Raúl Martínez Torreblanca

Expediente 269/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
269/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
26/04/2021

Partes del expediente

  • Raúl Martínez Torreblanca

Actuaciones

  1. Principal

    .. se declara que ha causado estado el referido auto. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, archívese este asunto como concluido.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, doce de abril de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio 9641/2021 signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, del que se advierte que mediante proveído de siete de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio de amparo 269/2021 de su índice, declaró procedente de oficio y de plano la separación material de juicios, respecto a los actos que reclamó el quejoso Raúl Martínez Torreblanca. Ahora, por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, únicamente respecto del acto reclamado por el quejoso relativo a la omisión del Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Coordinación Coatzacoalcos, Veracruz, solicitar al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, que decrete el auto de cierre o cierre total de la investigación complementaria en el proceso penal 129/2020 de su índice. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 269/2021. DESECHAMIENTO. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. De la lectura íntegra del oficio de cuenta y demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala, como acto reclamado: * La omisión del Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Coordinación Coatzacoalcos, Veracruz, solicitar al Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, que decrete el auto de cierre o cierre total de la investigación complementaria en el proceso penal 129/2020 de su índice. Expresiones las anteriores que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Establecido lo anterior, este órgano jurisdiccional estima que en relación con el citado acto reclamado se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1° primer párrafo y 5° fracción II, de la ley de la materia, este último interpretado contrario sensu, y de cuya lectura se deduce que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. De esta manera, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional será improcedente. Resulta pertinente señalar que el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha evolucionado a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non, para tener el carácter de autoridad responsable. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que la promovente tenga el carácter de gobernado y los señalados como autoridades actúen en un plano superior. En ese contexto, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Sirven de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" y la diversa P. XXVII/97 de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". En ese contexto, es dable afirmar que si la parte quejosa se duele de la omisión del fiscal responsable de solicitar el cierre de la investigación complementaria en el proceso penal que se le instruye; el proceder de la entidad pública a la que atribuye tal afectación, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Lo anterior, toda vez que el acto reclamado no deriva del ejercicio propio de las funciones legalmente atribuidas a la autoridad señalada como responsable, sino de una situación de derecho derivada de la calidad procesal del Fiscal Especializado de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro Coordinación Coatzacoalcos, Veracruz, en la cual en el momento en que se judicializó la carpeta de investigación que dio origen al proceso penal 129/2020 del índice del Juez de Control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial de Xalapa, con residencia en Pacho Viejo, Veracruz, cambió de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por lo que, sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. En consecuencia, es dable afirmar que si se promueve el juicio de amparo contra actos del fiscal con posterioridad a la fase de investigación, el juicio de amparo es improcedente; dado que durante la etapa judicial no actúa como autoridad ya, se reitera, es sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, de ahí que los actos desplegados por este no se pueden considerar actos de autoridad sino de parte en el proceso que haga procedente la acción de amparo en su contra. Tan es así que quien debe pronunciarse sobre la conclusión de la etapa de la investigación complementaria es el juez como lo dispone el segundo párrafo del artículo 323 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de ahí que el quejoso puede solicitar al juez de control que aperciba al Ministerio Público para que proceda al cierre de la investigación, es decir en la legislación ordinaria se prevé quien conduce el procedimiento y la forma de proceder cuando fenece el plazo sin que la fiscalía haga la solicitud correspondiente a la acusación. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.8o.P.23 P (10a.), sustentada por el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario de la Federación, Décima Época, Libro 67, junio de 2019, Tomo VI, página 5285, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En tales condiciones, se concluye que el referido acto reclamado no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, por tanto, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII y 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones los correos electrónicos despachojuridicocarloschol_@outlook.com y sanchezlorenzo24@hotmail.com, y como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos García Chol y Lorenzo Sánchez Francisco, toda vez que tienen cédulas reconocidas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaria de Educación Pública, y con las restricciones que impone dicho numeral a Dora Alicia García Ramos y Carlos Alberto Alarcón González, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 2ª.VIII/2020 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. PARA QUE SE LE RECONOZCA TAL CARÁCTER, ANTE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, BASTA CON QUE SEÑALE EN EL ESCRITO DONDE SE LE OTORGA LA AUTORIZACIÓN, LOS DATOS CON LOS QUE ACREDITE SER LICENCIADO EN DERECHO". EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Asimismo, en atención a lo solicitado por el promovente, previa búsqueda en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, específicamente en el módulo de autorizados para consultar el expediente electrónico, se advirtió que los nombres de usuarios "carlosgarciachol" y "LORENZOSANCHEZFRANCISCO", son válidos; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del presente juicio de amparo vía internet, sin perjuicio de que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta, previa cita que genere en el portal de servicios en línea para acceder a las instalaciones del juzgado. De igual forma, atento a las medidas de distanciamiento tomadas con motivo de la emergencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones la vía electrónica. Por tanto, se instruye a los actuarios judiciales para que las notificaciones que realicen de este asunto, las efectúen por esa vía electrónica, debiendo dejar la razón actuarial en autos para constancia y verificar su recepción SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN. Se autoriza el uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como cualquier medio electrónico, para consultar el presente expediente y tomar las fotos que considere necesarias. Sirve de apoyo la tesis .1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no manifestó oposición a la publicación de sus datos personales en listas de notificación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante la secretaria de Juzgado Penélope Rodríguez Landa, que autoriza y da fe.

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