO. BASTA EL MANDATO JUDICIAL QUE LA IMPONE, PREVIO REQUERIMIENTO Y CONMINACIÓN AL CONTUMAZ, PARA QUE EL JUEZ ESTÉ EN POSIBILIDAD DE CONTINUAR CON EL PROCEDIMIENTO TENDENTE A LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE SU DETERMINACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA)." Requerimiento. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco, por conducto de sus integrantes a saber: Nombre Cargo Jorge Méndez González. Presidente de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Carlos Arturo González Pérez. Representante Obrero de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. José Vicente Morales Ovando. Representante Patronal de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. Para que dentro del término de tres días hábiles que se empezaran a computar al siguiente día al en que se le notifique la presente determinación, remitan lo siguiente: 1. Registro Federal del Contribuyente de Carlos Arturo González Pérez, en su carácter de Representante Obrero y José Vicente Morales Ovando, en su carácter de Representante Patronal, ambos de la Junta Especial Número 36 de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tabasco. 2. Copia certificada del laudo emitido en el expediente laboral 791/2018 de su índice; o, bien de las acciones que está llevando a cabo para tal fin. Observación. En el entendido que, conforme al nuevo esquema de integración de expedientes, se exhorta a las autoridades de mérito para que, el oficio que contenga el requerimiento citado, deba realizarse de forma digital, autorizado con la firma electrónica correspondiente; y para el caso, de remitir copias certificadas o tomos de pruebas no mayor a veinte (20) megabytes (Mb), éstas deberán estar debidamente digitalizadas; en la inteligencia que, de no contar con las herramientas necesarias para firmar digitalmente sus comunicaciones, podrán hacerlo de manera física, debiendo expresar bajo protesta de decir verdad, la imposibilidad que se tenga para hacerlo electrónicamente. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de ser omisas, de conformidad con los numerales 238 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá individualmente una MULTA DE DOSCIENTAS UNIDADES DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN equivalentes a $20,748.00 (veinte mil setecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida y actualización ($103.74 ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés, según el Decreto emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, publicado en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192, en relación con el diverso 193, ambos de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 192 de la citada ley, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Décimo Circuito, en Turno, para los efectos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Federal, en donde el fallo que se dicte puede tener como consecuencia, que se les destituya del cargo que desempeñan y sean consignado al Juez de Distrito correspondiente, por la desobediencia cometida. Esto encuentra sustento en la tesis P./J. 54/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el libro 12, tomo I, página 19, Noviembre de 2014, materia común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Registro digital: 2007918, que es del siguiente rubro: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo." Sin mayor proveído. Finalmente, se provee; agréguese a los autos sin mayor proveído el escrito suscrito por Gustavo Ernesto Pulido Pérez, en su carácter de autorizado en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, dado que no es dable proveer en cuanto a su contenido debido a que la representación que le fue concedida en autos únicamente fue para oír y recibir notificaciones en términos del citado ordenamiento legal, tal y como se estableció en auto admisorio y por ende, no se encuentra facultado para promover en esta instancia constitucional en términos amplios del numeral 12 de la ley de la materia.

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